edición: 2450 , Jueves, 19 abril 2018
28/06/2011
OBSERVATORIO INMOBILIARIO

Reyal Urbis no puede pagar otra vez su deuda financiera

Anuncia un tercer proceso de renegociación con la banca cuando todavía restan dos años para amortizar el primer pago acordado en mayo de 2010
Juan Carlos Martínez

Las vísperas de las juntas generales de accionistas de las empresas inmobiliarias, que se celebran en esta segunda quincena del mes de junio, están poniendo sobre la mesa no pocas novedades respecto a la actual situación por la que atraviesan unas y otras. La más llamativa, la anunciada ayer por Reyal Urbis, el grupo inmobiliario presidido por Rafael Santamaría, para comunicar su intención de volver a renegociar la deuda financiera con las entidades acreedores tan sólo trece meses después de firmar el último acuerdo, en mayo de 2010. En octubre de 2008 ya se había cerrado el primero.

Una decisión un tanto sorprendente –dos días antes de la junta de accionistas prevista para mañana miércoles– si se tiene en cuenta que todavía restan dos años para amortizar el primer pago correspondiente tanto al préstamo sindicado como a las financiaciones bilaterales suscritas con cada entidad financiera, y cinco años y medio –hasta diciembre de 2016– para devolver el total de la deuda. Pero que no lo es tanto si se analizan los resultados al cierre del primer trimestre –cuando se certificaron pérdidas de 52 millones de euros tras facturar apenas 31 millones y mantener una deuda financiera que rozaba los 3.700 millones de euros y unos gastos por este concepto de 55 millones–, y los que, presumiblemente, se han obtenido en el trimestre que se acaba pasado mañana.
 
Datos conjuntos del primer semestre de 2011 que ya están en las mesas de los responsables de la compañía, pero que el mercado no conocerá hasta mediados del próximo de agosto. Y que están detrás de esta precipitada iniciativa como deja entrever la explicación ofrecida en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Ante el continuado deterioro de la situación general del sector inmobiliario, y con el fin de garantizar la estabilidad de su actividad en el medio y largo plazo, Reyal Urbis ha decidido iniciar un nuevo proceso de negociación con sus entidades financieras con vistas a adaptar su plan de negocio y su endeudamiento a las circunstancias de mercado”, rezaba la nota, en la que se añadía la solicitud por parte de Reyal a un grupo de sus principales acreedores financieros para que constituyeran un Comité de Entidades Coordinadoras (Steering Committee), encargado de coordinar la negociación entre las entidades financieras acreedoras.
 
Y es que, al margen de los ingresos recurrentes procedentes de las rentas de oficinas y hoteles, cada vez más reducidos por la venta de activos, la entrega de las 1.100 viviendas que restan por vender no reportarían más de 240 millones. Tampoco está claro que el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), como algunos daban por hecho hace unas semanas, vaya a convertirse en inquilino exclusivo de las oficinas del proyecto Castellana 200, sobre todo si la renta no baja de los 20 euros por metro cuadrado al mes. Un proyecto, compartido con los bancos, cuya primera fase –21.532 metros cuadrados de oficinas, un centro comercial de 8.454 metros y 829 plazas de aparcamiento– se prevé que entre en explotación dentro de año y medio para obtener unos ingresos de unos 11,5 millones anuales.
 
No tan turbulenta fue la junta de Colonial, celebrada la semana pasada, ni tampoco se presume que lo sea la que hoy lleva a cabo Metrovacesa. “Nuestro objetivo con Asentia es gestionar a largo plazo y con paciencia esta compañía, pero no somos positivos ni tenemos ninguna esperanza en este tipo de negocios, así que nuestra estrategia consiste en conservar todo el valor que podamos y desinvertir poco a poco”. Con estas contundentes palabras quiso Pere Viñolas, consejero delegado de la compañía, dejar claro el camino hacia donde se dirige Colonial una vez que los bancos acreedores tomaran el control del 82% tras el acuerdo de refinanciación de la deuda de 4.800 millones alcanzado en febrero de 2010.
 
Aunque de forma provisional se denominó Colren, será finalmente Asentia la nueva sociedad en la que se concentrarán viviendas y suelos residenciales. Activos no estratégicos que adeudan unos 800 millones de euros y para los que Colonial ha provisionado 150 millones. La segregación ya ha dado los primeros resultados en el balance del primer trimestre, con esos 10 millones de beneficios, y es de prever que se mantengan a lo largo del año, en buena parte por el comportamiento de los activos en renta en París.
 
Además de la definitiva segregación y la decantación hacia el negocio patrimonial, la junta de Colonial también aprobó una operación de ‘contra-split’ para reducir los más de 22.000 millones de títulos a unos 220 millones, con lo que cada 100 de las antiguas acciones serán sustituidas por una nueva. Y también la reducción del capital social en 2.485 millones de euros para restablecer su equilibrio patrimonial e incrementar sus reservas.
 
Tampoco se esperan grandes sobresaltos en la junta que hoy celebra Metrovacesa, otra de las grandes inmobiliarias controlada por bancos y cajas de ahorros. Junta que deberá ratificar la ampliación de capital enmarcada dentro de los acuerdos de reestructuración de la deuda de la sociedad, que englobará unos 5.200 de los 5.751 millones de deuda bancaria consolidada hasta el pasado 31 de marzo. Reestructuración que supondrá capitalizar todos los préstamos –también los participativos– por 1.358  millones.
 
Asimismo, esa reestructuración contempla refinanciar el préstamo sindicado actual en dos tramos, uno de 1.860 millones de euros vinculado al negocio patrimonial y otro de 571 millones de euros vinculado al negocio de suelo y promoción.  La diferencia hasta 3.210 millones de euros se capitaliza en la ampliación de capital. Además, se fija un periodo de carencia de cinco años para amortizar unos 1.370 millones de euros en préstamos bilaterales no garantizados e hipotecarios. De éstos, unos 25 millones optarán por unirse al tramo de deuda vinculado a la actividad promotora, lo que elevaría su importe hasta los casi 600 millones de euros.

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