edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
20/01/2011
Se enreda ante Bruselas y Washington con el tijeretazo a sus 'jardines verdes’

Sebastián, del entusiasmo incontenible a la guerra fotovoltaica en tres años y cuatro regulaciones

El sector acudirá a Bruselas y a la Directiva 28/2009, EE UU amenaza con reciprocidad y los fondos buscan arbitraje para 15.000 millones
España pasó de instalar 2.500 MW entre 2007 y 2008 a 100 Mw de 2009 y 2010 y a ceder liderazgo a Alemania
Algunas CCAA y el PSC exigen que el ICO cubra las refinanciaciones; Sebastián renegocia la prometida regulación del autoconsumo
Ana Zarzuela

Vistió de alarde sus galones renovables e hizo ondear a los ojos de Obama y ante las promesas del Paner 2020 para Bruselas el perfil de la que entre 2007 y 2009 era primera potencia fotovoltaica mundial. Sebastián sopló y sopló sobre las expectativas tecnológicas y financieras de una “fiesta solar” que llevó a instalar 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW -el 45% del total mundial- antes del recorte en un 30% a las primas del RD 1578/2008 y de ponerle puertas al campo con cupos anuales y un pre-registro. Dos Reales Decretos, un Real Decreto Ley y casi un año de guerra con las patronales después, el ministro coreografía, con la misma intensidad y tras la exigencia de Salgado, grandes remedios para los grandes males de un déficit de tarifa al que el Régimen Especial contribuyó con 6.505 millones de euros hasta noviembre: recortes a instalaciones ya operativas que hace dos meses no eran posibles (cuando aprobó el RD 1565/2010) para aliviar en 700 millones de euros anuales hasta 2013 su retribución -la misma cantidad del Real Decreto del carbón-. Lo hace aún a riesgo de colapsar ahora un sector que ya vivió una pérdida de valor del mercado de un 98,5% en menos de un año y medio. Y es que, si Sebastián buscó asegurar la incontestabilidad de los ajustes con una disposición adicional en el Real Decreto Ley 14/2010 para la corrección del déficit, ha destapado la ‘caja de Pandora’ de los partidos políticos que deben ratificarlo y las CCAA y la guerra judicial de 50.000 instalaciones, la mayoría pequeños inversores particulares con créditos garantizados con las primas.

Al cerrar la puerta a las reclamaciones directas nacionales del Real Decreto Ley, son el camino a la CE, la apelación a la Carta Europea de la Energía, la solicitud de arbitraje internacional y las amenazas de reciprocidad estadounidense las que enarbolan ya los inversores extranjeros y las patronales españolas. Y si Sebastián buscaba con el ‘efecto sorpresa’ hacer encajar sin aspavientos el recorte en un 30% de las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas, ya empieza a sospechar que la batalla ‘solar’ no ha hecho más que empezar, sobre todo en las trincheras exteriores. No sólo porque, a falta de opciones directas a domicilio para exigir la nulidad del Real Decreto Ley en el Supremo o la Audiencia Nacional (sólo podrán hacerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los parlamentos y ejecutivos autonómicos) las asociaciones y las empresas llevarán sus escaramuzas judiciales ante Bruselas y reclamarán ante la Comisión Europea “las decisiones del Gobierno por incumplimiento del derecho comunitario”. Enseñan músculo, para empezar-que no es poco- la estrategia conjunta de las tres asociaciones patronales fotovoltaicas. La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se han unido por primera vez en muchos meses no sólo para pedir a los diputados que rechacen el RD-L 14/10; lo hacen, sobre todo, para tejer un frente judicial y diplomático común y un soporte legal unitario -con una plataforma conjunta- a sus asociados.

‘EFECTO REBOTE’ POR EL REAL DECRETO LEY 14/2010

Las demandas al Real Decreto 1565/2010 sí podrán incluir recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo y acciones de responsabilidad patrimonial de la Administración pública ante el Supremo. Pero en el caso del Real Decreto ley 14/2010, las asociaciones -además de influir para que las administraciones capacitadas recurran ante la Audiencia Nacional y planteen una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional- se tendrán que conformar con reclamar responsabilidad patrimonial al Estado. Y hacerlo, sólo, a medida que  los promotores de las plantas vayan viendo cómo los efectos del recorte lastran sus cuentas. No será, como pronto, antes de siete u ocho meses, cuando las plantas vayan agotando el cupo de horas bajo primas previsto y a medida que las liquidaciones de la CNE los vayan dejando de lado.

Sólo la ‘intrahistoria’ en Castellana 160 del Real Decreto Ley permite entender por qué, tan sólo un mes después del Real Decreto 1565/2010 de noviembre que daba por zanjada la regulación fotovoltaica (con recortes a 25 los años con prima y un 45% las primas a instalaciones desde 2012), Miguel Sebastián decidía incluir recortes del 30% a la retribución de las instalaciones ya en funcionamiento en el Real Decreto Ley publicado en el BOE el 24 de diciembre y arriesgarse con ello a un alud de demandas dentro y fuera de España.  El ministro, impulsado por las urgencias de Salgado, el lastre del carbón y los muros con los que Moncloa fijaba la subida de la TUR (no quería superar el 10%) tardaba sólo un mes en dejar como papel mojado su regulación de noviembre y en calcular que el recorte de las primas fotovoltaicas para las futuras instalaciones previsto en ese Real Decreto iba a afectar en el caso más extremo, a unas 4.000 plantas (las que pueden construirse  hasta finales de 2020, según el cupo legal que el propio Gobierno estableció a finales de 2008), frente a las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres años. Confiaba en que Economía y Presidencia se dieran por satisfechas con el ‘decretazo’ del 23 de diciembre que recortaba en 4.600 millones los costes del sistema eléctrico hasta 2013 y los mayores cupos de déficit de tarifa -4.000 millones más hasta 2013-, a cambio de asumir la subida de la tarifa eléctrica del 10,9% el uno de enero y la puerta abierta a seguir subiéndola, para empezar reconociendo el coste de los peajes desde el 1 de abril. 

Por eso, ha terminado por drenar sobre la fotovoltaica -la más costosa y la técnicamente más segura para recortar- sus heridas con Elena Salgado. Por eso, se llevará hasta 2013 las ‘facturas’ más vistosas de las medidas de urgencia (2.200 de los 4.600 millones de euros en tres ejercicios), aunque sea a costa de arriesgarse a que el tijeretazo retroactivo genere diez veces más gastos  -por sus repercusiones en los mercados internacionales y en la deuda del Reino de España - que el supuesto ahorro obtenido. Ni en Economía ni en Presidencia querían además -había orden expresa- arriesgarse al vía crucis judicial como el del Real Decreto de incentivos al consumo del carbón autóctono, que aún no ha podido ver la luz. En ambas instancias le atribuyeron a los errores técnicos del gabinete de Sebastián haberlo tramitado como Real Decreto -y no Decreto Ley- con la puerta abierta a los recursos de las compañías eléctricas ante el Supremo y la Audiencia Nacional.

Pero, a cambio, el ministro tendrá que vérselas para empezar con el resto de los grupos de la Cámara Alta. Lo hará, in extremis en reuniones bilaterales, con las que -a falta de su comparecencia en el Congreso- busca desde esta misma semana atar las voluntades y los votos de los grupos suficientes para poder sacar adelante su Real Decreto Ley 4/2010. En Moncloa le han hecho saber al titular de Industria, desde el mismo Consejo de Ministros -el último del año pasado- en el que se aprobó, que no quieren sorpresas que afecten al conjunto del paquete de medidas del sistema eléctrico, nada de reeditar el impasse con el que la Ley Sinde acabó por paralizar la Ley de Economía Sostenible. Como admite Laso, presidente de AEF, hay "sensibilidad" entre los grupos por la situación de la fotovoltaica, pero es complicado que se paralice una norma muy amplia sólo por lo que afecta a esta tecnología. Sin embargo, Sebastián ya sabe que cuando llegue al pleno del 24 y 25 de enero se encontrará, para empezar, con los recelos de CiU, que pide compensar  los perjuicios para agricultores e inversores  la oposición del Partido Popular, que aboga por tramitar la regulación como Ley -no como Real Decreto ley- para, entre otras cosas, poder incluir enmiendas de última hora.

Si no -prometen en Génova- Ferraz se arriesga a tener que tramitar el Real Decreto Ley sin su respaldo. Y sin el de ERC, que propone que se mantengan en "las mismas condiciones" las primas concedidas a las instalaciones de un "determinado volumen" promovidas por "particulares o entidades ciudadanas", o que al menos se dé la oportunidad a sus propietarios de acogerse a la recuperación de sus inversiones, “haciéndose cargo el Estado”. Un modelo -defienden en el partido de Ridao- similar al de la moratoria nuclear y la compensación a las eléctricas por sus inversiones fallidas en los años 1980. Una opción, en realidad, que sintoniza con la propuesta que ha llegado al Grupo Socialista desde el PSC: que sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de líneas de crédito el que refinancie a los propietarios de plantas solares que queden excluidos del sistema bancario. Además, con la letra pequeña del Real Decreto Ley y sus ‘olvidos’-recorta el número de horas sujetas a prima, no las primas, para no ir más allá de la retroactividad impropia- Industria ha acabado por proponer recortes horarios iguales para todas las Comunidades Autónomas -al margen de su exposición solar y el techo de potencia de instalaciones- y siembra, con ellos, otro nuevo frente de batalla: el de las comunidades autónomas hasta ahora más ‘solares’. Ya las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad del 5 de agosto.

GUERRA JUDICIAL Y DIPLOMÁTICA EN BRUSELAS Y WASHINGTON

Como los técnicos de la APPA advierten desde hace meses, España incumple la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE y no la ha transpuesto, como debía, antes del 5 de diciembre de 2010. Dos sombras que no caen bien en la mesa del Comisario Günter Oettinger y que suman y siguen con las manchas que España ha terminado por echarle a lo que iban a ser sus ‘alardes renovables’ aspiraba a definir en 2010 una Ley de Renovables y de Ahorro Energético -o al menos un nuevo PER hasta 2020- y se atrevió a estrenar el semestre de su presidencia europea fijando el objetivo del 22,7% de renovables.

Pero a Sebastián se le han vuelto ‘calabazas’ sus ‘carrozas’ y ha terminado por airear ante Bruselas los ‘puntos negros’ de un mix no resuelto al sur de los Pirineos, que ha tenido que pinchar a golpes sus ‘burbujas’ tarifarias y al que la Comisión le afea su dependencia foránea superior al 80%, con interconexiones que deben multiplicarse por 40 en una década. En lo que va de año Industria ha modificado su propuesta de mix tres veces y todavía se anunciaban nuevos cambios a partir de diciembre en el PER, que ahora tendrán que llegar ya, como pronto, después de marzo. Es la propia Comisión Europea la que recuerda a Zapatero los riesgos de sus vaivenes solares: “el drástico incremento de la inversión fotovoltaica vivido en España entre 2006 y 2008 fue fruto del Plan de Energías renovables 2005-2010, que establecía unas tarifas muy generosas y permitía instalaciones sin límite”. Una fiebre que remitió en 2008, cuando ante la posibilidad de que el coste de las primas desbordase al Estado -Bruselas dixit- el Gobierno limitó a 500 Mw la capacidad que se  podía instalar cada año.

Moncloa revocó desde mayo el ajuste renovable a Sebastián, para finalmente acabar por impulsar ahora un tijeretazo retroactivo a la fotovoltaica de 2.200 millones en tres años. Como denuncia la Fundación Renovables, el Gobierno -como con  la anterior directiva de renovables y con la de eficiencia energética de edificios- ha incumplido su inclusión en la normativa nacional y, con ella, la oportunidad de la integración de las renovables en la edificación y el transporte y para garantizar la eliminación de “la inestabilidad regulatoria, la complejidad de la tramitación administrativa y las dificultades y falta de transparencia en la conexión a red”, tres de los ítems que, al calor de la normativa que se ha aprobado en España desde 2006, más han empeorado según la CE. Que habrá que esperar al menos hasta abril por una nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y nuevos decretos sobre energías verdes, -“algunos pactados y otros no”- lo han sabido en el sector sólo por boca del vicepresidente primero y portavoz de Moncloa, después de más de siete meses de cuerpo a cuerpo con Sebastián. El sucesor de Pedro Marín tendrá que hacer frente a la mayoría de la regulación ‘verde’ por ultimar. Hoy no hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables, de la nueva regulación de Eficiencia Energética, o la Ley de Residuos.

Pero es que, además, los inversores internacionales -con al menos 15.000 millones dedicados al sector español, la mitad de ellos ligados a la banca europea- ya han hecho saber a Zapatero que estudian un arbitraje internacional para obligar a que el Ejecutivo respete sus inversiones. Como confirmaba Javier Anta, presidente de ASIF, los amparan no sólo la Carta Europea de la Energía (suscrita en los años noventa por los principales países europeos) y los acuerdos bilaterales suscritos con los países de bandera de los inversores, sino la posibilidad de pedir un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial; el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Ya en junio, cuando los recortes de las primas del Régimen Especial aún eran una nebulosa bajo negociación, el diputado de CiU, D. Ramon Tremosa, denunció ante el Parlamento Europeo la retroactividad fotovoltaica, “por atentar contra la Carta Europea de la Energía y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscritos por España”.

El sector había llegado a asumir los ajustes del RD 1565/2010 de noviembre, sólo se referían a plantas futuras; y al fin y al cabo, hubo momentos en los que temieron un ajuste de hasta el 65% en las instalaciones de suelo. Pero como adelantaba El Confidencial en diciembre, desde que se conoció el Real Decreto Ley, las grandes multinacionales y sobre todos los fondos e inversores internacionales revivieron la rebelión diplomática que, en junio llevó al presidente Zapatero a paralizar los recortes -con retroactividad impropia- diseñados por Miguel Sebastián, tras iniciativas como una misiva suscrita por AES Solar, Ampere, Element Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax, NIBC Infraestructure, Platina y 9/Ren. Y a la vista -con más fuerza disuasoria aún- de los recelos y las amenazas de la Casa Blanca. En la memoria del ministro de Industria resuenan aún los ecos de los avisos del Embajador Alant Solomont. EE UU amenaza - que se empezó a cocinar la nueva regulación- con aplicar el espejo de la reciprocidad a las inversiones españolas renovables y con represalias si las suyas corren peligro. Las fotovoltaicas para empezar, aunque el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ex secretario de estado de Energía durante el gobierno Clinton, había ya invitado a las empresas de la AEF a realizar un viaje a Nuevo México para poder avanzar en futuros planes de cooperación financiera e industrial, para seguir iniciativas como la de Gestamp Solar, implantada ya en ese estado. Pero ni las certidumbres en un sector termosolar -con la promesa de recuperar el nivel de primas desde 2013- en el que se concentran las mayores inversiones de empresas y fondos americanos (una planta cuesta unos 300 millones de euros) en España, ni la solución a las opciones de la norteamericana Solar Reserve apaciguan a la diplomacia estadounidense, ahora que el FT predice la fuga de los inversores institucionales “tras el corte solar español”.

El salto empezaba ya hace meses, tras los pasos de la rescatada aseguradora estadounidense AIG, que tenía tres proyectos fotovoltaicos de 35,4 MW y hace un año las vendió a la firma británica de capital riesgo HG Capital por 300 millones de euros. Un horizonte similar al que describe la estadounidense SunEdison: la compañía ha instalado 330 plantas solares y gestiona 110 MW en EE UU, de los que 280 proyectos son en tejados. Llegó a España en 2007 y construyó 19 MW hasta finales de 2009: sigue buscando cómo invertir entre 200 y 250 millones de euros en el sol de España, pero no da con el mapa de las certezas de Sebastián, apostará entre tanto por un gran proyecto en Italia y su entrada en Francia y Grecia. Pero no son las empresas, sino los fondos los más expuestos. Sus reproches llueven sobre mojado en los avisos del presidente de la Cámara de Comercio España-EEUU y fundador de Global Strategies, especializada en diplomacia corporativa: desde 2010 advierte que el gobierno de Zapatero “tendrá que ofrecer más garantías y mejores condiciones y medir mucho sus cambios legislativos para atraer las inversiones de EEUU en energías verdes”. Y en el antecedente de la termosolar en 2009 que terminó  con la marcha atrás en la reforma en el Senado y la derogación que CiU proponía para la termosolar.

Estados Unidos es el primer inversor en España, con un stock de inversión de 43.000 millones de euros, el 17% del total de la inversión exterior directa y cerca de 650 empresas. Pero en renovables, los lobbies norteamericanos se lo piensan ya dos veces ante la volatilidad del marco regulador y la complejidad regulatoria de las 17 legislaciones autonómicas. Para empezar, se ha convertido en el ‘escarmiento’ que los republicanos y su prensa afín agitan ante la administración de Obama. Si en 2009 el Washington Post resaltaba en su artículo Spain´s Answer to Unemployment: Go Green, que el perfil de España era el Estado con mayores posibilidades de crear “empleo verde” y de asumir un millón de los puestos de trabajo perdidos durante la próxima década, ahora, junto al New York Times han hecho del perfil español y el antecedente fotovoltaico el “antimodelo” de las renovables estadounidenses. El NYT ha llegado a destacar en su portada el ejemplo de Puertollano como la protagonista de una “dolorosa caída”, después del boom que en 2008 llevó a España a atesorar la mitad de la instalación de dispositivos de energía solar del mundo y a quintuplicar en doce meses su capacidad, hasta 2,5 gigavatios, “tras el guante lanzado con los generosos incentivos del Gobierno”.

SEBASTIÁN: DE ADALID, A ‘BESTIA NEGRA’ DE LOS FOTOVOLTAICOS

El Ministro ha conseguido zafarse del cara a cara con el sector fotovoltaico en los últimos meses: desde que en julio dejó la negociación en la vía muerta,  ni en la ASIF, ni en la AEF, ni en APPA han vuelto a tener noticias directas de Miguel Sebastián y de sus enviados sobre la regulación al sector; ni siquiera de su ya ex Secretario de Estado, Pedro Marín, por sea quien haya mantenido -y mantenga aún ahora- la mejor sintonía con la mayor parte de las empresas renovables y sus patronales y que haya recibido de ellas el beneplácito para su candidatura en IRENA. El mensaje del Ministro en esa última reunión en verano -“los fotovoltaicos estáis cada vez más solos”- se ha convertido desde entonces en consigna en Castellana 160, en un estigma ante el resto del sector eléctrico. No es de extrañar que en el ‘menú’ de solicitudes al Ministerio que desgrana Juan Laso, el presidente de AEF, el retorno al diálogo encabece la lista, junto a la “seguridad jurídica y regulatoria a medio plazo”. 

Pero será, en el mejor de los casos el nuevo Secretario de Estado, Fabricio Hernández el interlocutor al máximo nivel que Sebastián les designe. En el día a día, ya es el nuevo Director General del IDAE, Alfonso Beltrán el que intenta ‘cocinar’ desde diciembre el nuevo PER (Plan de Energías Renovables) que debe regir la letra pequeña de las tecnologías del Régimen Especial desde este mismo año. Lejos quedan ahora -lo recuerdan en el sector- las fotos con las que hace apenas dos años, en 2008, el Presidente Zapatero cerraba filas con su ministro para ponerle cara juntos, cada vez que se presentaba la oportunidad, a la campaña “España Solar” de la que Moncloa se encargaba directamente; lejos, también, la euforia renovable con la que se investía -hace poco más de un año- la diplomacia hacia Barack Obama y con la que Miguel Sebastián paseaba los galones de la entonces primera potencia fotovoltaica por la Feria Solar Power en EE UU. Ya no pudo reeditarlo en la edición de 2010, en octubre.

El ‘tijeretazo’ no está tan despejado. Ni siquiera es tan definitivo, en contra de las promesas de Sebastián, que ve en el Real Decreto Ley Un ajuste "temporal, razonable, proporcionado y necesario si se quiere garantizar el futuro del sistema eléctrico español". Si el ministro esperaba dar por zanjado su ‘annus horribilis’ de la energía con la revisión de los costes del Régimen Especial -2.200 millones a lomos de las expectativas fotovoltaicas- y las nuevas facturas por 1.600 millones a las compañías eléctricas en los próximos tres años, ya sabe que no será suficiente. No sólo porque sólo con nuevas alzas podrá drenar -o al menos taponar- un déficit llamado a rebasar los 20.000 millones en 2011 y que debe diluirse en 2013. Sino porque mientras Costa sugiere “que no sean sólo los consumidores eléctricos los que asuman el coste de primas a renovables”, tanto en Economía como en los despachos de Zapatero, apuntan a una reforma pactada, a medio plazo y más medular desde 2011, con nuevos ajustes de costes antes que mayores ingresos vía tarifa al sistema.

Elena Salgado esperaba en noviembre convencer a Moody's “antes de tres meses” de que mejorara su perspectiva sobre España. Y sabe que, a pesar del efecto tranquilizante inicial del Real Decreto Ley de medidas urgentes de costes energéticos, ni el retraso en la titulización del déficit de tarifa hasta que se consumó la emisión de 3.000 millones en enero ni ahora el tijeretazo retroactivo en la solar fotovoltaica ayudan. Según las cifras manejadas por Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), ya una reducción hipotética del 10,4% sobre las tarifas fotovoltaicas para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 (el 95,5% del total del parque fotovoltaico nacional), significaría la entrada en default de esas instalaciones, al no poder generar los flujos de caja suficiente para asumir su deuda. Respecto a los cortes de emergencia (y de segunda generación), de acuerdo al informe “Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España”, en el caso de que no se instalen los 500 MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación, el país perdería 4.979 millones de euros hasta 2020, una factura mayor que la que Industria pretende ahorrar.

Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, del 30%, el resultado será -en palabras de su presidente, Juan Laso- “la quiebra inevitable de la mayoría del sector”, ante las previsiones de impago, bancos y cajas de ahorros se verán obligados a provisionar 20.000 millones. Según sus datos, el nuevo Real Decreto Ley haría que los ingresos del sector se contrajeran un 27%, después de un año en el que ya han desaparecido más de 15.000 empleos, en lo que las patronales consideran “una moratoria de facto” en su actividad desde el RD del año 2008 y meses de indefinición regulatoria, que mantenían durante 2010 -según sus informes- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas. No es sólo un debate energético. También financiero. La banca y los inversores (entre ellos los americanos) con una inversión sólo en el sector que ronda los 15.000 millones de euros podrían sufrir el daño colateral de la rebaja con retroactividad impropia. Según los datos de la patronal bancaria, las entidades financieras que operan en España tienen comprometidos en renovables más de 40.000 millones de euros, en su mayoría project finance, respaldando proyectos donde la deuda bancaria supone un 85% de la inversión y temen una oleada de ejecuciones en los huertos solares. Las patronales fotovoltaicas, con el estudio en la mano de la firma británica Opinion Research Business entre 80 inversores que gestionan activos por valor de ocho billones de euros,  advierten que, con el Real Decreto del 23 de diciembre, se produciría un incremento promedio de las primas de riesgo de hasta un 0,87% para las eléctricas, un 0,85% para los bancos y un 0,63% para los fondos soberanos españoles.

DE VAIVÉN EN VAIVÉN, HASTA LAS PUERTAS DEL RIESGO

Sebastián permitió, después de tres regulaciones en tres años, que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de los 500MW previstos, e incentivó que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. España era, con mucho, el mercado más atractivo del momento. Un imán para proyectos no sólo de generación de electricidad, sino también de carácter industrial. Incluso -el propio ministro lo reconocía- de interés puramente financiero, al calor de unos ‘huertos solares’ que prometían rentabilidades superiores al 15%. Nada que en realidad las renovables no hicieran bajo la ‘ebriedad’ de las expectativas de retribución, pero también bajo un paraguas de legalidad, amparadas en una directiva europea y en los planes de Industria, que sólo tenía ojos para una estimación de demanda eléctrica que nunca llegó y una remuneración a la solar 10 veces superior a la eólica (430 euros por MWh generado). Nada que haya podido mantener, después de que las primas al Régimen Especial en 2009 se dispararan hasta los 6.200 millones de euros, 2.600 de ellos para la solar.

Las fotovoltaicas intentan ‘limpiarse’ las manchas de un déficit de tarifa que -en palabras de García Breva- “no lo generó la fotovoltaica”, que  sólo oculta "los verdaderos problemas" del sector: las ayudas al carbón (más de 600 millones anuales) y la necesidad de modificar la formación de precios del ‘pool’. Achacan a la cogeneración más de 1.100 millones del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 15% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética. Pero mientras la potencia instalada de energías renovables ha pasado de 19.320 megavatios (MW) a 33.266 MW entre 2005 y 2010, lo que supone un incremento del 72%, mientras que las primas recibidas por estas tecnologías han experimentado un incremento del 387%, hasta más de 6.000 millones en 2009, según el informe Energías Renovables 2010, elaborado por el departamento de Gestión del Conocimiento de Torres y Carrera, Consultores de Comunicación.

Aunque las asociaciones empresariales solares sólo se atribuyen un 10% de los casi 20.000 millones de euros de déficit de tarifa con los que España espera cerrar 2011 e Industria y recuerdan ahora los dictámenes de la CNE (que achaca al carbón, el Ministerio de Industria calcula que las primas a las renovables (que han cubierto el 35% de la demanda, seis puntos más que el año anterior y no lejos del 40% de objetivo en electricidad para 2020) se situarán en 2011 en 4.719 millones de euros y en la mesa de Sebastián pesan las cifras del informe de liquidación que Maite Costa le dejaba esta misma semana: las primas dedicadas al sector han pasado de 1.245 millones de euros de 2005 a 6.071 millones en 2009, lo que supone más que cuadruplicar esta partida en apenas cinco años. Y en los 11 primeros meses de 2010, las primas al régimen especial, entre las que figuran las energías renovables, ascendieron a 6.505 millones, lo que supera en 1.108 millones, o en un 21%, la previsión inicial del regulador. Seguirá rebasando sus líneas rojas incluso tras el ‘ahorro’ adicional de 2.200 millones en renovables del RDL (una media de 700 millones anuales), ya que la Comisión preveía -antes de su publicación- que en 2011 el coste del régimen especial ascendería a 6.759 millones, lo que equivale al 38% del coste de las actividades reguladas.

España instaló en 2008 2.511 Mw -el 45% del total mundial- pero se bebió sus glorias en apenas un año. Después vino el repliegue, con la entrada en vigor del RD 1578/2008, sustitutivo del RD 661/2007 y la intención expresa ya en aquel momento de aterrizar la euforia solar con la que Moncloa anunciaba como la norma “definitiva”. Desde entonces, más de un año de incertidumbre, a la espera de otra nueva regulación, que Industria ha terminado por desgranar en un Real Decreto y un Decreto Ley. Finalmente, la parálisis. En 2010, las instalaciones del sector habrán rondado 100 Mw, frente a 1.500 de Italia o 7.000 Alemania -con muchísima menos radiación solar que en España-. Y, con ella, una pérdida de valor del mercado español de un 98,5% en menos de un año y medio y una  fuga que ha llevado a los inversores y productores internacionales a instalar menos de 100 Mw en 2009 y otros tantos en 2010 en España. La industria solar fotovoltaica, compuesta por unos 50 fabricantes, después de haber consumado en 2009 una presencia exterior del 50% de las empresas, ya operó en el mejor de los casos al 25% de su capacidad durante 2009 y tuvo que exportar el 75% de su producción ante la inexistencia de mercado interior.

El declive nacional de la industria llega además ahora que la producción de paneles fotovoltaicos batía un nuevo record en 2009 con 10.700 megawatios fabricados a nivel mundial, un incremento del 15% respecto al año anterior, pero muy lejos de la euforia de 2008, cuando el crecimiento de la producción de disparó un 89%. Lo justo para que el país con más irradiación solar de toda Europa haya cedido ya el liderazgo que tuvo entre 2005 y 2008. Y -en palabras de ASIF- “esté perdiendo el tren” en el que Alemania o China viajan ya a doble velocidad. En 2010, mientras que el mercado español -extrapolando los datos más recientes de la CNE- rondará los 100 MW, en Francia se instalaron 500 MW, en Italia 1.500 MW y en Alemania 7.000 MW, según el rango más bajo de las estimaciones de la European Photovoltaic Industry Association, a pesar de que todos han comenzado a operar recortes en las primas, al mismo tiempo que a potenciar los ‘huertos urbanos’ con instalaciones pequeñas en tejados y autoconsumo.

No son sólo los ajustes progresivos en todas las primas renovables -a medida que algunas tecnologías han ido madurando- y el aterrizaje en las expectativas del mercado español de las renovables tras el boom fallido de la fotovoltaica los que explican que en sólo dos años España haya perdido cuatro puestos en el ranking de inversiones mundiales del sector en el conjunto de las renovables. Según los datos del Instituto de la Energía del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que manejan las patronales, el atractivo solar está ya muy lejos. Alemania, líder de un  mercado fotovoltaico internacional sigue creciendo por encima del 10% año tras año, con instalaciones en la primera mitad de 2010, estimadas en 3 GW y uno de cada dos nuevos módulos instalados en los últimos doce meses en el mundo, gracias al horizonte de las modificaciones de las tarifas de introducción del Acta de Energías Renovables (EEG) aprobadas a principios de julio del año pasado, y del ajuste previsto el 1 de octubre para promover el segmento de los tejados.

Los promotores y fabricantes españoles, tras los pasos de Solaria, Fotowatio, o Isofotón (que ha llegado a un acuerdo con la eléctrica china CGNPC para desarrollar proyectos con tecnología de alta concentración), redoblan sus apuestas por el liderazgo germano -ya con la mitad de los Mw instalados en los últimos doce meses-, el auge italiano, las opciones estadounidenses (donde la fotovoltaica total conectada a la red se duplica cada dos años, pero sin primas), o las opciones de los emergentes chino e indio. La búsqueda de mercados exteriores había servido hasta ahora de bálsamo a los fabricantes y los instaladores. Otra cosa serán los propietarios de las plantas ya en marcha. El recorte de hasta el 30% en sus primas siembra más que sombras sobre la viabilidad de la financiación de unas instalaciones con apalancamientos entre el 80 y el 90%, que se sustentan sobre préstamos garantizados con las propias primas futuras, con plazos de  8-10 años (las pequeñas) y a 15-20 años (las grandes), que tardan entre 12 y 15 años en rentabilizar la inversión realizada en su construcción y que ahora tendrán que refinanciarse en los espejos de las incertidumbres bancarias, o directamente, declararse en concurso.

MÁS FLECOS AÚN PENDIENTES: FRAUDE Y ATOCONSUMO 

Sebastián baraja aún las cifras del otro ‘tijeretazo’ fotovoltaico, el de las plantas que han cobrado las primas más favorables del RD 661/2007 de forma fraudulenta. El Consejo de Ministros decretaba el 29 de julio la supresión de la concesión de primas a las instalaciones que el 29 de septiembre de 2008 no dispusieran de todos los paneles fotovoltaicos comprometidos en su proyecto. Al fin y al cabo, habían sido las propias AEF y APPA las que dejaron en bandeja el castigo a los tramposos. Las patronales calculaban que las instalaciones irregulares pueden llegar a 600 Mw (1/5 del total) y, sobre todo, que acabar con ellas ahorraría hasta 600-800 millones de euros en primas. Pero  la ‘amnistía para los confesos’ les permitió la posibilidad de renuncia al régimen económico del Real Decreto 661/2007 sin sanciones. Una purga que concluyó con un balance por debajo de las expectativas: 907 instalaciones con una potencia conjunta de 64 megavatios (MW) se acogieron a esta amnistía fotovoltaica, con lo que pasarán a cobrar una prima inferior sin recibir castigo, al tiempo que Industria ahorra 17 millones al año y un total de 430 millones al término de la vida de estas plantas.

Tras el cuestionamiento de las retribuciones al Régimen Especial (Maite Costa era la primera en advertir que en 2010 batieron el récord de 6788 millones de euros) y la regulación del Decreto ley de Transitividad del 5 de agosto para intentar perseguir el fraude fotovoltaico,  la Comisión Nacional de la Energía ha intentado limpiar las manchas de las dudas que el Ministerio echó desde 2009 sobre su capacidad para destapar y contener las irregularidades en la retribución a los huertos solares. Como avanzaba El Mundo, acaba de dejar sobre la mesa de Sebastián y Hernández los resultados de su última investigación fotovoltaica y con ellos, un ultimátum para el Ministerio, impelido ahora a definir sanciones, aún a costa de chocar contra las CCAA que otorgaron licencias a plantas solares para acogerse a las primas favorables del RD 661/2007 aunque no contaban con capacidad para operar ni verter a la red sus Mw renovables. De los 4.016 huertos sospechosos investigados, 3.016 se hicieron con la licencia sin estar operativos, 264 producen más energía de la autorizada y 682 no tienen la documentación en regla. Y la CNE e Industria van ahora a por otras 9.041 plantas, del total de 50.000 instalaciones en activo en el mercado español. La Fiscalía General del Estado asegura haber iniciado a instancias del Ministerio de Industria actuaciones por vía penal contra algunos casos “clamorosos” de fraude fotovoltaico, al margen de las medidas administrativas del Gobierno para retirar la actual prima a las instalaciones irregulares.

EL CONSUELO DE LAS PEQUEÑAS INSTALACIONES AL MODO ALEMÁN

El trío de grandes asociaciones del sector aboga por la fusión con otros sistemas renovables, como un sistema mixto eólico-solar o solar fotovoltaico-térmico, para obtener un mayor rendimiento a las placas solares fotovoltaicas, o por la energía solar fotovoltaica de concentración, que aprovecha la radiación solar con una eficiencia de un 40%, el doble que las convencionales. Pero sobre todo, la fotovoltaica, intenta facilitar la generación distribuida y abrirle a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban desde mayo las asociaciones- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación permite el autoconsumo aislado de luz procedente del sol y, por el contrario, obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla. Pero países como Alemania, Italia y Bélgica permiten que los particulares instalen paneles, utilicen la electricidad generada en sus propias necesidades y vendan el sobrante a la red, lo que conlleva emitir una factura adicional para los autoconsumidores en la que se reflejen los pagos o cobros que correspondan, ya sea la compensación por autoconsumo (cobro) o los impuestos y los peajes a la compañía distribuidora de electricidad (pagos).

Según los datos que maneja el sector español, “a mediados de la próxima década podrían llegar a la paridad de red, (antes en el Sur del país) será tan rentable usar la fotovoltaica para autoproducirse la electricidad que para comprarla”. Los particulares podrán autoconsumir entre el 60% y el 80% de su energía generada -y vender a la red sólo el excedente-, mientras las estimaciones para las industrias se reducen a entre el 30% y el 50%.El ministro parecía, hasta octubre tan receptivo a ese modelo que, después de los planes de su propio Idae- el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético- anunció que apuntalaba una nueva norma antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas, con un Real Decreto de Regulación de la Conexión a Red de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Pequeña Potencia. Pero la ‘tercera vía’ para la  fotovoltaica sigue aún en la nevera de la negociación de Castellana 160, y con ella, la opción de una serie de normas que facilitarán el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.

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