edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
25/01/2011
Inversión y reciprocidad

Sebastián, los barones y el lobby americano presionan para salvar la excepción termosolar del ‘pinchazo’ renovable

Industria quiere quintuplicar en dos años los 500 Mw actuales y llegar a 5.000 Mw en diez años, pero ni despeja las primas tras 2013, ni los 15.000 millones de inversión
Hay cuatro plantas de compañías de EE UU en proceso y más de 2.000 millones a la espera de garantías y la transposición de la Directiva
Revisar las inversiones solares, no sólo fotovoltaicas, es parte de la misión del enviado de Obama que llegará a Andalucía en este semestre
Planta termosolar
Ana Zarzuela

Camina de cara a las luces rojas que le han encendido el embajador Solomont, entre la realidad aún incipiente del sector en España -500 Mw instalados- y el deseo confeso del Ministerio de Industria de pasar en dos años de las 14 plantas en operación y una treintena inscritas en el registro de preasignación, a 60 plantas termosolares en red en 2013. Hay prisas. Otra cosa serán las inversiones (15.000 millones de euros) y el modelo de su retribución más allá de 2013. Sebastián sopla sobre un Plan de Renovables que aspira a quintuplicar su músculo en menos de tres años y hacerlo sin levantar los rescoldos aún calientes con el otro sector solar, el fotovoltaico. Por eso, junto a los presidentes de Andalucía, Extremadura y Castila la Mancha -con un 85% de las plantas- buscan blindar la ‘excepción termosolar’. No quieren que nadie se eche atrás. Para las CCAA supondrá inversiones -300 millones por planta-, trabajo -hasta 5.000 empleos en cada proceso- e impuestos locales -una media de 12 millones-; para Sebastián, los galones de lider mundial que acaba de colgarse y la contraprestación del blindaje a las inversiones españolas en EEUU, que no quiere poner ya más en riesgo. Con más de 2.000 millones de dólares comprometidos y cuatro plantas impulsadas por empresas estadounidenses -Solar Reserve y FPL, en cabeza-, la Casa Blanca quiere garantías, mandará a sus observadores desde este semestre para asegurarlas.

Las empresas dosifican sus expectativas; más de una, tras los pasos de FCC -que se pensará la ampliación de Palma del Río- le darán tiempo al tiempo de las promesas de Castellana 160. Digieren un pacto que limita el número de nuevas instalaciones e impone dos años de restricciones a las horas con derecho a prima -como con la eólica-: en su primer año de funcionamiento, pero descuentan que un recorte más allá del ángulo ciego de 2013 comenzará a poner en peligro incluso las inversiones ya existentes -2.500 millones de euros- sustentadas como project finance. Ya no saben si correr -sin saltarse la demora obligatoria impuesta en el RD 1614/2010- y enchufarse a la red antes de que haya nuevos cambios, o si ralentizar aún más el entusiasmo que Industria busca calentar desde ahora en adelante. Ahora no sólo ignoran qué expectativas puede tener el que no haya entrado en el cupo a 2013 (una incógnita ya abierta desde antes de la reforma del Régimen Especial), sino que sólo la palabra del ministro les permite cerrar la puerta a la retroactividad impropia (como ha sucedido en la fotovoltaica en el Real Decreto Ley 14/2010) y confiar en que tendrán sitio un año tarde y que podrán regresar al cobro de horas y primas de niveles de 2010 desde 2014. Toman distancia, hacen saber que sólo comparten los apellidos ‘solares’ con la fotovoltaica, las separan su modelo de negocio (grandes instalaciones y grandes inversiones), su naturaleza energética (capacidad de almacenamiento y producción nocturna) y la inmadurez de un mercado aún incipiente. Quieren ser el espejo inverso de la ‘suerte’ de una tecnología que Industria ha aterrizado de golpe, tras comprobar cómo se había desbocado de 558 MW instalados en 2007 a 2.984 MW en 2008 y de nuevo 200 Mw en 2009 y 2010.

Como reconocía el ministro ante el embajador Solomont hace ahora un año, para controlar una posible burbuja termosolar “había creado un sistema de registro hasta 2013”. Nada que impida -en palabras del propio Sebastián- que aún las primas sean “caras para los consumidores durante muchos años”. Pero ni en Castellana 160 ni en los despachos de los Consejeros de Industria de las Juntas de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura tienen oídos para las advertencias que desde junio de 2010, -justo antes del proceso de reformas del modelo de retribución de las renovables del Régimen Especial- lanzaba el presidente de Iberdrola. “hay riesgo de una burbuja termosolar en los próximos meses si no hay una buena planificación”, advertía Ignacio Sánchez Galán. En Industria y el Idae -el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético- la consigna pasa por intentar salvaguardar a la tecnología termosolar. La ‘convicción’ termoeléctrica de Miguel Sebastián no sólo respira por las presiones del lobby americano y las exigencias de tres de los barones de Ferraz que más se han rebelado contra sus directrices energéticas -José María Barreda, José Antonio Griñán y Guillermo Fernández-Vara- sino en la posibilidad de conservar la única ‘medalla’ global de lo que otrora fue el liderazgo español en renovables.

Y es que, ahora que el ‘boom’ es apenas incipiente, la puesta en marcha de la central La Florida, de 50 MW, en Alvarado (Badajoz), de Renovables Samca, no sólo la convierte en el mayor campo solar del mundo (550.000 metros cuadrados de área de captación) , sino que coloca a España como líder mundial de potencia termosolar conectada a red, con más de 500 MW de potencia, 14 plantas en funcionamiento y cerca de 20 en fase de “construcción avanzada”, según el balance con el que el sector cerraba el año 2010. Y no son otras que las empresas estadounidenses  (hasta hace un mes en primer lugar) las que le pisan los talones, con 422 Mw y cinco plantas operativas: SEGS (354 MW), la planta Nevada Solar 1 de Acciona (60 MW), y las plantas instaladas en Kimberlina (5 MW), Lancaster (5 MW) y Maricopa (1,5 MW).

La planta sevillana de Gemasolar pertenece a Torresol Energy, que, a su vez, es fruto de la alianza entre Sener y Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company, propiedad de la empresa de inversiones propiedad del emirato de Abu Dhabi Mubadala). Y no es otra que la japonesa Mitsui el aliado estratégico para la termosolar española de FCC  y el conglomerado que, por cierto, le exigía a Industria durante una reciente visita a Córdoba “una política regulatoria estable para el desarrollo de las plantas termoeléctricas”. Renovalia comparte un acuerdo con la estadounidense Infinia para construir parques termosolares en España e Italia y para el desarrollo de proyectos en el resto del sur de Europa, norte de África y otros países y no quiere ver empañada su salida a bolsa con sombras en sus planesibéricos.

Ni José María Barreda ni la directiva de Hyperion Energy Investments están dispuestos a poner en peligro el acuerdo sellado desde 2009 con el Ejecutivo castellano-manchego y las dos plantas termosolares en los municipios de Villarta de San Juan, Arenas de San Juan y Puerto Lápice (Ciudad Real) en su cartera de proyectos inmediatos. Helios I y Helios II, de 50 Mw cada una y basadas en tecnología parabólica- tienen sitio ya en el registro de preasignación. Y con ellas, 600 millones de euros de inversión en la nevera de la calma, para ansiedad de la Junta de Castilla la Mancha, que le hacía ojitos a los 1.000 puestos de trabajo, los 300 euros de inversión y las tasas locales a la producción prometidas desde el momento de su entrada en operación. Una situación casi simétrica a la de FLP, el gigante que desde hace dos años anuncia sus intenciones de hacer de la energía termosolar su principal puerta de desembarco en España, con un megaproyecto en el entorno de 100 megavatios en Extremadura y con inversiones valoradas en 600 millones de euros para dos plantas.

PACTO CON SEBASTIÁN, PERO SIN ‘LUCES LARGAS’ PARA EL SECTOR

La industria termosolar aceptaba el pacto ofrecido en agosto por el Ministerio de Industria para desarrollar, aunque de forma más moderada, el sector. Un plan que, tal y como se concretó en el RD 1614/2010, se resigna a que el Ejecutivo limite el número de nuevas instalaciones e imponga restricciones en la obtención de las primas y horas con derecho a prima -como con la eólica-: en su primer año de funcionamiento, las plantas no cobrarán la prima (percibirán la tarifa normal, más baja), aunque sí la tendrán el resto de su vida útil (unos 30 años) y la entrada en funcionamiento de las plantas se retrasará algunos meses. Sebastián cuenta con ahorrar 1.100 millones de euros en tres años con los recortes en horas primadas a la eólica y la termosolar y la demora de las instalaciones termoeléctricas, pero ni la limitación  a 50 Mw de los parques eólicos y termosolares con derecho a cobrar prima, ni el recorte del 35% (sólo hasta el 31 de diciembre de 2012) de los parques eólicos acogidos al RD 661/2007 (el 16% de la potencia instalada), ni la prohibición a las plantas termoeléctricas de cobrar prima en el primer año de funcionamiento (venderán a tarifa regulada), ni el retraso de la entrada en operación de las plantas termosolares respecto a la fecha prevista en el prerregistro del Real Decreto Ley 6/2009  permitirán ahorrar ni más ni menos que 1.100 millones de euros hasta 2013.

Eso deja sobre la mesa aún más de 3.000 millones en tres años entre las dos. En los primeros 11 meses del año recibieron 165 millones en primas -apenas están empezando a funcionar- y si en 2013 recuperara sus promesas podrían superar los 700 millones, en progresión creciente hasta 2020. Si antes del Real Decreto ley de 23 de diciembre el ministro preveía que en 2011 los incentivos a las renovables en conjunto y la cogeneración subirían hasta los 6.759 millones de euros, muy ligeramente por debajo de la partida prevista para 2010 por la CNE (un 0,4%, apenas 28 millones menos), pero con 871 de sobrecoste sobre su pronóstico inicial, de 5.888 millones, ahora cuenta con más de 3.000 millones de euros de ahorro en el Régimen Especial en tres años. Además, esa regulación del 4 de diciembre sólo refleja las condiciones hasta 2012 para termosolares y eólicas, que -según la negociación con Industria- deberían recuperar las primas y tarifas actuales del Real Decreto 661/2007 a partir de 2013 para las instalaciones en operación y para las incluidas en el pre-registro de asignación de ayudas. Industria se ha comprometido a rehabilitarles las primas desde ese momento.

Ni el ex Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, ni su sucesor en el ‘sillón eléctrico’ de Sebastián, Fabricio Hernández, encienden ninguna luz larga a las empresas y los inversores en termoeléctrica. Sólo las ‘burbujas’ de sus expectativas. Y ésas, no las han rebajado en el Ministerio. Todo lo contrario: apuestan por pasar de las 14 plantas en operación y una treintena inscritas en el registro de preasignación, a 60 plantas termosolares conectadas a la red en 2013, el 3% de la demanda eléctrica. Otra cosa serán los procedimientos, las inversiones, los apellidos, los plazos y, sobre todo, el modelo de su retribución. Lo saben en FCC. Fomento, Construcciones y Contratas acaba de rechazar -hace menos de una semana- el suelo municipal Ayuntamiento de Palma del Río para la ampliación de la planta termosolar que está construyendo en la finca Guzmán, con una inversión de 260 millones y se tomará más tiempo para considerar el futuro de la ampliación de lo que el ayuntamiento considera la cuarta planta termosolar del municipio. Sería la segunda que levantaría FCC y se sumaría a las dos que está construyendo Acciona Energía en la finca La Saetilla. No se descarta seguir adelante con la planta termosolar, es sólo un aplazamiento ‘sine die’, pero tras el que la empresa respira por las heridas de la regulación: considera en declaraciones a El Día, que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros “hacía peligrar la inversión global del proyecto”.

Las aguas han vuelto a su cauce, pero no bajan tranquilas aún. No ‘ad futurem’. El problema- la expectativa de un boom de proyectos en tres años, el exceso de proyectos sin registro, y la concentración del 85% en tres CCAA- sigue sobre la mesa: ya en los últimos cuatro años el sector absorbió inversiones por 6.000 millones. Las empresas promotoras de parques eólicos y termosolares necesitan estar incluidas en el prerregistro, es el aval que les permite acudir a bancos y cajas de ahorro para pedir financiación; cobrar las primas a la energía renovable y hacer frente a los préstamos concedidos.  Ahora no sólo no se sabe todavía qué expectativas puede tener el que no haya entrado en el cupo a 2013 (una incógnita ya abierta desde antes de la reforma del Régimen Especial), sino que sólo la palabra del ministro les permite cerrar la puerta a la retroactividad impropia (como ha sucedido en la fotovoltaica en el Real Decreto Ley 14/2010) y confiar en que tendrán sitio un año tarde y que podrán regresar al cobro de horas y primas de niveles de 2010 desde 2014.

Sebastián consuma el fin de la “fiesta solar” española que llevó, bajo los incentivos del Ejecutivo, después de tres regulaciones en tres años a que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW y promovió que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. La fotovoltaica se llevará hasta 2013 las ‘facturas’ más vistosas de la luz: de los 4.600 millones “de ahorro” decretados por Industria en tres años, casi la mitad, 2.220 millones, corresponden a la solar fotovoltaica, 891 millones se refieren al acuerdo ya alcanzado con la termosolar, 670 millones a los planes de ahorro y eficiencia, 588 millones a los peajes a la generación, 232 millones al acuerdo de la eólica y 150 millones a la ampliación a 2013 del bono social. Lo justo para pasar del ‘boom al bluff’, después de un año en el que España ha caído como destino de inversión renovable del segundo al octavo lugar y perdió su liderazgo solar. Doce meses en los que el sector vivió una pérdida de valor del mercado español de un 98,5% en menos de un año y medio y a las empresas españolas a destinar un 75% de su producción en 2009 a mercados exteriores. España se bebió sus glorias en apenas un año, en el que instaló el 45% del total mundial. Después vino el repliegue. Ahora, la incertidumbre ante el recorte de un 45% de las primas para los huertos futuros y un 30% de los ya operativos.

Las patronales solares -fotovoltaicas y termosolares por igual- intentan ‘limpiarse’ las manchas del déficit de tarifa, achacan a la cogeneración más de 1.100 millones de los 6.000 que se atribuyen a las primas del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 15% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética. Pero además las termosolares, en particular, buscan marcar las distancias con cualquier similitud con el modelo fotovoltaico y su progreso en España. La patronal Protermosolar defiende además que no hay posibilidad alguna de una burbuja en la termosolar", con una potencia instalada por debajo del Plan de Energías Renovables (PER) 2010, y a un ritmo de crecimiento previsto de unos 500 Megavatios al año (MW/año), en el mejor de los casos.

En España hay 14 plantas operativas, 16 en construcción o pruebas y 30 en proyecto,  (inscritas en el registro de Industria, que les da derecho a primas), que suman 2.300 megavatios. Apenas un ‘aperitivo’ de los planes de Moncloa en su Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (Paner) enviado a Bruselas, que descuentan que en 2013 habrá 2.500 Mw operativos, y en 2020 haya 5.100 MW termosolares y hasta 60  plantas conectadas a la red antes de cinco años. Al ritmo actual, en los siguientes seis años habrá que crear otros 2.500 MW. Si hasta ahora las empresas españolas han invertido unos 2.500 millones de euros en plantas de energía termosolar, en 2013 el desembolso ascenderá a 15.000 millones. Un horizonte que le sabe a poco a la patronal (que calcula que en España se podrían instalar 20.000 MW hasta 2020 con una generación estrictamente solar de 60 TWh que, si sustituyen a plantas de carbón evitarían la emisión de 60 Mt de CO2), pero que ha encendido las luces rojas de la confianza para las empresas y los inversores.

A diferencia de las plantas eólicas o la fotovoltaica, que dejan de entregar electricidad cuando cesa el viento o hay nubes, las termosolares acumulan el calor, lo que hace gestionable su energía. El 62% de la producida por las nuevas plantas previstas tendrá sistemas de almacenamiento (una media de siete horas), un punto a su favor a los ojos de Red Eléctrica, que sin embargo sigue mirando al ‘futurible’ acelerón termosolar con distancia, como una energía aún inmadura y de aportación escasa, que tendrán que digerir las redes y la gestionabilidad el operador a medida que se cumplan -si lo hacen- los planes del Ministerio de Industria. Para la construcción de cada central termosolar de 50 MW hacen falta el equivalente a 5.000 empleos directos de un año de duración, contabilizando todas sus fases de los que el 80% es valor añadido desde España. Y para su operación, se requieren 50 puestos de trabajo permanentes.

EL LOBBY ESTADOUNIDENSE QUIERE CERTEZAS

Se lo repiten, esta vez en voz baja pero en persona. Nada que no hubiera ya escuchado el ministro de Industria hace ahora más de un año, durante el otoño de 2009 por parte de los grupos de presión estadounidenses y hasta de los representantes de Barack Obama en España. Sebastián limpiaba entonces las manchas solares con el ‘yo no he sido’, se empeñaba en hacer llegar en persona a las empresas -sobre todo a las extranjeras- que Industria no sabía nada del intento con CiU por frenar el registro termosolar que finalmente -tras semanas de presión de la Casa Blanca, el sector y los ‘barones de Ferraz’- acabó en la papelera de la Cámara Alta. FPL -con más de 600 millones de euros en proyectos españoles a mano- lo dijo ya lo dijo claro y alto entonces durante el impasse: si no veía certezas regulatorias y un mapa de retorno diáfano, se pensaría dos veces su desembarco definitivo en España.

En los muros de las expectativas españolas de los gigantes energéticos estadounidenses hacen eco los avisos del presidente de la Cámara de Comercio España-EEUU y fundador de Global Strategies, especializada en diplomacia corporativa: el gobierno de Zapatero “tiene que medir mucho sus cambios legislativos para atraer las inversiones de EEUU en energías verdes”. No es casualidad que en las conversaciones del embajador Solomont en enero con Sebastián (desveladas por Wikileaks) advirtiera que "compañías españolas fueron las que más fondos recibieron del plan de estímulo de renovables de EE UU". Acciona Solar Power fue seleccionada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra de Estados Unidos para desarrollar un macroproyecto solar de 500 MW, el mayor proyecto solar del Departamento de Defensa, con una inversión estimada en 2.000 millones de dólares. Abengoa Solar -que sigue sumando socios internacionales para su plan estratégico a cinco años y mira al Desertec- ya explota una planta en Nevada (Estados Unidos) y fue seleccionada por Xcel Energy, la mayor compañía eléctrica de Colorado, para construir una planta de tecnología cilindro-parabólica dentro de su central de carbón de Cameo, la primera integración de una instalación solar industrial en una central de carbón convencional. Anunciaba en diciembre, mano a mano con el propio Barack Obama, el cierre de una financiación por importe de 1.450 millones de dólares para construir la mayor planta termosolar del mundo, 250 megavatios netos de potencia, en Arizona, la primera de gran escala que construirá en Estados Unidos.

España se ha convertido en un mercado prioritario no sólo para las alemanas Solar Milleniu, Man Ferrostaal, Schott Solar -que abrió en Sevilla la fábrica mayor del mundo de tubos receptores y vende el 95% de sus ventas termosolares en España- y para E.ON, que proclama a los cuatro vientos que busca socios en España y mira al sol Andalucía, uno de los epicentros globales de generación de energía solar térmica de concentración, Wulf Bernotat no moverá una coma de sus plan de 1.600 millones de inversión hasta 2013. Lo sabe NextEra, que capitanea junto al fondo soberano GIC la docena de compañías interesadas en las tres plantas termosolares que Florentino Pérez ha puesto en el escaparate de ACS. Desde 2007, los gigantes americanos, con Florida Power & Light en cabeza -la segunda solar del mundo-, vieron en la termosolar peninsular  la ‘vacuna’ a la explosión de la burbuja fotovoltaica y el refugio europeo para su cambio de modelo.

Florida Power hacia saber en diciembre que los movimientos de tierras para construir la que será la central termosolar más grande de la región -dos unidades de 49 Mv cada una- comenzarían en cosa de días en la finca de Casas de Hitos. Pero, tras el pacto de ‘recortes’ con Industria, le vuelven a encender las luces rojas de los vaivenes regulatorios, la hilera de proyectos pendientes y, sobre todo el futuro incierto del sector, al mismo son al que lo hacen las empresas nacionales. Tienen, en sus manos, además, la ‘baza’ de la reciprocidad. Y no es sólo en el marco de la ‘guerra’ con las fotovoltaicas en el que están dispuestas a utilizarla. Barack Obama, enviará “en los próximos” meses una delegación de expertos de su Gobierno para comprobar in situ “qué se está haciendo” en Andalucía y las otras CCAA punteras en renovables para potenciar la llamada economía verde. Lo anunciaba este mismo fin de semana durante su visita a Sevilla el secretario de Comercio Adjunto para Europa del Gobierno de Estados Unidos, asesor del propio Obama y presidente-fundador del Proyecto de Cambio Climático en España, Juan Verde.

EE UU amenaza -desde que se empezó a cocinar la nueva regulación fotovoltaica- con aplicar el espejo de la reciprocidad a las inversiones españolas renovables y con represalias si las suyas corren peligro. Las fotovoltaicas para empezar, aunque el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ex secretario de estado de Energía durante el gobierno Clinton, había ya invitado a las empresas de la AEF a realizar un viaje a Nuevo México para poder avanzar en futuros planes de cooperación financiera e industrial, para seguir iniciativas como la de Gestamp Solar, implantada ya en ese estado. Pero ni las certidumbres en un sector termosolar -con la promesa de recuperar el nivel de primas desde 2013- en el que se concentran las mayores inversiones de empresas y fondos americanos en España (una planta cuesta unos 300 millones de euros), ni la solución a las opciones de la norteamericana Solar Reserve apaciguan a la diplomacia estadounidense, ahora que el FT predice la fuga de los inversores institucionales “tras el corte solar español”.

El salto empezaba ya hace meses con la ‘escapada’ fotovoltaica, tras los pasos de la rescatada aseguradora estadounidense AIG, que tenía tres proyectos fotovoltaicos de 35,4 MW y hace un año las vendió a la firma británica de capital riesgo HG Capital por 300 millones de euros. Un horizonte similar al que describe la estadounidense SunEdison: la compañía ha instalado 330 plantas solares y gestiona 110 MW en EE UU, de los que 280 proyectos son en tejados. Llegó a España en 2007 y construyó 19 MW hasta finales de 2009: sigue buscando cómo invertir entre 200 y 250 millones de euros en el sol de España, pero no da con el mapa de las certezas de Sebastián, apostará entre tanto por un gran proyecto en Italia y su entrada en Francia y Grecia.

Si en 2009 el Washington Post resaltaba en su artículo Spain´s Answer to Unemployment: Go Green, que el perfil de España era el Estado con mayores posibilidades de crear “empleo verde” y de asumir un millón de los puestos de trabajo perdidos durante la próxima década, ahora, junto al New York Times han hecho del perfil español y el antecedente fotovoltaico el “antimodelo” de las renovables estadounidenses. El NYT ha llegado a destacar en su portada el ejemplo de Puertollano como la protagonista de una “dolorosa caída”, después del boom que en 2008 llevó a España a atesorar la mitad de la instalación de dispositivos de energía solar del mundo y a quintuplicar en doce meses su capacidad, hasta 2,5 gigavatios, “tras el guante lanzado con los generosos incentivos del Gobierno”. Y evalúan ya con lupa el progreso del boom termosolar que el propio Ministerio de Industria español descuenta para los próximos cinco años. Si en la solar fotovoltaica la Casa Blanda respira por las heridas de los fondos americanos y los más de 15.000 millones de euros de inversores internacionales en el sector español, tras las exigencias termoeléctricas de Washington palpitan los planes y las inversiones de apenas media docena de multinacionales solares, pero capitaneadas por dos de sus gigantes verdes -FLP y Solar Reserve- y, tras ellos, inversiones por más de 2.000 millones en proceso.

Es justo la avanzadilla que Miguel Sebastián quiere asegurarse. Lo hace una a una, más allá de la puerta trasera y flexible que estableció en el último momento, en el Real Decreto del 23 de noviembre para recorte de las retribuciones de las tecnologías renovables, en el que incluyó una disposición adicional que admite “la posibilidad de establecer un régimen económico específico para instalaciones innovadoras de tecnología solar termoeléctrica” y con ella, la puerta entreabierta al modelo norteamericano, que concentra los rayos solares en una torre central (tecnología con sales fundidas desarrollada con United Technologies Corporation) y se puede considerar así de I+D. Como desvelaba El País, Industria respondió a la reclamación del Embajador Solomont destapada por Wikileaks con la reapertura del cupo termosolar en diciembre para hacerle sitio en un proyecto en Ciudad Real a Solar Reserve, que ya intentó sin éxito entrar en la gran adjudicación de 2009. La empresa ofrece una rebaja de la prima (como dijo el embajador y algo que supone el 40% de la valoración del proyecto). Cumple con todos los requisitos: tiene hasta aprobada la Declaración de Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha para construir la central en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), algo puntuado con 50 de los 1.000 puntos que como máximo se pueden obtener. El concurso valora incluso disponer de una línea eléctrica de acceso antes de agosto de 2010, un trámite enormemente farragoso.

Miguel Sebastián cuenta con ahorrar 1.100 millones de euros en tres años con los recortes en horas primadas a la eólica y la termosolar y con la demora de las instalaciones termoeléctricas, pero eso deja sobre la mesa aún más de 3.000 millones en tres años entre las dos y la incógnita más allá de 2013: se ha comprometido a rehabilitarles las primas desde ese momento. Y las luces rojas de la propia Comisión Nacional de la Energía que sigue considerando muy ajustado el recorte en la retribución y en riesgo la posibilidad de que el recorte de primas previsto para  la eólica y la termosolar enmarañen aún más un sistema de generación y retribuciones ya de por sí complejo. Todo a pesar de que pasó de los poco más de 100 millones de euros del acuerdo tentativo de julio a más de 1.000 en el definitivo y de que los mismos informes de Maite Costa reconocen que era la aportación eléctrica de la fotovoltaica, del 2,3% del total el año pasado, la más desproporcionada, muy por debajo del peso de su coste sobre el total del sistema eléctrico, del 15,4%. Según la liquidación del mes de octubre de la CNE, el kWh que recibe más ayudas es el de la fotovoltaica, con 41,1 céntimos, seguido de la energía solar termoeléctrica, con 26,7 céntimos. La biomasa supera los 7 céntimos, frente a los 4,9 céntimos de la cogeneración y los 4 de eólica e hidráulica.

BARREDA, GRIÑÁN Y VARA, CON LA LANZA TERMOSOLAR EN RISTRE

Ni el embajador Alant Solomont ni los enviados de Obama y Verde estarán solos en sus exigencias. Las CCAA socialistas y las multinacionales termosolares hacen lobby conjunto otra vez, con la vista puesta en el día después del RD 2010, para que España cumpla la transposición de la Directiva Europea de renovables y puedan optar a intercambio y fondos comunitarios. Protermosolar descuenta que en 2015-2020, generar un KWh con termosolar va costar lo mismo que hacerlo con gas natural o con carbón. Pero hasta entonces, reclaman una hoja de ruta sobre la mesa del sector y de Industria. La Directiva 2009/28/CE, que regula el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, está en vigor desde el 5 de junio y debía haber sido transpuesta a la regulación española antes del 9 de diciembre de 2010. Y con ella, los objetivos vinculantes: un 20% del consumo final bruto de energías renovables para 2020 y el 10% del transporte y la obligación de integrar las renovables en el transporte, la edificación y el urbanismo.

Sólo si España hiciera la transposición y concretara sus posibilidades podrían las CCAA españolas receptoras de plantas termosolares o instalaciones eólicas beneficiarse de fondos de consumo eléctrico procedentes de otros países de la UE para ayudarles a conseguir sus objetivos nacionales en renovables con aportación de energía española. La Junta de Andalucía, la de Castilla la Mancha y la de Extremadura -las dos CCAA con mayor implantación de la termosolar- quieren poner fin a una orfandad española que, a golpe de falta de concreción, impide estimular la construcción de nuevas plantas, pero sobre todo dificulta la integración de la producción española en el mercado renovable europeo. Un mecanismo de cooperación que, según sus cálculos, permitiría ofertar 400 MW de capacidad extra, sólo en termosolar. La Junta de Fernández Vara y la patronal Protermosolar no ocultan que desde hace meses estudian ya cómo incitar al Gobierno a que concrete la Directiva. Mueven los hilos de su lobby ante la Unión Europea, aunque ahora lluevan, además, sobre mojado en las escaramuzas legales de las patronales y las empresas fotovoltaicas y los fondos de inversión extranjeros, que denunciarán ante la CE la Carta Europea de la Energía. 

La termosolar es una energía cuyo despliegue dibuja una geografía muy concentrada, Andalucía dispone de ocho plantas, Extremadura de cinco y Ciudad Real de una de las que están ya operativas. Y ni las que ya están en construcción avanzada (cuatro en Castilla, ocho en Andalucía y dos en Extremadura), ni las que ya tienen sitio en el registro de preasignación van a cambiar ese perfil, que concentra el 85% de la termosolar española en las latitudes presididas por los ‘barones’ de Ferraz. Todo lo contrario. En los planes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha presumen de haber hecho de Ciudad Real “la punta de lanza” de lo que en la década que ahora comienza será la “década termosolar”. No es casualidad que con 440 Mw asignados y la única planta hoy operativa en la región, tenga en construcción avanzada tres centrales y otras diez en construcción, con lo que -si cumplieran los planes de Castellana 160- pasaría en menos de un lustro a multiplicar por 10 su potencia termosolar instalada y a aglutinar la cuarta parte de los mw instalados en todo el país en 2020.

Desde 2009, Extremadura para empezar decidía, junto a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público por empresas de telefonía móvil, un impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras especiales como son las centrales termosolares. Una inyección de liquidez que para municipios pequeños como Navalvillar de Pela y La Garrovilla, (en Badajoz), o Majadas del Tiétar, en Cáceres suponen ingresos por 25,67 millones de euros por canon urbanístico y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) -sin contar el IBI- y el pago del impuesto de bienes inmuebles de características especiales (BICE) durante 25 años y otros tasas municipales como el Impuesto de Actividades Económicas, que se perciben incluso desde antes de que las centrales empiecen a construirse. Por el canon urbanístico y el ICIO de las tres termosolares de 50 Mw de ACS, Torre de Miguel Sesmero, de apenas 1.200 habitantes, ha recibido más de nueve millones de euros, aunque sólo Extresol I ya está funcionando, la II está en fase de pruebas y la III prevista para junio de 2012.

Badajoz logra 26,4 por las dos plantas de su pedanía de Alvarado. Y en los despachos de Guillermo Fernández Vara, donde se esperaba casi triplicar en tres años las plantas operativas (de las seis actuales en activo a las 19 ya preasignadas para entrar en operación antes de 2014), no están dispuestos a poner en cuestión ni las plantas, ni unas tasas que en el conjunto del país suponen una media de una media de 12 millones de euros anuales por planta. ‘Miman’ las expectativas de Acciona (con La Risca y Majadas operativas), Samca, la americana Florida Power and Light o Epuron, filial de la alemana Conergy. Tampoco quiere sorpresas el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ahora que acaba de presentar la iniciativa “Andalucía 10” y que le saca brillo a los galones de su Comunidad como primer territorio de Europa en el funcionamiento de plantas comerciales termosolares.

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