edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
08/01/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Revisiones salariales con arreglo al IPC: ¿pueden los empresarios reclamar la diferencia?

DATADIAR
La mayor parte de los convenios colectivos estipulan sus subidas salariales en función de un porcentaje estadístico, la subida del IPC (Índice de Precios al Consumo), lo que responde a una lógica evidente, procurar que las retribuciones suban lo que aumenta el coste de la vida y los trabajadores no pierdan, así, poder adquisitivo.

De esta forma, los salarios se incrementan cada año en función del “IPC previsto” por el Gobierno, para proceder al final del año a ajustar tales subidas con el “IPC real”. Hasta ahora, lo habitual era que el “IPC real” fuera superior al “IPC previsto”, es decir, que al finalizar el año los precios hubieran subido más de lo anunciado. Esta eventualidad venía expresamente recogida en los convenios colectivos que establecían la obligación de revisar los salarios, ahora de conformidad con el “IPC real”, obligando a los empresarios a abonar la diferencia.

Pero la actual crisis económica ha alterado la natural evolución de los valores económicos, provocando efectos impensables (un IPC negativo), no previstos en los convenios colectivos pactados y que plantean preguntas de difícil respuesta ¿si el “IPC real” fuera inferior al “IPC previsto”, pueden los empresarios reclamar el exceso abonado?

Muchas empresas han pensado que sí. En los últimos meses se han multiplicado las reclamaciones empresariales ante los tribunales solicitando la inaplicación de las tablas salariales, al haberse calculado los incrementos retributivos sobre unas previsiones (el IPC) que están lejos de cumplirse. En su mayor parte, las decisiones judiciales están sido favorables a los sindicatos, decretando que los empresarios no pueden inaplicar las subidas acordadas sobre la base de que la economía no se está comportando como pensaban.

En los mismos términos, los tribunales han rechazado que los trabajadores deban devolver cantidad alguna por los salarios percibidos durante el año 2008, al no haberse previsto expresamente esta eventualidad en los convenios colectivos.

Pero no todas las resoluciones han ido en ese sentido. Una reciente resolución de la Audiencia Nacional ha venido a defender justo la tesis contraria. Esta sentencia, de 28 de octubre de 2009, sostiene el derecho de la empresa a descontar una parte de la subida salarial prevista en las tablas salariales del sector para el año 2008.

Se basan para ello en el tenor literal de lo pactado, que debe prevalecer sobre cualquier otra pauta interpretativa, salvo que lo pactado hubiera provocado algún tipo de duda sobre la intención de los contratantes, lo que no ocurría en el supuesto debatido.

El convenio colectivo en cuestión (elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio) preveía para el año 2008 una subida salarial “del IPC real de dicha anualidad más un 0.5%”, aprobándose unas tablas salariales provisionales sobre un IPC provisional. Puesto que el “IPC real” en el año 2008 fue muy inferior a lo que se había previsto, lo abonado, siguiendo lo pactado en esas tablas provisionales, resultó ser muy superior a lo que se hubiera debido pagar según el IPC real, en concreto un 0.6% por encima. Por ello algunas empresas procedieron a descontar este exceso, lo que fue denunciado por los sindicatos.

La Sala, sin embargo, va a dar la razón a los empresarios. El propio convenio colectivo establece que las cuantías recogidas en las tablas provisionales no son sino un “incremento a cuenta” de las tablas definitivas, cuyas cuantías no van a calcularse sobre el IPC provisional sino sobre el real, por lo que las empresas habían anticipado un 0.6% por encima de lo pactado. Y es jurisprudencia asentada al efecto que los anticipos a cuenta que no tengan soporte en salarios debidos son perfectamente deducibles por los empleadores.

De ahí que el tribunal avale la decisión de las empresas de descontar este “exceso” abonado durante el año 2008, compensando tal incremento indebido con otras retribuciones. “Si no se hiciera así”, afirma la Sala, “se produciría un enriquecimiento injusto por parte de los trabajadores”.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 1374/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen y sonido que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad (BOE nº 225 de 17 de septiembre de 2009)
La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece en su artículo 3 que corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación; asimismo, señala en su artículo 25.2, que los programas de formación ocupacional y continua se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en dicha ley, así como en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que se dicten para su aplicación. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación para el empleo, las dos modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación ocupacional y la continua– han quedado integradas en el subsistema de formación profesional para el empleo.

ORDEN de 9 de septiembre de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se convocan en 2009 ayudas económicas a la formación de los trabajadores y trabajadoras afectados por un expediente de regulación de empleo que conlleve la suspensión del contrato de trabajo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOP nº 180 de 18 de septiembre de 2009)
En el Boletín Oficial del País Vasco de 13 de marzo de 2009, n.º 51 se publicó la Orden de 24 de febrero por la que por la que se convocaban en 2009 ayudas económicas a la formación de los trabajadores y trabajadoras afectados por un expediente de regulación de empleo que conllevara la suspensión del contrato de trabajo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las ayudas económicas reguladas en la citada Orden han servido para financiar planes de formación dirigidos a los trabajadores y trabajadoras afectadas por un expediente de regulación de empleo que conlleve la suspensión del contrato de trabajo, así como las ayudas individuales que se han otorgan a los trabajadores, trabajadoras y socios trabajadores o trabajadoras que participan en dichos planes de formación.

Sin embargo, las expectativas iniciales de la primera convocatoria de ayudas para llevar a cabo de manera generalizada los objetivos de incrementar la cualificación de las personas y, con ello, la mejora de la competitividad de las empresas afectadas por el ERE, no se han cumplido a un nivel satisfactorio.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio en grado de tentativa. Supuesto de riesgos alternativos: cuchillada que es esquivada por el portero de la discoteca que acaba alcanzando a la persona que estaba próxima a él. «Aberratio Ictus». Ánimo de matar. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 12 de junio de 2009
Los hechos constituyen un delito de tentativa de homicidio, dejando sin efecto la condena por el delito de lesiones dolosas. Si el Tribunal de instancia consideraba que concurría una tentativa de homicidio y un delito de lesiones dolosas y no podía apreciarlos en concurso ideal (que era la tesis que entendía correcta) por impedírselo el principio acusatorio, sí tenía que acoger subsidiariamente la opción del concurso de normas y penar la primera tentativa de homicidio, que se correspondía con la infracción más grave. Al no proceder así dejó sin castigar la conducta más disvaliosa, la tentativa de homicidio, y penó sólo la más liviana, el delito de lesiones dolosas. De este modo no sólo no siguió la tesis del Ministerio Fiscal de que concurrían dos tentativas de homicidio de las que sólo era factible penar una, sino que al final no castigó ninguna de las dos tentativas de homicidio. La primera porque entendió erróneamente que el Ministerio Público no la contemplaba, cuando lo cierto es que la imputaba alternativamente con la segunda. Y la segunda tentativa la descartó la Sala de instancia por considerar que el acusado no actuaba con dolo homicida y sí con dolo lesivo.

Mercantil

Reclamación por un endosatario de importe de un pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad: estampilla de la sociedad junto a la firma de éste.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de mayo de 2009
Pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad con constancia junto a la firma de la estampilla de la entidad con los datos de ésta; innecesariedad de hacer constar las expresiones "por poder" o "p.p.". Infracción de doctrina jurisprudencial.

Según constante y uniforme jurisprudencia no puede impugnar la personalidad quien dentro o fuera del pleito la tuviera reconocida. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 20 de mayo de 2009
La doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de acreditar la representación del mandatario no se opone a que pueda admitirse la validez de un protesto levantado a instancia del tenedor de un pagaré en el que constaba una cláusula de aval subordinada al protesto, aunque sólo después del plazo de vigencia del aval se justificasen la condición de presidente de la entidad acreedora que el compareciente había manifestado tener.

Civil

Diferenciación entre arrendamiento de local de negocio y arrendamiento de industria. Aplicación del Código civil al arrendamiento de industria.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de marzo de 2009
Recurso de casación por interés casacional. Arrendamiento de industria. Aplicación del Código Civil para la regulación de este contrato. Inexistencia del derecho de retracto por el arrendatario.

Día inicial o díes a quo para el cómputo del plazo de caducidad previsto por la Ley para el ejercicio de la acción de retracto.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de marzo de 2009
RETRACTO LEGAL DE COMUNEROS: venta en subasta judicial. determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad Doctrina jurisprudencial. El derecho de retracto y el comienzo del plazo para el ejercicio de la acción correspondiente comienzan desde que se consuma la venta, lo que tiene lugar con el auto de adjudicación.

Laboral

Incompatibilidad de la percepción de prestaciones desempleo con la de los salarios de tramitación que la empresa satisfizo al trabajador. Corresponde al empresario, reintegrar a la Gestora las prestaciones de referencia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 09 de marzo de 2009
Desempleo. Reintegro de prestaciones indebidas. Prestación reconocida a partir del cese en despido que luego es declarado improcedente con opción por la readmisión y posterior declaración de extinción de la relación laboral con reconocimiento de indemnización y sin salarios de tramitación, por haberlos satisfecho ya la empresa. Corresponde a dicha empresa el reintegro al INEM de la prestación correspondiente al periodo coincidente con el débito de salarios de tramitación. Art. 209.5.c), de la LGSS, que se remitía a la letra b) del mismo antes de la modificación operada por la Ley 45/2002.

Reintegro de prestaciones instado por el SPEE contra la empresa por contratación abusiva y fraudulenta. No procede el reintegro cuando el trabajador, aunque hubiese sido contratado correctamente, habría percibido también la prestación de desempleo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de febrero de 2009.
Desempleo. Reintegro de prestaciones por la empresa a instancia del servicio público de empleo, por contratación temporal abusiva para obra o servicio. No procede cuando el trabajador hubiera percibido también la prestación, de haber sido contratado de manera correcta a tiempo parcial. Reitera doctrina -sentencias de 10/10/07 (rec. 3782/06); 26-12-2007 (rec. 4831/2006); 20/11/08 (rec. 4309/07); y 15-01-2009 (rec. 505/2008)-.
  
Administrativo

Posible prescripción del derecho de la Administración al reintegro de subvenciones. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 09 de junio de 2009
La Sala de instancia había considerado prescrito el derecho de la Administración para exigir el cobro de la subvención, al considerar inservible para interrumpir la prescripción el tiempo en que se desarrollaron actuaciones ante un órgano de la Administración carente de competencia objetiva, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las actuaciones que incurren un vicio de nulidad de pleno derecho no interrumpen el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo, por el contrario, estima que las actuaciones anuladas en vía administrativa no se habían seguido ante órgano manifiestamente incompetente, al actuar éste conforme a una interpretación posible de la norma atributiva de la competencia, y eran por tanto meramente anulables. Por lo demás, la Sala considera acertada la actuación de la Administración, descartando una posible infracción procedimental cuando se solicitó la ayuda, y ratificando la derivación de la responsabidad al recurrente, que, como administrador único al solicitarse y percibirse la subvención, debió realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que constituían su contrapartida.

Declaración de inconstitucionalidad de la disposición adicional trigésimo cuarta, apartado primero, de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha: 15 de junio de 2009
La norma cuestionada establecía la regulación de unas tarifas que tienen la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público, dotándola de una retroactividad auténtica, habilitando la práctica de nuevas liquidaciones y estableciendo la cuantificación de las tarifas a aplicar en relación con supuestos de hecho que no sólo habían sido ya realizados en su integridad y estaban plenamente agotados al amparo de una legislación anterior, sino que incluso habían sido ya objeto de liquidación conforme a esa legislación y sometida dicha liquidación a control de legalidad por los órganos judiciales competentes, sin que, atendidas las circunstancias del caso, pudiera apreciarse la concurrencia de exigencias cualificadas del interés común que hubieran podido resultar prevalentes e imponerse a la prohibición de la retroactividad.

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