edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
09/04/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Ruiz-Gallardón reformará la estructura y forma de trabajar de los fiscales, tras hacerlo con los jueces

Javier Ardalán

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer, en el acto de presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal, que saldrán adelante las dos leyes troncales de la justicia impulsadas por el Gobierno, la del Poder Judicial y las del Enjuiciamiento Criminal, y “se abordará el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para lo cual el Ejecutivo beberá del Libro Blanco”.

El Libro Blanco incluye propuestas como llevar al ámbito administrativo el tratamiento de las faltas, que ahora están en el ámbito penal o que las Fuerzas de Seguridad remitan al órgano investigador no todos sus atestados sino solo en los que haya indicios sobre una persona determinada.

En el seno de la Fiscalía ha venido trabajando en los últimos meses un grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. Desde la Fiscalía General se impulsó este Grupo de Trabajo para presentar una propuesta de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. Sus trabajos han culminado.

La idea que preside el documento elaborado es la de reforzamiento de la autonomía del Fiscal a fin de garantizar su función por excelencia de custodio de la Ley.  La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del año 2007 diseñó una nueva estructura organizativa en torno a dos ejes fundamentales: el despliegue territorial y el principio de especialización.

La nueva estructura con resultados netamente positivos, sin embargo ha generado en su adaptación problemas de coordinación que deben resolverse realizando una adecuada gestión del cambio y a través de los cauces estatutarios internos y también se han acentuado ciertos desequilibrios entre las Fiscalías Provinciales –mejor dotadas– y las Secciones Territoriales y Fiscalías de Área, algunas de las cuales que padecen una escasa dotación de medios humanos y materiales.

“Desde mi comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el 25 de enero de 2012 he defendido como una de las bases de mi mandato la necesidad de dotar de una mayor autonomía al Ministerio Fiscal”, afirmaba Torres-Dulce el pasado 2 de abril en un acto organizado por Europa Press. Y añadía que “la vertebración sobre el principio de imparcialidad debe ser clave de bóveda en la organización y funcionamiento de nuestra Institución. Ello exige, al mismo tiempo, garantizar su autonomía”.

La posición del Fiscal General del Estado, reforzada por su inamovilidad temporal en el cargo, se considera entre los fiscales, una garantía importante, pero no suficiente para consagrar definitivamente la imparcialidad y objetividad de su actuación.

Entienden que el fortalecimiento de la figura del Fiscal General del Estado en modo alguno debe conducir a su preponderancia absoluta frente a los restantes órganos de la Institución, particularmente los más caracterizados en el funcionamiento interno de la misma, como son el Consejo Fiscal, máximo órgano de representación de la Carrera, y la Junta de Fiscales de Sala, supremo órgano de conformación doctrinal.  Se pretende establecer por medio de esta nueva normativa estatutaria un sistema que asegure un equilibrio recíproco y una prevención de decisiones arbitrarias o poco meditadas.

Se busca reforzar, asimismo, los mecanismos de blindaje, tanto hacia el exterior como en el interior del Ministerio Público, de la autonomía del Fiscal. Así, se considera prioritario reforzar la posición del Consejo Fiscal, órgano representativo de los Fiscales como lo evidencia su procedencia democrática. Sus criterios deben tener mayor poder decisorio; sus atribuciones deben ser convenientemente ampliadas.  De lo contrario piensan los fiscales que se seguirá desaprovechando el valiosísimo capital de legitimidad democrática que este órgano aporta a la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, al igual que los introduce la Ley Orgánica del Poder Judicial para los jueces, el futuro Estatuto del Ministerio Fiscal establecerá mecanismos de defensa institucional de los fiscales que se vean ilegítimamente perturbados en el ejercicio de su función.

Las reducidas dimensiones de la oficina y su organización actual relegan a los funcionarios a tareas repetitivas y poco creativas, obliga a los Fiscales a realizar tareas administrativas de bajo valor añadido y produce una falta de implicación de los primeros en la actividad de las Fiscalías.
El Ministerio Fiscal desempeña sus funciones en un mapa tecnológico de gran complejidad. Los sistemas de información se transfirieron a las comunidades autónomas a medida que el proceso de transferencias se iba materializando en el ámbito de la Justicia, dando lugar a un inextricable mapa tecnológico en el que en el mejor de los casos conviven y en el peor coexisten, una pluralidad de estrategias, múltiples redes de comunicaciones y hasta 10 aplicaciones judiciales y fiscales.

Los fiscales vienen reclamando la creación de una agencia nacional de informatización que obligue, de alguna forma, a que la idea de justicia no se fragmente y pueda circular la información no ya entre comunidades autónomas, sino también a nivel transnacional.

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