edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
21/04/2009
Primero quiere negociar con las Autonomías y luego intervenir
Elena Salgado, ministra de Economía

Salgado utiliza las cajas como moneda de cambio

Para Economía no es prioritaria la reforma de la Ley y sí la financiación autonómica
Juan José González

La situación puede ser grotesca si se cumplen los pronósticos de algún observador que apunta a que el Banco de España lanzará una serie de propuestas que, tras su aprobación en el próximo consejo de administración, serán enviadas al Ministerio de Economía para su sanción. Son propuestas de actuaciones urgentes, destinadas en su mayor parte a resolver uno de los problemas inmediatos con el que se encontrarán las cajas: el vencimiento de deuda. Grotesca, no por la actitud del Banco de España –legítima- en tomar la iniciativa para resolver un problema que le corresponde, por mucho que la nueva ministra de Economía haya decidido ignorar, en un primer momento, la reunión con el Gobernador. Porque postergar una audiencia –como las realizadas la pasada semana, con foto, por supuesto- con Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO en adelante) no significa cosa distinta a que Salgado (y el Gobierno) quieren dar a entender que el de las cajas no es un problema de prioridad uno, ni dos, es posible que ni tres.

Sería grotesca, en definitiva, porque obligaría a Salgado a devolver al Banco de España un papel con el que no está de acuerdo. La vicepresidenta Económica ha declarado este pasado fin de semana que las iniciativas legislativas en materia económica le corresponden a ella. Y punto. Lo que quiere decir, en román paladino, que las reformas de las cajas saldrán del Banco de España pero serán ‘cocinadas’ en Alcalá 5. En el caserón parecen haberse ahogado los propósitos que MAFO ya había consensuado con Pedro Solbes, “extremadamente liberales para Moncloa”, asegura un colaborador del ex ministro, y que fue uno de los motivos que aceleró su salida del Gobierno.

Moncloa había hecho hincapié en que en la reforma de los órganos de dirección de las cajas, la reducción del peso político en los consejos debería ‘utilizarse’ como moneda de cambio para alcanzar acuerdos menos gravosos en financiación autonómica o en competencias económicas. Estos extremos no encajaban en los esquemas –ortodoxos- del Gobernador, más partidario de hacer las cosas “con los pies en el suelo del siglo XXI, y nombrar a profesionales con prestigio y experiencia” para los citados órganos de gobierno, apunta un conocedor cercano del asunto. No parece que quepan dudas respecto a que este Gobierno, con Salgado de responsable económica a la cabeza, quiera pasar a la historia como eficaz gestor de una crisis que resolvió a golpe de reestructuración. Lo que sucede es que lo hará a su manera. “Al igual que quiso eliminar la palabra vendimia del diccionario –rectificó, pero lo intentó- por qué no va a intentarlo con los representantes políticos en las cajas”, se pregunta el consejero de una de ellas.

Pero el camino elegido por uno (gobernador) y por otra (ministra) dista demasiado como para pensar en una zona común donde ambos podrían salir ganando a costa de ceder ligeramente en sus posiciones. Al menos, eso parece. La ministra es partidaria de intervenir en las cajas, a toda costa y sea como sea –con la ley en la mano, por supuesto-. Algo que en áreas próximas al Gobierno aseguran que hará cuando obtenga beneficio de la negociación con los Gobiernos autónomos. Quiere negociar las cuotas participativas y no quiere que se le escape la posibilidad de negociar la famosa tutela del Gobierno autónomo sobre las decisiones estratégicas de las entidades financieras. Quiere negociar todo. La tesis del supervisor señala que nada de eso se hace preciso si se utiliza la vía de la imposición de nuevas normas y requerimientos en las cuentas de las entidades, y cambiar de forma urgente la naturaleza jurídica de las cajas. Y está claro que no se pondrán de acuerdo porque la ministra no abdicará ninguna de sus funciones.

Mientras esto no suceda, las cajas no tendrán más remedio que apelar a los fondos públicos para resolver las necesidades crecientes de capital y olvidarse de nuevas inversiones. Las cuotas participativas esperan a una próxima reforma para recibir los derechos políticos y hacer posible la inversión privada en las cajas. Esperan, asimismo, la modificación de esa particular competencia sobre la tutela de las cajas –competencia en manos de las Comunidades Autónomas-, que es la llave para realizar operaciones de inversión, fusión o intercambios de capital, entre otras muchas posibilidades.

Pero la falta de sintonía entre ministra y gobernador provocará que las medidas de recapitalización financiera, destinadas a bancos y cajas, y donde la principal de ellas, la aprobación de un fondo específico, lleguen a la mesa del Ejecutivo en solitario y no acompañadas de las primeras normas de reestructuración del sector.

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