edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
02/11/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Retenciones entre personas que desarrollan una actividad profesional

DATADIAR

Tal y como establece el art. 75.1.c) del RD 439/2007, Reglamento del IRPF, estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta entre otras  las siguientes rentas derivadas de los rendimientos de actividades profesionales.

Por otro lado, el art. 76 del Reglamento del IRPF nos señala que con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación:

a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.

b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades.

c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente.

d) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a los rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.


Atendiendo a lo expuesto y siempre teniendo en cuenta que es el pagador, es decir, el destinatario de los servicios, quien debe practicar la correspondiente retención, cabe señalar que sí deberá practicar retención al profesional que emita las facturas y el profesional al que se le preste el servicio, al tratarse de una persona física que ejerce una actividad económica profesional, deberá practicar la correspondiente retención.

Por último y a título informativo señalar que el art. 95.1 del Reglamento del IRPF nos indica que cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.

No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades.

Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que la normativa del IRPF es clara al respecto ya que el tipo de retención para el supuesto de rendimientos de actividades profesionales es fijo, bien, el 15%, bien, el 7% para el supuesto de inicio de actividad, en los términos expuestos.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Las cantidades percibidas en concepto de subsidio por inhabilitación temporal profesional generarán una renta que se calificará como ganancia patrimonial a integrar en la base imponible general. D.G.T. C, (10/05/2011).
La entidad consultante es una mutua que comercializa un seguro de responsabilidad civil profesional en el sector sanitario, en el que se incluye, entre otras coberturas, la del subsidio por inhabilitación temporal profesional. Dicha garantía es opcional y tiene por objeto la cobertura del perjuicio económico causado por las penas de inhabilitación profesional que recoge el Código Penal. En virtud de tal garantía, la Mutua se compromete, tras sentencia judicial, al pago de un subsidio mensual durante cierto período. Estos seguros son contratatos tanto por personas físicas, como por Colegios Profesionales adhiriéndose los profesionales a la póliza. 1. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas en concepto de subsidio por inhabilitación temporal profesional, tanto si se trata de un trabajador por cuenta ajena como por cuenta propia. 2. Obligaciones fiscales que derivan para la entidad pagadora. En particular, si existe obligación de retener y de emitir el correspondiente certificado. En caso negativo, si debe declararse en algún modelo.

Tributación en el IRPF de una indemnización percibida por una incapacidad permanente total derivada de un accidente de trabajo. D.G.T. C, (10/05/2011).
El consultante padeció un accidente de trabajo y se le reconoció una incapacidad permanente total. El Ayuntamiento en el que trabajaba recogía en el convenio colectivo la suscripción de un seguro para todos los trabajadores que cubriesen muerte e invalidez permanente. Sin embargo, al carecer de dicho seguro, el pago se realizó directamente con la consideración de rendimiento del trabajo. Tratamiento fiscal correspondiente a la cuantía percibida. En concreto: - Si puede aplicarse la exención prevista para indemnizaciones por daños personales o indemnizaciones por seguro. - En caso negativo, si puede aplicar la reducción del 40 por ciento. - Igualmente, si puede aplicar la reducción como trabajador en activo con discapacidad. Las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos podrán minorar el rendimiento neto del trabajo en 3.264 euros anuales. Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.” La expresión “trabajador en activo” no engloba a cualquier perceptor de rentas del trabajo, sino que por trabajador en activo debe entenderse aquel que percibe este tipo de rentas como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos. En consecuencia, en situación de incapacidad permanente total y no existir una prestación efectiva de servicios retribuidos, no resulta aplicable la reducción por discapacidad de trabajadores activos.


Tribunales

Bonificación del 95% en la cuota íntegra del IS prevista en la DA 5ª de la Ley 19/1994 relativos a que las explotaciones económicas no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad y que se lleven a cabo local o establecimiento independiente. Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de mayo de 2011.
La bonificación de la Ley 19/1994 se aplicará exclusivamente respecto de los rendimientos procedentes de explotaciones económicas, realizadas mediante establecimientos situados en Canarias. Los requisitos a tener en cuenta para su aplicación son que el promedio de plantilla medio en personas/año sea superior a tres trabajadores e inferior a 20, en todos y cada uno de los períodos impositivos a que se refiere el apartado anterior; que con anterioridad a 31 diciembre 1997 se realice una inversión en activos fijos nuevos superior a 15.000.000 pts. Dicha inversión, que deberá haberse iniciado antes de 31 diciembre 1996, deberá mantenerse durante los períodos impositivos anteriormente señalados, que las explotaciones económicas no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que las explotaciones económicas se han ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad, que las explotaciones económicas se realicen en local o establecimiento independiente, que la participación de los socios personas físicas sea superior al 75 por 100 del capital social y que no sea de aplicación el régimen de transparencia fiscal. No es procedente la aplicación de la bonificación establecida en la Ley 19/1994, cuando se está ante la inexistencia de un establecimiento permanente.

Requisitos a tener en cuenta para gozar del beneficio de no gravamen de los incrementos patrimoniales. Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de mayo de 2011.
Los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos materiales del activo fijo de las Empresas, necesarios para la realización de sus actividades empresariales, no serán gravados siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza y destino en un período no superior a 2 años o no superior a 4 años si durante el primero la Sociedad presenta un plan de inversiones a la Administración e invierte durante los 2 primeros al menos un 25 por 100 del total incremento. Los elementos en que se materialice la reinversión deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justificada, durante un período de dos años si se tratase de bienes muebles o de diez si fueran inmuebles, excepto que el importe obtenido por su transmisión o el valor neto contable, si fuere menor, se apliquen a la adquisición de nuevos elementos, que deberán mantenerse durante el período que restase para completar los plazos de dos y diez años, según la naturaleza del elemento enajenado. 


Tribunales Económico-Administrativos

Requisitos de la comunicación de actuaciones inspectoras una vez que se ha superado el plazo máximo de duración de las mismas según el artículo 150.2.a) LGT 58/2003. TEAC R, (19-07-2011).
Derecho del contribuyente, no es un trámite de oficio sino a solicitud del interesado. El artículo 150.2.a) LGT 58/2003 establece un derecho del administrado a ser informado del alcance de las actuaciones inspectoras que vayan a continuar, una vez que en curso de las mismas se haya constatado la superación del plazo máximo de duración del procedimiento inspector y la prescripción de alguno de los períodos comprobados, de forma que el interesado que en el curso de las actuaciones inspectoras tiene conocimiento de la prescripción de alguno de los tributos y períodos que inicialmente le iban a comprobar, según el alcance de la comunicación de inicio, tiene derecho a ser informado del nuevo alcance de las actuaciones que se van a continuar; pero el derecho a obtener esa información es a solicitud del interesado; no existe deber de la Administración de dar esa información de oficio. El artículo 147.2 LGT 58/2003, sin embargo, impone el deber de comunicar, de oficio, al inicio del procedimiento, el alcance las actuaciones. Contrato de fletamento de aeronave para actividades de fumigación contra la plaga de la langosta en Marruecos y Senegal y a prestar servicios de seguimientos de bancos de peces en Francia. No puede incluirse la regla especial de localización cualquier tipo de servicio que presente alguna relación, por débil que sea, con un inmueble. Ello daría lugar a una aplicación expansiva de dicha regla especial, ya que casi todas las prestaciones de servicios pueden vincularse, de alguna manera, con un inmueble. Tiene que existir una relación o vinculación lo suficientemente directa. No se trata de una relación más o menos accidental con el inmueble, sino el sustrato indispensable para que pueda existir la prestación, un elemento sustancial del mismo.

La Revocación de actos como procedimiento especial de revisión se inicia siempre de oficio, con independencia de que el interesado pueda presentar escritos, no solicitud, promoviendo el inicio de dicho procedimiento. TEAC R, (19-07-2011).
La Revocación de actos (art 219 LGT) es un procedimiento especial de revisión que se inicia siempre de oficio, no admite la iniciación «a instancia de parte»; el «escrito» que el interesado puede presentar, ante el órgano que dictó el acto, para «promover» el inicio de este procedimiento (art. 10.1 del RD 520/2005), no puede equipararse a una «solicitud» de inicio. Asimismo, la Administración tributaria no está obligada a contestar dicho «escrito», y si lo hace, la comunicación recibida por el interesado no es susceptible de recurso/reclamación alguna (no es un «acto de trámite cualificado», pues ni siquiera tiene la consideración de acto de trámite). En la "revocación de los actos administrativos", y por tanto, también, de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones, nos encontramos con un procedimiento que se inicia, siempre, de "oficio"; no se admite la iniciación a instancia de parte. Ello determina que el "escrito" remitido por el interesado a los órganos correspondientes de la AEAT, no forme parte de ningún procedimiento administrativo; del mismo modo, la comunicación informativa remitida por la AEAT al interesado, la cual es objeto de impugnación a través de la presente reclamación, tampoco constituye ningún "acto administrativo" ni un "acto de trámite cualificado" (artículo 227.1 de la LGT), puesto que ni siquiera se trata de un mero acto de trámite (que son aquellos que se dictan en el "seno de un procedimiento administrativo", impulsando la actuación administrativa, al objeto de instrumentar o preparar la decisión final del mismo). Es más, la AEAT no estaba obligada a contestar el escrito recibido por el interesado por el que promovía el inicio del procedimiento de revocación, ya que el artículo 10.1 del citado Reglamento dispone expresamente, que este procedimiento de revocación "se iniciará exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación por la Administración competente mediante un escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito". No obstante, la AEAT ha contestado expresamente al escrito presentado por el interesado, al objeto de informarle que no procede iniciar dicho procedimiento.

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