edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
12/01/2011

Sebastián confunde las medallas y los olvidos del sector TIC

Ana Zarzuela
Se asoma a las fotos ajenas. Y saca de nuevo pecho. Lo hacía el Ministro de Industria en la radiografía del XI Informe de la Sociedad de la Información, lo justo para intentar investirse junto al conjunto de las administraciones públicas como el ‘maquinista’ del tren de la revolución tecnológica al que España -asegura- se ha subido a tiempo. Que sector de las TIC, que representa ya el 6% del PIB, y es el origen del 40% de los incrementos de productividad en España y en la UE “juega un papel trascendental en el futuro de nuestra economía” no hacía falta que lo reafirmara el Ministro. Lo creen, antes de nada, las empresas tecnológicas, que, a pesar de la crisis, del descenso de ingresos y de la caída de la inversión general, han dedicado un 3% más a inversión en I+D en 2010, a pesar del descenso global del 2,4% y de una caída de ingresos del 7%. Nada que hayan incentivado ni los retrasos en el reparto de frecuencias móviles y en un modelo definido de compromisos para el servicio universal de banda ancha, ni menos aún el olvido de una regulación macro en redes de nueva generación.

Se lo recordaban entre líneas, los datos y las advertencias del presidente de Telefónica: el sector, en la última década, ha invertido en España 59.600 millones, de los que la operadora es responsable del 43% y -en palabras de César Alierta- “para conseguir el objetivo de mantener el círculo virtuoso en marcha, el sector, que es intensivo en capital, necesita un marco que favorezca las inversiones”, “como sociedad no nos podemos equivocar en los próximos pasos para extender el uso de las TIC a todos”; “si lo hacemos correctamente la próxima década será al menos tan exitosa como la que dejamos atrás”. Pero Miguel Sebastián hace una costumbre de la secuencia infinita de anuncios para el sector. Consuela el tiempo, entre tanto, con el reciente anuncio de ayudas -en su mayoría créditos- por un importe de 133 millones de euros para mejorar de la cobertura de la banda ancha en el marco del Plan Avanza2. Si le preguntan por las redes de nueva generación, promete definir un marco de confianza y seguridad para las operadoras y movilizar (sin atreverse a decir quíén ni cómo) millones de euros, cuando a partir de abril se apruebe la Ley General de Telecomunicaciones. Pero los 200 millones en créditos blandos para la construcción de redes que prevé destinar el Gobierno en 2011, se les quedan muy cortos a las operadoras,  que descuentan que habrá que invertir en la próxima década en redes  fijas y móviles entre 60.000 y  80.000 millones de euros.

Al calor de los galones de la banda ancha móvil (BAM) española -al fin y al cabo, con  un crecimiento interanual del 8,3% y 2 millones de líneas M2M está entre los diez mayores mercados de la OCDE en usuarios y calidad de conexiones -Sebastián no se resiste a la tentación de colgarse la medalla del reparto de frecuencias móviles y el refarming, el mayor de la historia de España, llamado a definir -con 310 Mhz en liza- el mapa de la telefonía celular de las próximas dos décadas. “El único en la UE que se presenta como un plan conjunto”, llegaba a decir el titular de Industria, aunque Alemania acaba de ejecutar su concurso de subastas y todos los grandes mercados vecinos enfilan procesos de dividendo digital. Es verdad que el borrador sometido a estudio en el Consejo del CATSI del pasado 30 de diciembre plantea un modelo; también, que es en líneas generales el mismo planteamiento presentado el 15 de junio como base para la consulta pública al sector., que Industria no ha querido aún despejar el dilema más decisivo -si habrá concurso, subasta o un modelo mixto y para qué frecuencias- y tampoco si el espectro que se reserva para un ámbito inferior al regional se licitará por comunidades, por provincias o por metros. Además, si su último empujón al calendario se cumple, el proceso no comenzará a definirse hasta el segundo semestre del 2011. ‘Olvida’ también Sebastián que, en la letra pequeña del modelo de reparto de frecuencias y del futuro dividendo digital, ya ha dejado caer que las operadoras tendrán que asumir las facturas de las interferencias y los ajustes entre la TDT, la HD y el uso de las frecuencias móviles.

Sebastián aprovechó su paso por Gran Vía 32 para lanzar al vuelo -aviso para navegantes- que será Industria la que pilote los esfuerzos por regular la protección de la propiedad intelectual y el Plan Nacional de Contenidos Digitales dotado con 200 millones de euros. Pero en planes, redes e infraestructuras de la Sociedad de la Información, tiene que desandar de nuevo algunas promesas, con el ‘polo a tierra’ de Elena Salgado, los PGE y el Plan Avanza. Para Sebastián, desde 2009, el servicio universal de banda ancha a 1 Mps de velocidad mínima iba a ser una de las estrellas del Plan Avanza, primero; uno de los alardes de la Ley de Economía Sostenible, después; finalmente, el epicentro de la Estrategia Digital Europea que se empeñó en hacer ver como una creación de inspiración española, desde su presidencia europea de turno, en el primer semestre de 2010. Ahora, cuando ya ha sobrepasado la fecha inicial prometida -1 de enero- sólo sabe que -como advirtieron las operadoras y la UE- tiene que posponer sus resultados y sus exigencias al menos otro año, echar a tierra el pie del realismo, como sus vecinos en la UE.

Para respiro de las operadoras -que iban a cargar con obligaciones sin tener claro el modelo de inversión ni las compensaciones- no hay aún reglamento y la LES elude los compromisos con fecha y a corto plazo. Acaba de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2011 la vigencia de la prestación del Servicio Universal de Telecomunicaciones por Telefónica, que recoge telefonía fija, Internet, cabinas telefónicas e información telefónica y directorios. Las telecos y la CMT buscarán por su cuenta con el Neba (desde 2012) estirar la penetración del adsl allá donde hasta ahora sólo llega Telefónica. Varias CCAA se lanzan a la fibra con fondos públicos. Como le advertía en diciembre el regulador español a la Setsi, hace falta una estrategia nacional de banda ancha similar a la de algunos vecinos comunitarios (Bruselas sugiere planes de desarrollo quinquenales), que evite ineficiencias y duplicidades, aclare el rol de las operadoras y las administraciones y que potencie el papel de los operadores privados, pero incorpore la intervención pública donde sea necesario, sobre todo en  las zonas menos densas.

Aunque Naciones Unidas sitúa a España en el tercer y noveno puesto mundiales en posibilidad de Participación y desarrollo del gobierno electrónico y las empresas españolas lideran los sectores de e-health (el 98% de los centros dispone de historia digital), facturación electrónica, e-commerce o firma digital, hasta Red.es -el ariete ministerial de su expansión digital- reconoce que el uso del e-DNI se les queda muy corto: sólo un 4,9% de los propietarios lo utiliza para completar trámite- y deja en fuera de juego las posibilidades reales de ejecución de la e-administración: aunque habrá 19,5 millones de DNI electrónicos en 2011, menos de un 20% de los internautas han iniciado algún tipo de gestión electrónica con él y sólo un 3,4% las han acabado; sólo el 1% de las administraciones españolas licita sus concursos por vía electrónica, aunque Bruselas exigía un 50% para este año. El apagón del papel previsto para 2015 tiene aún muchos flecos sueltos; lo sabe el sector de la factura electrónica, que ha visto cómo Industria olvidaba la obligación de facturación digital de las pymes desde el 1 de noviembre y cómo a pesar de los problemas de interacción y operatividad de su modelo, el Ministerio reedita otro Plan Factura-e, que suma a los 71 millones de euros empleados en ella.

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