edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
02/04/2009

Sebastián echa lamparones también sobre las energías limpias

Javier Aldecoa

Quiere hacer del mantra del ahorro energético su única arma y del sector de las renovables su aliado forzoso; pero no son las eléctricas y las nucleares las únicas que levantan las picas contra el ministro y le recuerdan que a la ecuación de su mix energético le sobra más de una incógnita. Sebastián saca pecho en los galones del líder eólico mundial y los halagos de Barack Obama. Pero su ‘marcha verde’ destiñe en las barreras del Ministerio las demoras regulatorias y los problemas de financiación.

El sector espera el santo advenimiento de la ley de energías renovables que Miguel Sebastián cocina, promesa, tras promesa, en el horno de sus desidias desde hace más de un año. La última, marca el mes de julio. La orfandad del mapa oficial de zonas para aerogeneradores que el Ministerio no ultima estrangula la eólica marina y paraliza proyectos por 6.000 Mw en un país que estaba llamado a liderar el sector; las dilaciones y la falta de recursos oficiales dejan a los biocombustibles en España brazos del dumping y a la mitad de las plantas paradas; y las empresas fotovoltaicas denuncian a voz en grito que las tenazas del ministro han duplicado el recorte de primas a las instalaciones marcado por la ley.

El ministro de Industria se consuela en la potencia teórica de las costas españolas. Mira al viento y le sopla el embudo de la eólica marina, ése que hace que aún no haya un solo molino en aguas del litoral español y que proyectos por 6GW- equivalentes a la producción de seis centrales nucleares- esperen en el congelador, bajo la llave del los trámites administrativos oficiales y un marco confortable que no acaban de llegar. La dificultad para instalar aerogeneradores en una placa continental que adquiere muy rápidamente gran profundidad no es su mayor obstáculo. Aunque España es el, tercer país del mundo con mayor capacidad instalada de energía eólica terrestre y una de las geografías con más costa de la UE, la demora legislativa y el mapa de zonas para aerogeneradores que se le atasca a Industria frenan al menos dos grandes proyectos de Iberdrola Renovables - líder en producción eólica mundial- por al menos 3.000 Mw, uno de Acciona en el Golfo de Cádiz por 1.000 Mw y el horizonte de las demás. Los de Miguel Sebastián y el Ministerio de Medio Ambiente se amparan en el burladero de la dificultad técnica, en la necesidad de un estudio ambiental previo. El mapa hace más de un año que no llega – no lo hará probablemente antes del Plan de Energías Renovables 2011-2020, que se prevé que esté listo en junio de 2010- y la Asociación Empresarial Eólica estima que a partir de la aprobación de este mapa, aún se tarden al menos seis  años en ver la producción de la eólica marina nacional. 

No son las estrecheces del sistema financiero las que manchan la medalla de oro de la eólica española, -que espera primas de 1.300 millones en 2009, después de los 1.100 de 2008-, sino las preocupaciones por el nuevo marco retributivo en un año en el que podría aprobarse la nueva norma sobre energías renovables. Sebastián achica su cielo, en una mano el déficit de tarifa que no acaba de despejar con las eléctricas, en la otra, la inquietud del sector por las demoras de la regulación definitiva.  Acciona es el baluarte de esa prudencia: si en 2007 puso a funcionar 636,1 megavatios, en el pasado ejercicio apenas contó con el acta de puesta en marcha de 27 megavatios, el 1,7% del total del sector. En 2008 se instalaron en España 1.609,11 MW eólicos con lo que la potencia acumulada a 1 de enero de 2009 es de 16.740,32 MW, según el Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica, un techo que consolida a España como tercer país del mundo en potencia instalada y debería permitir alcanzar en 2010 el objetivo de 20.155 MW del Plan de Energías Renovables 2005-2010.

SIN GENDARME PARA LOS BIOCOMBUSTIBLES

El dumping y la erosión de las importaciones subvencionadas a bajo precio desde los EE UU han copado la mitad del consumo y han lastrado hasta ahora el despegue de los biocombustibles en España –carente de mecanismos legales internos de protección- y nutren las distancias entre la capacidad instalada de biodiésel, que en 2008 fue de más de dos millones de toneladas, y la demanda del mercado local, que no llegó a 600.000 toneladas. La mitad de las plantas de biodiésel están paradas y las cuatro que existen de bioetanol, al 60% de su capacidad. Durante 2008, de las 36 plantas con capacidad para producir este biocarburante, dos terceras partes no funcionaron o lo hicieron por debajo del 10% de su capacidad y sólo cuatro plantas produjeron por encima del 50% de sus posibilidades. En conjunto, el sector funcionó al 9% de su capacidad productiva, según la asociación APPA Biocarburantes. Un horizonte que ni la reforma de la ley de la Ley de Hidrocarburos y el desarrollo posterior de la orden desde el 1 de enero de este año (con la obligada la mezcla de un 3,4% durante el presente ejercicio y del 5,83% en el siguiente) ni las medidas antiantidumping y antisubvención aprobadas hace menos de un mes por la Comisión Europea han podido cambiar. La explicación pasa, una vez más, por Miguel Sebastián. Bruselas obliga a que cualquier litro de biodiésel que entre por las fronteras de la UE tenga que pagar un recargo añadido durante al menos cuatro meses y que las empresas estadounidenses paguen entre 208 y 237 euros por tonelada exportada en los aranceles más elevados.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no sólo dilató la tramitación de la Orden de obligación de biocarburantes, aprobándola sólo dos meses y medio antes del inicio de su aplicación pese a haberla presentado más de un año antes. Las limitaciones de la CNE –recuerda la APPA- lastran el control en España de esa certificación –en sus menos desde el 1 de enero- y hacen que no sea completamente efectivo al sur de los Pirineos hasta dentro de varios meses. Es más, la Circular que debe regular la puesta en marcha y gestión de la obligación de biocarburantes por parte de la CNE aún no está en vigor y el Ministerio de Economía y Hacienda sigue sin haber autorizado a la Comisión la contratación del personal que ésta lleva tiempo solicitándole para poder cumplir adecuadamente sus obligaciones de gestión.

España ocupa el tercer puesto del ranking global eólico en cuanto a capacidad total instalada y el segundo energía solar, pero ahora que BP Solar anuncia el cierre de dos de sus instalaciones y suprime 480 puestos de trabajo no son sólo las asociaciones del sector las que creen que las demoras, las incertidumbres y los desencuentros de Industria con las grandes empresas verdes no están a la altura de la “ejemplaridad” de las renovables españolas que hasta Barack Obama alabó. Después de más de un año de desencuentros, la Asociación de la Industria Fotovoltaica mira al Ministerio de Industria y le pone el apellido de Sebastián a las estrecheces del sector en los últimos doce meses. Le acusa de aplicar un recorte adicional -hasta el doble- en las primas a las instalaciones de suelo superior al máximo trimestral del 2,5% fijado en el Real Decreto 1578/2008, que regula esta actividad desde octubre del año pasado. Hasta tal punto que, según la ASIF, Industria ha aplicado rebajas hasta alcanzar el 4% y ha terminado por acotar un laberinto huérfano del reglamento de calidad de las instalaciones, embrollado por los procedimientos de conexión y con poco oxígeno para los promotores fotovoltaicos: están obligados a una licencia de obras y a pagar el impuesto de construcciones y obras, de hasta el 4% de la inversión del proyecto, cuando ni siquiera se conoce si  podrá llevarse a cabo y los pequeños proyectos dependen de la autorización administrativa de las comunidades autónomas.

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