edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
10/06/2009

Reino Unido mantiene sus reservas al refuerzo del sistema europeo de supervisión bancaria

Reino Unido mantuvo ayer sus reservas a la reforma propuesta por la Comisión Europea para reforzar el sistema comunitario de supervisión financiera con el objetivo de corregir las insuficiencias que ha puesto de relieve la actual crisis y evitar que en el futuro se repitan problemas similares.


El Ejecutivo comunitario quiere crear un sistema de alerta rápida para detectar riesgos que amenacen la estabilidad financiera, que estará dirigido por el Banco Central Europeo (BCE), y dar más poderes a las autoridades de supervisión europeas en el control de los bancos transfronterizos.

El ministro británico de Finanzas, Alistair Darling, expresó su oposición a que el BCE ocupe la presidencia de este nuevo órgano y rechazó también dar poderes ejecutivos a autoridades supervisoras supranacionales, según explicaron fuentes diplomáticas. Del lado de Reino Unido se situaron también otros países como Eslovaquia y Rumanía.

En todo caso, el ministro checo de Finanzas, Eduard Janota, explicó que hay un "apoyo mayoritario" a las propuestas del Ejecutivo comunitario. "No estamos lejos del consenso", aseguró. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dijo que España apoya en líneas generales la reforma.

Bruselas espera obtener el apoyo de los líderes europeos en la cumbre que se celebrará los días 18 y 19 de junio y presentará propuestas legislativas en otoño.

La reforma que patrocina Bruselas sigue las ideas presentadas por el grupo de expertos presidido por el ex director del FMI, Jacques de Larosière, del que formaba parte el economista español José Pérez. Su objetivo es que los cambios entren en vigor en 2010.

RIESGO SISTÉMICO

La Comisión propone en primer lugar poner en marcha un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, compuesto fundamentalmente por los gobernadores de los bancos centrales de la UE. Su función consistirá en recoger y analizar toda la información sobre el sistema financiero, detectar posibles riesgos y avisar para que se tomen medidas para corregirlos antes de que provoquen una crisis.

El Consejo estará presidido por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el BCE jugará un papel clave en su funcionamiento. Estará integrado además por los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros, el vicepresidente del BCE, los presidentes de las nuevas autoridades europeas de supervisión y un representante de la Comisión.

Las alertas y recomendaciones que elabore el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico podrán ser de carácter general o dirigirse a Estados miembros concretos, pero no tendrán carácter vinculante. En todo caso, si los destinatarios de las recomendaciones deciden no seguirlas deberán explicar los motivos.

El nuevo órgano de la UE mantendrá un estrecho contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Consejo de Estabilidad Financiera para intercambiar alertas sobre riesgos globales.

PODERES DE MEDIACIÓN

La otra gran reforma que propone el Ejecutivo comunitario consiste en reforzar el sistema europeo de supervisión de grupos bancarios transfronterizos. Se trata de crear colegios de supervisores formados por las autoridades responsables de los Estados miembros en los que operen estos bancos. El liderazgo corresponderá al país donde tenga su residencia la empresa matriz, aunque se fortalece el papel de los supervisores de los Estados miembros donde el banco tenga filiales.

La Comisión pide además dar más poderes a los comités consultivos de supervisores financieros europeos, en los que están representados expertos de los Veintisiete, y convertirlos en tres autoridades: una Autoridad Bancaria Europea, una Autoridad de Seguros Europea, y una Autoridad Bursátil Europea. Estas instancias, que contarán con un órgano de coordinación para que no actúen de forma contradictoria, tendrán poder ejecutivo para mediar si hay desacuerdos dentro de los colegios de supervisores entre el del país de la matriz y el país de la filial.

Este es el punto que más preocupa a Reino Unido, que rechaza de plano que estas autoridades puedan imponer decisiones cuando ejercen de mediadores entre el supervisor del país de origen y el de destino.

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