edición: 2350 , Jueves, 23 noviembre 2017
07/11/2008
Obligados a buscar el domicilio

Se acaba el abuso de los edictos para comunicar sanciones, multas y embargos

Xavier Gil Pecharromán

El Constitucional ha cargado contra la comunicación de las sanciones de tráfico a través de la publicación de edictos cuando el Ayuntamiento sancionador no se ha molestado en indagar dónde vive el ciudadano sancionado. Una situación que cada año afecta a miles de ciudadanos que por unos u otros motivos no son localizables en el domicilio que consta en los registros de automóviles, pero si lo son mediante la localización en los departamentos de Hacienda municipales.

El ponente, el magistrado Pérez Tremps, considera que este tipo de actuaciones vulnera el derecho a defenderse en el procedimiento administrativo y exige al Ayuntamiento que “una vez frustradas las posibilidades de notificación personal», el Ayuntamiento no debió recurrir a la notificación edictal “sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y registros previamente”.

En este caso, el Ayuntamiento de Granada comunicó la multa a una dirección, la que consta en el registro de conductores, cuando esa calle ya no se llamaba así ni tampoco existía el número en que oficialmente constaba el domicilio del multado. El cartero devolvió la multa indicando que ese domicilio no existía, pero a pesar de ello, el Ayuntamiento continuó el procedimiento con esa misma dirección. El Ayuntamiento no le comunicó en su domicilio real, la existencia de la sanción y recurrió a publicar su nombre en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque sí localizó su domicilio para notificarle la apertura de un expediente de apremio por la multa.

La importancia de este caso se basa en la interpretación que los magistrados realizan sobre la normativa que regula la emisión de edictos. El artículo 11 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dispone que: “A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquél que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros de Conductores e Infractores, y en el de vehículos, respectivamente”.

Tanto los titulares de vehículos como de permisos para conducir están obligados a comunicar los cambios de domicilio y, hasta ahora, la jurisprudencia defendía en estos caos que no podía escudarse el interesado en un desconocimiento de la notificación efectuada en un domicilio distinto al actual si él no había comunicado oportunamente el mencionado cambio.

Si de por sí esta sentencia tiene su importancia por la línea jurisprudencial que marca, no es menos destacable que el Constitucional ha venido cambiando su doctrina en los últimos años para exigir esta actuación ‘diligente’ de las diversas Administraciones Públicas en las ejecuciones de embargo y en las comunicaciones de sanciones de Hacienda.

Así, existe el precedente de una sentencia en la que el Tribunal Constitucional, de 15 de septiembre de 2008, que revoca las decisiones de dos jueces de Primera Instancia que habían fallado en contra de un matrimonio de jubilados que compró la vivienda como segunda residencia para pasar los veranos. La caja de ahorros que les concedió el crédito promovió el embargo ante el impago de parte de la hipoteca. El juzgado intentó notificar el embargo en marzo de 2003 en la vivienda hipotecada,  pero no logró su propósito porque el matrimonio estaba en su primera residencia. A pesar de todo, la juez fijó la subasta, que fue ejecutada sin conocimiento de los afectados.

El abogado de la familia fundamentó su recurso ante el Constitucional en que el matrimonio no fue notificado en persona a pesar de que el juzgado tenía conocimiento de que vivían en otro domicilio en Madrid. El letrado pidió sin éxito que se paralizara la venta de la casa, pero el Constitucional lo desestimó al haber sido adjudicada a una tercera persona que no tenía responsabilidad en el asunto.

Incluso el fiscal se sumó al recurso de los embargados insistiendo en que no entendía que no les notificaran en su domicilio de Madrid que se iba a celebrar la subasta e hizo constar en su recurso que en los autos figuraba de forma reiterada su primer domicilio.

El ponente, el magistrado Rodríguez-Zapata Pérez, considera que el juzgado que organizó la subasta no actuó conforme a lo que exige la Constitución porque no intentó notificarla en el domicilio real de los afectados. El fallo reitera que el juzgado ´impidió´ a los afectados ´conocer las circunstancias de la subasta´ a pesar de que ya habían hecho frente a una parte importante de la deuda.

El Constitucional considera que la especial trascendencia que tiene el primer acto procesal de comunicación a los demandados, “coloca al interesado en una situación de indefensión lesiva del derecho fundamental amparado en el artículo 24 de la Constitución garante de un juicio contradictorio, sin que pueda justificarse una resolución judicial inaudita parte más que en caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita o por negligencia imputable al interesado.

El Constitucional ha reiterado en sus sentencias sobre procedimientos administrativos de Hacienda, que la Administración, al no notificar personalmente la iniciación del procedimiento de  apremio, tal y como establece expresamente el artículo 103 del Reglamento General de  Recaudación, incurrió en una infracción que tiene relevancia constitucional, ya  que al ejecutar “de plano” el acto administrativo colocó al ahora demandante de  amparo en una situación de indefensión al impedir, no sólo que la ejecutividad  de esta resolución pudiera, en su caso ser controlada por los Jueces y  Tribunales, sino también que los actos dictados en dicho procedimiento, tras  agotar la vía administrativa, pudieran ser objeto de impugnación ante los
Tribunales Económico-Administrativos (artículo 177 Reglamento General de Recaudación).

A esta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva puede añadirse,  también respecto del procedimiento de apremio, una infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española  en el supuesto de que el recargo tenga naturaleza sancionadora y se haya  impuesto sin las garantías procesales de contradicción y defensa cuestión ésta  que, como queda dicho, se abordará en los próximos fundamentos jurídicos.

En el caso del pago de impuestos, sin embargo, sí resulta posible que en los impuestos de cobro periódico por recibo, en el que el periodo impositivo coincide con el año natural, una vez notificada la liquidación correspondiente. Así sucede con el Impuesto sobre Actividades Económicas, una vez comunicada el alta en la matrícula del Impuesto. Las sucesivas liquidaciones correspondientes a los periodos impositivos posteriores se entienden notificadas de forma colectiva mediante la publicación de edictos correspondiente a cada periodo impositivo, sin que sea necesaria la notificación individual de las mismas.

Las condiciones establecidas por la normativa en estos casos se ciñen obligatoriamente a los casos en que no se produzcan variaciones en los datos contenidos en la matrícula del tributo correspondiente. Así, por ejemplo En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no se considera necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable en los procedimientos de valoración colectiva.

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