edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
25/06/2009
Intenta evitar que coincida con las nuevas tarifas eléctricas
Miguel Sebastián, ministro de Industria

Sebastián no quiere asumir el coste político del cierre de Garoña

Envenena sus discursos y se guarda la revancha del desmantelamiento, el Almacén de Residuos y el debate nuclear de fondo con Almaraz y Vandellós
Javier Aldecoa

Se empeña en calentar el entierro de Garoña y amuebla un sarcófago para 2011, pero huérfano de argumentos técnicos -ahora que el CSN avala la continuidad por otra década- y a falta de ‘enterradores’ que echen paladas de tierra política sobre la central burgalesa, Rodríguez Zapatero trata de cargárselo a los hombros de Miguel Sebastián. El ministro pliega sus velas atómicas. Le han apretado las clavijas. De la bandera de ‘todas estupendas a los 50’, hoy sólo le queda la venganza del discurso y del calendario -que sea lo antes posible-, la rebelión de la escenografía -con todo el Consejo de Ministros-  y la trinchera del día después. Acatará, pero le devuelve la pelota envenenada a Moncloa: se niega  a escribir la última palabra sobre Garoña. Sólo será el ‘camarero’ de un plato forzoso  si no convence a ZP ni a la vicepresidenta de la tercera vía, de una prórroga de cuatro años. Industria quiere tener más espacio en un debate nuclear de fondo. Busca ganarle a Moncloa sitio en la guerra de la explotación del uranio. Peleará después la luz verde al Almacén Centralizado de residuos. Y si nada cuaja, tratará de que no le salpiquen otra vez los siguientes dossieres: Almaraz. Vandellós y Ascó, antes de 2010.

El cierre de la central burgalesa se ha convertido para el Ejecutivo en una bandera, pero una  ‘tóxica’ que nadie quiere enarbolar. Moncloa repite de espaldas al CSN y a Europa su himno -“nucleares no”-, pero se piensa la escenografía. Como sólo es una renovación de licencia, no hace falta una resolución del Consejo de Ministros, ni siquiera Industria tendría que informar al Consejo, salvo que se empeñe. Al presidente no le gustaría tener que servirlo a una mesa de ministros en la que ni a Sebastián, ni a Elena Salgado les agrada un candado para Garoña a contrapié de la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear. Si Zapatero optara por la orden ministerial, Sebastián podría resolverlo de un plumazo. Pero llevaría sólo sus apellidos. Por eso el titular de Industria intenta que la decisión se ejecute por real decreto a través del Consejo de Ministros y con el ‘coro’ de respaldo de De la Vega y/o el presidente. Sólo que en ese caso, la fecha más probable sería el 3 de julio, sólo dos días antes de que venza el plazo legal. Más tarde de lo que al calendario de Sebastián le gustaría para que para que la onda expansiva no se sume a la de las nuevas tarifas eléctricas.

El titular de Industria ha encajado la llamada a filas de la vicepresidenta y más de un tirón de orejas de Rodríguez Zapatero. Mira a los lados y sólo ve el silencio de José Blanco -después del desliz que lo llevó a confesar que sólo puede ser prorrogada si el país sufre déficit de producción eléctrica -y el de Elena Salgado- después de haber calculado en público que no se puede "prescindir" de la energía nuclear-. Lo justo para que el ministro de Industria proclame para la galería que “acatará la disciplina de la decisión del Gobierno”. Eso es todo. Sebastián no entona el mantra de De la Vega, el de la “unanimidad” en el interior de Moncloa y la única brújula de los “compromisos electorales”. El ministro encripta sus pataletas. Pero sólo lo justo para que, al leerlas entre líneas, sus mensajes lo salven del juicio de la historia. Y del veredicto del CSN, el CNE y la Unión Europea. No rinde las lanzas de los problemas “del suministro energético” como criterio para el destino de Garoña. Y no se resiste a hacer sangre en las grietas de la letra pequeña del credo electoral del PSOE, las mismas que ha abierto Felipe González: el partido se comprometió al cierre de este tipo de instalaciones cuando se agote su vida útil. Y sólo hay que escuchar al CSN para reconocer que para Garoña ese día no tendría que llegar antes de 2019.

LOS DARDOS DE SEBASTIÁN

Sus balones ‘envenenados’ al PP dan también en los largueros de la Moncloa: no es casual que el ministro de Industria haya recordado mirando a Génova que "hasta la fecha el único presidente del Gobierno que ha cerrado una nuclear fue Aznar" -Zorita en 2002, cuando tenía 38 años-. Pero -aviso para Zapatero- lo hizo entonces con la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear a favor y se permitió a la central apurar su ciclo cuatro años más.  Miguel Sebastián  no trata ya de revertir la ‘condena’ de Garoña fuera de los fogones de Zapatero y De la Vega. Sólo agota sus últimos dardos dialécticos. Es lo que le queda en su pulso nuclear con Leyre Pajín. Y trata con ellos, de dejar abierta alguna puerta al día después del ‘affaire Garoña’. Lo ha dejado caer en el Congreso: "la energía nuclear es hoy insustituible en España" y lo que pase con la central burgalesa no predetermina el futuro del resto de las instalaciones, de las que depende el 18% del mix energético. Eso repite y se repite el ministro, para jugar a hacerlo realidad. Es el único miembro del Gobierno dispuesto a discutir el futuro atómico español en la subcomisión del Congreso que ha propuesto el PP.

Calcula que una ‘cuarta vía’ de cuatro años más -que hasta los grupos ecologistas y CIU  están dispuestos a apadrinar- le permitiría, al menos, abrir la ‘venganza’ del debate nuclear de fondo que exige Unesa. Y ha tratado de buscar la complicidad en la segunda resolución, de urgencia del CSN. El Consejo abre la puerta a su alternativa: los principales límites y obligaciones impuestos en el informe original sobre la continuidad de Garoña durante 10 años son aplicables en caso de que el plazo sea menor, aunque deberá ajustarse el calendario de determinadas mejoras. Pero el CSN le recuerda a Zapatero el ‘estribillo’: el horizonte de 10 años más sigue siendo su receta para la central.

Rodríguez Zapatero se echa a la espalda el informe del CSN, las aristas del mix energético para prescindir -sin facturas adicionales- de la energía nuclear y el incumplimiento del Protocolo de Kyoto. Ha deshojado la margarita de todos sus argumentos: los de la seguridad los desmonta el Consejo de Seguridad Nuclear. Sus ‘buenas notas’ en todos los exámenes técnicos -ocupa el puesto 34º del mundo en materia de seguridad y está entre las 10 primeras en protección ambiental- más de 370 millones de inversiones, la sintonía con todos los requisitos del CSN y el visto bueno de la AIEA allanan el camino de la renovación a Garoña. Y ni la subida de la producción nuclear, ni el cálculo del precio del desmantelamiento y un 10% adicional en la factura energética -ahora que Sebastián cruza los dedos para que no se estropee la foto con las eléctricas- ni la demanda por lucro cesante que Nuclenor ejecutaría, ni el precio del incremento compensatorio en otras centrales obran a favor de las tesis del cierre que Moncloa trata de defender.

El Ejecutivo trata de tejer todos sus círculos viciosos: cómo ser rentable y segura y cerrar, cómo hacer que no parezca una decisión política, (ya ha desechado que el CSN entonara sus partituras), cómo hacer que parezca que las renovables pueden con el vacío de la nuclear, cómo solucionar las demandas que le planteará Nuclenor si cierra Garoña y cómo opacar las cifras que emergen ahora sobre la mesa. Pero las contradicciones con el regulador y los argumentos técnicos se le nublan en la ‘casa socialista’ y son ya cañonazos por parte de sus socios europeos.

LOS AVISOS DEL DÍA DESPUÉS

Industria ha comenzado a entonar sus avisos para navegantes del día después, pase lo que pase con Garoña. Para empezar, deja rodar las advertencias de Enresa: la empresa pública dedicada a la gestión y el almacenamiento de los residuos radiactivos que se producen en España no tiene ni los recursos humanos ni los técnicos para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares de José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y de Santa María de Garoña (Burgos) de manera simultánea. Y eso es lo que Moncloa le exigiría si decidiera cerrar Santa María de Garoña en su 40 aniversario, en 2011, su desmantelamiento comenzaría en 2014, junto al desmontaje de Zorita, que acumula ya varios meses de retraso.

Miguel Sebastián advierte, pero con la boca pequeña y para oídos ajenos. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habrá Almacén Temporal Centralizado (ATC) en 2012, como muy pronto, 2014. Zapatero quiere enterrar, junto a Garoña, los residuos y su debate. Moncloa y el PSOE de Castilla la Mancha, de espaldas a las promesas de Industria y del consenso de todos los grupos parlamentarios en 2004, se han comprometido a mantener congelado en el olvido el ATC que prometió. Al menos, a no desatar la carrera por él en Guadalajara. Nada que comulgue con los principios de Sebastián, que cada vez se resiste con menos fuerza a las exigencias de la Agrupación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC)- que pide la licitación- y ha tenido que volver a encajar el recordatorio de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten: sería "más seguro" construir un (ATC) para los residuos radiactivos de las centrales nucleares que mantener su depósito en cada una de las instalaciones.

El Club Español de la Energía (Enerclub) se lo recuerda: no puede seguir de espaldas a Europa, que se ha subido ya a otros trenes, los de la fisión y la recuperación de residuos radioactivos para ser utilizados con un nuevo combustible. Pero Zapatero y Garmendia se empeñan en hacer del combustible nuclear usado un “residuo” y no material reciclable, como hace el mercado galo -donde el 80% de la electricidad es de origen nuclear- con el 96% del combustible que llega a sus manos y un ahorro del 25% de uranio natural. Inglaterra seguirá guardando desechos nucleares españoles. El regreso de una parte de los residuos atómicos de alta actividad (los más peligrosos) que se custodian desde hace décadas en Sellafield (Reino Unido) y que proceden del reprocesamiento del combustible que utilizó la central nuclear de Santa María de Garoña en los años setenta debían haber vuelto ya a España, según el contrato firmado por Nuclenor y British Nuclear Fuels (BNFL), compañía que los custodia también una pequeña cantidad de Vandellós. Pero, al calor de la inercia de Moncloa la parte española ha logrado un aplazamiento de ese regreso y el Ministerio de Industria negocia que Inglaterra se quede de forma definitiva el uranio. Un material que en tierras británicas sí se recicla.  Mantenerlo en Reino Unido cuesta de 200.000 a 300.000 euros al año, una cantidad que abonan los usuarios través de un porcentaje de la tarifa de la luz. Y sólo por la basura nuclear de la central de Vandellós I, cuyos residuos actualmente custodia Francia, España deberá pagar, a partir de 2011, una multa de 60.000 euros diarios hasta 2014, que pagarán tanto los usuarios (a través de la tarifa de la luz) como las eléctricas. Además, como actualmente los residuos de alta actividad  se guardan en las piscinas de las propias centrales y algunas de ellas están saturadas, será necesario construir un minialmacén ATI para Ascó, como los que ya tienen las de Trillo y Zorita (clausurada en 2006). Si el Gobierno decide cerrar Garoña en 2011, también sería necesario otro ATI para la burgalesa.

PAZ PARA GAROÑA CON EL ATV

Zapatero trata de hacer del tabú de los residuos nucleares la carta blanca de la  paz con Sebastián, con los municipios y con la industria. Una de las opciones que siguen encima de la mesa del Ejecutivo es canjear el cumplimiento el VI Plan de Residuos -que contempla la construcción del ATC-  por la paz para el día después de Garoña. El Ejecutivo se plantea hacer realidad los deseos del Delegado de la Generalitat de Cataluña en Tarragona, el socialista Xavier Sabaté, que ha roto el tabú y reclama para Cataluña un almacén de residuos radiactivos, más allá de las centrales en activo en Tarragona.  O, ‘mejor’ aún para la bitácora de Moncloa: ubicar en Garoña el cementerio nuclear de España. Construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) pendiente para albergar el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares. Pero ni el ‘caramelo’ de una inversión de más de 700 millones y 12 millones al año en ayudas consuela el enfado de los ayuntamientos del Valle de Tobalina (Burgos). La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), que representa a más de sesenta ayuntamientos ubicados alrededor de las centrales nucleares españolas, presentará ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo ante cualquier decisión del Gobierno que no sea renovar la autorización de Garoña por diez años más.

Hasta los ecologistas le pelean el cierre de Garoña, pero respaldan a Miguel Sebastián en su esfuerzo por ‘salvar los muebles’ del calendario. Sebastián se aferra a la margarita del día después, al menos la de las otras centrales. Es verdad -como ha recordado recientemente Zapatero en el Senado- que la central de Garoña (que comenzó a estar operativa en 1971) aporta sólo el 1,4% del consumo eléctrico del país, se convertirá para Moncloa en el barómetro de su ‘talante’ nuclear y el mapa del mix energético español a medio plazo. Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellos II deben renovar su licencia antes de noviembre de 2011. Únicamente Trillo (noviembre de 2014) se queda fuera de un calendario diseñado por el enemigo, que hace que la renovación del parque nuclear español se concentre en apenas un par de años.Almaraz pone sus barbas a remojar y se agarra a la letra pequeña. Apura su recarga. Es la siguiente en la lista de los candados. Ya el 6 de junio de 2008 presentó a la Dirección General de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, la solicitud para la renovación de la autorización de explotación de sus dos unidades por un periodo de diez años.

Vandellós prevé realizar esta petición este mes de julio y la de Ascó lo remitirá en octubre. La Junta de Extremadura trata ya de canjear el acuerdo que definirá las grandes líneas estratégicas en materia energética para el período 2009–2012 a cambio de un salvoconducto para Almaraz. Trata de alejarla de la sombra de Garoña y busca promesas de Moncloa –o al menos de Ferraz- de que su suerte no estará ligada. Y, aunque Cofrentes no cumplirá 40 años hasta 2025, la línea roja en el calendario de Garoña –su cuarenta aniversario en 2011- será también el principio del examen para Cofrentes, que debe renovar la autorización de su funcionamiento en ese año y, si atesora una renovación por una década, habría llegado ya al límite.

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