edición: 2618 , Martes, 18 diciembre 2018
19/01/2012
Medidas antidéficit

Responsabilidad penal de los gestores públicos: la opinión pública aplaude la medida pero pide que se aplique con efectos retroactivos

Algunos lectores hablan de un nuevo `brindis al sol´, ya que la medida tendrá una aplicación complicada y, además, ya existen instrumentos legales similares
La posibilidad de sancionar a las comunidades que incumplan con el objetivo de déficit plantea dudas: si el pago lo asume la Administración, `lo asume el ciudadano´
ICNr

La crisis económica muestra la cara más dura de la opinión pública, que no duda en pedir justicia frente a los responsables de la situación actual, aunque ello implique aplicar de forma retroactiva las nuevas previsiones legales que se aprueben para limitar la capacidad de manejo de dinero de determinados gestores. Las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, emitidas durante la jornada de ayer, en las que aseguró que impulsará un cambio en la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos -políticos o no- que incumplan con los presupuestos, generó cientos de comentarios en los que se pidió que la norma afecte a los actuales responsables. En definitiva, la medida está `muy bien´, pero se trata de un `borrón y cuenta nueva´ llega justo cuando `se lo han gastado todo´.

La idea de Montoro tendrá como vehículo una reforma de la llamada Ley de Transparencia de Gobierno, -aunque, según los expertos, para modificar el Código Penal es necesaria una Ley Orgánica- que pretende introducir esa tipicidad de las conductas de incumplimiento con el presupuesto establecido, de forma que se apliquen penas también a los cargos nombrados por los políticos.

A ello se suma la posibilidad de intervenir en las comunidades autónomas que no cumplan con los objetivos de déficit, que se instrumentará a través de la la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que incluirá sanciones para las regiones incumplidoras. Se trata de crear mecanismos que limiten el gasto y que generen una responsabilidad en quienes tengan en sus manos la gestión del dinero público, una medida tan racional y conveniente como `inútil´ en este momento, ya que, en este punto de la crisis. `ya está todo el pescado vendido´.

Sin embargo, no todo serán restricciones: el Estado ofrecerá también una línea de financiación ICO a las comunidades autónomas para que puedan atender pagos a proveedores, una medida bien acogida por los internautas, que ven en los impagos de la propia Administración uno de los mayores sinsentidos de la crisis. Y es que no tiene lógica que se dediquen millones de euros a salvar a la banca -por ejemplo- y que no se salden cuentas con empresas y autónomos, que son precisamente quienes tienen en su mano reactivar el empleo. Además, la ayuda -y ello también fue objeto de buenas críticas- tendrá como contrapartida que los gobiernos autonómicos que recurran a esta vía de financiación estarán sujetos a planes de saneamiento.En este sentido, aunque se entiende que pagar a los proveedores está por encima de toda crítica, algunos sectores sí censuraron que el Estado tenga que acudir en la ayuda de las comunidades han gastado de forma irresponsable.

RESPONSABILIDAD PENAL

En todo caso, la opinión pública consideró del todo racional que se meta en la cárcel a quienes `despilfarran el dinero público´ que, no se olvide, es `nuestro dinero´. La mayor parte de los internautas se mostró a favor de introducir este tipo de fórmula, siempre y cuando la responsabilidad sea personal y las multas no se paguen con dinero público, ya que, en caso contrario, sólo se estaría generando un problema mayor.

Las dudas de los lectores también se centraron en las sanciones por incumplimiento con el objetivo de déficit que anunció ayer Montoro, ya que, en este caso, parece que la responsabilidad será de la Administración, y no de los gestores con nombres y apellidos: `encima de que la mala gestión endeuda a los ciudadanos, ahora tendremos que pagar el endeudamiento más la sanción que nos impongan´. Por ello, se pidió que no se cree un problema mayor al actual.

Dejando a un lado quién pague, el punto más polémico del debate fue si debía aplicarse la responsabilidad penal de los gestores -una vez aprobada- con efecto retroactivo, de forma que los actuales responsables de la coyuntura económica pudieran ser encarcelados o multados. Gran parte de los internautas, en contra de la seguridad jurídica que se exige en otros ámbitos y de la propia Constitución, se mostraron a favor de esa aplicación a casos generados con anterioridad a la propia Ley.

Por otro lado, tampoco faltó quien apuntara que introducir la responsabilidad penal de los gestores en la Ley de Transparencia de Gobierno -si es que ello es posible-, no será más que un `brindis al sol´ para `seguir mareando la perdiz´, ya que actualmente `existen leyes suficientes e incluso sobrantes para encarcelar al montón de ladrones que pululan por los estamentos oficiales´. En las leyes de presupuestos, además, `ya hay definidas una serie de causas para gastos debidos a circunstancias excepcionales y por trámite de urgencia´, tal y como comentó un lector.

El problema es que `en ningún sitio está escrito que puedan presentar un presupuesto de gastos de 100.000 y se contemplen unos ingresos de 60.000 y si se aprueba por mayoría ya está hecho´. Podría ser una medida electoralista incluso, ya que lo más importante es establecer mecanismos de control previo del gasto y, además, queda por estudiar cómo se encauzará esa responsabilidad personal cuando el gasto depende de una cadena de personas.

Además, ninguna de estas medidas será del todo eficaz si no se `mete mano´ a todos los problemas estructurales del gasto público que se arrastran del pasado. `Hay duplicidades con la Administración central y sobredotaciones de personal´, por ejemplo, y así `hasta el infinito´, por lo que es preciso no sólo cambiar ciertas pautas de cara al futuro, sino también `analizar muy cuidadosamente los compromisos ya contraídos y modificar las condiciones económicas de muchos de ellos, actuando con firmeza y sin contemplaciones con aquellos personajes con los que nunca se debió relacionar la Administración.

En todo caso, al menos estas propuestas son una `muestra de intención´ que, con matices, resultarán de utilidad y fijarán un marco de mínimos de cara al futuro. Se trata de una `muy buena noticia generadora sin duda de confianza, de la cual anda tan necesitada el país´, en palabras de un lector. Pero, aunque `ese es el camino´, habrá que legislar con cuidado y evitar que los ciudadanos paguen por los errores de sus gestores, además de perseguir otros frentes. Algo similar se debería hacer, además, con los directivos de cajas y bancos, según apuntaron algunos internautas.

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