edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
04/01/2011
Ministro en sombras y bajo tutela

Salgado ata corto a Sebastián, solo y desautorizado en sus planes para 2011

Prometió un sucesor de Marín con perfil técnico para diciembre, pero Salgado no renuncia a la supervisión sobre la política energética con un hombre de su confianza
Economía se resiste a nuevos ‘tarifazos’ en 2011, congela el 'céntimo verde', asume la capitanía de un Pacto de Estado y la interlocución en minicumbres con las eléctricas
Economía no encaja los errores de Industria: además del ‘café’ de Sebastián, filtró un informe que avanzaba subidas de hasta un 50% antes de 2011, retrasó la titulización y hubo que reformar los PGE
Elan Salgado, vecepresidenta segunda y ministra de Economía
Javier Aldecoa

Viste aún de silencio su perfil menguante. Desgranó las hojas del calendario y los tentetiesos desde Moncloa. El Consejo de Ministros del 30 de diciembre era la última opción de Sebastián para cumplir sus promesas, doblegarle la voluntad a Salgado y decirle al mundo quién será su próximo secretario de Estado de Energía. Aspiraba a empezar el año con una nueva ‘mano derecha’ con la que recuperar las riendas del sector, con la titulización de al menos 3.000 millones de euros, con la página pasada para la subida de la tarifa del 1 enero -y Marín como cara visible y chivo expiatorio-. Confiaba en que ahora que Economía y Presidencia se dieran por satisfechas con el ‘decretazo’ del 23 de diciembre y los mayores cupos de déficit de tarifa -4.000 millones más hasta 2013- y asumieran, a cambio, que la tarifa debería seguir subiendo, para empezar reconociendo el coste de los peajes desde el 1 de abril. Pero si el ‘caso’ Marín era el barómetro de Sebastián para medir su pulso, ya pierde los dos primeros asaltos. 

El secretario de Estado, tras casi dos meses en el limbo, digirió la orden de redactar el real decreto ley de “medidas urgentes” del 23 de diciembre. Y de paso, dio las primeras explicaciones de un ‘tijeretazo’ exigido desde Economía, para avalar la subida de la tarifa de la luz del 9,8%. Pero Moncloa acabó por imponerle a Sebastián la comparecencia púbica. Y Marín recuerda que desde esta semana, cuando se cierre la presentación de candidaturas a IRENA, intentará dedicarse a ella por completo. Los calendarios se les agolpan y las riendas se les confunden a Industria y Economía. La vicepresidenta echa atrás la posibilidad de un centimo verde que Industria intentaba colar en la  Subcomisión del Congreso y no ha permitido aún que los planes de Sebastián para Fabrizio Hernández lleguen en tiempo ni forma. Capitanea la búsqueda de apoyo en el Congreso al Real Decreto Ley del 23 de diciembre que recortaba en 4.600 millones los costes del sistema eléctrico hasta 2013; tiene la única ‘licencia’ de Moncloa para ultimar o dar por muerto el Pacto de Estado de Energía con el PP. Ya le dio el último visto bueno a la Estrategia Energética a 25 años de la Subcomisión del Congreso; le recuerda al ministro que es la Comisión Delegada para Asuntos Económicos -que preside ella- la que tiene la última palabra en las revisiones tarifarias de la luz. Y, si Sebastián esperaba dar por zanjado su ‘annus horribilis’ de la energía con la revisión de los costes del Régimen Especial -2.200 millones a lomos de las expectativas fotovoltaicas- y las nuevas facturas por 1.600 millones a las compañías eléctricas en los próximos tres años, ya sabe que no será suficiente.

No sólo porque sólo con nuevas alzas podrá drenar -o al menos taponar- un déficit llamado a rebasar los 20.000 millones en 2011 y que debe diluirse en 2013. Sino porque tanto en Economía como en los despachos de Zapatero, apuntan a una reforma pactada, a medio plazo y más medular desde 2011, con nuevos ajustes de costes antes que mayores ingresos vía tarifa al sistema. Una en la que  la sombra de Salgado es cada vez más alargada para Sebastián. No comparten la misma partitura y la vicepresidenta está dispuesta a orquestar la suya -que ahora es casi la de Zapatero- aunque tenga que ponerle la sordina a Sebastián. Le cortocircuita todos los asuntos pendientes, desde la aplicación del PIN 2020 a la retribución de la ‘energía inteligente’ a las eléctricas, o la regulación de los ciclos combinados.

En tanto Moncloa ultima un reemplazo para Pedro Marín que le permita mayor influencia sobre el Ministerio, Sebastián camina ya de espaldas en Castellana 160, bajo el signo de los ‘zombies’, maniatado por la voz de Rubalcaba, las decisiones de Zapatero y la tutela de Salgado. No es nada que no reproduzcan en los otros ‘negociados’ de Sebastián: le quitan la capitanía de la Comisión de Política Industrial, retrasan el PIN 2020 y Salgado se hace sitio con la CNC en el futuro de la CNE y la CMT. Ni siquiera su rehabilitación con el sector tecnológico tiene el horizonte despejado, por más que estire las costuras del Plan Avanza2 y haga guiños a una red a medida a las telecos. Las presiones de Salgado para fiscalizar a las operadoras y amortizar las frecuencias móviles, los compromisos con el PNV ante la CMT, la herencia ‘audiovisual’ de De la Vega (en la LGA, el CEMA y las tasas a las operadoras) y la ‘Ley Sinde’ le complican el sector TIC.

En Economía recogen y digieren los añicos del halo de ‘superministro’ en el que Zapatero confiaba para ‘desfacer’ los entuertos de un rompecabezas energético que atrapaba en él a las eléctricas, los consumidores y el Estado y despejar los ultimátum del déficit de tarifa que debe acabar en 2013, la definición del mix energético a 25 años y el impasse del carbón que debe encontrar su reconversión o su cierre antes de 2018-. Miguel Sebastián no es precisamente ya el ‘santo de mayor devoción’ en los mapas de Cuzco. Ni él, ni sus propuestas. Ha perdido el ‘duende’ energético en el Consejo de Ministros. Primero fue el de la vicepresidenta De la Vega, luego Rubalcaba, los barones de Ferraz y ahora Salgado.

En Moncloa no le han perdonado al ministro la decisión técnica de no tramitar los incentivos de consumo al carbón autóctono como un decreto ley, con lo que las empresas hubieran visto cerrada la vía judicial del Supremo y de la Audiencia. Ni la publicación por error de un estudio interno en septiembre sobre alzas de la luz, que calculaba “subidas necesarias el cuatro trimestre de 2010” con dos escenarios que van desde incrementos del 40% al 56% en todas las tarifas. Menos aún que la subida del 1 de enero y el real decreto del 23 de diciembre para ahorrar al sistema unos 4.600 millones en tres años hayan llegado con los planes de Industria para las ‘facturas’ de la electricidad en fuera de juego. España esperaba la primera emisión de déficit de tarifa eléctrica en septiembre; luego se fue posponiendo hasta enero. Y no sólo fueron la inestabilidad de los mercados financieros internacionales y el alza de la prima de riesgo española los que explican su demora. Le han llovido el bloqueo judicial al Decreto del carbón, las demoras en la titulización del déficit de tarifa -inicialmente por un error de tramitación - y el impasse en el Pacto de Estado que Montoro y él consideraban su ‘criatura’ más personal. Y en todos ellos, Zapatero le ha puesto sus apellidos a la culpabilidad, sus dictados a la obediencia y su tutela en manos de la vicepresidenta segunda.

En Castellana 160 y Cuzco aún se tiran los trastos de la culpabilidad de unas emisiones llamadas a competir casi directamente con la propia deuda estatal emitida por el Tesoro. Pero sea como sea, el Ministro ha aprendido a no hacer ya futuribles: nada de especificar el importe de la primera emisión que se realizará con aval del Estado, ni tampoco la cuantía que se emitirá a lo largo de este año. Lo que no ha podido evitar -para irritación de Cuzco- es que el Gobierno haya tenido que cambiar los Presupuestos Generales del Estado el mismo día en que se publicaron, para encajar el real decreto ley de medidas urgentes para corregir el déficit tarifario del sector eléctrico, que incluía la modificación del artículo 49 de los presupuestos y elevar de 5.000 a 22.000 millones los avales del Estado para titulizar el déficit tarifario. La diferencia, de 17.000 millones, incluye el déficit de tarifa eléctrica generado hasta este año más el previsto para el 2011, frente a la previsión máxima de avales de los PGE-2010, que era de 13.500 millones de euros.

SALGADO MARCA SUS TIEMPOS TAMBIÉN EN EL ‘AFFAIRE MARÍN’

Pero las demoras en la titulización del déficit (no sólo a la espera de horizontes más receptivos en los mercados, sino pagando aún el retraso por desencuentros técnicos en Industria), aún después de que se lograra el visto bueno del BCE y de la CNMV para un programa de emisiones con el aval del Estado,, el impasse en el Pacto de Estado y la tramitación del Real Decreto del carbón y su judicialización ya habían desatado las iras de Salgado, Rubalcaba y Zapatero hacia Sebastián, tanto como los deseos de aprovechar el vacío de Marín. Un polvorín que la intrahistoria de la revisión de la tarifa eléctrica del 1 de enero, el paso atrás de Sebastián y las posteriores explicaciones del Ministro no han hecho más que incendiar. Y si el ‘caso’ Marín era el barómetro de Miguel Sebastián para medir su pulso en el Ministerio y hacerse valer ante Moncloa y Economía, ya sabe que ha perdido el primer round: ha visto pasar el ultimátum del 23 de diciembre para desvelar los apellidos del sucesor del Secretario de Estado de Energía (que aseguró haber escogido el 29 de noviembre). Los desencuentros con Salgado, Ocaña y Serrano le han acelerado a Sebastián la crónica de esta ‘inmolación’ anunciada -la suya y la de Marín-, pero la búsqueda del sucesor le evidencia que Energía ya no es su negociado en el Ejecutivo. No a solas. No puede escoger a su medida, como hizo en 2008, cuando convirtió a Marín (entonces amigo, después de haber compartido aulas universitarias con él en la Carlos III, donde era decano de Economía, y cuitas en la Oficina Económica del Gobierno), en su aliado energético ante Moncloa y sucesor de Ignasi Nieto. Sebastián ha terminado, además, por tener que asumir -tras la llamada a filas de Salgado y Rubalcaba- la escenografía del ‘tarifazo eléctrico’ de enero y sus explicaciones, que intentó esquivar en manos de Marín.

El ministro probó a disfrazar de despido o de cese bajo control lo que primero iba a ser una dimisión unilateral de Marín -que su superior no quiso aceptar en octubre- y luego una avanzadilla diplomática para ‘vengar’ el golpe galo de 2009 y recuperar para España la presidencia de IRENA. Intentaba estirar el tiempo muerto, al menos hasta acabar de despejar los tres Reales Decretos de retribución a las renovables, la titulización del déficit de tarifa y el futuro del Real Decreto de incentivos al carbón. Con las maletas hechas desde noviembre, Pedro Marín tenía todas las papeletas para convertirse en el chivo expiatorio de la guerra abierta con Presidencia, Economía y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aunque Sebastián no aspiraba a ‘amortizarlo’ más allá del 23 de diciembre. Sebastián ya había delegado en él y en su Director General, Antonio Hernández desde principios de año la digestión del ATC y su negociación con las CCAA, la guerra con las fotovoltaicas, las molestias de las eléctricas, o el lobby encargado por Zapatero con los ‘barones’ socialistas del carbón para estirar el Reglamento comunitario hasta 2018. Lo ha hecho hasta el último segundo, aún a costa de arriesgarse a que fuera Marín el depositario de los endebles puentes con las eléctricas, las renovables, el Presidente del Gobierno y los 'think tanks' más cercanos a Ferraz.

Se lo recordaba el propio Marín con sus dos últimos 'tour de force', el primero, al convocar el respaldo público (aún en plena regulación pendiente del sector) de las principales asociaciones renovables para sus planes profesionales en Irena. El segundo, al advertirle a Moncloa de que desde esta misma semana, cuando se cierre la presentación de candidaturas oficiales a Irena, espera dedicar su tiempo a esa ‘causa’. En Industria han dejado que Marín se cocine a solas su propio punto de fuga del Ministerio, aunque saben que Irena es una salida no tan despejada, no sólo porque ya hay un " ejecutivo español en este organismo, Hugo Lucas y se presentarán al menos otros tres candidatos en pugna mundial, sino porque el lobby español tendrá que enfrentar las mismas presiones que han empujado a la dimisión a Pelosse y ya saben que aunque la agencia nació apadrinada en su momento desde Madrid y Berlín y en Bonn el 26 de enero de 2009, en Moncloa y la Secretaría de Estado de Energía se daba por hecho que entre Alemania, España y Dinamarca -los tres fundadores- se repartirían la sede, la presidencia y la dirección general, fueron París y Abu Dhabi los que pasaron todos sus ‘tanques verdes’ por encima.

Que Sebastián busca hasta último minuto la venganza en la galería pública, a golpe de ‘cesiones’ a Marín lo evidencia la paradoja de que el secretario de Estado de Energía, después de casi dos meses aparcado en el limbo de Miguel Sebastián desde que hizo saber que quería irse, fuera el encargado (por su superior) de redactar las ocho páginas del real decreto ley de “medidas urgentes para corregir el déficit tarifario eléctrico” del 23 de diciembre. Y de paso, de dar las primas explicaciones ante la opinión pública de un ‘tijeretazo’ de emergencia exigido desde Moncloa y Economía al Ministerio de Industria, para avalar la subida de la tarifa de la luz del 9,8% el 1 de enero. “Cosas de la subida de los costes de generación eléctrica y del petróleo en un 40%”,  justificaba en su momento el secretario de Estado de Energía. Pero los costes energéticos -que se fijan por la subasta Cesur-, sólo explican 4 puntos de la subida; otros tres puntos se justifican por cambios en las pautas de generación y consumo (con más peso de las horas punta (donde la energía es más cara) y otros 3 por las ayudas que el Gobierno ha decidido mantener para el carbón nacional. Y en realidad, tras la subida, se camufla apenas una congelación real de la parte regulada de la tarifa. Y es que  ni el recorte con el que ahora Pedro Marín viste la Navidad  -un ahorro de casi 5.000 millones de euros en tres años, según recuerda el comunicado del Ministerio de Industria- será suficiente para diluir un déficit de tarifa que las eléctricas arrastran en las espaldas de sus balances por más 18.000 millones desde 2006, que alcanzará los 20.000 millones en 2011 y los 28.000 -según las propias previsiones de Moncloa- en 2018.

Un déficit de tarifa que engorda desde 2004 en la ficción de tarifas irreales alejadas de los costes reales de la energía y lo seguirá haciendo desde el próximo trimestre al calor de los incentivos al carbón. Lo han asumido ya en Castellana 160 con tanta certeza que la letra pequeña del Real Decreto de este 23 de diciembre recoge -otro susto más para las compañías eléctricas- la subida de los límites máximos anuales que se pueden acumular en déficit de tarifa, 4.000 millones de euros de más entre los tres ejercicios: 5.500 millones en 2010 (frente a los 3.000 que preveía hasta ahora), 3.000 millones en 2011 (en lugar de 2.000) y 1.500 en 2012 (y no 1.000 como preveía). Los consumidores ya deberán dedicar en su recibo un total de 2.601 millones de euros durante 2011 a recuperar los déficit de tarifa del sistema eléctrico que se generaron en los años pasados y que se encuentran pendientes de cobro, una partida un 40% superior a los 1.843 millones de euros sufragados a través de la tarifa eléctrica durante el año pasado.

LA INTRAHISTORIA DEL ‘TARIFAZO’

El Real Decreto de medidas de urgencia del 23 de diciembre sólo llueve sobre mojado en los desencuentros con el Ministerio. Es cierto que el Moncloa le ha permitido, en el Plan de Acción Industrial para el próximo lustro, que Sebastián haga sitio a una de las reivindicaciones históricas de la CNE y de la patronal UNESA, con la liberalización de la mayor parte de la tarifa eléctrica. Pero las líneas rojas de Salgado y el miedo de Presidencia del Gobierno le han envenenan esa concesión. Con el PIN-2020, desde julio de 2011, con el 90% de los consumidores fuera de la TUR, las eléctricas puedan aflorar los costes reales a los que la tarifa regulada del Gobierno daba la espalda, pero tendrán que digerir un déficit superior a 19.000 millones y un modelo en el que, aparte de los costes de producción, los costes totales regulados, llamados a superar al menos en 3.048 millones los 12.709 millones que ingresará el sistema durante 2011, ahora “sólo” lo harán en unos 2.000 millones, por debajo del techo del déficit de tarifa que Industria sube ahora también para evitar denuncias.

Será, además, a cambio, con 1.300 millones de nuevas facturas en tres años para las cinco grandes compañías: deben correr desde ahora con peajes de generación (0,5 euros por MW/h), con los costes de ahorro y eficiencia a los que Moncloa no le ha podido hacer sitio. Si desde la patronal UNESA exigían agilidad en la titulización del déficit por 14.000 millones, aparcado desde noviembre, claridad en la retribución de la distribución (aún les deben más de 750 millones de euros) y un precio de la energía más ajustado a sus costes reales, se han encontrado, por sorpresa con un nuevo ‘menú’ de obligaciones que deben digerir hasta 2013. Un ‘hachazo’ a las eléctricas que llega en plena tormenta energética con Sebastián y Salgado, con la primera emisión de la deuda eléctrica paralizada en la CNMV.

Salgado esperaba en noviembre convencer a Moody's “antes de tres meses” de que mejorara su perspectiva sobre España. Y sabe que, a pesar del efecto tranquilizante del Real Decreto Ley de medidas urgentes de costes energéticos, ni el retraso en la titulización del déficit de tarifa -que ya ha repercutido a los ratings de las compañías eléctricas- ni el tijeretazo retroactivo en la solar fotovoltaica ayudan. Respecto a los cortes de emergencia (y de segunda generación) a la fotovoltaica, de acuerdo al informe “Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España” de ASIF, en el caso de que no se instalen los 500 MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación, el país perdería 4.979 millones de euros hasta 2020, una factura mayor que la que Industria pretende ahorrar. Las fotovoltaicas darán batalla legal en España y en Bruselas.

No es sólo un debate energético. También financiero. La banca y los inversores (entre ellos los americanos) con una inversión sólo en el sector que ronda los 15.000 millones de euros podrían sufrir el daño colateral de la rebaja con retroactividad impropia. Según los datos de la patronal bancaria, las entidades financieras que operan en España tienen comprometidos en renovables más de 40.000 millones de euros, en su mayoría project finance, respaldando proyectos donde la deuda bancaria supone un 85% de la inversión y temen una oleada de ejecuciones en los huertos solares. Las patronales fotovoltaicas advierten que, con el Real Decreto del 23 de diciembre, se produciría un incremento promedio de las primas de riesgo de hasta un 0,87% para las eléctricas, un 0,85% para los bancos y un 0,63% para los fondos soberanos españoles. Por eso, Sebastián daba por cerrados los retoques a los costes del sistema eléctrico por esta legislatura. Apunta ahora a los ingresos y pasan, inevitablemente, por la revisión de la tarifa de último recurso. Pero en Economía y Presidencia no está tan claro ninguno de los dos. Se medirán fuerzas de nuevo con el ministro en abril, cuando Industria pretende poder subir los peajes de la tarifa aprovechando la bajada del otro componente -el coste de generación- que en el Ministerio y la CNE descuentan que bajará por motivos estacionales para empezar a compensar la retribución del transporte, la distribución o las primas y a diluir -o al menos contener- parte del déficit de tarifa.

INFLUENCIA CRECIENTE DE SALGADO

Por la lista de ‘secretariables’ para la Energía -más de una veintena han estado en liza desde que en octubre Marín hacía saber ‘soto voce’ su ‘tocata y fuga’- ya no pasan sólo las sugerencias del ministro Sebastián, que filtró los apellidos de Fabrizio Hernández y busca todavía salvar ‘muebles del naufragio’ y catapultar, desde las segundas filas de Industria hasta la Secretaría de Estado a algún técnico menos ‘levantisco’ que Marín, que le permita retomar las riendas de la Energía (al menos dentro de los muros de Castellana 160). Pero el cronómetro, el ‘ascendente’ de Moncloa y Economía en un nombramiento llamado en el mejor de los casos a un año y medio de duración -hasta las elecciones de 2012-, y el ‘menú’ de las digestiones pendientes se lo ponen fácil a Sebastián. Todo lo contrario. Cada día vencido sobre su ultimátum abona las opciones de influencia de Salgado y Presidencia para imponer un perfil más político, que haga valer el carnet de Ferraz y cierre filas con Economía y Zapatero, ahora que la vicepresidenta y Carlos Ocaña (que llegó a estar en las listas de ‘secretariables’) chocan modelo con Industria y quieren tener la última palabra en las repercusiones de la política energética sobre el déficit público.

La vicepresidenta se ha hecho sitio durante todo 2010 en el debate energético no sólo con sus portazos a las soluciones de Industria para aminorar el déficit de tarifa y para buscar pagadores a las facturas de las primas renovables. En el haber de Salgado, la aceptación por parte del Banco Central Europeo de la titulización del déficit como si fueran bonos del Tesoro. Desde que las cinco principales compañías eléctricas apelaron de nuevo a la cordura de Industria en noviembre, lo hacían a cuatro manos con Salgado, quieren que la vicepresidenta tenga voz en minicumbres para abordar los ‘pendientes’ del sistema eléctrico, desde la inversión en redes, contadores e interconexiones a un sistema de compensación del back up de los ciclos combinados. Y si después de más de siete meses de cuerpo a cuerpo con Sebastián, era el vicepresidente primero y portavoz de Moncloa el responsable de anunciar que habrá en abril una nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y nuevos decretos sobre energías verdes, -“algunos pactados y otros no”-, será la vicepresidenta Salgado ahora la que tenga la última palabra sobre ellas y la que tutele, in extremis, su gestación. No es casualidad que en su comparecencia en el Senado en diciembre, Salgado reconociera como “reformas estructurales pendientes” la del sistema educativo y la del sector energético, toda vez que la reforma del sistema de pensiones tiene fecha cierta y la reforma laboral y la del sistema financiero ya están en marcha.. Lo mismo que en la web “The Spanish Economy” con la que el Ministerio de Economía y Hacienda busca tranquilizar a los mercados. Junto al acceso a los principales indicadores macroeconómicos y un puñado de previsiones y estudios comparativos, recupera como “ley estrella” a la LES y como reformas para inyectar confianza en los próximos meses, la aprobación en el segundo trimestre del año de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables.

Le recordaba -alto y claro y en público- que es la Comisión Delegada para Asuntos Económicos -que preside la propia vicepresidenta económica- la que debe aprobar las revisiones tarifarias de la luz, aunque acuden a ella los ministros de Fomento, Trabajo, Industria y Medio Ambiente. Nada que no hubieran hecho ya con el grueso de la regulación de la retribución a las renovables. A pesar de que el ministro anunciaba desde la primera semana de septiembre la nueva regulación eólica y termosolar, su bloqueo en manos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos -que encontraba escasos los recortes- y de Zapatero y Salgado, terminaron por demorar más de dos meses una regulación que Sebastián había pactado con ambas patronales a finales de agosto. Apenas una semana antes de su anuncio oficial, cuando ya Sebastián había anunciado a los consumidores una subida de la TUR en torno al 10%, Salgado recalcaba que la subida de la luz en enero “no estaba decidida”, a pesar de que la decimotercera subasta entre comercializadoras de último recurso (Cesur) se cerrara con un incremento superior al 20%.

Mucho menos asumen ahora en Economía -al menos no en público, ni sin que venga acompañada de nuevos recortes compensatorios- la subida en abril que Sebastián da por descontada. En Economía han prestado más que atención a las propuestas de la CNE y las denuncias de Luis Berenguer, el presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que califica de ‘escándalo’ lo que pasó en la última subasta de energía y exige reforma del modelo de subasta de Cesur. Además, Ley de Economía Sostenible prevé la creación de la Conferencia Sectorial de Energía para favorecer la coordinación de la administración central y las autonomías en materia energética y la constitución de la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a este ámbito. Y en ambos Salgado quiere capitanía, o al menos supervisión muy de cerca. No hay ni rastro, tampoco, de la nueva normativa que el Ministerio esperaba dar a luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas y el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema. Nada que no vaya a seguir barajando en adelante, aunque esta vez -Zapatero se lo impuso en sede parlamentaria- tendrá que ser además a cuatro manos con el PNV y con el calendario del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha dejado claro ahora que, tras despejar la FV, el resto del diseño energético se hará al ritmo de Moncloa y de las líneas rojas de Salgado.

NI CÉNTIMO VERDE, NI ATC, NI TASAS NUCLEARES

Lejos quedan ahora los ecos de las peleas -las crónicas políticas recuerdan aún los gritos- en el seno del Consejo de Ministros en el que Sebastián y Salgado compartían la trinchera de los críticos a la subida de la presión fiscal y se enfrentaban a De la Vega, Corbacho y Blanco. No porque la vicepresidenta haya virado en sus convicciones, sino porque las urgencias del Ministro de Industria lo han impulsado a intentar, a la desesperada y por partida doble, que prosperara alguna tasa energética a contrapié de Salgado y sus técnicos, con la que abogar por eso que llamaba el “reparto de los costes de las renovables”. Primero, con el silencio cómplice del ministro ante una propuesta de tasa a las hidráulicas y las nucleares, que ya el Congreso se encargó de rechazar -con el voto del grupo socialista- desde septiembre. Ahora, agotaba la segunda intentona, en noviembre y diciembre, al calor del paso por el Congreso de la Estrategia Energética a 25 años de la Comisión de Industria. Para satisfacción de Presidencia y sobre todo de Hacienda -nada partidarios de más cargas fiscales  que recaigan en los consumidores y menos aún si son finalistas- la negativa en su momento del PP al ‘céntimo verde’ y la matización del modelo de Estrategia Energética avalado por la Cámara Alta se lo ponen más difícil a Industria para revivir una promesa electoral incluida en 2008 por el PSOE  en el borrador de su programa y que luego ‘dejó caer’. Si Sebastián albergaba aún alguna esperanza de nuevos ingresos para su sistema eléctrico, la propia vicepresidenta la cortocircuitaba este mismo lunes 3 de enero sus opciones, al menos su inmediatez. Nada de ‘céntumo verde’. No ahora.

En dos respuestas parlamentarias a dos diputados 'populares', el Ministerio de Economía y Hacienda asegura que “no ha preparado propuesta alguna” para crear una nueva tasa que grave los carburantes y el gas butano para ayudar a pagar la retribución al Régimen Especial, o una específica para las centrales nucleares. Ni siquiera cuando ya el Ministro empieza a dejar caer, entre líneas, que habrá nuevas subidas de las tarifas eléctricas desde la revisión del 1 de abril y que el recorte de primas al Régimen Especial será insuficiente para drenar un déficit de tarifa que según el sector y la CNE, superará los 20.000 millones de euros en los primeros meses de 2011.  Salgado deja sólo una puerta entreabierta al futuro fiscal de Sebastián y espera a que la Comisión Europea presente su nueva propuesta de Directiva sobre fiscalidad de los productos, pese aún ha sido presentada ni se dispone de borrador alguno.

Lejos, también, esos tiempos en los que el Ministro buscó la sintonía de Elena Salgado -abierta a las ventajas económicas de las centrales nucleares y su producción- para revertir el cierre de Garoña en 2013. La hoy vicepresidenta consagró en la Subcomisión la voluntad del presidente del Gobierno: "40 años de certidumbre y después lo que resulte de un gran pacto. Nada de abrir nuevas centrales nucleares”. Hoy Sebastián ya sabe que queda poco también de su sintonía atómica con vicepresidencia, a pesar de que Elena Salgado estaba en el bando de los ministros más técnicos, los que en el Consejo de Ministros del 22 de septiembre -en el que luego De la Vega rebocó la decisión- se decidió ubicar en Zarra el Almacén Centralizado de Residuos. No lo agitará más la vicepresidenta, no al menos en público. No, salvo que sea necesario para desenterrar las últimas cenizas (si quedan) del Pacto de Estado de Energía con el PP. Ya de hecho la posibilidad de repotenciación de los reactores ya existentes se tantea en la mesa de Ferraz y de Moncloa como ‘ofrenda de paz’ y llave a algún amago de acuerdo. Aunque el Pacto nació en junio como la criatura más personal y decisiva de Sebastián y de Montoro, hasta el propio titular de Industria y Energía ha plegado velas ante la imposición directa del Presidente del Gobierno. Y es que Zapatero, ha vuelto a elegir a su mano derecha, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que cierre -o entierre- el Pacto con Génova. Ya en noviembre confió en ella el último ‘golpe de horno’ al acuerdo que se alcanzó en la Subcomisión del Congreso creada para analizar la estrategia energética de España para el 2020.

EL MINISTRO MENGUANTE EN TODAS SUS ARISTAS

Lejos quedan las fotos oficiales de febrero, cuando Zapatero confiaba en el ‘triunvirato’ de sus favoritos -Salgado, Blanco y Sebastián- la ‘cocina’ del Pacto de Zurbano que iba a ser su Plan Estrella y que acabó con el Ministro en ángulo muerto y 35 medidas de las 54 que estaban incluidas en el documento que el Gobierno llevó a la Comisión Zurbano. Ni la ausencia de Sebastián en la reunión de Zapatero con los 39 representantes de las grandes empresas el 26 de noviembre (aunque la mayoría de los sectores eran de su competencia y no escatimaron quejas sobre la incertidumbre del negocio energético), ni tampoco su segundo plano en la visita oficial a España esta semana del viceprimer ministro chino, Li Keqiang.para lucimiento de Salgado han pasado desapercibidas en Castellana 160. Hoy, la vicepresidenta está ‘en racha’ con Zapatero y ha empezado a reproducir en la política energética la misma intervención que en todos los ‘negociados’ de Sebastián. Lo han hecho, para empezar, dejando en fuera de juego el perfil de su internacionalización (reducido en torno al 50%) y con el adiós a la capitanía única de la Comisión Interministerial de Política Industrial, desde que en abril vio la luz para el desarrollo del Plan Integral de Política Industrial 2020 y su seguimiento.

Es verdad -como tenía que argumentar el propio ministro en su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados- que los ajustes en su Ministerio para 2011, con un tijeretazo del 13,5% respecto al año anterior, están por debajo de la reducción media del 15,9% del conjunto del Ejecutivo. Pero también que -a diferencia de Cristina Garmendia- no ha podido revertir la tendencia en el trámite parlamentario de los PGE y que su estructura ministerial fue la más afectada por los ajustes organizativos del Ejecutivo que De la Vega dejó sobre la mesa de Zapatero antes de salir de Moncloa: desaparecieron las secretarías de Estado de Turismo y la de Comercio, la secretaría general de Comercio Exterior, la dirección general de Telecomunicaciones y la dirección general de Política Comercial. Se lo recordaba en persona Mesquida, aún adolorido por la rebaja desde Secretario de Estado a secretario general de Turismo y Comercio Interior (dos años después de crear el cargo), sin voz ni voto ya en el Consejo de Ministros y más lejos aún de Zapatero, tanto como por el rechazo a una rebaja del IVA al 8% para las agencias y al 4%  para otros servicios turísticos por parte del Ejecutivo.

Ya en marzo fue sonada en los pasillos del Congreso la discusión sobre las promesas que Sebastián desgranaba para su Ministerio, desde un Plan de continuidad empresarial de 20 millones de euros o nueva línea de crédito para jóvenes emprendedores de 25 millones de euros, hasta la creación de empresas expres en 24 horas. Llovía sobre mojado en las chispas sobre Industria por la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba legal el recorte en la retribución por los derechos de emisión de CO2 y después de la ‘enmienda antiblindaje’, que Sebastián abanderaba. Economía ha terminado por aterrizarle a Sebastián los números de lo que prometía ser su ‘revolución TIC’. Sólo la tasa por el uso del espectro radioeléctrico ha supuesto que la carga tributaria de los operadores de móviles se incrementara un 576% en ocho años. Nada que los balances de  Salgado y los silencios de Sebastián quieran repensar, aunque el Supremo admitió a trámite el recurso de las operadoras contra el ‘espectrazo’ de 2001 y, de paso, la tasa radioeléctrica, que recuerdan a Industria que no puede destinar los ingresos -como hace- a fines ajenos al sector que grava. El Supremo ya ha trasladado el conflicto de la financiación a la CMT a Luxemburgo y Hacienda se arriesga a tener que empezar a devolver 1.000 millones.

PELEA AUN LA ‘DOCTRINA’ SALGADO EN SU REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El nuevo Secretario de Estado de Telecomunicaciones prometía en su estreno en septiembre aprobar en breve el nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios. Pero, aún sólo está sobre la mesa de las operadoras un programa de 200 millones de euros en préstamos para financiar despliegue de redes, sobre todo para mejorar la cobertura en zonas rurales. Ni siquiera el borrador de la Ley General de Telecomunicaciones presentado por Sebastián al Consejo de Ministros en diciembre se atreve a detallar más que “garantías de inversión” en redes para las operadoras y un boom de despliegue de banda ancha que debería “movilizar 25.000 millones de euros en inversión", sin definir aún sus apellidos ni sus condiciones. La solución a la crisis -innovación, patentes, educación y exportación de tecnología- se hace de rogar: no hay ni rastro de los 20.000 millones del fondo estatal para el cambio de modelo económico que en debate sobre el Estado de la Nación Zapatero prometió destinar al sector tecnológico para insuflarle impulso al que Miguel Sebastián no se cansa de apellidar “la palanca para salir de la crisis”.

Y si el ministro pensaba que el empujón final a la Ley de Economía Sostenible iba a ser, después de un año y medio de impasse, la oportunidad para pelearle a Economía el modelo y aclarar el futuro de los reguladores que dependen de su cartera -la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- ahora ya sabe que las directrices de Salgado le marcan líneas rojas por partida triple: la primera, gracias a que la vicepresidenta consiguió en la LES imponer la capitanía de la Comisión Nacional de la Competencia -bajo la cúpula de su cartera- sobre los reguladores. La segunda, que Sebastián tendrá que hacerle sitio a las voluntades peneuvistas  a cambio de respaldo recibido en los PGE-en una negociación que ahora retoma de nuevo la ministra de Economía-. Con la posibilidad del otorgamiento de licencias de telefonía móvil de ámbito regional aparentemente bloqueada (según el borrador del Real Decreto de la semana pasada), se lo ‘cobrarán’ con sitio en el nuevo perfil de los consejeros de los reguladores de energía y telecomunicaciones.

La tercera, que la LES incluyó a última hora una cláusula para intentar asegurarle al Tesoro, por primera vez desde la creación de la CMT, la disponibilidad del superávit del regulador del sector de las telecomunicaciones, cerca de 14 millones de euros en el último ejercicio y que han permitido a la CMT la construcción de una nueva sede, recién inaugurada en Barcelona, en la que ha invertido 62 millones. Una avanzadilla gubernamental que llegaba apenas un mes después de la denuncia de Telefónica ante los tribunales de la tasa con la que las operadoras españolas financian a la CMT, la práctica totalidad de los 36,6 millones de euros de su presupuesto en este ejercicio.

No es casualidad que el borrador del Real Decreto llamado a regular el mayor reparto de frecuencias móviles de la historia española haya pasado por la sesión del Catsi del pasado 30 de diciembre dejando de lado la letra pequeña más decisiva del modelo, la solución al dilema “concurso o subasta” y las condiciones para cada una de las frecuencias, que sí han detallado. En Castellana 160 agotan el tiempo -ahora el de las demoras- hasta que en el segundo trimestre de 2011 comience: aún sopesan si tendrán que seguir las indicaciones de Elena Salgado y pisarle los talones al modelo alemán de subasta -que permitió ingresos al Estado de 4.300 millones de euros a cambio de 330 Megahercios de nuevo espectro radioeléctrico- o suscribir sus propios credos técnicos y la preferencia de las principales operadoras agrupadas en Redtel y apostar esta vez por un modelo de concurso, que  prime los compromisos de inversión frente al pago al Tesoro, “menos productivo a medio plazo”. Ya Economía ha querido curarse en salud con los planes estratégicos de Sebastián. Ante la posibilidad de que los nuevos móviles que funcionen en la banda de frecuencias de 800 Mhz (dividendo digital) puedan causar interferencias a las emisiones de la televisión digital terrestre (TDT), ha decidido hacer recaer el peso de los posibles costes (multimillonarios) para solucionarlo en los operadores móviles Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...