edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
21/10/2010
Las primas aumentarán este año un 9% sobre el anterior

Sebastián no encuentra salida a su laberinto renovable y busca más ‘tijeretazos’ de urgencia

Dos Reales Decretos, una Orden y seis meses después, sólo sabe que las primas se excedieron en 500 millones en agosto y cerrarán 2010 con un 15% sobre lo previsto
Necesita más recortes: las fotovoltaicas abogan por un ‘céntimo verde’ tras el rechazo del Congreso a tasas nucleares o hidráulicas; el Ministerio sopesa recortar la compensación por ‘energía reactiva
Javier Aldecoa

Silencio. El Ministro buscaba un atajo por el que empezar a desandar un ‘jardín verde que, con más de 6.215 millones de euros en primas en 2009 (de ellos 4.719 para las renovables), ya no puede seguir impulsando. Pero lo hace todavía sin calendario ni regulación formal. Desde agosto su bitácora pasaba primero un ‘tijeretazo’ pactado con eólicas y termosolares (recorte de las primas eólicas del 35% y un aplazamiento de los 2.500 MW autorizados a la termosolar ) antes de zambullirse en recortes forzosos a la fotovoltaica para rebajar -eso decía- hasta en 1.000 millones de euros sus primas. Pero hoy, a pesar del dictamen de la CNE, el Ministerio no ha impulsado aún el RD de 1 de agosto que regula las retribuciones del Régimen Especial. Sebastián sólo ha conseguido el más difícil todavía: pone en pie de guerra a todas las patronales -que piden un recorte rápido antes que más incertidumbre- pero no deja de insuflar aire a las primas del Régimen Especial: cerrarán el 2010 con un 15% más de lo calculado por Industria y un 9% de incremento respecto a 2009. Industria baraja aún el recorte del 35% para suelo y el 5% en techo de las primas fotovoltaicas y no se retrata con la retribución de las solares en funcionamiento. Ya la CNE le advierte que con la eólica y la termosolar sólo ahorraría 100 millones en cuatro años. Por si no puede aligerar más los costes, busca nuevos ‘bolsillos’, entre la espada del déficit de tarifa y la pared de Moncloa. El rechazo del Congreso se lo pone difícil a las tasas nucleares e hidráulicas; la industria renovable busca revivir el debate del ‘céntimo verde’ para recaudar de gasistas y petroleras -según sus cálculos- 800 millones de euros de ahorro.

El limbo ‘verde’ de Miguel Sebastián es sólo regulatorio y político. No hay tiempos muertos para el sistema eléctrico. Cada mes que Industria emplea en seguir barajando el modelo de retribución a la eólica, fotovoltaica y termosolar y buscando el ‘tijeretazo’ verde, se incrementa el ‘aporte’ al déficit de tarifa por parte de las primas del Régimen Especial a un ritmo progresivo, cada vez más intenso, a una media de 500 millones de primas al mes, a medida que se incorporan más instalaciones al preregistro.  Lo hicieron, sólo en el mes de septiembre, con un aumento de 532 millones sobre la partida hasta agosto, que era de de 3.977 millones de euros, hasta 4.509 millones, según el último informe de la CNE. Según la Comisión Nacional de Energía, la paradoja es que las subvenciones a las renovables siguen creciendo a gran ritmo justo en un momento en el que el Gobierno intenta ponerles freno. No sólo es el estudio elaborado por el subdirector de Regímenes Especiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, el que le recordaba, en su voto particular ante el Real Decreto de retribución de julio que “el consumidor eléctrico en España pagó un 11% más cara su electricidad por la financiación que hace la tarifa eléctrica de las primas equivalentes a la cogeneración y las energías renovables”, “fundamentalmente por el funcionamiento de la potencia fotovoltaica instalada durante todo el año anterior”, Y que las primas se habrían incrementado ya más de un 63% en 2009 respecto al año anterior.

En septiembre, el régimen especial recibió 600,5 millones, casi la mitad, 292 millones, dedicados a la fotovoltaica (con un 3% de aporte a la electricidad demandada), 133 millones correspondieron a la eólica, (que aportó  un 12,4% del total) y 27 millones a la biomasa. Las propias asociaciones renovables calculan que el modelo actual de primas a las renovables tendría, en caso de prolongarse, un coste de 13.200 millones de euros al año en 2020, frente a los 6.300 millones previstos en 2009 para 2010 (por cierto, más que toda la inversión pública en I+D+i). Será, si las previsiones de la CNE no fallan, apenas el preludio del desbordamiento con el que se cerrará este ejercicio: según el  organismo presidido por María Teresa Costa calcula que las primas al régimen especial ascenderán a 6.787 millones en 2010 (899 millones más) un 15% por encima de los 5.888 millones inicialmente previstos por la CNE e Industria. Serán un 9% superiores a las primas al régimen especial de 2009, 6.215 millones, de los que 4.719 millones de euros correspondieron a las renovables.

NI SIQUIERA LA EÓLICA Y LA TERMOSOLAR LO TIENEN CLARO

Habrá tijeretazo a los incentivos renovables, en juego hay cerca de 30.000 millones de euros hasta 2013, aunque aún Industria tantea cómo repartirlo entre todas las instalaciones existentes y futuras y entre todas las tecnologías.  Pero Sebastián ya no sabe cómo bajarse de la nube verde. Sólo asume que tiene sobre la mesa la obligación (autoimpuesta en el Paner), de llegar al 22,7% de producción renovable en 2020 –rebajada de nuevo al 20% en su última versión hasta ahora- y que no puede sostener un nivel de primas a las energías verdes que en 2009 le dispararon de nuevo el déficit con 6.215 millones destinados al Régimen Especial. El Ministerio de Industria ha salido -formalmente- al paso de las luces de emergencia de todas las patronales renovables y la sospecha de que -como adelantaba Cinco Días- es la mismísima Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Ejecutivo -en la que participan los ministerios de los ámbitos económicos- la que ha echado para atrás el Real Decreto pactado entre el Ministerio y el sector eólico y termosolar para aplicar recortes de primas y limitación de retribución ad futurem.

El ministro asustó al ruido con las renovables, planteó fue la aplicación de medidas retroactivas para las plantas existentes o la práctica paralización de las que se encuentran en el prerregistro para no acabar ‘pariendo’ni siquiera  ‘un ratón’, el del acuerdo con la eólica y la termosolar que ya estaba ultimado antes de publicitar el Pacto con el PP.  Después de casi cinco meses de negociación y dos con un acuerdo -plasmado en el texto del Real Decreto del 1 de agosto- que no ha visto nunca la luz del BOE, es la propia industria la que impacienta el ‘tijeretazo’. Lo hacía ayer mismo de forma pública la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ha reunido esta semana por primera vez a todas las asociaciones de España, de ámbito estatal y autonómico. Todos a una exigen que los ajustes lleguen cuanto antes, todo menos la incertidumbre. Entre los eólicos cunde además la sospecha -negada de nuevo por Industria- de que las demoras se están aprovechando para hacer de nuevo las cuentas más estrictas en Castellana 160. Para empezar, con la posibilidad –que el ministerio atribuye a mejoras técnicas- de rebajar en hasta 120 millones la compensación que reciben las tecnologías del Régimen Especial (sobre todo cogeneración y eólicos) en concepto de energía ‘reactiva’ por cumplir con sus previsiones de vertido de electricidad a la red.

Las patronales eólicas necesitan que salga adelante ya la normativa que se refiere a las instalaciones eólicas en funcionamiento para que puedan comenzar las negociaciones sobre el marco económico por el que se regirá el sector a partir de 2013.  Hay más de 6.000 Mw en proceso de adjudicación en concursos eólicos en media docena de CCAA y, con más de 2.000 Mw ya a la cola del preregistro- y sin posibilidad de incorporarse al sistema antes de 2013, las empresas tienen que presentarse casi a ciegas a ellos. Más nebuloso aún el horizonte de las renovables Canarias: el acuerdo de julio le hizo sitio a la ‘exscepción verde’ de las Islas, les otorgaba una cuota especial de 600 MW para sus parques y se permitía instalar prototipos hasta 160 MW, cuestiones que habían quedado en el aire tras la institución del prerregistro en 2009. Hoy, siguen aún en el limbo.

Habrá un paquete normativo global para renovables, el Real Decreto de retribución del Régimen Especial sigue adelante en su progreso, está a la espera de “informes preceptivos” de otros ministerios, hacen saber en Castellana 160. Cuestión de tiempo, aseguran fuentes de Industria, pero los ‘peros’ que se le atribuyen a la CDGAE son en realidad los mismos puntos de disconformidad que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya dejó, negro sobre blanco, en la mesa de Sebastián con el informe del regulador en septiembre ante la propuesta de Real Decreto de Industria de julio: el recorte de primas previsto para  la eólica y la termosolar es “muy limitado” y podía enmarañar aún más un sistema de generación y retribuciones ya de por sí complejo. Nada que la propia industria eólica y termosolar no haya dejado entrever. A pesar de que Industria llegó a hablar durante la gestación del acuerdo eólico y termosolar de un recorte de las primas eólicas del 35% y un aplazamiento de la puesta en marcha de los 2.500 MW autorizados a la termosolar, el efecto final, según los cálculos del propio regulador y de la industria renovable no superaría los 100 millones hasta 2014, a la vista de que la mayor parte (15.000 Mw) de los 18.000 Mw de potencia instalada están amparados por el modelo de transición y primas preferentes del RD 661/2007.

Más aún. Ni la rebaja de primas del 45% para los huertos solares y de entre el 25% y el 5% para tejados, ni la limitación de las primas a 25 años son aún seguras, ni hay propuestas oficiales sobre limitaciones retroactivas en horas para la FV. Pero con lo que Industria ha dejado entrever hasta ahora de su recorte oficial para la fotovoltaica, tampoco conseguirá su objetivo confeso de “ahorrar a las arcas públicas 1.000 millones de euros anuales” en solar: los recelos del sector recortan las inversiones a futuro desde que comenzó la aplicación del RD 1578/ 2008 y, con cada recorte, erosionan también las posibilidades de una rebaja efectiva del peso de la retribución sobre el déficit de tarifa. Los números sobre los que trabaja pasan por reducir al menos en 1.000 millones las primas que cobra anualmente la fotovoltaica, que en 2009 alcanzaron los 2.600 millones de euros. Un objetivo imposible si sólo aplica los recortes a las instalaciones futuras. La rebaja entre un 35% y un 5% de las instalaciones afectaría como mucho a 4.000 futuras plantas, sólo un 13% de las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres o cuatro años- a la vista de que existen cupos reducidos de 400 MW al año hasta 2020, o menos aún, a medida que el desincentivo de los recortes de retribución desincentiven las instalaciones en los próximos años. Y es que, como adelantaba Cinco Días en agosto, el 45% de las fotovoltaicas inscritas en 2009 no se han construido: sólo 190 megavatios de los 347 inscritos en el registro de Industria hasta julio del año pasado están actualmente en funcionamiento (según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recogidos por Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif)) y buena parte del resto, que ya no podrían construirse por haber caducado sus plazos, aguardan en la ‘sala de espera’ del cierre de urgencia: saben que las CCAA  podrían ejecutar los avales depositados por promotores, en una cantidad de al menos 100 millones de euros en el corto plazo.

El año de transición que fijaba antes de que se bajaran las tarifas un 30% con el RD 1578/2008, provocó un efecto llamada entre el sector que supuso la instalación entre agosto de 2007 y agosto de 2008 de una potencia de 3.500 megavatios cuando el Plan de Energías Renovables apenas contemplaba 400. La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. Ya tras el boom en 2007 que llevó a que a finales de 2008 la potencia instalada fuera 10 veces superior a la establecida en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, durante el pasado ejercicio, la ralentización hasta 500 MW fijada por el Ministerio de Industria para contener al sector finalmente derivó en la instalación ‘sólo’ de 70 MW, por los recelos regulatorios, cinco meses de parálisis por el nuevo registro de preasignación de retribución y la caída en un 50% del precio de los paneles en un año.

Las cuatro grandes eléctricas asoman a Miguel Sebastián al espejo de lo inevitable: con un déficit tarifario acumulado que sobrepasará los 20.000 millones a final de año y el compromiso de Moncloa para acabar con él en 2013, ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse, según sus cálculos, al menos el 5% hasta final de año. Pero sin ellas, Nomura descuenta que las subidas deberían sobrepasar un 15% en 2011. La CNE no modifica, a pesar de todo, sus cálculos para todo el 2010, de 3.190 millones de euros de desajuste añadido en el déficit eléctrico -frente a los  4.616 millones de desajuste con los que concluyó 2009-, pero los ingresos recabados vía factura de la luz siguen sin ser suficientes para cubrir todos los costes que soporta el sistema, no sólo -pero también- las primas que reciben las tecnologías del régimen especial (renovables y cogeneración). Por eso Sebastián ahora se asusta y busca nuevas ‘rebajas’ fotovoltaicas. No es casualidad que, además de buscar atajos en la brecha de la sentencia del TSJ de Andalucía -y la exigencia del vertido de energía para considerar válida la inscripción de una instalación solar- en Industria resuciten otra vez, como adelantaba Sebastián en entrevista en Público, la amenaza de "ajustar el número de horas remuneradas a tarifa al nivel previsto en 2007” (el Anexo XII del Real Decreto 661/207), lejos otra vez de sus planes iniciales de recortar las horas de producción conforme a la hoja de ruta del PER 2005-2010. Nada que, a cambio, no haya impactado sobre el sector fotovoltaico y sus expectativas. Las ‘burbujas’ del debate para un nuevo modelo solar mantienen -según las patronales- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas y han paralizado dos salidas a Bolsa (Renovalia y T-Solar) en el último trimestre. Como denuncia la ASIF, la Banca está haciendo sus presupuestos para el año que viene y se puede perder la financiación también para 2011 si no se define el marco regulatorio pronto.

En el último año, España ya ha perdido tres posiciones en el ranking de el ranking internacional de atractivo para la inversión en energías renovables (en todas sus tecnologías) de Ernst & Young, dos de ellos en los últimos tres meses pasando del sexto al octavo puesto y, en buena medida -la agencia dixit- no sólo por el apoyo del Gobierno británico a determinadas energías renovables y el anuncio del Ministerio de Medioambiente francés, de que duplicará el ritmo de desarrollo de renovables hasta 2020, sino sobre todo por los vaivenes y los retrasos en el modelo de retribución a las renovables españolas, aún pendiente de definición en su vertiente fotovoltaica. Una grieta en la que ha comenzado a ‘meter el dedo’ la recién nacida Fundación Energías Renovables (FER), que denuncia la “clara tendencia” de Industria a frenar y limitar la expansión de unas renovables, cuyo coste -asegura- hay que analizar a lo largo de toda la vida útil de estas instalaciones” y el empeño de los partidos políticos por atarse a “una política cortoplacista para llegar vivos” a las próximas elecciones generales.

Los avisos sobre el ‘escaso’ recorte propuesto previsto por Industria son sólo la ‘letra gruesa’ de un informe en el que -aunque no sea preceptivo para el Ministro- la CNE le volvía a marcar a Sebastián las líneas rojas que no debería traspasar en sus recortes a las primas renovables. Respalda la supresión de las tarifas de las instalaciones fotovoltaicas a partir del año 25 de su vida útil, solicita que se incluya la regla habitual de que las retribuciones del régimen especial se revisen cada cuatro años, -algo que no recogía el texto legal- , se opone a la norma que conceder prórrogas a la eólica o la solar termoeléctrica para la no aplicación de las nuevas primas y tarifas a las nuevas instalaciones puestas en marcha a partir del 1 de enero de 2012 hasta un año después. Y  deja a mano de Industria nuevas opciones para un ‘tijeretazo’ verde, no sólo mediante la “desaparición del preregistro en la tecnología suelo y la convocatoria de subastas trimestrales/anuales mediante el mecanismo de sobre cerrado”, sino con la posibilidad de abrir un proceso de persecución de fraude en eólica similar al que el Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto intentó aplicar a la fotovoltaica.

INDUSTRIA NO DESPEJA TAMPOCO LA ECUACIÓN FOTOVOLTAICA

Sebastián dejó para un ‘segundo plato’ el tijeretazo que prometía más rotundo, un modelo de retribución a las plantas fotovoltaicas con el que sus primeras expectativas prometían aliviar hasta en 1.000 millones de euros su peso en el déficit de tarifa. Permitió, después de tres regulaciones en tres años, que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW, e incentivó que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. Nada que Sebastián pueda mantener, después de que las primas al Régimen Especial en 2009 se dispararan hasta los 6.200 millones de euros, 2.600 de ellos para la solar. Tras el pacto en julio con eólicos y termosolares, descontaba haber retomado en septiembre la ‘respesca’ de las negociaciones truncadas con las asociaciones y las patronales del sector.

Octubre iba a ser la hora de la verdad para esa tecnología, Sebastián quería que la nueva regulación entrara en vigor a mediados de este mes, una vez que Industria tuviera a mano el dictamen de la CNE y los resultados de su ‘purga’ al fraude fotovoltaico. Hoy, los dos están ya sobre la mesa del ministro desde hace tres semanas, pero no hay resultados oficiales de la ‘amnistía’  a las plantas fraudulentas (que se acogieron a la remuneración más favorable del RD 661/2007, aunque en septiembre de 2008 no estaban operativas) impulsada por el Real Decreto de Trazabilidad 1003/2010, de 5 de agosto y la Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas. Apenas un puñado de promotores -entre 10 y 50  Mw según fuentes del sector- se ha acogido a un modelo de‘amnistía’ en el que las patronales fotovoltaicas ya advirtieron que no creían. La ‘pelota’ vuelve de nuevo al tejado de la CNE -que en su momento abrió investigación a instalaciones con cerca de 1.000 MW en los que la CNE encontró irregularidades- e -Industria se empeña en hacerlo saber- a la Fiscalía General del Estado.

De Industria, desde que el 29 de julio se rompieron lo que las asociaciones se niegan incluso a elevar a la categoría de ‘negociaciones formales’, la ASIF, la AEF, la APPA y las principales empresas del sector no han recibido más noticias oficiales. Hasta ahora, como las empresas afectadas, las patronales fotovoltaicas aún no tienen la certeza plena de si la propuesta remitida por Sebastián a la CNE, además del recorte del 45% de las primas de suelo y la limitación a 25 años de las primas para las instalaciones acogidas a la anterior normativa RD 661/2007 sin posibilidad de prórroga, supondrá más adelante un recorte también de las primas a las instalaciones ya en marcha, lo que Industria llama “retroactividad impropia”. Tampoco lo pueden descartar de plano. Nadie sabe a ciencia cierta si es un golpe a solas de Miguel Sebastián, otro anticipo del supuesto pacto de Estado de Energía con Génova, o sólo otro órdago para seguir más adelante con su pulso a la APPA, la AEF y la AFI. Tendrá además que resolver la diferencia entre la Subcomisión Parlamentaria para el análisis de la estrategia energética de los próximos 25 años y el Plan de Acción Nacional de Renovables. Respecto al Paner inicial  del “mix de Zurbano”, el definitivo (presentado a la Comisión de la UE) plantea un incremento del 31,1% de la generación con gas natural en 2020, mientras que reduce la generación con renovables en un 3,5%. Según la última versión, la eólica marina pierde el 83% de su potencia prevista, la termosolar pierde el 25% y la fotovoltaica el 20%.

EN BUSCA DE NUEVOS ‘BOLSILLOS’ PARA LAS FACTURAS RENOVABLES

No hace ni un mes que fuentes gubernamentales hacían saber a través de las agencias que el Gobierno "ni se plantea ni estudia" la aplicación de un impuesto a los carburantes para financiar las renovables y compensar las emisiones de CO2 del sector petrolero. Hoy, salvo las tasas nucleares e hidráulicas -una opción rechazada expresamente por la mayoría del Congreso en septiembre tras una moción de ERC-IU-ICV- todas las bazas se barajan de nuevo en la mesa de Sebastián, aunque con el ‘céntimo verde’ Moncloa se ha ocupado, durante este tiempo, de dejar -o al menos que lo parezca- la ‘llave’ a esa fiscalidad verde en manos del marco para su aplicación que vaya estableciendo la UE. Una línea roja que, en sentido estricto ya podría ‘saltarse’ España. Industria ha llevado a la Subcomisión del Congreso las propuestas de las renovables para ‘compartir’ con las gasistas y las petroleras las facturas del Régimen Especial.

La “Propuesta de reparto de costes para el soporte de la curva de aprendizaje de las energías renovables" que las patronales Appa, Asif, GiWatt y Ricam, entre otras, le han hecho llegar al ministro desde junio exige que los sectores del gas y del petróleo carguen con su cuota correspondiente de los costes que supone el recorrido de la curva de aprendizaje de las renovables y de la obligación de cumplir con los objetivos vinculantes de la Directiva de Renovables 2009/28/CE (que exige que el 20% del consumo energético final bruto sea renovable en 2020) porque, “a pesar de tener el mayor peso en la estructura energética de cobertura de la demanda (electricidad (25%), gas (19%) y petróleo y derivados (56%), estos costes los están asumiendo únicamente los consumidores de electricidad”. Desde que Sebastián comenzó a tantear ecuaciones para una rebaja de las retribuciones renovables, las patronales fotovoltaicas pusieron sobre su mesa sus propias alternativas: conseguir que el sector petrolero, gracias a un nuevo impuesto a los carburantes (podría ser de un incremento de los precios de la gasolina de 4,3 céntimos por litro y de 4,8 céntimos para el gasóleo, y de 50 céntimos de euro por kilovatio para la TUR del gas, según sus cálculos), ‘comparta’ los objetivos 20/20 de la UE y la obligación de integrar en su matriz de generación un 40% de energías limpias en 2020.

Una ecuación que hubiera reducido en 2010 las primas renovables a poco más de 1.500 millones de euros, a cambio de cargar a las espaldas de los hidrocarburos 4.725 millones. Nada que las petroleras y las gasistas -ya perjudicadas además por el Real Decreto de consumo del carbón autóctono y el desplazamiento de los ciclos combinados- estén dispuestas a asumir. Menos aún a la vista de que, según los estudios de la AOD, los hidrocarburos aportan en España diez veces más en recaudación fiscal que las renovables -la cifran en 18.000 millones en 2009 frente a los 1.400 millones que se recaudaron por el sector eléctrico- y que cerca de la mitad del precio final de los combustibles de automoción corresponde a impuestos. Para la Asociación española de Operadores Petrolíferos (AOP) “es un aberración mezclar tecnologías”.  En palabras del presidente de Repsol, Antoni Brufau, un nuevo impuesto a los hidrocarburos "supondría una financiación injusta de unos sectores a otros" y produciría "un agravio significativo".

Las patronales solares intentan ‘limpiarse’ las manchas del déficit de tarifa, achacan a la cogeneración más de 1.100 millones de los 6.000 que se atribuyen a las primas del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 15% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética. Aunque las grandes eléctricas aseguran que los gastos del sistema (transporte y distribución) se han incrementado un 32% desde 2006 mientras que los costes asociados, donde se encuentran las primas a las renovables, se han disparado un 340%.  ASIF sugiere revisar ineficiencias en el conjunto del sector (como los windfall profits, los sobrecostes extrapeninsulares y por restricciones técnicas, o la optimización del sistema tarifario del último recurso) y que podrían tener un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. La fotovoltaica, además, le quiere abrir a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban- crecer un 35% y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla.

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