edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
15/05/2012
OBSERVATORIO INMOBILIARIO

Reyal Urbis convierte 31 millones de deuda en préstamos participativos para evitar la disolución

Solo la gracia del Gobierno le permite sobrevivir con un patrimonio neto negativo de 751 millones de euros
El margen bruto por venta de viviendas cae en picado. Los 5 millones ingresados solo cubren la mitad de los costes soportados
Juan Carlos Martínez

Lo hizo por primera vez el 29 de julio de 2011 y se ha visto obligado a hacerlo nuevamente el pasado 30 de abril. La inmobiliaria Reyal Urbis, presidida por Rafael Santamaría, ha tenido que volver a echar mano del mecanismo de conversión de deuda financiera en préstamos participativos, expresamente previsto en los acuerdos de refinanciación firmados hace dos años, para evitar la disolución. En aquella ocasión el importe de la conversión fue de 6,885 millones de euros. Ahora, se ha elevado hasta casi 31,5 millones.

Se trata de una vía a la medida de los acreedores para garantizar el cobro de los intereses. Al respecto, en dicho acuerdo de refinanciación, se especificaba que “los intereses que se devenguen por el crédito sindicado se atenderán con cargo a una línea de crédito participativo otorgada por los acreditantes del crédito sindicado (en proporción a su participación en los distintos tramos del crédito Sindicado) por importe aproximado de 246 millones de euros, cuya amortización final tendrá lugar en diciembre de 2016”.
 
Una vuelta de tuerca más para mantener la respiración asistida de una empresa que, como otras muchas, anda envuelta en una situación sumamente anómala. Con una cifra de negocios que se ve menguada cada trimestre, de solo 23,2 millones de enero a marzo,  un 25% menos que en el mismo periodo de 2011.
 
Facturación con la que será imposible hacer frente a una deuda financiera que, en dos años, se ha reducido en 858 millones, pero que sigue siendo muy alta, de 3.724 millones, a poco más de un año vista de que venza el primer plazo de amortización. A tenor de lo comunicado por la empresa, el proceso de refinanciación anunciado hace un año no ha tenido significativos avances. “Una vez constituido el Comité de Entidades Coordinadora, la sociedad continúa inmersa en el proceso”, se limitan a reseñar.
 
También se libra de la disolución trimestre a trimestre –la que contempla el artículo 363.e de la Ley de Sociedades de Capital cuando el patrimonio neto queda reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea necesario solicitar la declaración de concurso– por la gracia del Gobierno. Al cierre del primer trimestre, el patrimonio neto negativo de Reyal Urbis se ha ampliamente duplicado respecto a un año antes. Más de 750 millones, con unos fondos propios negativos que superan los 781 millones.
 
Antes, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008 y 2010, y ahora Mariano Rajoy, el pasado mes de febrero, en sucesivos Reales Decretos han evitado que las significativas pérdidas por deterioro, al incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, computen a los efectos del cálculo del patrimonio neto en los supuestos señalados de reducción de capital y disolución. Lo hacen suspendiendo la vigencia de la medida para las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias.
 
Centrándonos en la letra de pequeña de las cuentas presentadas, que arrojaron unas pérdidas de 46,5 millones de euros entre enero y marzo, el grupo presidido por Rafael Santamaría ha visto caer de manera notable el margen bruto del negocio promotor, con un importante incremento de las pérdidas por las viviendas finalmente liquidadas tras haber estado en ‘stock’ varios años. Los tan solo 5,2 millones de euros obtenidos solo sirvieron para cubrir la mitad de los costes soportados. Margen bruto que seguramente tenderá a ser negativo en esas más de 850 unidades terminadas que siguen buscando un comprador. Un excedente que no se verá incrementado a corto plazo por la obligación impuesta por los bancos acreedores de no iniciar nuevas promociones.

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