edición: 2806 , Miércoles, 18 septiembre 2019
13/03/2019

Revés de Irlanda y países nórdicos a Bruselas, Francia y España por la `tasa Google´

ICNR
Los países miembros enterraron ayer el impuesto que debía gravar la actividad de las compañías tecnológicas ante la persistencia del bloqueo de cuatro países (Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia).
Ni la última oferta, de gravar solo la publicidad online, ha levantado su veto. Los impulsores de la tasa fían ahora la implantación de ese impuesto a un acuerdo en el marco de la OCDE a finales de 2020. La Comisión Europea y varios de los países impulsores de la tasa, como Francia y España, lamentaron "oportunidad perdida".

La llamada tasa GAFA (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon) era una de las propuestas estrella no solo de la Comisión Europea, sino también de países como Francia y España. El impuesto estaba ideado para tapar los agujeros que hallan los negocios digitales para reducir su factura fiscal. Según datos del Ejecutivo comunitario, las empresas tradicionales abonan una tasa impositiva media del 23,2%, casi el triple (9,5%) de las tecnológicas. Por ello, Bruselas propuso gravar con un tipo del 3% el volumen de negocio de las plataformas de publicidad online, intermediarias o de venta de datos que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en Europa.

Los cinco países grandes (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) se pusieron de acuerdo de inmediato para impulsarla. Sin embargo, el Gobierno de Angela Merkel titubeó. Para devolverlo al debate, Francia propuso primero que fuera temporal hasta alcanzar un acuerdo en el marco de la OCDE; posteriormente aceptó dar dos años de margen para alcanzar un pacto global, y finalmente, acató que se dejaran fuera las actividades de intermediación y datos. Sin embargo, Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia siguieron enrocados en su rechazo a la tasa.

La ministra sueca de Finanzas, Magdalena Anderson, volvió a oponerse a ese impuesto al considerar que dicha tasa vulnera el “principio de fiscalidad internacional”, que se basa en gravar el servicio allí donde se produce y el beneficio en lugar de la facturación.

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