edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
27/01/2010

Se pueden reclamar responsabilidades a Hacienda cuando la UE anula una ley española

Javier Ardalán
Los españoles han ganado, desde ahora el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ante los tribunales de la Unión Europea cuando una norma española infrinja la comunitaria sin necesidad de agotar todos los recursos que prevé la vía judicial nacional. Se trata de un paso importantísimo para quienes en un determinado momento no recurrieron ante Hacienda una liquidación basada en una normativa, que una vez prescrito el derecho ante los tribunales españoles, fue anulada por la justicia comunitaria.

La sentencia, de 26 de enero de 2010, determina que cuando en un país, como es el caso de España, es posible reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado sin agotar toda la vía judicial cuando se recurre una ley interna que infringe la Constitución, también debe ser posible reclamar a los tribunales de la Unión Europea si la ley infringida es comunitaria.

Esta petición la presentó el Tribunal Supremo español, mediante auto de 1 de febrero de 2008, como petición de decisión prejudicial, en el marco de un litigio entre la empresa Transportes Urbanos y la Administración del Estado, en relación con la desestimación del recurso de responsabilidad patrimonial que dicha sociedad interpuso contra el Estado español por infracción del Derecho de la Unión.
La Constitución Española en su  artículo 163 prevé que cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

En este caso, Transportes Urbanos, que había presentado autoliquidaciones por los ejercicios 1999 y 2000 con arreglo a la Ley 37/1992, no ejerció su derecho a solicitar la rectificación de dichas liquidaciones, en virtud de la Ley General Tributaria 58/2003, puesto que tal derecho había prescrito en la fecha en la que el Tribunal de Justicia dictó la sentencia Comisión/España, antes citada.
La sentencia, de 6 de octubre de 2005, declaró que la limitación del carácter deducible del IVA establecida por la Ley 37/1992 era incompatible con los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Sexta Directiva. Esta ley que imponía límites a la deducción del IVA en la adquisición de bienes y servicios financiados mediante subvenciones.

Una vez conocida la sentencia, la empresa interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Consejo de Ministros. En dicha reclamación, sostenía que había sufrido un perjuicio valorado en 1.3 millones de euros, debido a la infracción de la Sexta Directiva cometida por el legislador español, constatada por el Tribunal de Justicia comunitario.

En este caso, dicho importe correspondía a los pagos del IVA indebidamente percibidos por la Administración tributaria española durante los mencionados ejercicios y a las devoluciones a las que podría haber tenido derecho en relación con los mismos ejercicios.
Mediante esta resolución, de 12 de enero de 2007, el Consejo de Ministros desestimó la reclamación de la empresa, al considerar al no haber solicitado la rectificación de las mencionadas autoliquidaciones en el plazo previsto a tal efecto había roto la relación de causalidad directa entre la infracción del Derecho de la Unión reprochada al Estado español y el daño supuestamente sufrido por dicha sociedad.

Esta resolución del Consejo de Ministros se basó en dos sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005, según las cuales las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del Derecho de la Unión Europea están sometidas a una regla de agotamiento previo de las vías de recurso, administrativas y judiciales, contra el acto administrativo lesivo adoptado en ejecución de una ley nacional contraria al Derecho comunitario.

El Gobierno español, en su resolución mantenía que el Tribunal de Justicia de la UE era incompetente para pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de resoluciones judiciales como las que conforman la jurisprudencia controvertida, dado que el propio Tribunal Supremo puede modificarla si considera que no es compatible con dicho Derecho.

Sin embargo el Tribunal comunitario entiende que, si bien no le corresponde apreciar la conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión, la jurisprudencia comunitaria ha declarado reiteradamente que es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes a dicho Derecho que pueden permitirle apreciar tal conformidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido.

Finalmente, la sentencia analiza si la vía de reclamación ante la infracción frente a la Constitución es igual que ante la normativa europea, que considera similares y deduce que el principio de equivalencia se opone a la aplicación de una regla como la controvertida en el litigio principal.

Con esta sentencia se da un paso importante hacia la armonización de las normativas nacionales, ya que los plazos no podrán jugar en contra de los contribuyentes, como ocurría en el caso.

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