edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
29/11/2010
Una comisión nacional independiente controlará la ejecución mensual presupuestaria

Salgado quiere ‘atar corto’ a los presupuestos autonómicos y locales

CC AA y Ayuntamientos estarán obligados por ley a “probar” su solvencia en 2011
Elena Salgado, vicepresidenta Segunda y ministra de Economía
Juan José González

Se resisten como gato panza arriba. Son los Gobiernos autónomos y sus cuentas: se niegan a ofrecer la transparencia que demanda el Gobierno central –que tiene capacidad para ello y funciones para sancionar su incumplimiento- al tiempo que no ofrecen todas las garantías de llevar a cabo los recortes presupuestarios, necesarios para alcanzar el objetivo de déficit en 2010. El gobernador del Banco de España viene advirtiendo desde hace meses que las CC AA deberían presentar sus ejecuciones presupuestarias con la misma cadencia que el Estado, cada mes, y no cada trimestre como se han comprometido recientemente. La vicepresidenta Segunda del Gobierno, Elena Salgado, de fin de semana en Bruselas, inmersa en el debate de resolución de la crisis irlandesa, dejó los deberes bien claros a su secretario de Economía, José Manuel Campa: elaborar el borrador de Decreto-ley para la creación de un nuevo mecanismo de control de los presupuestos de las Autonomías. La elección de la forma de Decreto-ley aseguraría la inmediata puesta en marcha del nuevo organismo, frente a una fórmula de aprobación jurídica más larga.

El secretario de Estado trabaja actualmente a marchas forzadas para que antes de que finalice el presente ejercicio se presente en el Consejo de Ministros el decreto-ley para formación de un organismo de carácter independiente que fiscalice las cuentas de las CC AA y Ayuntamientos, una comisión nacional de presupuestos autonómicos y locales. Una idea que en su día fue presentada por el Círculo de Empresarios en su informe sobre los presupuestos generales del Estado para 2011 y que hacía hincapié en la necesidad de poner fin al “despilfarro injustificado” de las Administraciones autonómicas.

La idea de la vicepresidenta Segunda, contrastada con la del Banco de España, ya es conocida en el Banco Central Europeo porque es la misma que se aplica en Alemania para el control y transparencia de las cuentas de los Estados federales. Se trata de poner en marcha un mecanismo de control con capacidad de supervisión mensual que estaría informado puntualmente de los compromisos adquiridos a partir del primero de enero de 2011, que incurrieran en una escala de gastos fijada entre el Estado central y las CC AA y las corporaciones locales. Con carácter previo, Autonomías y Ayuntamientos deberán contar con un informe sobre el estado de ejecución de sus cuentas y compromisos de pago futuros, similar al realizado por la banca en las pruebas de estrés el pasado mes de julio.

Las CC AA insisten en no ‘retratarse’ mensualmente: no quieren mostrar sus cuentas porque, entre otros problemas, no han llevado a cabo la recomendación del ministerio de Economía enviada a las CC AA hace dos años y medio para homogeneizar los criterios de sus cuentas. Recomendación a la que se contestó reclamando una ‘moratoria’ y medios para llevar a término la operación. Pero los meses –y con ellos los años- se han encargado de llegar a finales de 2010 con las tareas sin hacer y con innumerables problemas que, en resumen son: la dificultad de alcanzar el objetivo de déficit presupuestario y las dudas sobre la veracidad de las cuentas autonómicas, y sobre las que ahora se reclama mayor transparencia.

Pero el problema de sobrepasarse en la ejecución del presupuesto, y no cumplir con el objetivo anual, que es con el que cuenta el ministerio de Economía, se ha convertido en dos problemas de mayor profundidad política y alcance económico: por un lado, los mercados no terminan de creerse las cuentas; no se creen las de los activos dañados de la banca como consecuencia de la crisis inmobiliaria, como tampoco se creen las cuentas ni las partidas presupuestarias de los Gobiernos autónomos, un problema que afecta además, a numerosos ayuntamientos españoles. Por otro lado, al menos ocho CC AA díscolas se están saltando los planes de ajuste público y presentan para 2011 unos presupuestos que superan el 1,3% del PIB acordado y comprometido por el Gobierno central con la Comisión Europea. Así que la transparencia se ha convertido en un asunto prioritario y necesario para recuperar la credibilidad de los inversores nacionales e internacionales.

La deuda de las comunidades autónomas se ha dispararon un 28,4% en el primer trimestre hasta alcanzar 94.620 millones de euros, cifra récord; las corporaciones locales avanzó un 15% hasta los 36.086 millones. Los datos pusieron los pelos de punta a Gobernador y vicepresidenta Segunda, que de inmediato comenzaron a pensar en la urgencia de un plan ‘b’ para atajar la situación. Banco de España y ministerio de Economía llegaron a la conclusión de que ante un incumplimiento se debería reaccionar con un castigo, en este caso, la sanción de no permitir que las autonomías que hubieran sobrepasado el objetivo pudieran acogerse al endeudamiento adicional autorizado por el ministerio para los casos de déficit en el presente ejercicio. Y así se hizo, y así resultó que Murcia y Castilla-La Mancha fueron las dos únicas autonomías que incurrieron en ‘infracción’ presupuestaria.

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