edición: 3024 , Miércoles, 5 agosto 2020
13/01/2011
Un secretario de Estado colgado como 'punching bag'
Fabricio Hernández, secretario de Estado de Energía

Sebastián empieza a preparar a Fabricio Hernández para hacer de parachoques ante otro ‘annus horribilis’ en energía

Asume de Marín la interlocución que el ministro perdió: lidiará con la guerra de las fotovoltaicas y presidirá la Comisión del Plan del Carbón que Sebastián no quiso ni tocar en nueve meses
Sebastián ya trató de aprovechar su relación con las eléctricas para que neutralizara el ‘decretazo’ del 23 de diciembre, aunque aún no había sido nombrado
En su agenda, entre la espada de Salgado y los muros 'verdes’ de Beltrán en el IDAE, se le agolpan ya el PER, la Ley de Renovables, la renovación de la CNE, o el PIN
Javier Aldecoa

Se anota una muesca de mando, la única, en los añicos de su perfil menguante. O eso hace ver. Sebastián no encontraba el momento de pasar página al año y, con él, de presentarle al mundo a un nuevo secretario de Estado de Energía de perfil técnico con el que borrar la fuga de su otrora amigo Pedro Marín y, de paso, neutralizar a los candidatos de Salgado y Zapatero. Tanto, que ni el mes de retraso, ni su inexperiencia política, ni las líneas rojas de su trayectoria -dos años de inhibición en asuntos y frente a empresas que haya asesorado- le impiden al titular de Industria empujar a Fabricio Hernández a enfundarse, de urgencia, el traje de ‘secundario’ para un guión en el que Sebastián perdió ya mucha ‘letra’. El hasta ahora director del área energética de Nera tiene sobre la mesa casi el mismo ‘menú’ que tuvo que digerir a solas el anterior secretario de Estado: si Marín tuvo que redactar el Real Decreto ley del 23 de diciembre, Sebastián intenta desde entonces encontrar en Hernández una ‘vacuna’ a los recelos de las eléctricas por los 1.300 millones de euros de nuevos costes y las demoras en la solución de un déficit que -a pesar de la titulización- superará los 20.000 millones en 2011. Era, para el nuevo ‘número dos’ de Energía, sólo el preludio de las ‘escenas’ que desgrana oficialmente desde esta semana. Hereda la interlocución que el ministro perdió a manos de sus ‘segundos’ durante 2010, para empezar con las renovables y el carbón; aprovechará su sensibilidad gasista para cuestionar la retribución de los ciclos combinados. Lo hará, eso sí, sin que su ‘superior’ haya podido echar abajo los tentetiesos de Presidencia y Economía.

Elena Salgado tiene las riendas de la titulización y Economía, voz y voto en la negociación futura con las eléctricas y la revisión de la tarifa eléctrica en abril; Rubalcaba suma fuerzas para amansar la batalla de los residuos nucleares hasta la próxima legislatura. Ferraz impone a través de la Subcomisión para el mix a 20 años un 20% de generación renovable para 2020 y no el 22,7% que defiende el ministro.  Tras un año en el que a Sebastián le han llovido las demoras en la titulización del déficit, el fracaso en el Pacto de Estado y el acuerdo descafeinado y sin el PP en la Subcomisión del Congreso para un mix a 25 años, tendrá que ‘desfacer’ los entuertos de un rompecabezas energético acotado por una lluvia de ultimátum sobre Moncloa. Intentará hacerlo con el escudo de su nuevo Secretario de Estado. A Hernández le esperan las escaramuzas de la renovación de la CNE, la aplicación del PIN 2020 y su nuevo modelo de tarifación eléctrica y gasista, la regulación definitiva del marco retributivo y de los objetivos del Régimen Especial, media docena de leyes pendientes y el ‘deja vu’ de los costes del sistema eléctrico, que Industria sólo ha podido recortar en unos 3.000 millones de euros al año.
 
Miguel Sebastián probó a disfrazar de despido o de cese bajo control lo que primero iba a ser una dimisión unilateral de Marín -que su superior no quiso aceptar en octubre- y luego una avanzadilla diplomática para ‘vengar’ el golpe galo de 2009 y recuperar para España la Dirección General de IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables. Intentó después encontrar a ‘su hombre’ entre sus asesores de confianza y altos técnicos del IDAE, el CDTI, o incluso entre los apellidos con más experiencia en OMEL (ya que las eléctricas piden una reforma de la bolsa del operador del mercado mayorista de la electricidad), la Comisión Nacional de la Energía -lo que le permitiría rebajar tensiones con el nuevo regulador cuando se reforme tras la LES- o algún Think Tank o Fundación de su sintonía. Finalmente, ha terminado por hacer suyo, con Fabricio Hernández, el candidato que su antecesor, el propio Pedro Marín (esposo de una antigua consultora de Nera), le había dejado en bandeja como peaje para facilitar su salida del cargo. No porque el vínculo con el hasta entonces asesor de Nera Consulting fuera estrecho con el Ministro -no lo había apenas en realidad- sino porque era su última baza para imponerse a los recelos de Moncloa y a los designios de Elena Salgado, que intentaban imponer un perfil más político y, junto con Carlos Ocaña tener la última palabra en las repercusiones de la política energética sobre el déficit público. Tanto como para que Sebastián dejara caer el nombre de Hernández ante los medios antes incluso de que Marín hiciera oficial su candidatura a IRENA. Y como para llegar a prometer que anunciaría el nombramiento a mediados de diciembre.

Tanto como para que ahora el Ministro, con ‘su’ fichaje a bordo, haya empezado a dejar sobre la mesa de Hernández la bitácora de sus nuevos deberes energéticos. Y las líneas rojas de su perfil. Y, si fuera por los dos primeros ‘actos’ de su nuevo guión, el nuevo Secretario de Estado ya sabe que no será precisamente el del alto perfil. Su nombramiento, ante 100 invitados -entre ellos los presidentes de REE, Gas Natural, o Acciona- llegaba este 11 de enero con Miguel Sebastián, la mayor parte del Ejecutivo, los directivos de las energéticas y los medios de comunicación entregados a la presentación del Informe de la Economía de Zapatero en Moncloa. Nada que no hubiera ejecutado Miguel Sebastián, de hecho, con Marín e incluso con su ‘segundo’, el Director General de Energía, Antonio Hernández. Al fin y al cabo, ya desde enero de 2010, durante todo el semestre de la presidencia española de la UE empezó a dejar en manos de Marín y de su director general de Energía, Antonio Hernández, algunos de los  ‘muertos’ más embarazosos del sector, las relaciones con los actores que han resultado más incómodos para Sebastián (las renovables para empezar), las molestias de las compañías eléctricas y los puentes con Moncloa ante las dos imposiciones personales del Presidente Zapatero: el incentivo al consumo de carbón autóctono (el lobby con los ‘barones’ socialistas del carbón) y el tentetieso a la energía nuclear (Garoña, la vida útil de los reactores y la ubicación del Almacén Temporal).

No es casual que fuera también el Secretario de Estado el encargado el viernes 17 de septiembre -por cierto, con diferentes interlocutores y mensajes que Sebastián- de intentar poner de largo la decisión sobre el ATC que luego De la Vega chafó. Marín llegó a comunicar formalmente, antes del Consejo de Ministros de ese día a José María Barreda su ‘alivio’ ante el municipio de Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca), y al vicepresidente valenciano sus ‘opciones’ preferentes. Un antecedente con el que ahora Hernández tiene el encargo de buscar ‘llaves’ al desbloqueo del ATC en Zarra o Ascó, a pesar de que Alfredo Pérez Rubalcaba encabeza a los que en Moncloa están dispuestos ya  a esperar a la siguiente legislatura y de que son los dos vicepresidentes los que lideran la negociación con CiU, tras la investidura de Artur Mas, que puede resucitar las opciones de la candidatura de Ascó.

VICTORIA ‘PÍRRICA’ DEL MINISTRO

El Ministro ha impuesto sus tentetiesos a Marín hasta el último segundo y con tal ‘entrega’ que terminó por hacer de su ‘segundo’ el depositario de los endebles puentes con las eléctricas, las renovables, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta económica y los 'think tanks' más cercanos a Ferraz. Marín se convirtió en la cara oficial para la foto del acuerdo marco con las patronales eólicas y termosolares fraguado en agosto. Y tras dos meses de retrasos, con el Real Decreto para la fotovoltaica aparcado en el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, no era otro que el Director General de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, el que avanzaba la nueva regulación fotovoltaica de noviembre con 72 horas de antelación. Que Sebastián ha terminado por perder ‘la cara’ de las empresas y las patronales renovables se lo recordaba el propio Pedro Marín con su último 'tour de force', al convocar en diciembre el respaldo público (aún en plena regulación pendiente del sector) de las asociaciones del sector para sus planes profesionales en IRENA. Lo hacían desde Secartis, hasta Protermosolar, pasando por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Asociación Empresarial Eólica (AEE), o la Asociación Solar de la Industria Térmica. Las mismas que cerraban filas, de nuevo, con Marín en su despedida oficial, hasta el punto de opacar el acto de investidura de Fabricio Hernández del 11 de enero y que, desde hace semanas se han acostumbrado ya a tener sólo como interlocutor en Castellana 160 al nuevo Director General del IDAE (el Instituto de ), Alfonso Beltrán.

Ésa es la herencia que acaba de entregarle Marín, milímetro a milímetro, con la tapicería de su ‘silla eléctrica’ a Hernández Pampaloni. Para empezar, se estrenará como anfitrión -en ausencia calculada de su ‘superior’- de la Comisión de Seguimiento Plan del Carbón 2006-2012 con representantes del Gobierno, sindicatos y empresarios a la que hasta ahora el ministro no quiso ni acercarse y consiguió mantener en la nevera durante casi nueve meses. Industria ya no la hará en León, a pesar de que la primera convocatoria oficial se había enviado el pasado 23 de diciembre con fecha del 24 de enero en la subdelegación del Gobierno de esa capital castellanoleonesa. Sebastián buscaba entonces ganar tiempo con el sector minero y con el envío de Pedro Luis Marín, a domicilio de la patronal Carbunión: no contaba, en vísperas de la Navidad con muchas garantías de poder disponer del nuevo Secretario de Estado de Energía a tiempo; menos aún de que Presidencia y Economía le permitieran, finalmente, destapar la carta no tan oculta de Fabricio Hernández. Marín ha dejado su cargo sin aplicar el real decreto que incentiva la producción eléctrica con carbón nacional y que él y su equipo prepararon hace más de un año. Ahora, para alivio del nuevo ‘abanderado’ de Moncloa ante el sector minero, su puesta de largo llegará con las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas recién rechazadas por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional y -si se cumplen los vaticinios de Industria- con la decisión inicial del Tribunal General de la Unión Europea sobre el bloqueo a la aplicación del real decreto.

A cambio, las principales patronales asturianas y leonesas no dudan en desacreditar el perfil de Hernández, como el “secretario de Estado de Energía que trabajó como asesor de las eléctricas”. En la agenda de la Comisión de Seguimiento está también el retraso en la ejecución de los proyectos financiados con los fondos mineros, que en el caso de Castilla y León la Junta achaca al ministerio; mientras desde Industria culpabilizan al Gobierno autonómico. Será la otra línea de fuego de Hernández. Sebastián sigue sangrando por las heridas del carbón: no sólo porque reconoce que los Presupuestos para 2011 dedican 1.059 millones de euros a todos los ejes de la política energética del Gobierno, frente a por ejemplo la dotación este año de 1.078 millones para el Plan del Carbón. Comulga con las advertencias de la CNE: aunque consiguiera aplicar el Real Decreto del carbón, tras 600 millones de euros de incentivos, sólo podrá reducir un 10% hasta 2012 el stock acumulado y se encontrará con la misma situación. Tras la confesión de los técnicos de Industria en el Congreso, Sebastián no quiere ni volver a tocar de nuevo el ‘material sensible’ con el que salta chispas desde hace meses con los barones de Ferraz, el presidente asturiano, Álvarez Areces y su homólogo aragonés, Marcelino Iglesas. Ante los reclamos de Carbunión, Industria -por boca de Hernández, claro- reconoce que no hay ningún Plan B ante la crisis de la minería, la obligación de recortes progresivos desde 2013 con los que Bruselas ha condicionado la prórroga del Reglamento hasta 2018 el cierre “irrevocable” en ese momento de las explotaciones no rentables.

‘ACTOR’ DE PRESTIGIO, PERO SECUNDARIO

Con menos de año y medio de legislatura a la vista y con elecciones regionales de por medio, el horizonte que le espera a Hernández dista mucho del que en 2008 recibía a Marín, la primera vez que llegó a su despacho en Castellana 160. Muy lejos quedan ahora  las ‘armas’ que le permitieron a Sebastián convertir a Marín -entonces amigo, tras haber compartido galones en la Carlos III y cuitas en la Oficina Económica del Gobierno- en su aliado energético ante Moncloa. Si Marín intentó hacer trinchera de su proximidad inicial con el Ministro y su historial como economista, al nuevo secretario le avala su reconocido perfil técnico -tras una carrera vinculada casi por completo a la energía y a Nera desde 1997, desde sus estudios en Oxford-, su cercanía con algunos de los directivos de las grandes energéticas del páis, su sensibilidad hacia el sector gasista (era hasta ahora), su experiencia en la asesoría de diversas compañías en gas y electricidad, especialmente en regulación y procesos de liberalización, pero también su ‘virginidad’ en las aguas de la alta política y los salones de la administración del Estado. La sintonía con la que escogió como su mano derecha energética a Marín (después de haber compartido aulas universitarias con él en la Carlos III, donde era decano de Economía, y cuitas en la Oficina Económica del Gobierno), se ha evaporado a la misma velocidad que la independencia de Moncloa hacia la política energética de su ministro.

La salida -retrasada un mes respecto a los planes de Sebastián- de Pedro Marín del Ministerio es sólo la gota que acaba de rebasar el memorial de agravios y de desplazar al ministro ‘menguante’. Camina ya  a solas y de puntillas en la cornisa de Castellana 160, maniatado por la voz de Rubalcaba, la herencia de De la Vega, las decisiones de Zapatero y las líneas rojas de Salgado y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  Moncloa le revocó a Sebastián la adjudicación del ATC a Zarra en septiembre, no quiere ‘céntimo verde’ y no permite debate nuclear hasta al menos 2015. Ferraz impone a través de la Subcomisión para el mix a 20 años un 20% de generación renovable para 2020 y no el 22,7% que defiende el ministro. Blanco apadrina la Comisión de Seguimiento de las centrales térmicas, Salgado tiene las riendas de la titulización de la deuda eléctrica con el aval del Estado y, desde ahora, Economía, voz y voto en la negociación futura con las compañías eléctricas, aún a costa de dejar al Ministro aún más arrinconado entre la espada del coste de las renovables -más de 6.500 millones de euros al cierre de 2010- y la pared de Hacienda, que repudia mayores cargas fiscales energéticas -más aún si son finalistas.

El ministro transita desde hace ya muchos meses del boom al bluff de la ‘energía verde’ en España. Desde que en mayo comenzó a barajar un atajo por el que desandar un ‘camino’ verde que, con más de 6.215 millones de euros en primas en 2009 (2.688 de ellos para la solar), no podía mantener, había dejado en manos de Marín la interlocución con las eólicas, las termosolares y las fotovoltaicas: primero, se encargó de las promesas de no recortes retroactivos, después, una a una, de las regulaciones de retribución. Impulsado por las urgencias de Salgado, el lastre del carbón y los muros con los que Moncloa ha fijado la subida de la TUR (no quería superar el 10% en enero), consuma, para empezar, el fin de la “fiesta solar” española que llevó, bajo los incentivos del Ejecutivo, después de tres regulaciones en tres años a que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW y promovió que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%.

Fue también Marín el encargado de explicarle al sector que el Real Decreto ley de ajuste del déficit de tarifa del 23 de diciembre llegaba con el recorte de un 45% de las primas para los huertos futuros y un 30% de los ya operativos. Por eso, el nuevo número ‘dos’ de Energía tiene ya sobre su mesa el encargo de hacer de interlocutor de las renovables y sus asociaciones, ahora que la fotovoltaica prepara una rebelión judicial, política -ante los grupos que deben avalar el Real Decreto ley en el Congreo- diplomática -ante Bruselas y Washington- y financiera, a la vista de los 20.000 millones invertidos por fondos y bancos en el sector en el último lustro y del riesgo de que, según sus cálculos, se desencadene una acción concursal de 50.000 vehículos de las compañías fotovoltaicas en España, después de doce meses en los que el sector vivió una pérdida de valor del mercado de un 98,5%. Al recurso de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 1565/2010, que recoge los recortes a las primas de las plantas solares futuras hasta en un 45%, se pueden sumar varias decenas que preparan diversas instituciones inversoras y otras asociaciones del sector, integrado por primera vez en torno a una plataforma legal -de Asif, AEF y APPA-.

En ese contexto, ni las líneas rojas de su pasado para evitar incompatibilidades en su nuevo cargo, ni la influencia manifiesta de Salgado, Rubalcaba y hasta Zapatero directamente en las decisiones energéticas importan en los planes del Ministro para Fabricio Hernández. Todo lo contrario. En Castellana 160 y Moncloa las conocen, en realidad, desde hace semanas, desde un informe encargado por el Ministerio al en el que -como desvelaba Cinco Días- un dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública, dependiente de Administraciones Públicas, advertía que su incompatibilidad le obligaría a inhibirse durante dos años de “cualquier asunto o iniciativa” relacionada con las empresas energéticas a las que Hernández había prestado servicio como consultor desde Nera, fundamentalmente las mayores del sector gasista español. Otra cosa será que en el Ministerio decidan seguir la resolución a pies juntillas, o correr algún riesgo. A juzgar por la primera de sus decisiones, será más bien lo primero. Para evitar sombras en su estreno, la Secretaría de Estado hacía saber que Hernández delegará en otro perito que realizó el informe con él -Óscar Arnedillo- la comparecencia en la demanda de Nuclenor ante la Audiencia Nacional el 14 de enero, apenas unas horas después de que la Cadena Ser desvelara que su nuevo titular firmó con Nera Economic Consulting en marzo un informe pericial que concluye que Nuclenor tiene unos “perjuicios económicos” de 951 millones de euros por el cierre de Garoña que deben ser compensados y que la central se encuentra “en condiciones de seguir en funcionamiento más allá de esta fecha”.

NEUTRALIZADOR DEL MALESTAR CON LAS ELÉCTRICAS

Que Sebastián ensaya a hacer también de Fabricio Hernández el ‘bombero’ de todos los fuegos del sistema eléctrico, empezaron a intuirlo las empresas del sector desde antes, incluso, de que Moncloa anunciara oficialmente su nombramiento. Como adelantaba ABC, le hizo sitio -sin presentación formal- en el encuentro que Miguel Sebastián mantuvo en vísperas de Nochebuena con los representantes de las grandes compañías eléctricas. Con las maletas hechas desde finales de septiembre, Marín agotó todas las papeletas para convertirse en el chivo expiatorio de la guerra energética abierta con Presidencia, Economía y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Fue, de hecho, por encargo de Elena Salgado -y con la connivencia de Sebastián- como el Secretario de Estado de Energía acabó por convertirse en el redactor y ‘camarero’ de emergencia del Real Decreto Ley de urgencia del 23 de diciembre de ajuste del déficit de tarifa. Si el ministro comenzaba el año 2010 con el halo -aún activo- de su proximidad, o al menos su capacidad de comprensión técnica con las compañías eléctricas, ha empezado 2011 como una de las ‘bestias negras’ del sector, con más de un centenar de causas pendientes en los tribunales de España y de la Unión Europea, desde el cierre de Garoña en 2013, a la indefinición de los contadores ‘inteligentes’, o los nuevos IBI locales. Es cierto que el Moncloa le ha permitido, en el Plan de Acción Industrial para el próximo lustro, que Sebastián haga sitio a una de las reivindicaciones históricas de la CNE y de la patronal UNESA, con la liberalización de la mayor parte de la tarifa eléctrica.

Pero las líneas rojas de Salgado y el miedo de Presidencia del Gobierno le han envenenan esa concesión. Con el PIN-2020, desde julio de 2011, con el 90% de los consumidores fuera de la TUR, las eléctricas puedan aflorar los costes reales a los que la tarifa regulada del Gobierno daba la espalda, pero tendrán que digerir un déficit superior a 19.000 millones y un modelo en el que, aparte de los costes de producción, los costes totales regulados, llamados a superar al menos en 3.048 millones los 12.709 millones que ingresará el sistema durante 2011, ahora “sólo” lo harán en unos 2.000 millones, por debajo del techo del déficit de tarifa que Industria sube ahora también para evitar denuncias. Será, además, a cambio, con 1.300 millones de nuevas facturas en tres años para las cinco grandes compañías: deben correr desde ahora con peajes de generación (0,5 euros por MW/h), con los costes de ahorro y eficiencia a los que Moncloa no le ha podido hacer sitio y el bono social que la política de Zapatero ha decidido prorrogar, pero que no quiere que paguen ni los consumidores, ni los PGE. Una incertidumbre que ni la colocación de la primera emisión de la deuda eléctrica que Salgado había previsto ya para septiembre -2.000 millones a tres años, con vencimiento en marzo de 2014 y  una rentabilidad fija anual del 4,8%- puede diluir, por más que empiece a aliviar el derecho de cobro de las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España).

Ni el Real Decreto Ley de 23 de diciembre de ajuste de costes del sistema ni la titulización serán suficientes, sobre todo si el Gobierno mantiene su propuesta de aumentar los pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros, como compensación a las centrales perjudicadas por el real decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono. No sólo porque sólo con nuevas alzas podrá drenar -o al menos taponar- un déficit llamado a rebasar los 20.000 millones en 2011 y que debe diluirse en 2013. Sino además, porque tanto en Economía como en los despachos de Zapatero apuntan a una reforma pactada, a medio plazo y más medular desde 2011, con nuevos ajustes de costes eléctricos antes que mayores ingresos vía tarifa al sistema. Una en la que  la sombra de Salgado es cada vez más alargada para Sebastián y para Fabricio Hernández. No comparten la misma partitura y la vicepresidenta está dispuesta a orquestar la suya -que ahora es casi la de Zapatero- aunque tenga que ponerle la sordina a Sebastián.

No renuncia a cortocircuitarle, gota a gota, varios asuntos pendientes, desde la aplicación del PIN 2020 a la retribución de la ‘energía inteligente’ a las eléctricas. Si era el propio titular de Industria el que ha tenido que reconocer que será la vicepresidenta en persona la única habilitada para supervisar un Pacto de Estado de Energía que desde Economía quieren ahora revivir o dar por muerto de forma definitiva, también le ha dejado claro a Hernández -a través de Sebastián- que cuando el 1 de abril Industria enfrente la siguiente revisión de la tarifa eléctrica, la última palabra no la tienen ellos, sino la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que preside.

REVIVE LAS EXPECTATIVAS DE LAS GASISTAS

Menos aún, Industria ha podido dar a luz durante 2010 a alguna fórmula de compensación al papel de back up al sistema eléctrico de los ciclos combinados. A pesar del nuevo Plan de Acción de Industria (PIN 2020), un Paner, de un Decreto Ley y tres Reales Decretos energéticos en menos de seis meses, Industria ha ejecutado ajustes sobre el Régimen Especial, los costes del sistema eléctrico, las expectativas nucleares,  El ministro ha terminado por posponerlo tanto que hasta la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, en su propuesta de Estrategia Energética a 25 años le exige establecer un sistema de compensación económica para las centrales de ciclos combinados “por su fundamental labor como potencia de respaldo a las renovables para garantizar el suministro”.

El hasta ahora director del área energética de Nera Consulting topará en su trabajo de lobby con el mercado argelino, en el contencioso de Gas Natural con Sonatrach y en el despegue -desde este semestre- del gasoducto Medgaz con el trabajo y la actividad del nuevo “embajador en misión especial para asuntos energéticos” el diplomático Enrique Viguera, que Moncloa y Exteriores le impusieron en septiembre a Sebastián, a su regreso de Argel. Pero Hernández tendrá la ocasión de poner a prueba en el mercado nacional sus galones como experto en regulación y redes, director asociado y responsable del área de gas natural de Nera para la Península Ibérica y sur de Europa.

El sector destapa de nuevo las expectativas de una regulación más ajustada que las patronales habían rendido ya, después de meses de escaramuzas y reuniones de Sedigas y las principales empresas del sector con Marín y Antonio Hernández. Descuentan que la demanda en España, una vez superada la crisis, se duplicará, desde 390 teravatios hora (TWh) en 2008 a 818 TWh en 2030. Pero sin un perfil definido del conjunto del mix, con 22.200 Mw en ciclos (por debajo de los 25.000 previstos por Industria para 2011) y con centrales funcionando una media de 3.000 horas durante los nueve primeros meses de 2010, en lugar de las 5.000 previstas, todos los planes para nuevos ciclos están en 'stand by'. Si no cambia la retribución con algún modelo que corrija el pago por capacidad y horas en funcionamiento y reconozca su papel de ‘back up’ ante la volatilidad de las renovables, están en riesgo inversiones de más de 11.000 millones de euros que Moncloa incentivó.

PENDIENTES RENOVABLES, ENTRE HERNÁNDEZ Y EL IDAE

Que habrá que esperar al menos hasta abril por una nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y nuevos decretos sobre energías verdes, -“algunos pactados y otros no”- lo han sabido en el sector sólo por boca del vicepresidente primero y portavoz de Moncloa, Pérez Rubalcaba, después de más de siete meses de cuerpo a cuerpo con Sebastián. El sucesor de Pedro Marín tendrá que hacer frente a la mayoría de la regulación ‘verde’ por ultimar. Hoy no hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables, de la nueva regulación de Eficiencia Energética, o la Ley de Residuos. Como denuncia la Fundación Renovables, el Gobierno -como ya sucedió con  la anterior directiva de renovables y con la anterior de eficiencia energética de edificios- ha incumplido los plazos para la transposición de la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE tenía el 5 de diciembre como fecha límite para su inclusión en la normativa nacional y, con ella, la oportunidad de la integración de las renovables en la edificación y el transporte y para garantizar la eliminación de “la inestabilidad regulatoria, la complejidad de la tramitación administrativa y las dificultades y falta de transparencia en la conexión a red”, tres de los ítems que, al calor de la normativa que se ha aprobado en España desde 2006, más han empeorado según la CE.

Tras los cambios en el borrador del Paner que publicó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la versión definitiva del documento enviada a Bruselas recorta el volumen esperado de reducción de emisiones de GEI por el uso de las energías renovables, desde 678 millones de toneladas de CO2 a 186,8 millones, en la versión definitiva. Una reducción del 72% que resulta especialmente significativa si se compara con las estimaciones previas realizadas por APPA, que cifraba en 661 millones la reducción producida por la generación eléctrica. En lo que va de año Industria ha modificado su propuesta de mix tres veces y todavía se anunciaban nuevos cambios a partir de diciembre en el PER, que ahora tendrán que llegar ya, como pronto, después de enero. No hay ni rastro, tampoco, de la nueva normativa que el Ministerio esperaba dar a luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas y el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.

Las asociaciones del sector buscaban en ella fórmulas de refugio, con la confianza de que podría permitir al mercado -anunciaban desde mayo- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación permite el autoconsumo aislado de luz procedente del sol y, por el contrario, obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla. Por si acaso, el Ministerio apuntalaba ya una nueva norma que esperaba ver la luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas, pero que aún no ha recibido el aval del Consejo de Ministros. La incertidumbre deja a ciegas, más allá de 2013 incluso a las dos tecnologías menos penalizadas por los recortes del Régimen Especial, la termosolar -de la que Industria espera que quintuplique los 500 Mw instalados en menos de cinco años- y la eólica. Aunque en el Paner enviado a Bruselas en agosto se prevé que en 2020 haya 38.000 Mw de potencia eólica instalados (35.000 en tierra y 3.000 offshore), el camino -regulación, retribución, posible repotenciación, mejoras en integración a la red y almacenamiento- sigue sin edificar ninguno de sus detalles. Y como Alfonso Beltrán -de nuevo otro ‘pecado’ de sinceridad- reconocía, tras su llegada como Director General, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía está empezando a retomar los contactos con todos los sectores renovables para perfilar el nuevo PER (Plan de Energías Renovables) hasta 2020.

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