edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
28/12/2010
Moncloa hace del ministro el 'señor' de todas las guerras eléctricas

Sebastián acaba el ‘annus horribilis’ desbordado, con su antimodelo eléctrico en una mano y los asuntos pendientes en la otra

Salgado capitanea la titulización del déficit y las imposiciones a las eléctricas y encargó a Marín el Real Decreto Ley de urgencia
La única concesión será la liberalización de la TUR desde julio, pero a cambio de congelar los peajes de la tarifa y cargar a eléctricas 1.300 millones más
No ha definido el nuevo PER 2011-2020, no hay Ley de Renovables, ni traspuso en diciembre la Directiva Europea de Renovables; nada de la reforma de la tarifa que pide la CNE
Miguel Sebastián, ministro de Industria
Javier Aldecoa

Desgrana las hojas del calendario y con ellas los tentetiesos impuestos desde Moncloa y las horas pendientes para el último Consejo de Ministros, este jueves 30 de diciembre. Sebastián no ve el momento de pasar página al año y, con él, de decirle al mundo quién será su nuevo secretario de Estado de Energía, si consigue doblarle el pulso a Salgado.  Pero los planes de Zapatero, una vez más, no le dejan ver la luz del mix energético que en Castellana 160 tratan de definir desde junio. Sólo ha conseguido que el cierre de Garoña en 2013 o los recortes a la fotovoltaica ceben los tribunales junto a un centenar de pleitos de las eléctricas contra la Administración. Recoge los añicos del halo de ‘superministro’ en el que Zapatero confiaba para ‘desfacer’ los entuertos de un rompecabezas energético que atrapaba en él a las eléctricas, los consumidores y el Estado, bajo una lluvia de ultimátum: el del déficit de tarifa que debe acabar en 2013, la contención de las primas renovables, la definición del mix energético a 25 años y el impasse del carbón que debe encontrar su reconversión o su cierre antes de 2018. Moncloa revocó desde mayo el ajuste renovable a Sebastián, para finalmente acabar por impulsar ahora un tijeretazo retroactivo a la fotovoltaica de 2.200 millones en tres años; blindó la tarifa eléctrica en julio y ahora sólo permitirá la subida correspondiente a la subasta de Cesur y el coste de generación -un 9,8%- y nada de debate nuclear hasta 2015; Ferraz impone a través de la Subcomisión para el mix a 20 años un 20% de generación renovable para 2020 y no el 22,7% que defiende el ministro. 

Le han llovido las demoras en la titulización del déficit, el fracaso en el Pacto de Estado y el acuerdo descafeinado y sin el PP en la Subcomisión del Congreso para un mix a 25 años. Y en todos Zapatero le pone sus apellidos a la culpabilidad y sus dictados a la obediencia. Sebastián entona la ‘guerra fría’ del silencio a Moncloa. No es casualidad que calle ante los desencuentros con la CNE y su modelo de tarifa, o que haya dejado que Marín defienda la subida de las tarifas y siga dando la cara con las patronales de las renovables -que respaldan su candidatura a Irena- y con el sector minero, que exige la puesta en marcha del Real Decreto de incentivos al carbón.

Tenía un modelo, un calendario y un momento. Miguel Sebastián aspiraba a diseñar un mix energético equilibrado a 25 años, a garantizar la vida útil de las nucleares hasta los sesenta años, a ubicar el ATC y a dejar que el carbón cayera ante Bruselas por su propio peso. El annus horribilis lo ha convertido en ventrílocuo de guiones ajenos y silencios prestados.  La salida -retrasada ya casi un mes respecto a los planes de Sebastián- de Pedro Marín del Ministerio es sólo la gota que acaba de rebasar el memorial de agravios y de desplazar al ministro ‘menguante’. Camina ya  a solas y de puntillas en la cornisa de Castellana 160, maniatado por la voz de Rubalcaba, la herencia de De la Vega, las decisiones de Zapatero y las líneas rojas de Salgado y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  Blanco apadrina la Comisión de Seguimiento de las centrales térmicas, Salgado tiene las riendas de la titulización de la deuda eléctrica con el aval del Estado y, desde ahora, Economía, voz y voto en la negociación futura con las compañías eléctricas, aún a costa de dejar al Ministro aún más arrinconado entre la espada del coste de las renovables -más de 6.500 millones de euros al cierre de 2010- y la pared de Hacienda, que repudia mayores cargas fiscales energéticas -más aún si son finalistas- y neutraliza las opciones de un ‘céntimo verde’. Sólo puede repartir facturas: al PP de nuevo, la del silencio, cuando los populares -que siguen repudiando la subida de la TUR sin recetas para licuar el mecanismo del déficit que ellos crearon en 2004- tengan que decidir si avalan en el Congreso el Real Decreto ley de medidas excepcionales del 23 de diciembre.

Sebastián sacrifica el perfil del mix energético que se prometía para este año y sus silencios en un altar -el de la tarifa eléctrica- en el que Zapatero, Salgado y Rubalcaba ostentan ya el ‘sacerdocio’ de la energía. Por eso coreografía, otra vez, grandes remedios para grandes males. Recortes retroactivos de primas fotovoltaicas que hace un mes no eran posibles (cuando aprobó el RD 1565/2010) para aliviar en 700 millones de euros anuales su retribución -justo la misma cantidad que sumará el Real Decreto del carbón-  aún a riesgo de colapsar el sector solar  y 1.300 millones de nuevas facturas en tres años para las cinco grandes compañías, por los peajes de generación y los costes de ahorro y eficiencia y el bono social que la política de Moncloa ha decidido, pero que no quiere que paguen ni los consumidores, ni los PGE. Cuida la escenografía aunque esta vez Sebastián lo hace con un guión acotado por Elena Salgado, con el miedo a ‘calambrazos’ del Ejecutivo por el recibo de la luz, pero con la voz del aún Secretario de Estado Pedro Marín. Se aferran al ‘aquí y ahora’, aún a costa de alimentar un déficit de tarifa que superará los 19.000 millones en 2011. No habrá más subidas. La cuadratura del círculo de las tarifas eléctricas le explota a Zapatero, pero en las manos de su ministro Sebastián.  Ha sido el primero en asumir que la barra libre con cargo al consumidor de mañana no va más, -a la vista de un déficit que encarará 2011 con más de 20.000 millones- y en aspirar a soltar el lastre de los costes regulados del sistema eléctrico, pero Moncloa aún no se atreve a asumir en público que los ingresos también deberán subir y que, in extremis, llevan los apellidos de los consumidores.

PATADA HACIA ADELANTE A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

Ferraz y Génova se ‘queman’ con la verdad de la tarifa eléctrica y su equipaje histórico. Ni los 4.600 millones de “ahorro” en el conjunto del sistema eléctrico hasta 2013 que proclama el Ministerio de Industria, ni  la subida de la Tarifa de Último Recurso de la luz un 9,8% en enero -unos 38 euros más al año de media para 17 millones de consumidores- impiden que la subida del 1 de enero sea apenas el preludio de lo inevitable durante 2011, en la medida en que afloren los costes y el precio real de la generación eléctrica, en uno de los mercados más baratos de la Unión Europea (30% más barata aún que en Alemania y hasta un 50% que en Italia), aunque durante los últimos tres años el importe de la factura se ha elevado cerca de un 29%.  Zapatero deja  en realidad una bomba de relojería en manos de los consumidores y las compañías eléctricas. Es sólo el principio. Sobre todo si el Gobierno mantiene su propuesta de aumentar los pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros, como compensación a las centrales perjudicadas por el real decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono. Lo saben, en realidad, en Moncloa.

Lo dejaba caer el Secretario de Estado Marín, entre líneas: el Real Decreto está llamado no tanto a evitar las subidas de la factura en enero, sino a contener -o al menos neutralizar su desfase- las subidas desde 2011. El objetivo de la norma es que “todos los agentes contribuyan a la reducción del déficit de tarifa, y no sólo los consumidores”. Lo han asumido ya en Castellana 160 con tanta certeza que la letra pequeña del Real Decreto de este 23 de diciembre recoge -otro susto más para las compañías eléctricas- la subida de los límites máximos anuales que se pueden acumular en déficit de tarifa, 4.000 millones de euros de más entre los tres ejercicios: 5.500 millones en 2010 (frente a los 3.000 que preveía hasta ahora), 3.000 millones en 2011 (en lugar de 2.000) y 1.500 en 2012 (y no 1.000 como preveía). Un estirón que dejará a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC o Endesa con menos margen para reclamar ante los Tribunales el incumplimiento desde el Ejecutivo de su compromiso con el déficit y que, -a cambio, a la vista de que mantiene en 2013 el compromiso de liquidación del déficit- las abocará a diluirlo en “sus” tarifas y buscar fórmulas propias para hacerlo aflorar desde julio de 2011. Suma y sigue en el mar de denuncias de las eléctricas, que se planteaban ya incluso presentar en los tribunales denuncias contra el déficit de tarifa extra para 2011 que la ley, en realidad, prohíbe.

Y es que  ni el recorte con el que ahora Pedro Marín viste la Navidad  -un ahorro de casi 5.000 millones de euros en tres años, según recuerda el comunicado del Ministerio de Industria- será suficiente para diluir un déficit de tarifa que las eléctricas arrastran en las espaldas de sus balances por más 18.000 millones desde 2006, que alcanzará los 20.000 millones en 2011 y los 28.000 -según las propias previsiones de Moncloa- en 2018. Un déficit de tarifa que engorda desde 2004 en la ficción de tarifas irreales alejadas de los costes reales de la energía y lo seguirá haciendo desde el próximo trimestre al calor de los incentivos al carbón. Ya obliga a Industria a modificar la Ley de Presupuestos para 2011 con 22.000 millones de aval para estirar las costuras de la deuda susceptible de titulización: hoy, Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico tiene un Saldo Vivo Máximo del Programa de 25.000 millones y los Presupuestos Generales del Estado de 2010 habían autorizado un aval para un total de 13.500 millones sin perjuicio de que las emisiones puedan realizarse a partir del año que viene.

Por eso, Zapatero y Salgado demarcan sólo la inercia del déficit de tarifa hasta 2013. A pesar de que Sebastián hubiera sido partidario de considerarlo, en Moncloa no quieren ni oír las dudas de la CNE advierte de la “poca presión competitiva de las subastas entre comercializadores de último recurso (Cesur), de cuyo resultado depende cerca del 50% de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y su Consejo de Administración ha pedido al Ministerio que introduzca los cambios regulatorios propuestos por la propia Comisión desde hace tres años para que las subastas de electricidad entre comercializadoras sean “más transparentes y eficientes”. Es verdad también, que la transposición literal de todo el paquete regulatorio europeo le permitiría a la Comisión española de la Energía contar con potestad para sancionar a las empresas directamente y, sobre todo, para fijar las tarifas de luz y gas, lejos del actual procedimiento, que en España sólo permite al regulador sugerir precios y emitir un informe sobre las decisiones del Ministerio. No es nada de lo que en Castellana 160 quieran ni oír hablar. Menos aún en Economía, ahora que Salgado le ha dejado claro al ministro que la última palabra no la tiene él, sino la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  Al fin y al cabo, ya para lograr en julio que la tarifa eléctrica final no subiera y desandar sus propios cálculos, Industria tuvo que contradecir las recomendaciones de la Comisión y pertrecharse en piruetas de artificio: bajar los peajes de acceso un 3% (en lugar de subirlos el 10% que había propuesto apenas un mes antes a la CNE). Y ahora, en la revisión del 1 de enero, la Comisión Delegada apuesta por “no tocar” la parte de la tarifa que incluye los costes regulados para intentar suavizar la subida de los precios de la subasta Cesur del 14 de diciembre, que fue del 21,3%.

SEÑOR DE TODAS LAS GUERRAS CON LAS ELÉCTRICAS

Si el ministro comenzaba el año 2010 con el halo -aún activo- de su proximidad, o al menos su capacidad de comprensión técnica con las eléctricas, acabará 2010 como la ‘bestia negra’ del sector, con más de un centenar de causas pendientes en los tribunales de España y de la Unión Europea, desde el cierre de Garoña en 2013, a la indefinición de los contadores ‘inteligentes’, o los nuevos IBI locales.  El Real Decreto de medidas de urgencia del 23 de diciembre sólo llueve sobre mojado en los desencuentros con el Ministerio. Es cierto que el Moncloa le ha permitido, en el Plan de Acción Industrial para el próximo lustro, que Sebastián haga sitio a una de las reivindicaciones históricas de la CNE y de la patronal UNESA, con la liberalización de la mayor parte de la tarifa eléctrica. Pero las líneas rojas de Salgado y el miedo de Presidencia del Gobierno le han envenenan esa concesión. Con el PIN-2020, desde julio de 2011, con el 90% de los consumidores fuera de la TUR, las eléctricas puedan aflorar los costes reales a los que la tarifa regulada del Gobierno daba la espalda, pero tendrán que digerir un déficit superior a 19.000 millones y un modelo en el que, aparte de los costes de producción, los costes totales regulados, llamados a superar al menos en 3.048 millones los 12.709 millones que ingresará el sistema durante 2011, ahora “sólo” lo harán en unos 2.000 millones, por debajo del techo del déficit de tarifa que Industria sube ahora también para evitar denuncias.

Será, además, a cambio, con 1.300 millones de nuevas facturas en tres años para las cinco grandes compañías: deben correr desde ahora con peajes de generación (0,5 euros por MW/h), con los costes de ahorro y eficiencia a los que Moncloa no le ha podido hacer sitio y el bono social que la política de Zapatero ha decidido prorrogar, pero que no quiere que paguen ni los consumidores, ni los PGE. Si desde la patronal UNESA exigían agilidad en la titulización del déficit por 14.000 millones, aparcado desde noviembre, claridad en la retribución de la distribución (aún les deben más de 750 millones de euros) y un precio de la energía más ajustado a sus costes reales, se han encontrado, por sorpresa con un nuevo ‘menú’ de obligaciones que deben digerir hasta 2013. Un ‘hachazo’ a las eléctricas que llega en plena tormenta energética con Sebastián y Salgado, con la primera emisión de la deuda eléctrica paralizada en la CNMV, (no sólo a la espera de horizontes más receptivos en los mercados, sino pagando aún el retraso por desencuentros técnicos en Industria), aún después de que se lograra el visto bueno del BCE y de la CNMV para un programa de emisiones con el aval del Estado.

Será una vuelta de tuerca más para las generadoras y las distribuidoras, acorraladas en un sistema que prevé inversiones por 106.000 millones de euros en infraestructuras en una década, pero que aún no ha despejado la rentabilidad de los 5.000 millones que invirtieron, que les debe más de 750 millones de euros pendientes en redes, tienen aún pendiente aplicar la nueva retribución establecida por la CNE y ya saben que, tras la propuesta de Industria para la revisión de la tarifa del 1 de enero, espera congelar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y comenzar el año con un déficit de tarifa que rondará los 5.000 millones de euros. Lejos de las entelequias, mientras llega la ‘visibilización’ de los precios del sistema eléctrico, el déficit de tarifa pesa ya sobre los balances y sobre las expectativas de las compañías y teje nuevas sombras sobre el futuro de los usuarios: seis de cada diez euros de la tarifa que pagan hoy se destinan ya a amortizar la ‘hipoteca’ del déficit heredado. Lo saben en Endesa, -ahora que Standard & Poor's (S&P) ha situado su rating a largo plazo de 'A-' en vigilancia 'negativa' por el retraso en la titulización- e Iberdrola, que ha visto como la agencia mantiene su rating, pero situándolo en perspectiva negativa, por el mismo motivo. Le ponía cifras, en la Junta de Accionistas, el presidente de Endesa: sólo para su compañía cada mes de retraso en el pago de esta deuda por los rezagos de la administración se incrementa en 155 millones de euros.

SEBASTIÁN: DE ADALID, A ‘BESTIA NEGRA’ DE LAS RENOVABLES
 
Buscaba un atajo por el que desandar un ‘camino’ verde que, con más de 6.215 millones de euros en primas en 2009 (2.688 de ellos para la solar), el ministro de Industria ya no podía seguir impulsando. Nada que no advirtieran desde la CNE a la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Pero un Paner, tres Reales Decretos y un semestre de guerra con las patronales después, ha acabado por encarnar el ‘bluff’ de la energía verde en España. Sebastián, impulsado por las urgencias de Salgado, el lastre del carbón y los muros con los que Moncloa ha fijado la subida de la TUR (no quería superar el 10%) ha tardado sólo un mes en dejar como papel mojado su regulación de las retribuciones a la tecnología fotovoltaica de noviembre y en calcular que el recorte de las primas fotovoltaicas para las futuras instalaciones previsto en ese Real Decreto iba a afectar en el caso más extremo, a unas 4.000 plantas que son las que pueden construirse  hasta finales de 2020, según el cupo legal que el propio Gobierno estableció a finales de 2008, frente a las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres años. Ni la limitación  a 50 Mw de los parques eólicos y termosolares con derecho a cobrar prima, ni el recorte del 35% (sólo hasta el 31 de diciembre de 2012) de los parques eólicos acogidos al RD 661/2007 (el 16% de la potencia instalada), ni la prohibición a las plantas termoeléctricas de cobrar prima en el primer año de funcionamiento (venderán a tarifa regulada), ni el retraso de la entrada en operación de las plantas termosolares respecto a la fecha prevista en el prerregistro del Real Decreto Ley 6/2009  permitirán ahorrar ni más ni menos que 1.100 millones de euros hasta 2013.

Por eso, consuma, para empezar, el fin de la “fiesta solar” española que llevó, bajo los incentivos del Ejecutivo, después de tres regulaciones en tres años a que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW y promovió que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. La fotovoltaica se llevará hasta 2013 las ‘facturas’ más vistosas de la luz que Moncloa repartí con sus medidas de urgencia del 23 de diciembre, aunque sea a costa de arriesgarse a que el tijeretazo retroactivo generare diez veces más gastos  -por sus repercusiones en los mercados internacionales y en la deuda del Reino de España - que el supuesto ahorro obtenido con ellas. Ya las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad del 5 de agosto. De los 4.600 millones “de ahorro” decretados por Industria en tres años, casi la mitad, 2.220 millones, corresponden a la solar fotovoltaica, 891 millones se refieren al acuerdo ya alcanzado con la termosolar, 670 millones a los planes de ahorro y eficiencia, 588 millones a los peajes a la generación, 232 millones al acuerdo de la eólica y 150 millones a la ampliación a 2013 del bono social. Lo justo para pasar del boom al bluff, después de un año en el que España ha caído como destino de inversión renovable del segundo al octavo lugar y perdió su liderazgo solar. Doce meses en los que el sector vivió una pérdida de valor del mercado español de un 98,5% en menos de un año y medio y a las empresas españolas a destinar un 75% de su producción en 2009 a mercados exteriores.

Según las cifras manejadas por Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), ya una reducción hipotética del 10,4% sobre las tarifas fotovoltaicas ya aprobadas para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 (el 95,5% del total del parque fotovoltaico nacional), significaría la entrada en default de esas instalaciones, al no poder generar los flujos de caja suficiente para asumir su deuda. Y, de acuerdo al informe “Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España” de ASIF, en el caso de que no se instalen los 500 MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación, el país perdería 4.979 millones de euros hasta 2020, una factura mayor que la que Industria pretende ahorrar. Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, del 30%, el resultado será -en palabras de su presidente, Juan Laso- “la quiebra inevitable de la mayoría del sector”, ante las previsiones de impago, bancos y cajas de ahorros se verán obligados a provisionar 20.000 millones. Junto a Appa y AEF acudirán a los tribunales para denunciar “todas las medidas que atenten contra los ingresos de las plantas en funcionamiento de forma retroactiva”, en un Real Decreto que consideran que “vulneran el principio de confianza legítima en las leyes”.

No es sólo un debate energético. También financiero. La banca y los inversores (entre ellos los americanos) con una inversión sólo en el sector que ronda los 15.000 millones de euros podrían sufrir el daño colateral de la rebaja con retroactividad impropia. Según los datos de la patronal bancaria, las entidades financieras que operan en España tienen comprometidos en renovables más de 40.000 millones de euros, en su mayoría project finance, respaldando proyectos donde la deuda bancaria supone un 85% de la inversión y temen una oleada de ejecuciones en los huertos solares. Las patronales fotovoltaicas advierten que, con el Real Decreto del 23 de diciembre, se produciría un incremento promedio de las primas de riesgo de hasta un 0,87% para las eléctricas, un 0,85% para los bancos y un 0,63% para los fondos soberanos españoles.

CONTRARIEDADES INSTITUCIONALES

Ni siquiera las decisiones institucionales en las aristas energéticas de su Ministerio le han salido bien. Nada diferente a lo que ha terminado por pasar con la ‘corte energética’ del Ministro de Industria y sus hombres en la cúpula de Castellana 160. Aunque Pedro Marín no podría llegar a Irena hasta abril y pactó con él  en el cargo al menos unas semanas más, Sebastián quería ahora que se hubiera ido ya, era su única decisión y llegó a anunciar que haría públicos los apellidos de su sucesor a mediados de diciembre. Nada que le hayan permitido ejecutar desde Economía y Moncloa: no sólo porque  esperaban estirar el tiempo muerto hasta acabar de despejar los tres Reales Decretos de retribución a las renovables, la titulización del déficit de tarifa y el futuro del Real Decreto de incentivos al carbón. Sobre todo, porque el ministro -con Fabrizio Hernández en cabeza- buscaba aupar a la Secretaría a algún técnico de su confianza y ha topado con las intenciones de Salgado, de incrementar su supervisión sobre la política energética y de Zapatero, de encontrar un reemplazo a la desilusión con Sebastián.

El annus horribilis y la luz verde en el Congreso a la Ley de Economía Sostenible (LES) dejan sobre la mesa de Sebastián además la derrota de su modelo de los reguladores adscritos a sus competencias, para empezar el de energía. Desde el último intento hace más de un año por doblarle el brazo a los reguladores vinculados a Industria, Sebastián optó por dejarlo pasar y esperar el nuevo perfil de la LES con el recorte de consejeros y un modelo pactado con Elena Salgado, con la CNC, bajo los auspicios de Economía, a cargo de las riendas de la coordinación con la CNE y la CMT. Si Presidencia y el Grupo Socialista acompasaron -y le forzaron- a la interinidad de Maite Costa y cuatro de los consejeros de la Comisión Nacional de la Energía durante más de año y medio a cambio de una solución a medio plazo que Moncloa prometía en 2010, ahora ya sabe que no será con su guión. El apoyo de los nacionalistas vascos a la LES estuvo condicionado a la aceptación por parte del Ejecutivo de la ampliación a los miembros de la Comisión, de cinco a siete y con presencia peneuvista. Con ellos, Moncloa congela la posibilidad de una reforma profunda del modelo de tarifación eléctrica que la CNE acaba de volver a pedir.

Ni la interinidad  ya desde 2009 de tres de sus consejeros y la incertidumbre sobre sus composición y sus competencias impiden al regulador ser una de las primeras voces del sector en criticar un Real Decreto de incentivos del carbón autóctono que, según sus cálculos supondrá el Gobierno mantiene su propuesta de aumentar los pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros, como compensación a las centrales perjudicadas por el real decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono.. La CNE hace saber que cuenta con el tercer paquete legislativo de la UE para reclamar derecho sancionador directo sobre el mercado, pero sobre todo para definir las tarifas por encima del Ministro y está dispuesta a hacerlos valer. Tras el cuestionamiento de las retribuciones al Régimen Especial y la nueva regulación para intentar perseguir el fraude fotovoltaico, las relaciones con la CNE son casi tan malas como cuando Sebastián quiso reemplazar -hace poco más de un año- a Maite Costa por Luis de Guindos después de que la Comisión exigiera subidas de la luz para amortiguar el déficit de tarifa. Lo seguirán siendo, para el ministro, ahora que la nueva regulación de la LES no le deja ya en bandeja la renovación de la presidenta del CNE, que tiene aún dos años más de mandato.

Nada que Industria no prometa formalmente seguir barajando en adelante, aunque esta vez -Zapatero se lo impuso al Ejecutivo en sede parlamentaria- tendrá que ser además a cuatro manos con el PNV y con el calendario del vicepresidente Rubalcaba. A Sebastián le han pasado también por encima los acuerdos de Moncloa con el PNV y CiU. Aún no ha digerido la herencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que echó atrás la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Residuos (ATC) en Zarra, pero ya Miguel Sebastián ha tenido que reconocer que  ha sido el cambio de Gobierno en Cataluña el que ha parado las conversaciones con las comunidades autónomas para alcanzar consenso "social y político" respecto al ATC que ahora Rubalcaba exige. El vicepresidente encabeza ahora el ala de Moncloa y Ferraz que, a la vista de los recelos de Camps, las tribulaciones de Montilla y las contradicciones del Partido Popular son partidarios de enterrar de nuevo el Almacén Temporal Centralizado de Residuos hasta la próxima legislatura, la misma pesadilla que Sebastián arrastra (heredada de los tiempos de Montilla en Castellana) desde hace cinco años. 

BLOQUEO NUCLEAR, PERO A CAMBIO, IMPULSO DEL CARBÓN

Para disgusto del Ministro, que juega su última baza en la candidatura catalana de Ascó, ni las prisas para licitar ahora el ATC y fijar una fecha para el retorno de los 679 m3 de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre, llegarán ya a tiempo. Cada día que pase del 1 de enero de 2011, el coste a pagar a Areva por albergarlos será de 60.000 euros (20.000 sólo por sanciones): casi 22 millones de euros al año. Cuando llegue, será como pronto cinco años más tarde de la fecha inicial prevista por el Ministerio y exigida por el Congreso de los Diputados; estará copado en un 60% por residuos de las ocho centrales y tendrá que despejar antes de su puesta en marcha el plan para el Almacén Definitivo Geológico Profundo que la CE le requiere antes de 2014. Ya sabe que aunque consiga solucionar en diciembre el destino del ATC -Ascó gana opciones- , lo haría ya fuera de ‘cuentas' para el ultimátum de Areva, que no recogerá residuos españoles ni rembolsará las sanciones más allá de 2015. La de los residuos atómicos es sólo uno más de los ‘garoñazos’ que Zapatero ha consumado en los últimos doce meses bajo la mesa para todas las aspiraciones nucleares de Sebastián, las que iban a ser la última revancha energética del ‘ministro menguante’.

Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y  la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de construir nuevos reactores en el medio plazo. Sebastián los sirvió en la mesa de Castellana 160 como compensación al portazo a la central burgalesa y su ‘Plan B’ desde 2013. Luego el Ministro trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta años del parque ya operativo, a imagen y semejanza de EE UU. Finalmente, tanto Industria como el grupo socialista han asumido que ni lo uno, ni lo otro. El Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) 2020 prevé un aumento de la producción nuclear por repotenciación, pero descuenta la capacidad de generación de Garoña y ni siquiera la propuesta de la Subcomisión de Industria del Congreso se atreve a cuestionar su cierre. Una enmienda de la LES entierra la ampliación de las centrales más allá de los cuarenta años y la Subcomisión eliminó el “deber” de perpetuidad hasta 2035 de los ocho reactores. España será el único de los treinta países con centrales que no se plantea ampliar su parque nuclear.

Lo hará, a cambio, con el carbón de Zapatero como el plato más indigesto de su modelo energético. El Presidente se ha enrocado con otra vuelta en la bandera de Rodiezmo, aún a costa de aplicarle otro tentetieso al ministro Miguel Sebastián. En Moncloa no le han perdonado la decisión técnica de no tramitar los incentivos de consumo al carbón autóctono como un decreto ley, con lo que las empresas hubieran visto cerrada la vía judicial del Supremo y de la Audiencia. Pero a falta de la resolución de Luxemburgo en su vista del 10 de enero,  la decisión del Tribunal Supremo de negar las medidas cautelares  solicitadas por las eléctricas acorrala las intenciones del Ministro Sebastián. Moncloa hace trinchera de una cadena de artificios con la que obligar a las centrales a consumir mineral autóctono, a un coste medio del Mwh de 60 euros (frente a los 46 de precio de mercado), con una factura que el regulador cifra en 600 millones de euros en dos años y a pesar de que ya hay 16 millones de toneladas de carbón en stock, suficientes para año y medio de consumo incentivado. Un viaje a ninguna parte que, además, sólo reducirá en un 1,9 millones de toneladas anuales el embotellamiento almacenado ya y al que hasta ahora el Ministro se había negado a subirse. Sebastián sigue sangrando por las heridas del carbón: no sólo porque reconoce que los Presupuestos para 2011 dedican 1.059 millones de euros a todos los ejes de la política energética del Gobierno, frente a por ejemplo la dotación este año de 1.078 millones para el Plan del Carbón.

Sebastián enciende las luces rojas ante un plan que esta vez desde Bruselas exige a Madrid planes concretos de cierre progresivo de las minas no rentables desde 2014. No comulga con un mapa que ha costado hasta ahora y costará hasta el final del Plan Nacional -después de seis años- un promedio de 200.000 euros por cada uno de los 8.000 mineros aún en activo y al que Moncloa siempre le ha dado cuerda desde que en 1998 el primer plan del carbón envió 514 millones de euros sólo en ayudas directas a la actividad minera. La CNE le advierte: aunque consiguiera aplicar el Real Decreto del carbón, tras 600 millones de euros de incentivos, sólo podrá reducir un 10% hasta 2012 el stock acumulado y se encontrará con la misma situación. Durante la presidencia española de la UE ya excluyó el carbón de sus objetivos prioritarios; dejó después que fueran Areces, Marcelino Iglesias y Juan Vicente Herrera (el presidente castellano-leonés) los que hicieran lobby ante Bruselas para tratar de estirar el reglamento de ayudas comunitarias al carbón hasta 2018 y que el Comisario de Competencia, Joaquín Almunia limitara el Real Decreto de incentivos al carbón a 2013 y lo condicionara al cierre de las explotaciones no rentables.

 El titular de Industria sólo aceptó negociar ante la UE, a cambio de buscar compensaciones para las centrales térmicas de carbón importado: hay seis en peligro inminente, (por utilizar carbón importado, más eficiente que el autóctono), pero veía después cómo el ministro José Blanco se hacía cargo de neutralizar las diferencias -y las compensaciones- a las térmicas gallegas. Sebastián ya había delegado en él y en Hernández desde principios de año la digestión del ATC, la guerra con las fotovoltaicas, las molestias de las eléctricas, o el lobby encargado por Zapatero con los ‘barones’ socialistas del carbón. No es casual que en el tiempo muerto de su dimisión anunciada, desde octubre, Pedro Marín se haya convertido en la única cara visible de Industria ante los ‘barones’ del carbón, el interlocutor junto a Hernández en el lobby español para el Parlamento Europeo.

SEBASTIÁN REBOSADO AÚN POR LOS ASUNTOS PENDIENTES

Que habrá que esperar al menos hasta abril por una nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y nuevos decretos sobre energías verdes, -“algunos pactados y otros no”- lo han sabido en el sector sólo por boca del vicepresidente primero y portavoz de Moncloa, después de más de siete meses de cuerpo a cuerpo con Sebastián. El sucesor de Pedro Marín tendrá que hacer frente a la mayoría de la regulación ‘verde’ por ultimar. Hoy no hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables, de la nueva regulación de Eficiencia Energética, o la Ley de Residuos.

Como denuncia la Fundación Renovables, el Gobierno -como ya sucedió con  la anterior directiva de renovables y con la anterior de eficiencia energética de edificios- ha incumplido los plazos para la transposición de la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE tenía el 5 de diciembre como fecha límite para su inclusión en la normativa nacional y, con ella, la oportunidad de la integración de las renovables en la edificación y el transporte y para garantizar la eliminación de “la inestabilidad regulatoria, la complejidad de la tramitación administrativa y las dificultades y falta de transparencia en la conexión a red”, tres de los ítems que, al calor de la normativa que se ha aprobado en España desde 2006, más han empeorado según la CE. Tras los cambios en el borrador del Paner que publicó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la versión definitiva del documento enviada a Bruselas recorta el volumen esperado de reducción de emisiones de GEI por el uso de las energías renovables, desde 678 millones de toneladas de CO2 a 186,8 millones, en la versión definitiva. Una reducción del 72% que resulta especialmente significativa si se compara con las estimaciones previas realizadas por APPA, que cifraba en 661 millones la reducción producida por la generación eléctrica.

Menos aún, Industria ha podido dar a luz durante 2010 a alguna fórmula de compensación al papel de back up al sistema eléctrico de los ciclos combinados. El ministro ha terminado por posponerlo tanto que hasta la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, en su propuesta energética a 25 años le exige establecer un sistema de compensación económica para las centrales de ciclos combinados por su fundamental labor como potencia de respaldo a las renovables para garantizar el suministro.

En lo que va de año Industria ha modificado su propuesta de mix tres veces y todavía se anunciaban nuevos cambios a partir de diciembre en el PER, que ahora tendrán que llegar ya, como pronto, después de enero. No hay ni rastro, tampoco, de la nueva normativa que el Ministerio esperaba dar a luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas y el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema. Las asociaciones del sector buscaban en ella fórmulas de refugio, con la confianza de que podría permitir al mercado -anunciaban desde mayo- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación permite el autoconsumo aislado de luz procedente del sol y, por el contrario, obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla. Por si acaso, el Ministerio apuntalaba ya una nueva norma que esperaba ver la luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas, pero que aún no ha recibido el aval del Consejo de Ministros.

La incertidumbre deja a ciegas, más allá de 2013 incluso a las dos tecnologías menos penalizadas por los recortes del Régimen Especial, la termosolar -de la que Industria espera que quintuplique los 500 Mw instalados en menos de cinco años- y la eólica. Aunque en el Paner enviado a Bruselas en agosto se prevé que en 2020 haya 38.000 Mw de potencia eólica instalados (35.000 en tierra y 3.000 offshore), el camino -regulación, retribución, posible repotenciación, mejoras en integración a la red y almacenamiento- sigue sin edificar ninguno de sus detalles. Y como Alfonso Beltrán -de nuevo otro ‘pecado’ de sinceridad- reconocía, tras su llegada como Director General, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía está empezando a retomar los contactos con todos los sectores renovables para perfilar el nuevo PER (Plan de Energías Renovables) hasta 2020.

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