edición: 2469 , Viernes, 18 mayo 2018
18/05/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Retribuciones de alumnos en prácticas

DATADIAR
Tal y como establece el art. 17.1 de la Ley 35/2006, Ley del IRPF, se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. Por otro lado, el citado precepto, en su apartado 2 h) matiza que en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, las becas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.

En este sentido, el art. 7 j) declara exentas las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Asimismo estarán exentas, cumpliendo una serie de requisitos, las becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, así como las otorgadas por aquéllas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones públicas y al personal docente e investigador de las universidades.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, si una entidad privada paga a un trabajador en prácticas una cantidad de dinero,  y su concesión no se realiza en el ámbito de una convocatoria pública, sino en el ámbito restringido de un Convenio firmado por la empresa y el instituto o centro de formación en el cursa estudios el trabajador en prácticas. Esto quiere decir, que estas bolsas de ayuda o importes satisfechos, no se encuentran amparadas por la exención del artículo 7.j) de la Ley del Impuesto.

Por lo tanto, deben considerarse a estas bolsas de ayuda como rendimientos del trabajo (no exentos), sometidos a retención en cuanto son satisfechos por una persona o entidad obligada a retener que es la empresa en la que se realizan las prácticas, ya que el art. 76.1.a) del Real Decreto 439/2007, (Reglamento del IRPF), establece que con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación, entre otras, las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.

En relación con el tipo de retención aplicable, se determinará de acuerdo con el procedimiento general recogido en el artículo 82 del Reglamento del IRPF, siempre teniendo en cuenta que el tipo resultante no podrá ser inferior al 2 por 100, si la relación entre alumno y empresa tiene una duración inferior al año.

En este sentido, se ha pronunciado la doctrina administrativa en concreto, la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 5-10-2007.

Por último debe tenerse en consideración que dichas retribuciones deberán ser incluidas, por parte de la empresa en el modelo 111 y en el 190.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

La calificación de ambas rentas como rendimientos de actividades profesionales y el hecho de ser satisfechas por un obligado a retener comporta su sometimiento a retención. D.G.T. C, (14/12/2010).
La entidad consultante es una sociedad dedicada a la prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica en todas las ramas del derecho, cuyos socios, a su vez, prestan servicios profesionales a la entidad consultante. El porcentaje de participación de los socios en la entidad es inferior al 5 por 100. La entidad consultante ha acordado con sus socios que una parte de los ingresos anuales de los socios derivados de la prestación de servicios profesionales a la entidad consultante se pague a los tres años desde la emisión de la correspondiente factura, devengándose intereses por el período de aplazamiento al tipo de interés de mercado. Régimen de retenciones aplicable. En relación con el momento en que debe practicarse la retención, el artículo 78.1 del mismo Reglamento dispone que “con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes”. Respecto de la imputación temporal de las retenciones practicadas sobre los rendimientos de actividades profesionales objeto de consulta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento del Impuesto, los perceptores de los rendimientos deberán imputar las retenciones al período impositivo en que deban imputarse los rendimientos de los que procedan las citadas retenciones, es decir, siguiendo los criterios de imputación temporal que correspondan a los rendimientos en cuestión.

La titularidad del bien corresponderá en pro indiviso a cada uno de los cónyuges y a la propia sociedad de gananciales, en proporción a la valoración de sus respectivas aportaciones. D.G.T. C, (14/12/2010).
La consultante, estando soltera, adquirió, el 15-11-2006, una vivienda, concertando para ello un préstamo hipotecario. El 17 de abril de 2010 contrajo matrimonio en régimen de gananciales, siendo la vivienda adquirida de soltera por la consultante en la que tiene establecida su residencia el matrimonio. A partir del matrimonio, ambos cónyuges están pagando las cuotas correspondientes a la hipoteca, realizándose las amortizaciones del referido préstamo desde una cuenta conjunta. A efectos de la próxima declaración de IRPF por el período impositivo 2010, si ambos cónyuges tienen derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. Si tras el matrimonio, el cónyuge de la consultante destinara fondos privativos a reducir el préstamo que, de origen privativo de su cónyuge, financia la que constituye su residencia habitual, adquiriría parte de la titularidad dado que invierte en la vivienda familiar. Ello requerirá que, además de cumplir los requisitos exigidos por la normativa del Impuesto, dicha inversión se corresponda con el porcentaje que se le atribuya en la titularidad del bien. Dicho porcentaje deberá estar en consonancia con lo dispuesto en los artículos del Código Civil citados, ya que de otro modo no se destinarían tales cantidades a la adquisición de la vivienda habitual. El porcentaje de participación en la vivienda, derivado de esta aportación, habrá de atribuirse exclusivamente al cónyuge de la consultante, y no a la sociedad de gananciales. Dado que en la inversión se utiliza financiación ajena, la deducción se practicará por las nuevas cantidades invertidas a medida que se vaya devolviendo el principal del préstamo y se abonen, en su caso, los correspondientes intereses y demás gastos inherentes al mismo, no siendo necesario que el cónyuge de la consultante figure como cotitular del préstamo.

Tribunales

No deducibilidad de gastos no justificados por no cumplirse los requisitos establecidos al efecto. Compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios prescritos. Audiencia Nacional. Sentencia de 2 de febrero de 2011.
Según diversa jurisprudencia, habiendo presentado la entidad hoy recurrente sus autoliquidaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, correspondientes a los ejercicios 1989 a 1993, ambos inclusive, obrantes en el expediente administrativo, sin que hayan sido objeto de comprobación por la Administración, la consecuencia que se extrae es que los datos que en ellas se declararon no pueden ser objeto de modificación por la Administración en ejercicios posteriores sobre los que pudiesen proyectar sus efectos, tal como sucede en el supuesto de compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios prescritos que se enjuicia. La cifra de pérdidas amortizables deberá figurar en la contabilidad de la empresa en cuenta independiente, con indicación del ejercicio a que correspondan y que a dicha cuenta se abonarán las sucesivas amortizaciones, en la cuantía que la entidad estime conveniente, hasta que se cumplan los cinco ejercicios siguientes al en que la pérdida se produjo. En relación a la deducibilidad de gastos no justificados hemos de decir que no son deducibles pues para que tuviera tal característica sería necesaria la  justificación documental de la anotación contable además de la contabilización del gasto. Además, tiene que cumplirse la necesariedad del gasto. En el caso de autos, no se cumplen los requisitos que legalmente se exigen para que los gastos tengan la consideración de deducibles, al no haber sido debidamente acreditado por la actora, como es de su incumbencia la efectiva realidad del servicio, con las consecuencias en su perjuicio que de ello deben extraerse.

Aplicación de la bonificación establecida en la Ley 22/1993 por cumplimiento de los requisitos establecidos en aquella. Audiencia Nacional. Sentencia de 2 de febrero de 2011.
Es procedente la aplicación de la Ley 22/1993, pues la parte recurrente ha acreditado que ha realizado un desembolso por la compra de un local, por lo que la conclusión que se alcanza es que desde el punto de vista de la inversión realizada, su importe supera o iguala el mínimo legalmente establecido, por lo que concurre el requisito exigido en el  artículo 2.dos.b) de la Ley 22/1993. De la Ley 22/1993, se extrae la conclusión de que lo importante, a la hora de comprobar la concurrencia del citado requisito, es el hecho de que la entidad que pretenda beneficiarse de dicha bonificación, ha de haber realizado la inversión de forma efectiva en los activos y que el importe invertido supere el límite exigido por la norma fiscal, pues lo pretendido es la creación de nuevas empresas.

Tribunales Económico-Administrativos

La base imponible en el ITPAJD en un supuesto de concesión administrativa está determinada en función de los cánones a satisfacer y el valor neto contable de los activos revertibles en el momento de la reversión. TEAC  R, (24-02-2011).
El art. 8 de la Ley 62/2003 modificó la redacción, para aclarar la normativa existente, lo que obliga a declarar improcedente la interpretación sobre estimación del valor neto contable de los bienes al momento de la reversión sostenida por la Administración, por deber calcularse el mismo según las tablas de amortización aprobadas a efectos del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje medio resultante de las mismas, y ello aunque la fecha a efectos de la nueva redacción sea posterior al hecho imponible" La base imponible que, en definitiva, debe corresponder a la contraprestación que el concesionario satisface por los derechos concedidos, debe estar determinada en función de los cánones a satisfacer y por el valor neto contable que se prevea que tendrán los activos revertibles en el momento de reversión, aplicándose las tablas de amortización aprobadas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

El defecto consistente en liquidar el IVA, por períodos anuales en lugar de trimestrales, es un defecto material que no impide la práctica de nueva liquidación. Cambio de criterio. TEAC  R, (08-03-2011).
En operaciones de permuta inmobiliaria, la fecha del devengo es la fecha en que se produce la operación y el intercambio de derechos por las partes, siendo indiferente el que uno de tales derechos no se haya materializado todavía en bienes físicos concretos, pues tienen a la fecha del devengo un valor de mercado, estando perfectamente determinadas las contraprestaciones de ambas partes. Jurisprudencia del TS en sentencias de 18 de marzo de 2009 (recurso 5013/2006) y de 29 de abril de 2009 (recurso 5483/2006). Se trata de un cambio de criterio basado en las dos sentencias del TS: «Pese a las alegaciones de la parte actora, debe mantenerse el criterio sustentado por la sentencia de instancia, porque en el momento del devengo del impuesto, que coincide con el momento de formalización de la escritura pública de 1994, estaban perfectamente determinadas las contraprestaciones de ambas partes: las dos parcelas que entregaba una de las partes (la que en el recurso contencioso-administrativo actuó como recurrente) y los derechos que recibía a cambio sobre 17 pisos y 40 plazas de garajes todavía no construidos pero con todos los elementos que atañen a los mismos perfectamente delimitados: situación, dimensiones, ubicación, memoria de calidades y otros. Así pues en el momento del devengo, 1 de diciembre de 1994, se perfeccionó el contrato y se produjo la entrega de los bienes que se intercambiaban en la permuta: por una parte las dos parcelas y por otra los derechos sobre 17 pisos y 40 plazas de garajes, aún no finalizados pero completamente determinados». (STS 5483/2006 18-03-2009). IVA. Liquidaciones anuales versus trimestrales. Defecto material o formal. Alcance de la resolución. Posibilidad de dictar nueva resolución. Nueva resolución en ejecución de fallo o con inicio de nueva comprobación según sea la información disponible por el órgano gestor. El defecto consistente en liquidar el IVA, por períodos anuales en lugar de trimestrales, es un defecto material que no impide la práctica de nueva liquidación. Al ser un defecto material, el pronunciamiento sobre el período de liquidación, no exime al Tribunal Económico-Administrativo de resolver asimismo sobre todas las cuestiones de fondo planteadas por los interesados en la reclamación. Procediendo la práctica de nueva liquidación como consecuencia de anulación del acto por el Tribunal, si se dispusiera de la documentación necesaria para liquidar los períodos correctos (documentación derivada de las actuaciones de comprobación ya desarrolladas, unida a la información que le consta a la propia Administración), no será necesario el inicio de nuevas actuaciones para practicar la nueva liquidación, sino que la nueva liquidación se dictará en ejecución del fallo del Tribunal Económico-Administrativo. Si la Administración tributaria no pudiera disponer de los datos necesarios, para poder practicar liquidaciones por periodos trimestrales (o mensuales), será imprescindible iniciar una nueva comprobación, con trámite de audiencia al obligado tributario.

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