edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
14/01/2010

Responsabilidad patrimonial del Estado por retrasos indebidos en la actuación del Tribunal Constitucional

DATADIAR
Se interpone recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ministerio de Justicia de 17 de octubre de 2006, por el que se comunica al recurrente que su reclamación por responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional ha sido remitida a al Tribunal Supremo, debido a la falta de competencia del Ministerio de Justicia para conocer de ese asunto, y contra el acuerdo del Tribunal Constitucional de 18 de octubre de 2006 por el que se comunica al mismo recurrente que "el Tribunal Constitucional no cuenta con habilitación legal para conocer de la reclamación de la que se nos ha dado traslado”.

En su escrito de demanda, el actor, tras indicar los avatares experimentados en la tramitación del recurso de amparo por él interpuesto, en particular la paralización durante casi tres años del incidente de recusación que había promovido contra dos magistrados del Tribunal Constitucional, manifiesta que ejerce una acción de responsabilidad patrimonial basada tanto en el artículo 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) como en 296 de la misma ley, porque se ha producido un retraso injustificado en la decisión del incidente de recusación por él presentado. Retraso que además considera causado por la omisión grave del magistrado designado ponente para la decisión de ese incidente de su deber de someter al Pleno del Tribunal la resolución que hubiera considerado pertinente. Como consecuencia de ello, entiende que se le han causado daños morales que evalúa en 360.000€ y daños económicos que valora en 12.022,94€.

Pues bien, la cuestión central ha resolver es si el principio general de responsabilidad de todos los poderes públicos que proclama y garantiza el artículo 9.3 CE alcanza o no al Tribunal Constitucional, por no haber sido desarrollado por el legislador ordinario este precepto en cuanto a dicho Tribunal y no resultar de aplicación lo dispuesto en el Título V del Libro III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no estar integrado el Tribunal Constitucional entre los órganos de la Administración de Justicia a que se refieren los preceptos contenidos en ese título.

A este respecto, el Tribunal Supremo proclama en su Sentencia del 26 de noviembre de 2009, que ahora comentamos, que el artículo 9.3 CE constitucionaliza unos principios generales del derecho, entre ellos el de la responsabilidad de los poderes públicos, que tienen una virtualidad inmediata en cuanto constituyen las bases sobre las que se estructura todo el sistema jurídico político que la Constitución diseña. Como todo principio general del derecho, el de responsabilidad de los poderes públicos despliega la triple funcionalidad de representar uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico, servir como criterio orientador en la labor interpretativa y poder ser utilizado como fuente de derecho supletoria en caso de inexistencia o insuficiencia de la regulación legal.

Es cierto que la garantía que el principio de responsabilidad de los poderes públicos representa permite al legislador un cierto margen en el momento de su concreción, en atención al poder público de quien se predique, pero también lo es que la ausencia de regulación legal no puede significar un espacio inmune frente a las reclamaciones de los que hayan sufrido un daño, cuando los tribunales pueden detectar, sin riesgo alguno de que ello suponga suplantar la labor del poder legislativo, que la acción ejercitada se enmarca en el núcleo indisponible que resulta del artículo 9.3 CE, en el cual se incluyen sin duda alguna, los daños causados por un funcionamiento de los poderes públicos ajeno a lo que debe considerarse un comportamiento regular.

Por tanto, del artículo 9.3 CE deriva una garantía para el particular de ser resarcido por toda lesión que le haya causado una actuación del Tribunal Constitucional que pueda considerarse irregular, pero en cambio de ese precepto constitucional no se deriva en modo alguno que la Administración pueda repetir contra un miembro de ese Tribunal si se considerase que la actuación del mismo pudiera calificarse como dolosa o gravemente culposa. Esta es una solución adoptada por el legislador al regular la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero no es una consecuencia que se derive inevitablemente del artículo 9.3 CE (ni del 120, por lo que se refiere al Poder Judicial). Por ello el Tribunal excluye de cualquier calificación de la conducta personal del magistrado del Tribunal Constitucional a quien se imputa la casación del daño cuya reparación reclama el recurrente.

Por el contrario, establece que sí deriva directamente del artículo 9.3 CE que el Estado debe responder por los daños que los particulares hayan sufrido como consecuencia de las dilaciones en que el Tribunal Constitucional haya incurrido al resolver algún recurso de amparo interpuesto por ellos, si esas dilaciones pueden calificarse como indebidas. Dicha calificación incluye el supuesto con toda evidencia dentro del concepto mas amplio del funcionamiento anormal de Tribunal Constitucional, como ha declarado el TEDH, entre otras, en su sentencia de 25 de noviembre de 2003 (caso Soto Sánchez contra España), en interpretación del artículo 6.1 del Convenio, cuya doctrina debe tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 CE, en la interpretación del artículo 24 CE, cuyo contenido comprende el derecho a que la tutela judicial impetrada se conceda en un plazo razonable.

Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que efectivamente del artículo 9.3 CE se deriva directamente una garantía para el particular de ser resarcido por toda lesión que le haya causado una actuación del Tribunal Constitucional que pueda considerarse irregular y que el Estado debe responder por los daños que los particulares hayan sufrido como consecuencia de las dilaciones en que el Tribunal Constitucional haya incurrido al resolver algún recurso de amparo interpuesto por ellos, si esas dilaciones pueden calificarse como indebidas

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de las fuerzas armadas (B.O.E. núm. 303, de 17-12-2009)
La Orden Ministerial 41/1991, de 3 de junio, aprobó las normas sobre las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Dicha orden fue posteriormente modificada por la Orden Ministerial 16/1995, de 30 de enero, en la que se actualizaba la lista de dichas enfermedades de declaración obligatoria. El Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica, modificó el sistema de declaración de enfermedades transmisibles en todo el ámbito nacional y modifica de nuevo la lista de enfermedades de declaración obligatoria incluyendo nuevas enfermedades y prescindiendo de otras; como consecuencia de lo anterior, se aprobó la Orden DEF/599/2002, de 7 de marzo, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que derogó las anteriores. Los cambios producidos en la estructura y dependencias de la Red Sanitaria de la Defensa hicieron necesario modificar la Orden DEF/599/2002, de 7 de marzo, disponiéndose la publicación de la actualmente vigente Orden DEF/1450/2005, de 11 de mayo, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de inmigración ilegal. Delito de determinación coactiva a la prostitución. Explotación sexual. No cabe apreciar la agravante de organización. Concurso medial: artículo 77 CP. Individualización de la pena. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 09 de octubre de 2009
Existió prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del recurrente, consistente fundamentalmente en prueba testifical y prueba indiciaria. La concurrencia de comportamientos tipificables como constitutivos el artículo 188.1º y del previsto en el artículo 318 bis, 2º del Código Penal debe estimarse un concurso de delitos. A los efectos de la existencia de una organización penalmente relevante se ha dicho por la jurisprudencia que es necesaria una estructura, aunque sea elementalmente diseñada, con un centro de decisiones y con la posibilidad de que su operatividad este por encima de la actuación específica de una sola persona que sea sobre la que recae la supervivencia del proyecto criminal. Esta trama tiene una doble finalidad, hacer más operativa la actividad criminal y diseminar las pistas haciendo más difícil la investigación, bien por la disgregación de los centros de decisión o bien porque se hayan recubierto de una apariencia legal.

Mercantil

Cargo en cuenta del importe de la prima correspondiente a la segunda anualidad y rectificación inmediata por orden verbal de devolución del recibo dada por el tomador-asegurado al Banco.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 09 de noviembre de 2009
Seguro de vida. Cargo en cuenta del importe de la prima correspondiente a la segunda anualidad y rectificación inmediata por orden verbal de devolución del recibo dada por el tomador-asegurado al Banco. Voluntad de rescindir el contrato y, en cualquier caso, suspensión de la eficacia del seguro cuando se produjo el fallecimiento del asegurado (art. 15.2 LCS).

No existe cobertura para el siniestro sufrido por el actor porque de acuerdo con las cláusulas contenidas en la póliza de responsabilidad civil suscrita , el actor no tenía la condición de tercero. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 11 de noviembre de 2009
Reclamación de indemnización por accidente sufrido por el demandante en la sociedad de la que era socio. El socio no tiene la condición de tercero a los efectos de la cobertura del seguro de responsabilidad civil concertado por la sociedad responsable. Concurrencia de culpas.

Civil

La dación en pago se trata de un acto en virtud del cual el deudor trasmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin de que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era titular.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 01 de octubre de 2009
Dacion en pago. Datio pro soluto y datio pro solvendo: concepto, diferencias, doctrina jurisprudencial. Se aplican por analogía las normas de la compraventa, pero no necesariamente todas absolutamente: cabe que se acuerde en pago de unos servicios no exactamente determinados.resolucion por incumplimiento: presupuestos. Si no es aceptada por las partes, debe declararse judicialmente. Es el incumplimiento objetivo que frustra el contrato, incumplimiento básico.

No procede la indemnización por daños y perjuicios por la expulsión de un alumno de un colegio privado puesto que la medida adoptada no resultó arbitraria y se cumplieron los requisitos fijados para su imposición en el reglamento de régimen interno.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de octubre de 2009
Expulsión de alumno de colegio privado. Reclamación de daños y perjuicios . Se propugna la vulneración del derecho fundamental a la educación consagrado en el articulo 27 de la Constitución Española, en relación con el articulo 3.1 y 2 de la Convención de derechos del niño de las Naciones Unidas y su desarrollo por el articulo 3 de la Ley 6/1995 de 28 de marzo de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, y la Ley Orgánica1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, y el articulo 269 del Código Civil , al entender la parte recurrente que la medida de expulsión resulta inadecuada para favorecer el pleno desarrollo de la personalidad humana, debiendo primar el interés superior del menor que prevalece sobre cualquier otro interés legitimo.

Laboral

La obligación de aplicar la reserva a las convocatorias de promoción interna deriva del art.59 del EBEP, que establece la reserva sobre el conjunto de la oferta de empleo público y no sólo sobre las plazas de nuevo ingreso. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 05 de octubre de 2009
Reserva de plazas para discapacitados en convocatoria de promoción interna para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias (auxiliares de enfermería). La obligación de reserva del art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público comprende las plazas de promoción interna, que no pueden excluirse de la reserva sin razón suficiente. La reserva general no vincula de forma automática a cada convocatoria, pero sí impone que, sin perjuicio de su distribución, se reserven plazas de promoción interna, salvo causa que lo justifique. No cabe una impugnación aislada de una convocatoria sin combatir el acto de distribución de la reserva. Pero esta causa de impugnación no se ha alegado por la parte recurrente.
 
Subsidio de desempleo para mayores de 52. Falta de comunicación por el beneficiario a la Entidad Gestora de los ingresos derivados de la venta de inmuebles. Falta de contradicción entre sentencias. Desestimación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de octubre de 2009.
Desempleo: nivel asistencial: subsidio desempleo mayores de 52 años.- Ingresos derivados de la venta de inmuebles obtenidos en el año 2003: no comunicación por el beneficiario: incidencia de la entrada en vigor de la Ley 45/2002 de 12-diciembre modificativa art. 215.3.2 LGSS: consecuencias: problemática de la extinción o de la suspensión del derecho: falta de contradicción
 
Administrativo

Casación en interés de ley. Derechos pasivos. Calculo de las pensiones correspondientes a exconyuges anteriores al fallecimiento. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 07 de julio de 2009
El módulo temporal de referencia que debe utilizarse para determinar la cuantía de la pensión de viudedad por Clases Pasivas del ex cónyuge por divorcio o nulidad de matrimonio así como la del cónyuge actual de un funcionario, cuando el fallecimiento del causante de los derechos se haya producido con anterioridad al momento de alcanzar la edad de jubilación o retiro forzoso, debe tomarse desde la celebración del matrimonio hasta la fecha en que el causante hubiese alcanzado la edad de jubilación o retiro.

Solicitud por Ayuntamiento de concesión de acogiéndose a su derecho a participar en la partida 1% cultural que genere la obra pública «Corredor ferroviario Noreste de Alta Velocidad.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de julio de 2009
La recurrente en casación considera que la Sentencia incurre en incongruencia por omisión porque no acepta que la petición pueda hacerse en cualquier momento sino que sólo puede realizarse cuando se genere la partida del 1% cuando la obra se apruebe. No ha lugar al motivo. Un segundo motivo sostiene que se infringe el principio de seguridad jurídica y que la decisión carece de motivación y no resuelve sobre la obligación que establece el art. 68 de la Ley del Patrimonio histórico. No ha lugar al motivo pues la Sala de instancia confirmó la actuación de la Administración que consideró prematura la petición al no cumplirse las condiciones precisas para resolver sobre ello.

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