edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
19/10/2010

Sarkozy, dispuesto a hacer aprobar la reforma de las pensiones cueste lo que cueste

Pedro González
Contrariamente a la percepción que la oleada de movilizaciones y huelgas pueda transmitir, prácticamente nadie cuestiona en Francia que el actual modelo de pensiones sea insostenible. La caja de la Seguridad Social destinada a este apartado (cada uno, sanidad, desempleo, jubilación, tiene su propia aportación y contabilidad específicas) está en números rojos y los ingresos habituales ya no cubren en absoluto las perspectivas de poder subvencionar como hasta ahora a las generaciones que están a punto de culminar su vida laboral. Las cifras son incontrovertibles y prácticamente no las discute nadie, ni siquiera los sindicatos.

El choque político y social se ha producido porque el Gobierno del presidente Nicolás Sarkozy ha presentado un proyecto de ley en el que, además de no debatirlo con los agentes sociales, no ha admitido modificación alguna de la oposición. El Elíseo confía en que el Senado aprobará definitivamente la ley de reforma antes de que concluya esta semana, y que los sindicatos diluyan entonces sus protestas y su presión, que terminarían por desaparecer en los próximos días, teniendo en cuenta que las vacaciones de Todos los Santos, sagradas en Francia, suelen calmar a los espíritus más díscolos. Pero, hasta llegar a ese punto, Sarkozy habrá de enfrentarse a la intensificación de las huelgas y manifestaciones previstas para hoy martes y a las amenazas de proseguir después las movilizaciones, incluso si el Senado da su visto bueno definitivo al texto enviado por la Asamblea Nacional. 

En uno de los países más emblemáticos del mundo respecto a la protección de su Estado de Bienestar, el punto más controvertido es el que prevé aumentar en dos años, de 60 a 62, la jubilación voluntaria. No obstante, esa decisión, a la que se acogen tanto los que proceden de trabajos penosos como los de profesiones privilegiadas (por ejemplo, el personal dedicado a la enseñanza o los maquinistas ferroviarios, que aún siguen reclamando reivindicaciones como si estuviéramos en los tiempos de las locomotoras de carbón), no abarca a la generalidad de la población, especialmente a los que han desempeñado la práctica totalidad de su vida en la empresa privada. La jubilación forzosa, hoy establecida en los 65 años, está previsto que pase a los 67 a partir de 2016, según este proyecto de ley, manteniendo como hasta ahora un historial de al menos 40 años de cotización para cobrar la pensión máxima.

Ni siquiera el Partido Socialista, en la oposición, discute este último y fundamental apartado. Sin embargo, tanto él como los sindicatos menos radicales consideran que sería precisa una discusión que tuviera en cuenta sobre todo las características de cada profesión, aplicando distintos módulos correctores para preservar la justicia del sistema.

Por su parte, la inmensa clase media francesa que no está encuadrada en el voluminoso paquete funcionarial sospecha que, sea cual sea finalmente el alcance de la reforma, ella será la que deberá pechar con los mayores costes de la misma. Al igual que en otros países europeos donde las prestaciones sociales constituyen un derecho irrenunciable, en Francia no hay profesión más segura y de menos riesgo que la de funcionario, en cualquiera de sus ramas y modalidades. Además de los sectores clásicos, como la sanidad, la educación, la policía y las fuerzas armadas, la persistencia aún de numerosos sectores públicos de titularidad estatal total o parcialmente –ferrocarriles, energía, comunicaciones-, supone que la fuerza laboral francesa está compuesta en casi un 25% por funcionarios, principal vivero de los sindicatos, que basan en ellos su gigantesca influencia.

Es, pues, decisivo tanto el pulso en sí como el desenlace de esta reforma. En cuanto al primero, la amplitud de las protestas y su extensión a los estudiantes de los liceos ha dejado claro que incluso las generaciones que aún tienen toda la vida por delante aspiran a la seguridad funcionarial por encima de todo. También, como ya es habitual en el país, que las centrales sindicales saben perfectamente como exasperar y paralizar la economía del mismo bloqueando centros tan estratégicos como son las 12 refinerías. Asimismo, han innovado al multiplicar los efectos de la huelga al practicarla de modo sucesivo, de modo que a la paralización del transporte ferroviario suceda el aéreo, luego el del metro y los autobuses, y a continuación el de suministro de gas o electricidad, en una verdadera estrategia de la tensión.

Como es obvio, los afectados no son solo quienes viven y trabajan en Francia sino la práctica totalidad de los habitantes de los países circundantes. España, cuya relación terrestre por Europa pasa necesariamente por Francia, además de buena parte de la aérea y marítima, es con mucho el principal país perjudicado. Otra ocasión más para lamentar que Europa siga construyéndose a paso de buey cuando la globalización alcanza ya velocidades supersónicas.

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