edición: 2804 , Lunes, 16 septiembre 2019
02/04/2019

Sacyr, ACS y OHL, implicadas en el cártel ferroviario, serán demandadas por ADIF

ICNR
Adif quiere analizar el efecto de las alianzas en los contratos que aún están en ejecución y en los que participan las empresas implicadas en los tres cárteles sancionados, entre las que destacan Elecnor, las filiales de ACS (Cobra, Cymi y Electren), Comsa, Sacyr u OHL.
La compañía llevará a los tribunales para demandarlas por "daños y perjuicios" a la quincena de empresas que formaron el cártel destapado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el que durante unos catorce años se repartieron 200 proyectos ferroviarios por valor de unos 1.000 millones de euros.

De este modo, Adif persigue frenar la corrupción en sus licitaciones con la puesta en marcha de un plan que pivota sobre dos vías la judicial y la preventiva. Por un lado, el gestor ferroviario tiene previsto adoptar acciones legales contra las empresas sancionadas por la CNMC con 118 millones por haberse repartido contratos de electrificación de la red del AVE y la convencional por 1.115 millones.

Según Adif, estas alianzas empresariales han llevado a que las obras sean más caras y se generen unos sobrecostes que Competencia ha llegado a cifrar en un 20%. No en vano, según el informe del organismo, los pactos para repartirse los contratos implicaba que los grupos a los que no les tocaba ganar en esa ocasión presentaran ofertar muy poco competitivas y sin rebajas por lo que propuestas con descuentos del 1% o el 4% resultaban ganadoras.

En cuanto a las sanciones, Adif incluirá en sus pliegos una nueva condición de ejecución, a través de la que las empresas que resulten adjudicatarias de los contratos asuman como obligación que su participación se realizará de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude.

El incumplimiento de esta cláusula implicará, además de la reparación de los daños y perjuicios al gestor ferroviario, la imposición de penalización a los que las hubieran cometido que pueden llegar hasta el 50% del precio del contrato e incluso a su resolución.

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