edición: 2412 , Jueves, 22 febrero 2018
10/07/2009

Salgado y Castells ponen en marcha el nuevo ‘teorema Zapatero’ para la financiación autonómica

Javier Ardalán
Las negociaciones están al rojo vivo. A sólo seis días de la fecha límite establecida por Rodríguez Zapatero para llegar a un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica previo a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Elena Salgado y el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, han cambiado las reglas del juego. Ayer, llegaban a un principio de acuerdo por el que se aplaza la fecha de consolidación del modelo de financiación del Estatuto de Cataluña, que es de tres años.

El acuerdo ha sido una reacción a la campaña de pataleo protagonizada por el presidente de CiU, Artur Mas, quien se multiplico ayer en sus declaraciones para advertir a todas las autonomías que no todas podrán quedar por encima de la media en el nuevo sistema a no ser que haya un "nuevo teorema Zapatero", al tiempo que advertía que si no se cumple el Estatuto las cosas no podrán seguir siendo como hasta ahora. La respuesta le llegaba unas horas después. El "nuevo teorema Zapatero" está en marcha.

Las bases del acuerdo deben ser ahora aprobadas por los socios de Gobierno en la Generalitat.  Esquerra Republicana e Iniciativa-Esquerra Unida se han mostrado partidarios de esta opción que supondrá recibir una cantidad de dinero adicional cercana a los 3.800 millones de euros como aplicación plena del modelo.

Lo importante para el tripartito, después de alcanzar este principio de acuerdo es que, una vez aplicados los mecanismos de solidaridad interterritorial, Cataluña sea de quienes más dinero perciba por las rentas per cápita, sin descensos, incluso, frente a las que recibirán recursos de carácter solidario.

El resto de las comunidades autónomas ha ido aumentando su presión sobre el Gobierno con el paso de los días, en espera de mejorar en lo posible sus posiciones antes de que se conozca definitivamente cuanto les corresponde a cada una de ellas, cosa que ocurrirá en los próximos días, como muy tarde el lunes. Chaves ha asegurado que las comunidades conocerán “más o menos” las cantidades asignadas en cada caso antes de que se celebre la reunión del Consejo.

El nerviosismo de los Gobiernos autonómicos ha obligado  al ministro de Fomento a salir en los medios de comunicación advirtiéndoles de que  el nuevo plan de financiación no incluirá a las infraestructuras. Blanco se lo ha recordado en las últimas horas, descartando no sólo que se incluyan en el paquete negociador, sino que las posiciones mantenidas por cada comunidad autónoma no van a ser tenidas en cuenta.

En definitiva, nadie parece estar contento con lo que sospecha que va a ocurrir finalmente. Los socialistas están quejándose en un tono comedido para no tensar más de la cuenta el proceso y hacerlo fracasar. En esta tesitura se encuentran Extremadura y Asturias. El caso de Baleares ha sido un poco más estruendoso, ya que su presidente Francesc Antich considera que las diferencias actuales son muy grandes sobre las autonomías que más perciben (cerca de 21 puntos) y con la introducción de la idea de ‘esfuerzo fiscal’, o de ‘balanza fiscal’ en el nuevo modelo pueden pasar a ser todavía más severas.

El Parlamento de Andalucía ha abierto el melón de las discusiones públicas contra el reloj. Acogerá el próximo lunes, día 13, un Pleno extraordinario en el que la Junta ha decidido exponer su posición sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. La exposición se celebrará un solo día antes del inicio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se decidirá el nuevo modelo.

Los populares, mientras tanto, han arreciado en sus críticas durante las últimas horas, fundamentalmente Galicia, Castilla Y León y La Rioja, que presuponen que el factor de crecimiento poblacional va a dejarlas muy por debajo de Cataluña, Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Las dos últimas han firmado, tal y como habían anunciado, un protocolo de defensa mutua que establece un modelo basado en la solidaridad y la equidad, que prime variables como la insularidad, el envejecimiento y la dispersión en el caso de las comunidades con menor crecimiento demográfico.

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