edición: 2576 , Miércoles, 17 octubre 2018
24/06/2010

Sebastián, desautorizado por Zapatero, Ferraz, la UE y EE UU, ya no sabe cómo salirse de la burbuja fotovoltaica

Ante la UE y EE UU, Zapatero niega recortes retroactivos; ante Griñan, Vara y Barreda, estudia ‘amnistíar’ a las plantas que cobran en fraude las primas más altas
Industria quiere una rebaja de 1.000 millones anuales o reducir un 30% las primas de las plantas ya operativas, o un límite de horas, o tres años de moratoria total
Javier Aldecoa

Quería pasar a la historia y va camino de hacerlo, pero por la puerta de salida. Sebastián se dejó querer por los halagos de Obama hacia el segundo mercado fotovoltaico más potente del mundo. Sopló y sopló hasta inflar unas expectativas solares a las que ahora intenta expulsar de la mesa de sus promesas. Permitió, después de tres regulaciones en tres años, que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW, e incentivó que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. Nada que en realidad las renovables no hicieran bajo un paraguas de legalidad, amparadas en una directiva europea y en los planes de Industria, que sólo tenía ojos para una estimación de demanda eléctrica que nunca llegó y una remuneración a la solar 10 veces superior a la eólica (430 euros por MWh generado). Nada que Sebastián pueda mantener, después de que las primas al Régimen Especial en 2009 se dispararan hasta los 6.200 millones de euros, 2.600 de ellos para la solar. Hoy, el Ministerio sólo sabe que quiere una rebaja de 1.000 millones anuales fotovoltaicos. Zapatero se lo piensa dos veces, no sólo porque las patronales le advierten que con los recortes retroactivos al menos la mitad de los 10.000 millones prestados por cajas y bancos derivarían en insolvencias. Es que la estrategia de ‘globos sonda’ de Sebastián, que pasa de negar los recortes retroactivos a exigir una rebaja del 30% en las horas primadas le empieza a salir cara a Moncloa. Bruselas amenaza con sanciones si se pone en riesgo la seguridad jurídica o el objetivo del 22,7% en renovables en 2020; Londres y París exigen claridad para un modelo en el que los inversores internacionales tienen ya en juego 10.000 millones de euros. Obama amenaza con represalias recíprocas a las inversiones ‘verdes’ españolas en EE UU si las suyas corren peligro.

Trata de quitarse las manchas de sus acelerones con el freno de mano de un nuevo modelo de retribuciones a la fotovoltaica y de bajarse, a trompicones, de la nube de sus ensueños solares. Hoy, a Sebastián le explotan a la vez en la mesa todas las ‘burbujas’ fotovoltaicas: las de la retribución presente -lo reconoce el ministro- son insostenibles: las solares (99% fotovoltaica) recibieron casi el 60% de las primas a las renovables en 2009 y aportaron solo el 12% de la generación renovable. Las burbujas del debate para un nuevo modelo solar mantienen -según las patronales- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas y han paralizado dos salidas a Bolsa (Renovalia y T-Solar) en el último mes. El año de transición que fijaba antes de que se bajaran las tarifas un 30% con el RD 1578/2008, provocó un efecto llamada entre el sector que supuso la instalación entre agosto de 2007 y agosto de 2008 de una potencia de 3.500 megavatios cuando el Plan de Energías Renovables apenas contemplaba 400. La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. Ya tras el boom en 2007 que llevó a que a finales de 2008 la potencia instalada fuera 10 veces superior a la establecida en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, durante el pasado ejercicio, la ralentización hasta 500 MW fijada por el Ministerio de Industria para contener al sector finalmente derivó en la instalación ‘sólo’ de 70 MW, por los recelos regulatorios, cinco meses de parálisis por el nuevo registro de preasignación de retribución y la caída en un 50% del precio de los paneles en un año.

MALABARES CON CUATRO ‘GENERACIONES DE BURBUJAS SOLARES

Las fábricas operaron en 2009 al 25% de capacidad y exportaron el 75% de la producción, y el valor del mercado cayó un 98%, de 16.380 millones a 233 millones, (también según cifras del informe anual de ASIF). Desde hace un mes, las ‘burbujas’ de las irregularidades del pasado dejan de nuevo al titular de Industria entre la espada de las sospechas que le facilitan ASIF y APPA y las paredes de los recursos de la CNE y de las líneas rojas legales de la Administración. Finalmente, es la ‘burbuja’ del futuro, la del modelo de retribución, las horas de producción y la capacidad instalada hasta 2020 la que le explota a Sebastián en las manos, con los avisos de Moncloa, de Bruselas y de Washington. No le acaba de salir la ecuación solar tampoco hacia el futuro.

Sebastián aún no sabe si ‘soplar o sorber’ sobre la fotovoltaica, sólo asume que tiene sobre la mesa la obligación de llegar al 22,7% de producción total renovable en 2020 y que ni quiere una subida de la factura eléctrica más allá del 4% para el 1 de julio, ni puede sostener un nivel de primas a las energías verdes que en 2009 le dispararon de nuevo el déficit con 6.215 millones destinados al Régimen Especial, un desfase de 2.206 millones frente a lo previsto según la CNE. Al ministro se le acaban todos los limbos. El del calendario, le obliga a un nuevo Plan de Renovables 2011-2015 antes de fin de año. El del mix energético, con la demanda a la baja, subvenciona la energía más cara, mientras las eléctricas se ven obligadas a disminuir la producción tradicional. Ya no sabe cómo bajarse de la nube verde, sólo que en plena batalla con el sector requerirá  más de 30.000 millones de inversión en la próxima década, casi un 40% extranjera.

Pero es el propio Marín el que niega ahora la mayor: nada de retroactividad. En Industria niegan la ‘paternidad’ de todos los rumores y las propuestas, a pesar de que las asociaciones fotovoltaicas aseguran que el Secretario de Estado en persona les planteó el 15 de junio un recorte retroactivo del 30% en las primas a los proyectos ya en marcha, así como una rebaja del 45% a las futuras plantas de suelo, del 25% a las grandes instalaciones en tejado y del 5% a las pequeñas. Les daba entonces, incluso, un plazo de 48 horas para responder o ‘contra-proponer’. Era la primera de las ecuaciones de Sebastián para conseguir un recorte -que según los propios cálculos del Ministerio- llegue hasta 1.000 millones de euros en primas a las instalaciones fotovoltaicas. Nada que hoy, después de la reunión con las patronales del lunes 22 sigan sosteniendo en voz alta. “La conversación sigue abierta”, es el único credo, de nuevo, del ministerio, que empieza a digerir el enfado de Presidencia de Gobierno por las ampollas y la desconfianza que la ‘batalla’ solar española ha levantado ya allende los Pirineos.

DE ‘GLOBO’ EN ‘GLOBO’, SIN SALIDA DEL LABERINTO

Sebastián se pasea entre los rumores que empuja a ir sembrando al propio Marín y al Director General, Antonio Hernández, que ya en la antesala de la segunda reunión con  las asociaciones solares y durante la Convención de la patronal eólica, el pasado 15 de junio, daba ‘pistas’ de las claves de nuevos topes de producción horaria por tecnología: durante 2009 y 2010 la producción media de las plantas solares fue de 2.000 horas cuando estaba previsto que fuera de 1.300, un exceso de producción que en moneda corriente es un coste extra de 1.000 millones de euros. Industria planea ahora, más bien, un binomio aún difuso: por un lado, pide “un esfuerzo coyuntural” por tres años, pero sobre todo, sugiere uno permanente: limitar las horas de prima a la solar para ahorrar 3.000 millones hasta 2013.

El ‘tijeretazo’ ya no sería a la cuantía de la prima por megavatio hora, sino al número de horas en que estas instalaciones podrán disfrutar de los incentivos: 1.200 para paneles fijos y 1.664 horas para los de dos ejes, las cifras que, según Industria, aparecen recogidas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, muy lejos de las 1.600 y más de 2.000 horas, respectivamente en las que se mueven esos parques en condiciones normales. Toda la producción obtenida fuera de esos corsés temporales se pagaría a precio del mercado eléctrico (pool). Un ‘atajo’ dialéctico  para intentar esquivar las sospechas de retroactividad impropia que, de paso, le permitiría a Moncloa ahorrar esos mismos mil millones cada año (el 40% de los 2.600 millones recibidos en 2009), un total de 3.000 hasta 2013. Pero que, por más que se vista de limitación horaria, afectaría tanto a las instalaciones ya operativas acogidas al real decreto 661/2007 y al real decreto 1578/2008, como a las que se instalen en el futuro y supondría, en términos reales una limitación entre el 30% y el 40% de la retribución del sector, también para las plantas ya operativas.

El Ministro no encuentra salida a su propio laberinto verde sin hacer pagar a las empresas, los inversores y sus financiadores las facturas de la retroactividad, aunque sea  ‘impropia’. Los números sobre los que trabaja pasan por reducir al menos en 1.000 millones las primas que cobra anualmente la fotovoltaica, que en 2009 alcanzaron los 2.600 millones de euros. Un objetivo imposible si sólo aplica los recortes a las instalaciones futuras: la inmensa mayoría unos 48.000 frente a las 51.207 actuales) se rigen por el viejo sistema del decreto 661/2007 y -como el propio sector le espetaba a Sebastián durante los últimos meses-, la estenosis del nuevo modelo del Real Decreto 1.578/2008 y el parón de 2009 redujo hasta en un 90% la nueva actividad del sector. Si no, el Plan C de Industria pasa, simplemente, por tres años de moratoria fotovoltaica. “No sé si quieren vestir de lagarterana la tarifa”, denunciaba  Javier Anta, el presidente de Asif durante la presentación del Informe Anual 2010. Para su asociación, la posición de Industria es “aterradora”, supone aplicar una “retroactividad” o “pseudoretroactividad” al sector.

En palabras del presidente de Appa, es injusto castigar al sector porque la normativa estuviera mal hecha. “Si se nos cambia un lado de la ecuación, con las inversiones ya hechas, se nos está engañando”. A la vista de 10.000 millones de euros ya paralizados por el riesgo regulatorio en todo el sector renovable, ya Rafael Benjumea, consejero delegado de Fotowatio, advertía en El País, del efecto perverso que el simple ruido sobre una posible retroactividad está teniendo en los mercados internacionales, “agravando la perdida de confianza de España y poniendo en riesgo la llegada de capitales a nuestro país”. Según los datos de la patronal bancaria, las entidades financieras que operan en España tienen comprometidos en las renovables más de 40.000 millones de euros, en su mayoría project finance, respaldando proyectos donde la deuda bancaria supone un 85% de la inversión y temen una oleada de ejecuciones en los huertos solares. ANPER - que agrupa a 1.050 productores- ha mostrado su queja a las embajadas de Francia, Alemania y EE UU y denunciará ante la Agencia Europea de la Energía la propuesta de recortar un 30% la tarifa para las plantas instaladas, si prospera. Según la entidad, la retroactividad, que no tiene cabida en la ley que regula el sector eléctrico, llevaría a la ruina a 50.000 productores, afectaría a la valoración riesgo país al menos 60 puntos básicos, con el consiguiente aumento del coste de la deuda soberana (al menos 4.000 millones de euros) y la pérdida de recursos de inversión. Y al menos la mitad de los 10.000 millones prestados por cajas y bancos serían insolvencias, un 20% de ellas definitivas (1.000 millones).

A Sebastián se le acumulan los ‘avisos para navegantes’. Y no son las amenazas de una avalancha de “miles de pleitos” por parte de las patronales Appa, Asif y AEF las que más preocupan en Castellana 160. Tampoco la advertencia de las asociaciones a los partidos políticos de que un recorte del 30% o su equivalente, sobre todo si es retroactivo, “provocaría la insolvencia de la mayoría de los proyectos dada su habitual estructura de financiación a través de importantes niveles de deuda estructurada a largo plazo”. Desde que en marzo Industria hizo llegar a algunas empresas y asociaciones los primeros rumores de ajustes y el final del ‘café para todos’ en las retribuciones a las renovables, el ministro ya sabía que la Subcomisión de Industria del Congreso, presidida por el socialista Antonio Cuevas (que capitanea el trabajo para llegar a un acuerdo político de un mix de generación a 25 años), no era precisamente entusiasta con rebajas retroactivas a la retribución del Régimen Especial. Pero, por si las dudas, ahora que Moncloa y Ferraz le encienden las luces rojas, el Grupo Socialista no ha querido ser menos. El pleno del Congreso aprobaba ayer una moción en la que exige al Gobierno “mantener la rentabilidad de las inversiones en instalaciones de energías renovables y a respetar la seguridad jurídica de los proyectos que ya están en funcionamiento”. La Cámara recuerda que “es necesario sancionar a los productores de energías renovables que hayan cometido infracciones legales, pero sin afectar a los derechos de todos los demás”. Una alusión con nombre y apellidos a las sanciones a las instalaciones fotovoltaicas sospechosas de fraude, con las que Sebastián tampoco sabe aún qué hacer.

La propia Asif avisa sobre las pretensiones de “amnistía” que sopesa Industria. El Ministerio está pensando en ofrecer la posibilidad de que las instalaciones irregulares puedan ‘salir a la luz’, confesar y acogerse simplemente a las tarifas iniciales del RD 1578/2008, sin agitar más el proceso de expedientes abiertos, para sorpresa de las patronales, dispuestas a echar por la borda a los ‘irregulares’, para hacer justicia y sitio. Acabar con los ‘tramposos’, descuentan en ASIF, supondría reducir primas hasta un 30%, entre 500 y 800 millones al año (al reducir la retribución de los 45 a 32 céntimos el megavatio), si tal como le han transmitido a Industria hay hasta 600 Mw sospechosas aferradas a primas del 661/2007que se salvaron del ajuste del RD 1578/ 2008 con permisos de las CCAA, pero sin condiciones reales de operatividad. Pero las sospechas y las competencias de Industria chocan con las licencias otorgadas por las CCAA en 2008, en particular Barreda, Fernández Vara y Griñán. No sólo es que las tres CCAA feudo de los barones socialistas sean las tres líderes en solar fotovoltaica y concentren más de la mitad de la potencia instalada: según los datos que maneja la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), Castilla-La Mancha disponía al cierre de 2009 de 728,96 megavatios; le siguen Andalucía, con 728,96, y Extremadura, con 398,21 megavatios, respectivamente. Es que, además, son las tres autonomías sobre las que concentran el 80% de las instalaciones bajo sospecha.

ESPANTO EN BRUSELAS Y WASHINGTON

La Unión Europea le ha advertido que permanece en mucho más que una ‘espera activa’ respeto a la energía solar española, la Comisión no digiere bien los vaivenes de Sebastián, lo que considera puede ser un “go and stop” renovable. En palabras a Bloomberg de la portavoz del mismísimo comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, “Bruselas podría expedientar a España si la nueva regulación genera demasiada incertidumbre en el sector y pone en peligro los objetivos de renovables pactados con el resto de los veintisiete: el 20% antes de 2020”. El eurodiputado Ramon Tremosa denunció la semana pasada ante el Parlamento Europeo que la retroactividad fotovoltaica, atenta contra la carta europea de la energía y los acuerdos de promoción y protección recíproca de Inversiones suscritos por España. Una realidad que no coge ya por sorpresa a la City londinense. A pesar de que el ministro se empeña en asegurar a las patronales renovables que no habrá problemas con los bancos y los inversores, como adelantaba Cinco Días, una decena de inversores internacionales, representantes de fondos de pensiones y compañías de seguros, con inversiones de más de 3.000 millones de euros en fotovoltaica en España, liderados por HgCapital, Hudson Clean Energy, 9Ren, NIBC Infraestructure Partners, Hazel Capital, Impax o Ampere Equity Fund han escrito también una carta a Rodríguez Zapatero, para exigirle que se posicione claramente en contra de la rebaja de la retribución a las instalaciones que ya están en marcha.

Entre los 60 grandes fondos aglutinados en el Institutional Investors Group on Climate Chage (IIGCC) que han pedido a Moncloa que reconsidere “cuidadosamente” sus propuestas, la mayoría son europeos, con Robeco, BNP Paribas, CB Richard Ellis, Schroders, Aviva, Amundi y HSBC en cabeza. Al fin y al cabo, según datos del sector, el capital extranjero comprometido sólo en la solar fotovoltaica supera los 10.000 millones de euros, con una exposición relevante -7.000 millones- por gran parte de la banca europea. Desde el sector, calculan que unos 10.000 millones de euros de los 15.000 que los bancos tienen invertidos en las plantas fotovoltaicas se verían afectados por un cambio retroactivo. De acuerdo a los cálculos de Cotizalia, no son otros que RBS, Nordbank y Dexia, los más implicados y los que resultarían más “pillados” con ajustes retroactivos al modelo de retribución de las instalaciones fotovoltaicas. Además, los proveedores de más del 50% del coste de los proyectos solares existentes son los grandes fabricantes internacionales, con compañías como Solarworld (Alemania), First Solar (EEUU), Q Cells (Alemania), o Suntech (China) en cabeza.

Los vaivenes de la regulación española y el pulso fotovoltaico de Miguel Sebastian no pasan inadvertidos desde los escaparates estadounidenses. Todo lo contrario. Si el vicepresidente Joe Biden le encendía las luces de las advertencias a Moncloa durante su  visita oficial a España el 7 de mayo con un mensaje claro -nada de retroactividad en los recortes a las primas-, ahora es el propio presidente Obama el que se cuida de acudir al ejemplo ibérico y trasponerlo a su opinión pública, ahora que, tras el vertido de BP, apuesta por reactivar sus planes de producción renovable norteamericana. Ya ha aprendido que el ‘made in Spain’ solar es un arma arrojadiza contra él en manos de los republicanos. “Esto se debe a que España, hoy al borde de la ruina, se comprometió a invertir su gasto público catastróficamente hinchado, incluyendo recortes drásticos en los subsidios a su antieconómica industria fotovoltaica”, escribía el columnista del  Washington Post, Charles Krauthammer. Hasta el New York Times hace poco menos de dos meses, destacaba en su portada el ejemplo de Puertollano como la protagonista de una “dolorosa caída”, después del boom “tras el guante lanzado con los generosos incentivos del Gobierno”.

Desde que en sus tiempos como presidente electo Obama visitaba la fábrica de Acciona en EE UU con un Plan de Estímulo bajo el brazo para cubrir con energías limpias el 25% de la demanda de electricidad en Estados Unidos en 2025 y 15.000 millones de dólares para los próximos diez años, ha hecho ondear al menos una docena de veces en público la bandera de la energía española, un modelo en el que el 24% de la producción eléctrica procede de energías renovables, frente a sólo el 7% en EE UU. Para la Casa Blanca se había convertido, junto a la iniciativa de Japón y Alemania, en referente para sus planes de duplicar en cinco años la producción renovable norteamericana. Pero desde el 28 de mayo, no lo ha hecho más.

Pero además, para preocupación de las grandes inversores españolas en EE UU, el lobby diplomático amenaza con ‘represalias’ a domicilio: ni la doble tributación, ni la inseguridad jurídica, ni la falta de concesiones por parte de la administración ayudan a la reciprocidad en las inversiones solares. Se lo advierte el embajador Alan Solomont: EEUU acusa a España de discriminar a sus empresas en los contratos públicos, en particular los de ‘energías verdes’. España con un monto que UU aumentó en 29.000 millones de dólares en los últimos cuatro años es el décimo inversor en EE UU, pero se ha hecho ya con la mitad de los 1.500 millones de dólares que el plan de estímulo de Obama dedicó a las energías renovables. La Administración Obama advierte bajo la mesa que se lo podría pensar dos veces -en brazos de la retroactividad- con las nuevas licitaciones -pretende invertir 15.000 millones durante 10 años en energía verde- que esperan Abengoa, Iberdrola Renovables, o Acciona, que acaba de anunciar la inversión de 225 millones de euros para construir un parque de 132 megavatios en Oklahoma.

Y es que en medio de la incertidumbre (y la polémica) por la reforma del sistema de primas de las energías renovables, España ya ha empezado a perder atractivo para los inversores energéticos en este trimestre. No son sólo los ajustes progresivos en las primasy el aterrizaje en las expectativas del mercado español de las renovables tras el boom fallido de la fotovoltaica en los noventa los que explican que en sólo dos años haya perdido dos puestos en el ranking de inversiones mundiales del sector según el informe de la consultora Ernst & Young. Es verdad que sigue ocupando aún el sexto lugar en el ránking  de los mejores países para invertir en el sector de las energías limpias y que aún sostiene un segundo lugar en el segmento termosolar, pero en tan sólo dos años ha perdido dos puestos en la escala global -por detrás de Estados Unidos, China, Alemania, India e Italia- y le ha dicho adiós a su liderazgo solar, en pro de Alemania.

LA FOTOVOLTAICA BUSCA SALVAGUARDAS

Menos aún hay todavía respuesta a la “Propuesta de reparto de costes para el soporte de la curva de aprendizaje de las energías renovables" que las patronales Appa, Asif, GiWatt y Ricam, entre otras, le han hecho llegar al ministro. Exigen que los sectores del gas y del petróleo carguen con su cuota correspondiente de los costes que supone el recorrido de la curva de aprendizaje de las renovables y de la obligación de cumplir con los objetivos vinculantes de la Directiva de Renovables 2009/28/CE (que exige que el 20% del consumo energético final bruto sea renovable en 2020) porque, “a pesar de tener el mayor peso en la estructura energética de cobertura de la demanda (electricidad (25%), gas (19%) y petróleo y derivados (56%), estos costes los están asumiendo únicamente los consumidores de electricidad”. No se trataría de crear un impuesto directo al usuario de gasolinas o de gas natural (el céntimo verde en sentido estricto), sino una tasa específica a las petroleras y a las empresas del gas, que se encargaría de cobrar la Comisión Nacional de Energía y que no es rechazada de plano ni por las grandes eléctricas, ni por la vicepresidencia económica.

Las patronales intentan ‘limpiarse’ las manchas del déficit de tarifa, achacan a la cogeneración más de 1.100 millones de los 6.000 que se atribuyen a las primas del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 15% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética. Aunque las grandes eléctricas aseguran que los gastos del sistema (transporte y distribución) se han incrementado un 32% desde 2006 mientras que los costes asociados, donde se encuentran las primas a las renovables, se han disparado un 340%.  ASIF sugiere revisar ineficiencias en el conjunto del sector (como los windfall profits del parque de generación ya amortizado, los sobrecostes extrapeninsulares y por restricciones técnicas, o la optimización del sistema tarifario del último recurso) y que podrían tener un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. La fotovoltaica, además, le abre a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban- crecer un 35% y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla.

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