edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
19/01/2010
La rebelión de Barreda suma y sigue con las de Extremadura, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Cantabria

Sebastián le rompe el mapa energético a Zapatero y desata la guerra de los barones

A pesar de las promesas de Zapatero, Sebastián excluyó la voz de las CCAA de la convocatoria del Almacén Nuclear, para garantizar municipios candidatos a cualquier precio
Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, con el 80% de las renovables, quieren voz en el Plan de Energías Renovables, se oponen al pre-registro y no esperan por la nueva Conferencia Sectorial
José María Barreda, presidente castellanomanchego
Javier Aldecoa

Dice que no pasa nada. Cosas de la interpretación, insiste Sebastián. Pero entre el ministro de Industria y el presidente de Castilla la Mancha hace ya mucho que se declaró otra batalla oficial en la misma guerra que desde el año pasado le abre a Zapatero las grietas energéticas con las CCAA gobernadas por el PSOE. Iba a ser para el ministro el ‘peaje’ de su rehabilitación al frente del mapa energético y a las riendas de la confianza de Zapatero. Después de dos años en  la ‘nevera’ en la que se la congeló a Industria y a Enresa, la licitación del Almacén Nuclear Centralizado de Residuos llegaba a cambio de hacer de él el ‘camarero’ del cerrojazo a Garoña. Sebastián había aceptado ante Zapatero ‘ponerle líneas rojas’ a medida de las CCAA, ya sabía que Extremadura ni Castilla la Mancha -con dos centrales y dos almacenes temporales- no estaban por la labor de apadrinar el primer cementerio atómico nacional, pero Industria no quería ponerlo difícil. Y se la jugó a Ferraz y Moncloa. La letra pequeña de la convocatoria sólo exige el visto bueno del municipio. A Montilla lo coloca contra sus aliados de ICV y ERC, a Fernández Vara, Griñán y Barreda contra sus promesas y sus votos. Las presidencias tendrán que diluir sus enfados, pero los barones de Ferraz le dan la energía a Zapatero: quieren que gestione directamente el futuro de la nuclear y sus residuos, el carbón y las renovables como les prometió. Los desencuentros sobre Garoña y los residuos nucleares, el mapa de las renovables, el horizonte del PER y las promesas de Rodiezmo escinden al Gobierno y al PSOE y los enfrentan entre sí. 

Vara, Barreda, Montilla, Patxi López y Griñán buscan ya al Secretario de Energía para hablar de nucleares, renovables y carbón. No quieren saber nada de las voces ni los planes de Sebastián. Exigen que Zapatero haga valer el peso de todo el Consejo de Ministros en las decisiones pendientes y se la ‘guardan’ al ministro con el nuevo Consejo sectorial de la Energía que prevé la LES. Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha concentran el 80% de las renovables: buscan claridad en el nuevo PER que Sebastián tiene que definir este semestre; quieren biomasa y biogás, retomar las riendas de la regulación de renovables, que se transponga la directiva europea. Y más sitio en el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia energéticos. Griñán se lanza a la eólica marina sin esperar por Industria y Cantabria a los planes eólicos de espaldas a Sebastián. Mientras tanto, Moncloa ha sacado al ‘cuerpo de paz’ de Chaves a aplacar a los ‘barones’ y los presidentes sublevados. Ante Álvarez Areces, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial ha pasado por encima de las ‘dudas’ de Sebastián y los olvidos de su Director General: el carbón será un prioridad y le ha prometido, en persona,  el impulso al desarrollo de la línea eléctrica entre Sama y Velilla -con compensaciones para que la Diputación de León y el grupo socialista no levanten nuevas lanzas ante su oposición-.

No es la primera vez y si el mapa de las renovables y las primas de Sebastián no cambian, mientras llega el nuevo PER, después de la tormenta de la LES, ya sabe que las lanzas con Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura están de nuevo levantadas. Nada que Moncloa no hubiera escuchado ya antes de boca de las CCAA socialistas: trató de darles respuesta con La Ley de Economía Sostenible, o al menos sitio con la Conferencia Sectorial de Energía que verá la luz al calor de la LES. Un foro que, bajo la aspiración oficial de “planificar el suministro eléctrico y la estabilidad de la red” y “coordinar el ahorro y la eficiencia”, apuntará a que todos los presidentes autonómicos le pongan sus brújulas al mapa energético nacional en todas sus dimensiones.

Pero Griñán, Fernández Vara y sobre todo Barreda saben que, cuando ese momento llegue -en junio según los pronósticos más optimistas de Presidencia y del grupo socialista del Congreso-, ya Miguel Sebastián habrá puesto sobre la mesa de Bruselas y la de Zapatero al menos las líneas generales de un nuevo Plan de Energías Renovables (PER) para la próxima década que. A pesar de las competencias de las comunidades en energías ‘verdes’  les marcará de nuevo las líneas rojas de su expansión en eólica, solar, biomasa y biogás que Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura lideran y en las que Cataluña y Cantabria quieren acelerar. No esperarán tanto tiempo los barones socialistas para aclarar sus expectativas renovables.

No lo harán al menos con los brazos cruzados ante el ministro de Industria. Extrenadura y Andalucía ya han comenzado a clamar a la UE por las ‘vergüenzas’ de su ‘receta renovable’, las que más afectan al tejido industrial en sus territorios: Industria aún no ha regulador la minieólica, ha hecho de la biomasa la ‘verde olvidada’, la ‘cerrazón’ en la eólica marina le ha impedido participar en la primera alianza y la red de suministro europea, no ha podido favorecer la comercialización e interconexión porque no ha transpuesto la Directiva comunitaria de 2008. Y la mayor parte de los objetivos incluidos en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005- 2010 van a ser incumplidos. Griñán -y desde ahora el visto bueno del vicepresidente Chaves- tratan de despejar la cerrazón de Sebastián ante la eólica marina, la carrera de los vientos de Cádiz será de espaldas a las demoras de las autorizaciones del ministro y por primera vez Andalucía desafía al registro de preasignación y hará un pliego de permisos eólicos propio, la misma opción que Cantabria, que desde la coalición impulsa la eólica a pesar de Moncloa.

El rompan filas energético le duele a Zapatero. Da un paso adelante y dos atrás con la Ley de Economía Sostenible, coge las riendas personalmente y saca del baúl otra vez a la Fundación Ideas para que recuerde el ‘mantra’ de los socialistas ahora que ante la UE tiene que definir un nuevo Plan de Renovables hasta 2020, capitanear y un Plan de Acción Energético de la UE (con objetivos nucleares incluidos). Con el encargo de negociar la avanzadilla de un pacto de Estado, le pone la mordaza de las obligaciones a Sebastián. Y la de la sombra de un nuevo perfil para los reguladores a la CNE. Y a Salgado se piensa si aplicarle la vacuna de la fiscalidad verde que ella niega. La vicepresidenta ya ha dejado claro que no le gusta la fiscalidad verde, los impuestos nucleares, al uso de bolsas o la industria aeronáutica y menos que nada las tasas al C02 como la gala. Para ella era suficiente con la imposición sobre los carburantes de junio y su supuesto efecto en a racionalizar el consumo fomentando la eficiencia energética y reduciendo las emisiones de CO2, pero Zapatero entona en eso el ‘dejadme solo’, a dos voces con De la Vega.

SEBASTIÁN DESATA TODAS LAS GUERRAS NUCLEARES

Las Comunidades Autónomas no tendrán voz ni voto, aunque la propia ley que regula los pagos a los municipios cercanos a las instalaciones nucleares establece compensaciones para los pueblos situados en un radio de diez kilómetros de la instalación nuclear por estar próximos a un lugar donde se depositan residuos de alta radiactividad. Y no cuentan con que la Amac amanse esos desencuentros en su Asamblea del 27 de enero. Saben que al menos tres municipios de sus 72 miembros acudirán a la llamada atómica de Sebastián.

Guillermo Fernández Vara no está por autorizar un cementerio nuclear en Extremadura, por más que el bloqueo se escape de su competencia. La Junta de le Extremadura advierte a Moncloa que ya destinó su ‘paciencia’ atómica a esperar por la fiscalidad nuclear que Moncloa coló en la Socimi, la reforma a los planes de emergencia y de titularidad nuclear. Y tuvo que impulsar la gestión a solas, de espaldas a Moncloa y a Castellana 160, de la negociación con Almaraz para trasladar el domicilio fiscal de Madrid a Extremadura tributar en la región, ahora que deberá adaptarse al perfil de SA.  Esta vez los propios recelos del municipio cacereño de Almaraz se lo pondrán fácil.

Lo de Castilla la Mancha será otra cosa. El PSOE por Guadalajara se aferra a la promesa de Zapatero de no ubicar los residuos donde exista rechazo, promete “poner piedras en el camino” del cementerio nuclear. Manuel Chaves tranquiliza a Barreda con los mensajes prestados de Moncloa: confía en que no será necesario que los socialistas lleven a las Cortes regionales la instalación del ATC en Castilla-La Mancha, ni haga efectivas las ‘sanciones’ y las barreras administrativas, urbanísticas y financieras que el sucesor de Bono asegura tener a mano. En la convocatoria para pedir candidatos las autonomías apenas tienen competencias -sólo pueden alegar-, pero luego pueden actuar en el trámite urbanístico o declarar alguna zona protegida. La Junta andaluza puso un impuesto al almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad y Castilla-La Mancha toma nota. 

Nada que no haya puesto también, entre la espada de la AMC y la pared de sus socios de gobierno al presidente de la Generalitat, ahora que Ascó impulsa abiertamente su candidatura al ATC. Zapatero mira a Cataluña, lo hace desde mucho antes de que el ‘affaire’ Garoña le estallara en la mesa de Sebastián. Al fin y al cabo, la CCAA que más nucleares concentra. Ni en Moncloa ni en los despachos cercanos a Artur Mas niegan que Ascó (Ribera d’Ebre) y Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) - ambas están gobernadas por CiU, -están junto a Tvissa en todas las quinielas que, de espaldas a la prudencia de la AMAC y de Enresa, Moncloa trata de incentivar desde el mes de agosto. La provincia concentra ya 17 de las instalaciones de la AMAC y estaría abocada a albergar tres ATI (almacenes individuales, uno por central) si no se construye el ATC. Ponerle sus apellidos al cementerio atómico sería para Montilla el ‘cierre’ a un proceso que él mismo comenzó como ministro de Industria. Pero tanto, en Ascó como en Vandellòs no existe el consenso que pide el Gobierno para poder adjudicar el ATC. No, al menos, de forma oficial. Ya hace meses que el delegado de del Govern en Tarragona, Xavier Sabaté (PSC) le ha puesto líneas rojas a su voluntad: acoger en principio sólo residuos de las centrales de Cataluña. La Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc) y los ecologistas tratan de desenterrar ahora que 61 ayuntamientos de la zona del Ebro y Tarragona -lugar que acoge tres de los ocho reactores españoles en Ascó I, Ascó II y Vandellòs II-, y que representan el 67% de la población en la región- han aprobado mociones oficiales contra la instalación de un cementerio nuclear. Y siete de los diez consejos comarcales de la demarcación de Tarragona, así como el Parlament en una resolución de marzo de 2008 rechazaron ya la construcción de una instalación de este tipo. E ICV - socio del PSC en la Generalitat- amenaza con romper el tripartito si el ATC va a Tarragona, a menos de un año para las elecciones catalanas. Además, la construcción del ATC no frenaría que Enresa tenga que habilitar un almacén individual en Ascó, cuya piscina está a punto de saturarse, como las que ya tienen Trillo y la desmantelada Zorita, en Guadalajara.

Ni las presiones de la Generalitat y la Junta de Castilla la Mancha harán falta, según Presidencia. No sólo porque Almonacid de Zorita -y su alcalde del PP Gabriel Ángel Ruiz- se lo ha pensado mejor y devuelve a la nevera del olvido por lo menos de momento el referéndum sobre los residuos nucleares, sino porque Zapatero espera que no haga falta. Moncloa le pide paciencia a Barreda, a Fernández Vara y a Montilla bajo la mesa de los agravios con Sebastián. Se guarda la última palabra. Al fin y al cabo -recuerda el Gobierno y los técnicos de Industria a media voz- no es sólo el Ministerio de Sebastián (que sí realizará la criba previa en menos de un mes) sino el conjunto del Consejo de Ministros los que tienen la última palabra sobre la ubicación del ATC. Y Zapatero es el primer interesado en cerrar también a ser posible el ‘affaire’ Garoña con el nuevo Almacén Centralizado de residuos nucleares.

Aunque la convocatoria se le fue de las manos de Sebastián, todos sus ojos apuntan a la geografía burgalesa para los residuos nucleares. Zapatero baraja una decena de nombres bajo la mesa, incentivados desde el gobierno con una convocatoria a medida de los consistorios con experiencia nuclear, pero quiere tener la competencia a la vista y garantizarle un sitio en ella a la opción de las Merindades, en Garoña. Le ha puesto a mano ventajas fiscales, la reforma del reparto de fondos por Enresa recién gestada y el centro de investigación previsto ya en el Plan de industrialización. Albergar los residuos del ATC implicará construir un parque industrial y la central burgalesa lo tiene ya pautado.

El presidente quiere ‘enterrar’ desde hace meses junto a Garoña los residuos y su debate. Pero la propuesta de Yebra y su alcalde, el e alcarreño Juan Pedro Sánchez -que presentará su candidatura el jueves- llueve sobre mojado en el antecedente  del rechazo en la comunidad al trasvase Tajo-Segura. Barreda le peleó incluso la diplomacia ‘sostenible’ con Obama la visita de los gobernadores estadounidenses para conocer la eólica castellano-manchega no dejó sitio al ministro. Nada que no haya vivido el gobierno socialista extremeño con sus diferencias con Griñán, Chaves y Moncloa, ahora que el proyecto de la Refinería Balboa se encuentra en la fase de estudio del impacto medioambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Las voces energéticas chirrían en la ‘casa socialista’: varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y algún que otro de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre de Garoña y no digieren la letra pequeña del futuro para la zona y el almacén centralizado. Varias Comunidades socialistas y algunos ayuntamientos de Castilla la Mancha le chafan los acuerdos de explotación del uranio. Y al presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda -que promete “luchar por su tierra y pelearse con el Gobierno Central”, sólo lo calla Sebastián con las evidencias de los retrasos del desmantelamiento de Zorita. En el Ministerio de Industria y Enresa saben muy bien que ése puede ser el peaje de la paz energética –al menos la nuclear- de nuevo con José María Barreda, ahora que las brumas del ATC y Garoña le despiertan los fantasmas nucleares de la central manchega a Enresa.

Y es que en el entorno de la central de Guadalajara, ahora que ha comenzado su desmantelamiento, han comenzado a reclamarle a Enresa ayudas simétricas al Plan Garoña y a reclamarle la Enresa ha estrenado el cambio de titularidad de Zorita y el inicio del desmantelamiento con casi un año de retraso sobre el plan inicial y los municipios de la zona en armas contra la Empresa Estatal. La empresa que se ocupa de la gestión y almacenamiento de residuos radioactivos se ha convertido en el ‘muro de las lamentaciones’ para todos los olvidos de Moncloa. Le han declarado la guerra todos los municipios -tanto populares como socialistas- del entorno de la central de Trillo. Pelearán desde enero la decisión de Enresa de no renovar el convenio que mantenía con estos consistorios entre 2001 y 2008 y por el que recibían 200.000 euros anuales por la presencia del Almacén Temporal Individual de residuos radiactivos de la nuclear trillana, uno de los dos únicos de alta radiación que hay en España.

Enresa ha tenido que  poner la cara a los parlamentarios del PP y del Partido Socialista de Guadalajara y ofrecer un acuerdo con la Mancomunidad del Tajo-Guadiela para la licitación de trabajos en el radio de acción de la `José Cabrera, a pesar de que les recuerda que es responsabilidad de Moncloa y que cuando el Consejo de Ministros acordó el cierre de Zorita en el otoño de 2002, el Gobierno de José Mª Aznar no aprobó ningún Plan de Desarrollo para la zona: las promesas para el día después del desmantelamiento que no llegaron.

DESENCUENTROS ATÓMICOS Y LAS CARRERAS DEL URANIO

Si el presidente pensó que podría amansar el silencio en Ferraz y Moncloa con cuatro años más de vida para la central burgalesa y la promesa de licitar el Almacén Centralizado de Residuos que desde hace dos años paraliza, se equivocó. Zapatero ya no quiere ser la ‘bestia negra’ de la nuclear europea y el sector tratará de aprovechar su paso por la presidencia de la UE para doblegar su rechazo. No habrá debate ni regulación específica: apenas gana tiempo con el nuevo techo de cristal -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. El ‘laissez faire’ le puede dar más de una sorpresa a Zapatero. El debate de la energía nuclear no está cerrado en el PSOE.  Menos aún en las expectativas del ministerio de Industria. Las indefiniciones de la Le de Economía Sostenible -la prórroga a los 40 años condicionada al visto bueno del gobierno invitan a algunos diputados socialistas y técnicos de Industria a cuestionar el blindaje antinuclear de Moncloa. Garoña le amargó las elecciones europeas a Moncloa y el futuro nuclear promete repetir con la Ley de Economía Sostenible.

Dos de las medidas estrella del Plan Garoña -el desdoblamiento de la N-I y la construcción de un Parador en la zona- no aparecen consignados en el Presupuesto de 2010; el 90% de los más de 1.000 millones y las 26 actuaciones del Plan corresponden a infraestructuras ya programadas en otras partidas (sólo para la autopistas son 650 millones). Y si la Junta pide una fiscalidad temporal similar a la del País Vasco, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado veinte enmiendas para que se incremente en 90 millones de euros la cantidad que recoge el documento. En su momento, ni el mantra del secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Alfonso Morán, proclamando que el modelo de su partido “no pasa por la energía nuclear” acallaron las voces de la disidencia energética en Moncloa y sus alrededores, a contrapié de los socialistas del País Vasco, que reivindicaban el cierre de Garoña.

Ahora, ni las 26 medidas del Plan Garoña ni las inversiones prometidas de 3.250 millones de euros -sólo 950 en inversiones directas- han calmado los recelos de los municipios de la zona, el PP y desde ahora el PNV y el ejecutivo de Patxi López. El Gobierno Vasco ha solicitado a la administración del Estado la creación de un grupo específico de trabajo para estudiar las necesidades de los municipios vascos afectados por el cierre de la central. El ATC para Garoña sería una ‘píldora’ de calma para sus recelos.

Además, Industria le ha destapado a Castilla la Mancha y Extremadura la ‘carrera’ del uranio. Las centrales nacionales no se abastecen a domicilio desde que hace nueve años se cerró la única explotación minera que se mantenía abierta, la de Saelices el Chico, en Salamanca. Pero Moncloa y sus aledaños han destapado la ‘fiebre del uranio’ español, lo ha hecho Industria con un decreto que permite la liberación de minerales de uranio en Mazarete y abre las puertas de la segunda reserva europea -la ibérica- a las multinacionales. Mawson Resources y Berkeley -en alianza con Areva- han pedido ya permisos para reiniciar la actividad en Andalucía, Extremadura y Castilla y León, y aprovechar la mayor demanda de este material en las centrales.

Se cuelan por el espacio que dejó la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), que en 2000 echó el cierre de las últimas explotaciones abiertas en España por su falta de rentabilidad. Moncloa despejó Salamanca, donde Berkeley Resources, aliada con la francesa Areva, ha conseguido vía libre del Consejo de Ministros para comprar el 90% de los yacimientos de la empresa estatal Enusa en la provincia y para volver a explotar Mina Fe, que fue abandonada en 2000 por su baja rentabilidad. Si todo sale como está previsto, la empresa se hará con el 90% de la producción de uranio de Mina durante 30 años mediante el pago de sólo 25 millones de euros a Enusa.

A los precios actuales de mercado, los 65 millones de libras de uranio (29.000 toneladas) que quiere producir en la zona valen 2.860 millones de euro. Pero a la carrera del uranio que diseñaron Sebastián y Zapatero, los municipios y las CCAA socialistas ‘rebeles’ le mancharon Mazarete -tras no recibir la oportuna autorización del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha - y le bloquean Aragoncillo. Canales de Molina, Aragoncillo, Rillo de Gallo, Herrería y Cobeta se suman a Selas y Anquela del Ducado contra la explotación de uranio.  El PSOE presentó mociones en los pueblos afectados y, de forma complementaria, promoverá que los ayuntamientos interpongan alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto, ante la Junta de Comunidades. Mano a mano con el gobierno de Barreda, dejan en la nevera la luz verde de Industria y la vía libre que prometió Moncloa a Nicolas Sarkozy para Areva y sus allegados.

DESENCUENTROS VERDES

Las CCAA socialistas y las multinacionales eólicas, fotovoltaicas y termosolares hacen lobby conjunto otra vez para que España cumpla la transposición de la Directiva Europea de renovables y puedan optar a intercambio y fondos comunitarios.  La Directiva 2009/28/CE, que regula el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, está en vigor desde el 5 de junio y debe ser transpuesta a la regulación española. Y con ella, los objetivos vinculantes: un 20% del consumo final bruto de energías renovables para 2020 y el 10% del transporte y la obligación de integrar las renovables en el transporte, la edificación y el urbanismo. Sólo si España hiciera la transposición de la Directiva y concretara sus posibilidades podrían las CCAA españolas receptoras de plantas termosolares o instalaciones eólicas beneficiarse de fondos de consumo eléctrico procedentes de otros países de la UE para ayudarles a conseguir sus objetivos nacionales en renovables con aportación de energía española.

La Junta de Andalucía y la de Extremadura -las dos CCAA con mayor implantación de la termosolar- quieren poner fin a una orfandad española que, a golpe de falta de concreción, impide estimular la construcción de nuevas plantas, pero sobre todo dificulta la integración de la producción española en el mercado renovable europeo. Un mecanismo de cooperación que, según sus cálculos, permitiría ofertar 400 MW de capacidad extra, sólo en termosolar. La Junta de Vara y Protermosolar no ocultan que estudian ya cómo incitar al Gobierno a que concrete la Directiva. Mueven los hilos de su lobby ante la Unión Europea.  La furia de los barones socialistas, la misma que propició el nuevo golpe de oxígeno y primas para la termosolar, extiende ya, además, las lanzas de la biomasa. Será en la nueva Conferencia Sectorial Energética, en la que Industria tendrá que encarar también las exigencias de Cataluña de un pacto de Estado.

Con la liberación de 8.000 MW para la eólica y la termosolar hasta 2012 prorroga un modelo que a Sebastián ya no le gustaba y no soluciona la congestión del pre-registro. Tampoco el equilibrio autonómico del mapa ‘verde’ de España: las CCAA socialistas concentran el 80% de la eólica, –que tiene sobre la mesa un estudio de viabilidad que asegura que podría abastecerse con renovables en 2050-, pese a ser tierra de vientos, ocupa el noveno lugar en el ranking estatal cuando en el 2007 estaba en el octavo y las gallegas siguen a dos velas: quedan fuera del pre-registro los 2.300 megavatios pendientes de repartir en Galicia a falta de que se apruebe en el Parlamento la nueva ley eólica y de que se convoque un nuevo concurso.

Es cierto que el grifo del registro permite saber con certeza cuándo y cómo empezar a producir y acceder a la financiación para las eólicas y las termosolares. También que no es ni un marco ni a medio plazo. Desde el Real Decreto-Ley sólo los proyectos de parques eólicos que puedan aportar la documentación que se solicita, (entre otros, autorizaciones administrativas y permisos de acceso a la Red Eléctrica), serán los que tengan prioridad para poder conectarse y acogerse al Régimen Especial. Aquellos proyectos que no dispongan de los permisos y autorizaciones quedarán para unas fases posteriores todavía sin definir. 

Es el Ministerio quien regula el registro de los parques eólicos (para el cual, es necesario disponer de autorización administrativa), pero se tendrá que gestionar la potencia que tenga planificada cada CCAA con los listados que tenga el Ministerio de prioridad de parques y, por supuesto, con el propio desarrollo de las redes eléctricas en cada CCAA. El soplo verde les sabe a poco a los agraciados. La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) presentó un recurso de reposición a la Resolución de 19 de noviembre del Ministerio de Industria, que recoge la ordenación de proyectos e instalaciones eólicas presentados al registro administrativo de preasignación. Y está dispuesta a pelearle las riendas y los Mw a Sebastián, con el respaldo de la Junta: la región sólo ha inscrito en el registro de preasignación de Industria  43 megavatios (MW) de los 500 MW que en febrero de 2009 aprobó la Junta de Andalucía para su desarrollo.

La patronal de las renovables está dispuesta a ponerle techo a unas primas que sólo en 2009 supondrán 3.400 millones de euros en primas, un 30% más que los 2.605 millones de 2008. Es la propia Asociación de Productores de Energía Renovable (Appa), la que descuenta que, al menos las grandes, tras los pasos de la fotovoltaica, pueden empezar a ser competitivas si cumplen los deberes" en 2015 y 2016 y caminar sin los bastones de las primas. Protermosolar descuenta que en 2015-2020, generar un kWh con termosolar va costar lo mismo que hacerlo con gas natural o con carbón. Pero hasta entonces, reclaman una hoja de ruta sobre la mesa del sector y de Industria. La Generalitat de Cataluña exige un gran acuerdo energético que genere "suficiente consenso" y garantías futuras. Y la Junta de Castilla y León advierte que los “disparates en la legislación” realizados están frenando el desarrollo eólico en la región y lanzando a sus empresas allende los Pirineos.

Las líneas rojas del ‘laissez faire’ no irán mucho más allá para el Ministro de Industria. En el primer semestre de 2010 debería revisar el Real Decreto de 2007 que establece el régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. No podrá -al menos sobre el papel- esperar más para delimitar las tarifas y primas y los objetivos renovados para un Plan de Energías Renovables que supere el de 2005. La tregua de las CCAA socialistas y la patronal de las renovables tiene como mucho esa fecha de caducidad.

Después de siete meses de pre-registro de transición, el sector exige una nueva regulación definitiva para la termosolar y la eólica, aunque como descuenta el ministerio, acabe por ser más restrictiva en primas y menos ambiciosa en objetivos. No sólo ha sido la CNC la que -entre todos los tirones de orejas al mix energético de Sebastián y a colación de su evaluación a la Ley Omnibus- le lee la cartilla por una regulación verde “demasiado coyuntural” y un sistema de subvenciones a las renovables  que es “uno de los elementos más desequilibrante de la competencia en el mercado eléctrico”. Según el regulador de la Competencia, “las primas a las energías renovables han distorsionado los mecanismos de entrada de centrales con ofertas más competitivas en el pool”.

Pero además, “se ha primado demasiado a las tecnologías eólicas y fotovoltaicas en detrimento de otras”. La furia de los barones socialistas, la misma que propició el nuevo golpe de oxígeno y primas para la fotovoltaica, extiende ya las lanzas de la biomasa y el biogás a las puertas de Moncloa. Se convertirá -si no hay cambios antes de que Industria acabe de ‘empatar’ el PER para los próximos cinco años- en su siguiente batalla renovable.

Han sido, para empezar, el presidente extremeño y el andaluz -las dos CCAA con mayor presencia de biomasa y biogás- los que suman sus voces a las de la patronal y le sacan los colores de las bioenergías al ministro Sebastián. Vara, Griñán y el presidente Chaves han visto los resultados del lobby termosolar e intentarán reeditarlo con la biomasa, aunque esta vez, sin el apoyo de la triple A de las grandes multinacionales, no será lo mismo. Es la hermana pobre, hasta el ministro Sebastián la sigue llamando -lo hacía en el Congreso- la ‘Cenicienta’ de las renovables. Pero ni las expectativas de la patronal- la APPA descuenta que su despegue con mayores incentivos supondría inversiones ya listas por 4.000 millones de euros, ahorraría 14,6 millones de toneladas de CO2 y evitaría el 70% de los incendios forestales- ni la urgencia por alcanzar el suelo marcado por el Plan de Energías Renovables 2005-2010, (que marcaba un objetivo de generación de electricidad de 13.574 kilo toneladas equivalentes de petróleo (ktep), de las que la biomasa y el biogás deberían cubrir el 41,20%) le mueven los calendarios o la voluntad al ministro de Industria.

SE LES OLVIDA EL CARBÓN

Sebastián traga dos veces con los desagravios de Zapatero en la Ley de Economía Sostenible, la ausencia de Ley de Ahorro Energético y de cotas a la eficiencia y financiación del Fondo Sostenible para su coche verde, pero el ministro se resiste a digerir los números de su política energética: mientras el Gobierno dotará con 967 millones a la partida de 2010 del Plan de la Minería del Carbón entre 2006 y 2012, se mantendrá una reserva estratégica de carbón nacional que garantice la continuidad del sector y se sigue ahondando en el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, sólo se reservarán 50,98 millones para la seguridad nuclear y se destinarán, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), otros 67,09 millones al Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2010.

Ni el presidente Álvarez Areces ni la Federación Socialista Asturiana esconden ya su malestar por los olvidos y las rebeliones del carbón de Sebastián. La palabra maldita no ha salido de la boca del ministro durante toda la Cumbre de Energía de la UE de Sevilla. Ni lo hará. Como confesaba el Director General de Energía, Antonio Hernández, la prórroga del reglamento de ayudas comunitarias al carbón no está entre las prioridades de la agenda de la presidencia española de turno de la UE.  Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, se aferra a las promesas de Rodiezmo de Zapatero, pero la ‘sinceridad’ de Sebastián y Hernández le ha obligado a reconocer que, como poco, al sector extractivo español le espera por delante este semestre “un proceso complejo”.

La Embajadora de España ante la OCDE propone que despliegue su estrategia contra el cambio climático aplicando la fiscalidad ambiental para penalizar el derroche de energía le recuerda que el impuesto de circulación debía estar vigente desde que se aprobó la estrategia de ahorro energético de España de 2007 y le exige a Moncloa que “deje de dar subsidios al carbón”. Lo sabe Zapatero. Y más aún Miguel Sebastián. Ni el ministro ni el director general de Energía, Antonio Hernández, están dispuestos a mucho más que confiar en que la “prórroga es lo más natural”. No consideran que la renovación del reglamento de las ayudas públicas que subsidian la producción del carbón en el seno europeo -que caduca en 2010- deba ser una de las prioridades de la presidencia española. Y se salvaguardarán tras la figura del nuevo comisario de Energía, el alemán Günter Oettinger. 

Saben que cuando asuma su cargo, a finales de mes, llevará ya en la maleta un borrador de reglamento que puede llegar hasta 2018 -el año hasta el que su país ha estirado ya el plan de incentivos- y dejarán que tome la avanzadilla, aunque después tendrá que ser debatido y aprobado por el Consejo de Ministros de Energía de los 27. Oettinger se ha tomado como algo personal el futuro del mercado germano, que junto con el español se reparte el 90% de los 2.700 millones de euros de ayudas anuales públicas al sector carbonero de la Unión.  Y por si acaso, esta vez Miguel Sebastián le ha presentado a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes antes de darlo a luz al Real Decreto de incentivos al consumo del carbón autóctono que garantizará una generación energética del 15% a partir de él. Y postpone su desarrollo.

Para disgusto del presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, el Ministerio de Industria prevé destinar en 2010 un total de 390 millones de euros para la reactivación de las comarcas mineras, pero Sebastián no esconde que los retrasos en la ejecución de muchos de los proyectos incluidos en el programa (aún hay grandes obras del plan 1998-2005 que acaban de empezar, como es el caso del soterramientos de las vías de Feve en Langreo, y otras que aún están pendientes de trámites administrativos, como el polígono industrial de Villallana en Lena) están restando efectividad a los fondos mineros. Y aunque desmiente las cifras del PP -mil millones de euros- no niega que aún hay fondos sin gastar.

En los cuatro primeros años del Plan de la Minería actual 2006-2012 sólo se han destinado 467,6 millones de euros, un promedio de 120 millones por año, cuando en el primer plan era de 160 millones por ejercicio. Sebastián y Hernández miran al horizonte de 2015. Buscan ‘limpiar’ el carbón y sacarle las manchas del CO2. La Unión Europea, el Gobierno de España y Endesa han invertido algo más de 680 millones de euros en el desarrollo de una nueva tecnología de captura y almacenamiento de CO2 de las centrales térmicas de carbón que, de ser rentable, reduciría sus emisiones en un 90% y le colgaría los galones de una energía limpia. Una que -según su calendario- se hará realidad en el laboratorio experimental de Cubillos del Sil en 2010 y luego en el proyecto de central térmica de 300MW convenido entre la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y Endesa para Compostilla II en 2015.

Harán virtud  de la necesidad de reducir las emisiones contaminantes -sin erosionar el abastecimiento energético- que Bruselas impulsa con su estrategia 20/20/20. No son otras que esas aguas las que bautizan las urgencias de la captura del CO2 entre los Veintisiete y la carrera de la combustión limpia del carbón.  Las mismas que han propiciado que el plan español sea uno de los seis europeos avales y financiación de Bruselas y con un sitio en la Red Europea de proyectos de demostración de combustión limpia.

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