edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
21/06/2011

Repsol apuesta por la flexibilidad laboral

Todavía queda mucho camino por recorrer en materia de integración de la RSE y son muchas las compañías que todavía deben reciclar sus prácticas en Responsabilidad Social y actitud hacia sus empleados para llegar a ser actores de pleno derecho en el escenario productivo que se abre tras la crisis económica.

En relación a los stakeholders internos, la flexibilidad laboral es uno de los desafíos a los que se enfrentan actualmente las compañías y cada vez son más las que apuestan por ello a través de medidas de conciliación o nuevos métodos como el teletrabajo combinado con el trabajo presencial.  Así, Repsol cuenta ya con 600 empleados adscritos a su programa de teletrabajo para mejorar la conciliación de la vida profesional y personal, lo que supone un 65% más que los 362 registrados hasta 2009. La participación en el proyecto es voluntaria y el teletrabajador conserva su puesto en la oficina y todos sus derechos y beneficios sociales. Las bases del programa han sido pactadas con los sindicatos y es una opción que está abierta a todas las categorías profesionales siempre que las necesidades de su puesto lo permitan.

Repsol concibe el teletrabajo como una medida de conciliación en sentido amplio, es decir, no se cuestiona la causa por la que se solicita. Seis de cada diez participantes son teletrabajadoras y el grupo mayoritario tiene entre 30 y 49 años.

La idea del teletrabajo surge en los años 70, cuando el físico estadounidense Jack Nilles, pensando en cómo optimizar recursos, creó el concepto de 'telecommuting', algo así como teledesplazamiento.

Desde entonces, el teletrabajo ha ido progresando, y en países como Finlandia o Estados Unidos representa hoy a más del 15% de la población activa. En España su avance es más lento y se estima que solo un 8% de los trabajadores desempeñan toda o parte de su jornada laboral desde casa.

En España esta modalidad de trabajo carece de regulación legal específica, aunque el Gobierno ha anunciado que quiere favorecerla como parte de sus políticas de conciliación. Algunas comunidades autónomas como Euskadi o Castilla y León ya están en ello.

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