edición: 2789 , Lunes, 26 agosto 2019
03/03/2017

Réplica

Alejandro Rodríguez Pérez, apoderado legal del Señor Ricardo Coronel Castro, me dirijo a usted con la finalidad de ejercer el derecho de réplica con motivo de una nota fechada con 30/07/2015 PORTADA.

La misma tiene carácter exclusivamente difamatorio en contra de mi mandante, misma que se refiere a operaciones en el mercado de divisas e, inicia comentando algunos casos recientes de irregularidades que, incluso, de ser ciertas las circunstancias, podría tratarse de casos de ilícitos de naturaleza muy delicada.

No obstante la actualidad y relevancia que podrían tener esos casos precisos, más adelante se centra injustificadamente en la persona de mi representado, el Señor Ricardo Coronel Castro, quien no realiza ninguna actividad en España, en una conducta que es violatoria de la mínima ética social y periodística y, desde luego de la normatividad nacional y de los tratados que regula el derecho a la privacidad, así como la que sanciona la difamación y el daño moral.

Me explico:

El séptimo párrafo de la nota inicia diciendo que los reguladores nacionales (en España) mantienen un sistema de alertas a los inversores en los que denuncian a las empresas “que operan en ese mercado turbio”. ¿Es turbio el mercado o, es turbia la forma de actuar de ciertas personas en ese mercado?

En el siguiente párrafo dice que

“Hay un ejemplo que pone de relieve las dificultades en la persecución de esos brokers. En 2000 la CNMV advirtió al público que la entidad Global Currencies SL, carecía de autorización de la CNMV... En 2001 la empresa junto con otras varias fue sancionada... Dos de los ejecutivos clave de esa empresa eran Ricardo Coronel Castro...”

De aquí se desprende natural la siguiente afirmación, ES UN CASO DE HACE MÁS DE DIECISÉIS AÑOS, SIENDO QUE EL NOMBRE DE MI REPRESENTADO RICARDO CORONEL CASTRO NO APARECE EN EL REFERIDO SISTEMA DE ALERTAS, ¿entonces, por qué citarlo? Al igual se desprende la siguiente pregunta ¿por qué manifiesta que entre otras varias fue sancionada y se centra exclusivamente en esa sociedad mercantil y en esa persona física? ¿Cuál es el interés especial y qué lo motiva? Mi respuesta, para ir generando el ambiente propicio para difamar en esa nota a mi representado.

Del propio artículo, escrito de manera difamatoria, causando daño moral, se desprende con toda contundencia que se refiere a casos en que no existe ninguna responsabilidad para el Señor Ricardo Coronel Castro, por lo que, como lo reconoce el autor de la nota no hay cargos en su contra. Entonces ¿por qué ese carácter difamatorio del artículo? ¿Por qué esa persecución en su contra por parte de ese medio informativo? ¿Por encargo? ¿Por interés personal de alguno de sus integrantes? ¿Cuál sería ese interés, siendo que los primeros casos que cita podrían ser verdaderamente graves, según la propia nota? ¿No sería más útil para sus lectores conocer información verdaderamente precisa, incontrovertible?

En el siguiente párrafo (noveno), de una manera totalmente incongruente y contradictoria con el anterior, dice

“sin embargo no hubo ningún procesamiento y hay quien sostiene que al menos uno de los socios logró mediante recurso administrativo la eliminación de la multa...”

De donde, adicionalmente al hecho incontrovertible de que la propia nota desvirtúa la afirmación en el anterior párrafo en el sentido de “las dificultades en la persecución de esos brokers”, pues afirma que se realizó un procedimiento, por lo que es fácil concluir que no hubo tal “dificultad” para iniciar y finiquitar el procedimiento y que si no hubo procesamiento es porque en ese procedimiento se determinó que no existió responsabilidad alguna, siendo que la afirmación en el propio artículo de que se eliminó la multa mediante un recurso administrativo evidencia que de haber existido tal multa no se habría tratado de ningún ilícito de gravedad y lo más importante, según la nota la multa fue eliminada, lo que significa que no existió la infracción.

El artículo continúa refiriéndose de manera difamatoria al Señor Ricardo Coronel Castro, reitero ¿por qué si afirma que existen investigaciones policiacas recientes en contra de otras personas, fundadas en la presunta comisión de fraudes se centra en una persona física que no ha sido acusada de ningún delito? Reitero, del propio artículo se desprende que su información no es precisa, ni confiable, ni permite concluir ninguna ilegalidad.

A continuación la nota se refiere a una controversia entre el Banco Central de Uruguay (BCU) y la sociedad mercantil Helius Investment Consultants, argumentando indebidamente, de manera tendenciosa, difamatoria y totalmente incongruente que la institución reguladora “cerró” las operaciones de la sociedad mercantil porque “no estaba autorizada a tomar depósitos y transgredía las normas vigentes”.

La incongruencia, dolo y difamación se desprenden y desvirtúan de la propia nota que afirma a continuación:

“... De acuerdo con la circular del BCU SSF-208-2011 “los saldos de los fondos de los clientes denunciantes al momento de la Intervención por parte del BCU fueron devueltos. Los clientes tenían acceso on line a la plataforma para consultar sus posiciones, pudiendo monitorizar sus inversiones. Los clientes de Helius Investments Consultants S.A se encontraban debidamente informados de los riesgos de esta operativa, situación advertida en los contratos que firma el cliente con el agente así como en la página web de la entidad. Que una vez analizada la documentación y grabaciones correspondientes no se pudo comprobar conductas improcedentes por parte de los traders de Helios Investments Consultants S.A. en las operaciones denunciadas”. (Énfasis añadido)

Lo que prueba en contra de la argumentación del autor de la columna de que “no estaba autorizada a tomar depósitos y transgredía las normas vigentes”.

No obstante el autor de la nota pretende hacerlo aparecer como si se tratara de una actuación ilegal por parte de la sociedad mercantil, que no lo es, como se desprende de la propia nota, agravándose la difamación, a la par que probando que no existe ningún cargo contra el Señor Ricardo Coronel Castro, lo que se reafirma y hace más contundente en el siguiente párrafo, en que cita al BCU:

“Mientras tanto en la vertiente judicial: ‘El Banco Central del Uruguay está en conocimiento de la existencia de denuncias oportunamente promovidas por terceros (clientes de Helius Investments Consultants) ante la Justicia Letrada de Primera Instancia en lo Penal con sede en Montevideo, la cual formulara requerimientos de información a nuestra Institución, los que fueron respondidos. Hasta el momento, el Banco Central no conoce que de las referidas denuncias haya resultado un auto de procesamiento que impute la comisión de un delito a alguna persona’, de acuerdo con la respuesta dada a ICNreport por el BCU a través de su departamento de comunicación institucional. Las diligencias judiciales fueron en 2013. (Énfasis añadido)

Ese medio informativo afirma haber obtenido la nota del propio Banco Central de Uruguay y, no obstante, pretende hacer aparecer este hecho como inexistente prueba de una actividad “ilícita”. Eso señor editor se conoce como manejo tendencioso de la información.

Para concluir con un párrafo igual de aberrante que el resto de la nota:

“Por su parte, fuentes del mercado dicen que las empresas de Coronel Castro operan ‘en todo el mundo y entre ellas se cuentan iForex, Analix, International Gestion, GT Markets, Global Markets, Bforex, Helius Invesments, Bs stocks, Formula Investments House, Eurasian BanCorp, Euro trading’. La Superintendencia de Valores de Panamá actuó por su parte contra una sociedad de Coronel Castro, Single Trade Limited registrada en Belize porque este último país le retiró la licencia. El ejemplo pinta de cuerpo entero la dimensión del negocio de los brokers de divisas que operan fuera del marco de la regulación. Lo incomprensible es que haya inversores que caigan en sus redes.”

Una gravísima afirmación de que esas empresas son de mi representado, el Señor Ricardo Coronel Castro y que operan fuera del marco de la regulación, sin ningún soporte y, peor aún, en contradicción con la información vertida en la nota que prueba en contra de esa afirmación, pues lo que se precisa es que no existe ningún elemento que pruebe la realización de actividades ilícitas, por el contrario, afirma que a pesar de haberse realizado procedimientos oficiales no existen condenas.

Adicionalmente al hecho de que argumentar que todas esas sociedades mercantiles son propiedad de mi representado no tiene ningún componente que pueda considerarse, ni remotamente como un acto ilegal.

Por otra parte, se desprenden naturales las siguientes preguntas y afirmaciones: ¿De verdad sería jurídicamente válido que un país (Panamá), actuara en contra de una sociedad mercantil porque otro país (Belice) le hubiera retirado la licencia para realizar su actividad? Adicionalmente al hecho de que el articulista no prueba que las instancias oficiales de Belice hayan retirado la licencia a la sociedad mercantil que menciona, esa figura jurídica no existe, sería violatoria del derecho de los tratados y, por descontado, de la Constitución Política y la legislación secundaria especial de la República de Panamá, puesto que, en cualquier nación, particularmente las pertenecientes a la ONU y la OEA, para ser sancionada una persona tiene que infringir el derecho de la nación en que se encuentre. La República de Panamá es parte (signataria) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos [la Convención] instrumento normativo internacional que contiene la prevención específica de sancionar solamente las conductas ilícitas previstas en su legislación interna, habiéndose comprometido “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella [la Convención] y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.”, conforme establece su artículo 1o., por lo que, evidentemente, esta información es falsa.

El autor de la nota aduce que obtiene su información de “fuentes del mercado”. ¿Se trata de información a la que esas supuestas fuentes tengan acceso legal y directamente como lo ordena la legislación? ¿Realmente le consta al autor de la nota? Desde luego que no, en este caso concreto no existen tales “fuentes del mercado”, que para tener ese carácter solamente podrían ser periodistas que cubran esa fuente, operadores u organismos reguladores, estos últimos tienen prohibido por ley proporcionar información de tal naturaleza y los operadores pueden perder sus licencias de operación y enfrentar graves cargos por revelar información de suyo muy sensible. Los periodistas solamente comparten sus notas en sus medios de difusión.

¿De verdad tienen el autor de la columna y su “fuente” información y calidad moral para emitir opiniones infundadas de que las empresas que ellos dicen ser propiedad de mi representado operan fuera del marco de la regulación? ¿Aún cuando la propia nota difamatoria revela que no existe ninguna violación sancionable? ¿Se sienten por encima de la ley para quebrantar la legislación nacional y de los tratados que protege la información de las personas morales y físicas?

Desde luego, por ese carácter difamatorio y por carecer de la mínima prueba se entiende que “la fuente” es una persona mal intencionada, interesada en dañar la imagen del Señor Ricardo Coronel Castro sin importarle mentir o decir “verdades a medias”, que es lo mismo que mentir , puesto que, en realidad se trata de una nota con la exclusiva finalidad de difamarlo, como se confirma en la afirmación final:

“Lo incomprensible es que haya inversores que caigan en sus redes.”

Desde luego, no es necesario que nos informen quien es su fuente pues, por descontado se trata de una persona física, perfectamente identificada, que ha querido extorsionar al Señor Coronel Castro y que por ese motivo ha sido denunciado en varios países.

Con motivo del carácter difamatorio de la información publicada y del daño moral que ocasiona, es que pedimos a usted, Señor Alfonso Pajuelo, que se nos dé el derecho de réplica, haciéndolo efectivo mediante la publicación de la presente aclaración y que, en cumplimiento con la legislación nacional y de los tratados, en específico a los preceptos que establecen el derecho de los titulares de la información a exigirlo (oposición a difusión de datos), se retire de su sitio de internet la nota, apelando asimismo a la conciencia del deber ser y hacer que debe privar en todo ciudadano respetuoso del derecho de las personas y especialmente en los medios informativos serios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para afirmar a usted la seguridad de mi consideración más distinguida, agradeciendo a usted, anticipadamente, la publicación de la presente nota aclaratoria y que, en estricto derecho, se retire de su sitio de internet la difamatoria columna a que se refiere la presente.

Atentamente

Alejandro Rodríguez Pérez

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