edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
02/10/2008
Observatorio Jurídico

Responsabilidad civil derivada de accidente ferroviario

Datadiar

Se solicita indemnización por los perjuicios irrogados a resultas del arrollamiento que sufrió la menor demandante, cuando tan sólo contaba con seis años de edad, en el paso a nivel de Sodupe -término municipal de Güeñes-, y que le ocasionó la amputación de su pierna izquierda a nivel de la unión del tercio medio e inferior.

Denunciaba la actora la falta de adopción por la empresa ferroviaria demandada de las necesarias medidas de vigilancia y previsión, toda vez que el paso en cuestión se encontraba en el centro de la población, era acceso directo a ambos lados del pueblo, así como a dos colegios, con el consiguiente y permanente trasiego de viandantes y vehículos, la barrera existente no impedía el paso de peatones, ni existía al tiempo del siniestro el paso subterráneo, después construido.

En materia de accidentes ferroviarios, aunque la jurisprudencia de las últimas décadas ha introducido mitigaciones o paliativos al principio de responsabilidad por culpa que consagra el artículo 1902 (presunción de culpa y consiguiente inversión de la carga de la prueba) esa misma jurisprudencia ha puntualizado que no por ello queda excluido de nuestro sistema jurídico de responsabilidad civil el elemento culpabilístico, como inexcusable ingrediente integrador de dicha responsabilidad.

En esta línea, la jurisprudencia viene exonerando de responsabilidad, también en supuestos de arrollamiento ferroviario, a la entidad demandada, una vez acreditado que adoptó todas las medidas reglamentarias para obtener una seguridad vial en el paso a nivel en cuestión y que el sistema de aviso y prevención funcionó correctamente, cuando quedó probado que el resultado lesivo se produjo, por «descuido, yerro, omisión o falta de diligencia suficiente de la víctima».

Ello comporta, que si de la prueba practicada, con inversión o sin ella, aparece plenamente acreditado que en la producción del resultado dañoso, por muy lamentable que sea, no intervino ninguna culpa por parte del demandado o demandados, ha de excluirse la responsabilidad de los mismos, siendo éste el supuesto litigioso contemplado en la Sentencia que nos ocupa, STS (Sala 1ª) de 6 de febrero de 2008, en el que no ha intervenido culpa o negligencia alguna por parte de los demandados (el conductor del tren y RENFE) en la producción del luctuoso resultado, el cual es atribuible a un caso fortuito o, incluso, a una culpa exclusiva de la propia víctima.

La Audiencia tuvo por cierto que la actora, junto con sus hermanos, intentó cruzar el paso a nivel, cuando las barreras estaban bajadas. Tal extremo, a diferencia de lo que entendió la Sala a quo, sin determinar la ruptura total del nexo de causalidad establecido en la resolución recurrida, goza de entidad causal suficiente en la producción del siniestro, por lo que se debió hacer uso de la facultad moderadora prevista en el artículo 1103 del Código Civil, siendo incorrecta la consideración efectuada por el tribunal "a quo", sobre la relevancia de la menor edad de la accidentada a efectos de rechazar su contribución causal en el producción del resultado.

En definitiva, a modo de conclusión puede establecerse que el hecho de que la víctima fuera menor de edad no puede enervar la eventual apreciación de su conducta, si no como culposa, sí como contributiva al curso causal del siniestro del que resulta perjudicada.

Es decir, no cualquier daño obliga a su autor a repararlo. El deber de hacerlo reside en la circunstancia de que el daño es reprochable al que lo causa, porque en su producción ha habido siquiera –en el sentido de "al menos"– culpa o negligencia del agente.

El Supremo viene a distinguir entre supuestos en que existe culpa exclusiva de la víctima y aquéllos en que hay concurrencia de su culpa con la de otro sujeto.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (D.O.U.E nº 136, de 24 de mayo de 2008)
Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación. Los Estados miembros deben asegurarse de que se obtenga este resultado, aun cuando la presente Directiva no armonice las normas nacionales sobre prescripción y caducidad.

Las disposiciones sobre los plazos de caducidad y prescripción de los acuerdos internacionales, tal como se aplican en los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la legislación sobre transportes, no deben verse afectadas por la presente Directiva.

Acuerdo de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. (BOE n. 182 de 29 de julio de 2008)
El citado Reglamento 1/2005 no contempla un servicio de guardia propio para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino que este servicio se encomienda a los Juzgados de Instrucción de guardia que intervienen en sustitución de aquéllos. No obstante, este régimen se ha mostrado insuficiente allí donde existiendo un número significativo de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, determinados asuntos son incoados dentro del horario de audiencia pública -y que, por tanto, no corresponde despachar al Juzgado de Guardia-, pero su sustanciación y, en su caso, resolución se extienden de modo notable y reiterado más allá de la jornada ordinaria de trabajo. Este problema se manifiesta con mayor intensidad en la celebración de juicios inmediatos de faltas, previamente señalados por la Policía Judicial, y en la tramitación de las órdenes de protección, actuaciones que la ley exige sean practicadas a la mayor brevedad.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Delito de falsedad. Recurso contra auto dictado sobre responsabilidad civil en ejecución de sentencia. Responsabilidad civil. Herederos. Aceptación sin beneficio de inventario. Aceptación sin beneficio de inventario. TRIBUNAL SUPREMO (Sala 2ª). Sentencia de fecha: 30 de abril de 2008.
La regulación específica del procedimiento abreviado autorizaba la concreción de la responsabilidad civil en la fase de ejecución de la sentencia penal. Tal doble posibilidad de ubicación de la decisión no altera el régimen de recursos contra ésta. La admisión del recurso no puede ser puesta en duda, toda vez que la decisión contenida en el auto recurrido no es sino una concreción relativa a un punto que forma parte necesariamente del fallo de la sentencia, según lo establece el art. 142 LECrim. En la medida en la que dicho  fallo es recurrible, toda decisión que hubiera debido ser motivo de éste, debe ser susceptible de los recursos que la ley prevé contra el fallo.

Mercantil

Transporte internacional de mercancías por carretera. Causa del daño atribuible a la cargadora que estibó eficientemente la carga  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 5 de mayo de 2008.
La casación regulada en la aplicable Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 cumple la función de comprobar - además de si se han respetado la pureza del procedimiento y las garantías procesales reconocidas a los contendientes - si a los hechos declarados probados se les aplicó correctamente la norma jurídica y, previamente, si en la identificación de los mismos ha sido vulnerado algún precepto de los que establecen taxativamente el valor a asignar al medio de prueba utilizado como vehículo de convicción - prueba legal o tasada -.

No cabe estimar una reclamación por daño moral correspondiente a un periodo, el interoperatorio, en el que el recurrente no estuvo de baja  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 07 de mayo de 2008
Siendo la incapacidad temporal un concepto indemnizable según la ley, mientras la indemnización del daño moral correspondiente a los días de incapacidad que lograron ser acreditados se encuentra amparada por la norma y comprendida en la cantidad concedida en sentencia por aquel concepto indemnizatorio; sin embargo, no cabe amparar la reclamación de indemnización por daños morales producidos a un periodo, el interoperatorio, que no fue de incapacidad.

Civil

Responsabilidad del hotelero por la sustracción del vehículo de un cliente aparcado en instalaciones propias. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008
En el caso examinado la sentencia examina la categoría del hotel y la ubicación y características del aparcamiento, que detalladamente expone, para llegar a la conclusión de que el servicio de aparcamiento figuraba incluido en el contrato de hospedaje e imponía un deber de vigilancia; y aprecia, para rechazar la objeción opuesta por la hoy recurrente, que no se había puesto en conocimiento del cliente ni se le había advertido de las consecuencias y responsabilidades derivadas de no solicitar un servicio de aparcamiento cerrado de que el hotel disponía.

Transmisión de Terrenos con entrega de Pisos. Novación por otorgamiento del contrato de venta del terreno. Devengo de Intereses  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008
El artículo 1100 del Código Civil establece que incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Dados los hechos expuestos, en virtud de la conducta propia de los vendedores en orden a rechazar el pago del precio, es de aplicación el último párrafo del citado artículo cuando establece que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe.

Laboral

El subsidio por desempleo rebasa ampliamente los límites de una mera asistencia social, pero esto no significa, de ninguna manera, que se trate de una verdadera prestación contributiva TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de mayo de 2008.
El artículo 221.1 LGSS contiene el régimen de incompatibilidades del subsidio por desempleo y establece que éste es absolutamente incompatible con el trabajo por cuenta propia. En cuanto al trabajo por cuenta ajena, contiene una incompatibilidad relativa, puesto que permite que se perciba cuando se lleva a cabo una actividad de esa naturaleza a tiempo parcial, estableciendo el precepto en ese caso que se deducirá del importe de la prestación o del subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.  

El TC admite la constitucionalidad de las cláusulas de los Convenios que establecen la jubilación forzosa siempre y cuando se produzca una vinculación entre ese instrumento de extinción y la política de empleo establecida. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de mayo de 2008.
La Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 14/2005, establece en relación con el punto controvertido que los convenios colectivos podrán incluir cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumpla -además de la posibilidad de acceso a las prestación de Seguridad Social por parte del trabajador jubilado- el requisito siguiente: "Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo".  

Administrativo

Recurso de casación en interés de la Ley. Doctrina legal: “No puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente Inventario de Bienes Municipales , no es de titularidad municipal”.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 21 de mayo de 2008.
Por lo que se refiere a las vías públicas procedentes de cesiones urbanísticas no es en absoluto su inclusión en el Inventario Municipal lo que determina su condición de tales, ya que el artículo 124 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1978 dispone que "la firmeza en vía administrativa del acuerdo de reparcelación determinará la cesión de derecho al Municipio en que se actúe en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria según el Plan, para su incorporación al Patrimonio Municipal del suelo, o su afectación a los usos previstos en el mismo.

Nulidad de la determinación del PGOU que delimita la Unidad de Ejecución impugnada, al haberse impuesto a los propietarios de ésta unas cesiones y cargas superiores al resto de los propietarios de suelo urbano. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de mayo de 2008.
Una vez aceptada la doctrina jurisprudencial que en dicha sentencia se recoge, la solución no puede ser otra que la declaración de nulidad de la determinación del Plan General de Ordenación Urbana que delimita la Unidad de Ejecución impugnada al haberse impuesto a los propietarios de ésta unas cesiones y cargas superiores al resto de los propietarios de suelo urbano, sin entrar a establecer la forma concreta como la Administración urbanística haya de delimitar dicha Unidad de Actuación para preservar el principio de equidistribución de beneficios y cargas, en contra de como ha procedido la sentencia recurrida.

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