edición: 2702 , Martes, 23 abril 2019
29/06/2010
Pacto de Energía con el PP
Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro

Sebastián se venga de Zapatero, cuestiona su cerrazón nuclear, agita las carreras del ATC y se lo pone más fácil a Areva

Sebastián reabre el ‘dossier Garoña’, es la primera exigencia de la negociación con Montoro
El retraso en la elección del ATC favorece a Zarra, la única no rechazada por el PP, y reduce los recelos electorales para Ascó
Javier Aldecoa

Sirve su venganza fría y en platos ajenos. El ministro creía tener despejada la primera incógnita de su ecuación energética, con la subida de tarifas y el recorte de primas a las renovables para reducir el déficit de tarifa. La misma opción que la desautorización de Zapatero le ha obligado a desmontar. Sebastián repiensa todo el modelo, pero lo hace de la mano de un posible pacto con el PP. Con las palas de Génova, destapa todos los debates ‘nucleares’. Moncloa pretendía echarle tierra al ‘affaire’ Garoña y garantizar la inercia hasta que en 2020 venciera la siguiente licencia a 40 años, la de Almaraz. Pero un año después del Decreto que imponía el cierre de Garoña en 2013 a contrapié del CSN, Industria sólo sabe que no hay líneas rojas. Aviso para navegantes, el ministro escenificaba su desafío ayer en el 30 aniversario del CSN y arropado por Almunia. El nuevo mapa de Sebastián retrasa sine die la decisión sobre el ATC, pero dejará a Zapatero ante el mal trago: si tiene en cuenta la voluntad política de los barones del PSOE tanto como de los presidentes populares, sólo podrá apuntar a Zarra, o a Ascó después de octubre. La cerrazón atómica será más difícil para Moncloa: si el PP y Sebastián no consiguen sintonizar en la prórroga de Garoña -el CSN ya está preparado para emitir un nuevo informe, pero el Paner 2011-2020 para Bruselas descuenta la generación de Garoña- sabe que habrá que pagar otros peajes nucleares. Ya en Genova resucitan las opciones defendidas por el grupo socialista y exigen garantías de que las centrales operativas llegarán hasta los sesenta años de vida útil.

El ‘contador’ energético de Sebastián vuelve a cero. Aún a riesgo de ganar sólo tiempo. Busca en el debate nuclear alguna ‘ofrenda’ de paz para las eléctricas, las más afectadas por la incertidumbre del mix de generación. No son sólo la revisión de todos los costes del sistema, la definición del modelo energético español de futuro, al menos hasta 2020 y el ‘tentetieso’ temporal a la factura eléctrica el 1 de julio los que están sobre la mesa ahora común -asegura Sebastián- de Moncloa y Génova. Sin subidas, sin recortes -a las primas y/o a las retribuciones de hidráulica y renovables-  sólo habrá más déficit y más chispazos con las eléctricas.  El engorde de un déficit de tarifa que ya en 2009, según la Comisión, superó el techo legalmente permitido (3.500 millones) en 1.116 millones y que ha terminado por disparar la tarifa de acceso, sobre todo por el peso de las primas del Régimen Especial en los costes hundidos, lo seguirán soportando sus balances. Lo sabe Endesa: como recordaba Borja Prado, ya tiene 7.423 millones de euros pendientes de cobrar y el pago de esta deuda, que se está retrasando por cuestiones administrativas, se incrementa en 155 millones de euros cada mes para la compañía. 

No hay ya líneas rojas, aunque el ministro no dé aún por recibida formalmente “la petición de Rajoy”. Lo dice con la mirada puesta en la puerta, otra vez entreabierta, a un futuro para Garoña más allá de 2013. Lo hace casi al mismo tiempo que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguraba que ni el jefe del Gobierno ni el PSOE han variado su postura sobre la central. El nombre del reactor burgalés ni siquiera tenía sitio en la reunión semanal de la Ejecutiva socialista y la Subcomisión de Industria del Congreso respira aún por las heridas de la incertidumbre, nadie sabe si el Pacto hará sitio a seis meses de negociación entre los grupos parlamentarios. Ya la vicepresidenta De la Vega ha dejado claro que, para Zapatero, nada ha cambiado. También que, para los implicados en la negociación energética, nada sigue igual.

La sacudida nuclear está servida. Para empezar, la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta y media actividad no llegará ya bajo los calendarios previstos: principios de verano para el informe de Industria y agosto para la decisión final del Consejo de Ministros. Desde el Decreto de su convocatoria el 23 de diciembre de 2009 el propio Ministerio preveía haber enviado en los primeros días de julio un primer informe preeliminar. Hasta tal punto que, pocas horas antes del anuncio de pacto entre PP y PSOE,  un portavoz de Industria -donde la noticia cogió a casi todos por sorpresa- adelantaba que la selección de candidaturas estaba casi ultimada y la decisión final se adoptaría en un consejo de ministros antes de vacaciones. Ahora, en el ministerio, sólo saben que no se sabe nada, todo el proceso depende de nuevos factores en juego que ya no pueden controlar. No, al menos, todos ellos. Ni lo intentan. Se resguardan en una demora ‘sine die’, que como se ha apresurado a recordar la Amac -que respalda proactivamente las candidaturas de Ascó y Yebra- no es tan grave en sí misma. Al fin y al cabo, después de casi cuatro años de retrasos desde las iniciativas originales de Montilla, de seis años desde que en diciembre de 2004 el Congreso aprobó desarrollar los criterios para construir un ATC en España, desde Enresa, (la empresa nacional de residuos), hasta la propia industria nuclear han encajado todos los argumentos para su posposición. Pero, en palabras de la misma Asociación de Municipios en Áreas Nucleares, será “positivo si con el aplazamiento de la decisión se logra un mayor consenso y una planificación a largo plazo”. Si ya Moncloa tenía problemas desde febrero para sintonizar los criterios de Industria con los recelos de los barones socialistas reacios a hospedar el almacén en Castilla la Mancha, Extremadura y Cataluña, ahora serán mayores. Tendrán que incluir además en sus variables a las líneas rojas del Partido Popular y las CCAA gobernadas por él.

Si Zapatero creyó que dejar correr el calendario acabaría por aquietar a todos los caballos de su furia antinuclear, se equivocó. De nuevo, nada esta ya claro, sólo que el ‘entierro’ de la central burgalesa no será en silencio, ni gratis, ni a tiempo, ahora que el ‘affaire Garoña’ se ha convertido en uno de los ‘entrantes’ en el menú del pacto energético entre PSOE y PP. Además, después de un anuncio de pacto energético que pilló tan por sorpresa a Génova y los barones regionales del PP respecto a Montoro como al PSOE de Burgos respecto a Sebastián, si Moncloa y PP decidieran respetar el ‘mejor no meneallo’ de Zapatero y confirmar que su prórroga sólo hasta 2013 es irreversible, no será a cambio de nada. En Génova buscan hacerse fuertes en las propias contradicciones atómicas que agrietan Ferraz y Moncloa desde hace más de un año. No es el Ayuntamiento socialista de Trespaderne el único que votó a favor de la continuidad de la central. Varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y algún que otro de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre del reactor de Nuclenor. Más aún: si el pacto Sebastián-Montoro no desanda el cerrojazo a Garoña, en Castellana 160 saben que se arriesgan a tener que darle otra vuelta de tuerca al Plan Garoña, al que Chaves y Blanco han dejado de nuevo en tierra de nadie de la indefinición a medio plazo. Después de agitar el enfado de los socialistas y ‘tocarle’ a Blanco el desdoblamiento de la N-I del que no quería ni hablar la  han devuelto de nuevo al congelador tras el tijeretazo al Plan de Infraestructuras de Fomento.

Al Presidente se le sacuden otra vez todos los muros antinucleares: las urgencias de la definición del nuevo PER, el perfil de objetivos por tecnologías que debe comunicar a Bruselas antes del 30 de junio para cumplir la Directiva Renovable de la UE le marcan al ministro de Industria todos los ultimatum. Y la dependencia exterior, la emisión de CO2-un 40% mayor que en Kioto-, el déficit tarifario, el descenso del coste de generación y la subida de las facturas de la luz se alían a favor de la nuclear. La propia bitácora del Ministro de Industria le abre paso a la nuclear con cada vaivén renovable. No sólo porque necesitará más fuentes de generación si recorta los objetivos de potencia y producción de las renovables (y el Paner lo hace ya en 4.700 Mw, un 7% menos sobre el modelo de Zurbano que publicitó en marzo), sino porque, junto con los ciclos combinados, serán las energías de respaldo para su impulso renovable. Una energía limpia, barata, que reduce la dependencia (en España aún del 79%, muy por encima de la media de los vecinos del 50%). Según Nuclenor, la nuclear cuesta 35 euros/megavatio, frente a los 60 euros de las centrales de ciclo combinado, los 80 de la eólica y los 400 euros de las fotovoltaicas. El otro problema es la intermitencia. Las energías alternativas necesitan todavía de mucha investigación para poder acumular la electricidad producida e incrementar su rendimiento. Su función podría ser perfectamente complementaria.

Moncloa no ha querido ni tocar la idea de Bruselas de un impuesto, -aunque ahora es JPMorgan la primera en advertir del coste de una posible tasa por generación nuclear que está entre las opciones del Pacto de Estado-; no se ha definido un modelo de residuos europeos, ni menos aún objetivos mínimos comunes para los Veintisiete como esperaba el Comisario Günther Oettinger Gana tiempo con el nuevo techo de cristal para las centrales -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Pero nada, también que no vaya a quedar por primera vez en manos del Gobierno, de espaldas a las decisiones del CSN. Aunque el Gobierno mantiene su previsión de que las renovables en 2020 cubran el 22,7% del consumo energético, además de recortar potencia instalada prevista en Zurbano en 2.200 megawatios solares (hasta los 13.445 megavatios) y la eólica marina en 2.000 Mw, también se recorta la previsión de la energía que las renovables aportarán al sistema. Frente a los 158.000 gigavatios previstos en Zurbano, el Paner plantea 150.000 gigavatios. Nada que afecte -si el sector cumple la bitácora anunciada por el Ministerio- a los calendarios atómicos de Zapatero. Se contempla que los siete reactores nucleares que habría funcionando tras el cierre de Garoña sigan aún en 2020 con el mismo nivel de producción (en 2009 fue de 52.890 millones de kWh). De las ocho centrales españolas, Santa María de Garoña, de 466 megavatios (MW), es la única que en 2011 cumplirá cuarenta años. Del resto, Almaraz I alcanzará los cuarenta años en 2021, mientras que Ascó I y Almaraz II lo harán en 2023, Confrentes en 2024, Ascó II en 2025, Vandellós II en 2027 y Trillo en 2028.

EL PACTO EVIDENCIA LAS ‘VERGÜENZAS’ DEL CIERRE DE GAROÑA

Las eléctricas españolas están en armas ante el ‘cerrojazo’ de Moncloa. Armas judiciales,  políticas y diplomáticas. Una docena de pleitos aguardan a los mapas antinucleares de Rodríguez Zapatero. No sólo el recurso presentado por Nuclenor ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña sólo cuatro años, en lugar de los diez que recomendó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni la denuncia de los accionistas minoritarios de empresas cotizadas ante el Supremo y el recurso de la Junta de Castilla y León contra el cierre de la central los que despiertan los fantasmas de Garoña a Zapatero. Nuclenor le saca los colores ante Obama y el Instituto Nuclear de EE UU por el cierre de la que la OIEA considera una de las cinco centrales más eficientes y seguras, tras más de 2.500 actuaciones sobre su diseño original y los 150 millones de euros invertidos durante los últimos años. Un motivo más para que Iberdrola, Endesa y la Junta de Castilla y León no renuncien aún a desandar los pasos que el Real Decreto del Consejo de Ministros les imponía al ministro y al CSN. Como el presidente de Iberdrola reconoce, entre las líneas de Sebastián y los silencios de Zapatero ve “pasos del Gobierno” para una posible rectificación de un cierre que -en palabras de Galán- es un “lujo” con el momento de dificultades económicas que atraviesa España y el coste de su factura energética. Hasta 2013 no comenzaría el proceso y, como recuerda Sánchez Galán, se tardarían cuatro o cinco años en “enfriar” su reactor. Aún hay tiempo.

Mientras tanto, ni Endesa -que participa en siete de los ocho reactores en funcionamiento en España, y es el principal operador de la capacidad nuclear instalada, con una cuota 47% del total- ni Iberdrola, que comparte al 50% con ella en Nuclenor, la sociedad propietaria de Santa María de Garoña, exigen nuevas centrales a corto plazo. No hacen falta más por ahora, pero tampoco menos. Ése es al menos el veredicto de la Comisión Nacional de la Energía y de REE. Aunque, según los cálculos de Luis Atienza no sería necesario pensar en más reactores antes de la década de 2020, tampoco el mix español se puede permitir prescindir de los ya operativos. El suelo del sector nuclear español apunta a los sesenta años de vida útil para sortear el coste que tendrá, si no, la ‘excepción’ del modelo de jubilación atómica de Zapatero. Nada, en realidad, que no hayan asumido las economías de todo Occidente: frente a las cifras de Moncloa, que aseguraba que en el mundo sólo hay una central nuclear en funcionamiento con más de 40 años y que sólo seis centrales tienen un escenario de prórroga para sobrepasar la edad de 4 décadas, la realidad es que en el Instituto de Energía Nuclear Estadounidense analizan su propio parque atómico y aún no entienden la decisión de Garoña: en Norteamérica la mitad de los 104 reactores operativos ya han ampliado sus licencias hasta los 60 años.

MÁS OPCIONES PARA UNA TERCERA VÍA Y 60 AÑOS DE VIDA ÚTIL

Desde Castellana 160, Ferraz y el Grupo Socialista del Congreso intentaban arañarle a Zapatero algún gesto que dejara abierta la puerta a una ‘tercera vía nuclear’ en el mix a 25 años. Ahora buscarán que el Ministro le haga sitio en el Pacto de Estado. Ni en el Ministerio, ni en Ferraz es ya tabú la posibilidad de nuevos reactores en el medio plazo. Ya Antonio Cuevas, el presidente de la Subcomisión de Industria de la Cámara Baja que lidera la negociación con el resto de los grupos dejó claros sus límites: apuesta por desechar las renovables “que no sean competitivas” y no hacen falta nuevas centrales “como las que tenemos ahora”, una aclaración que pone alfombra roja a nuevos reactores, pero sumados a centrales ya existentes. Y si no (mientras persista la cerrazón de Moncloa no será fácil superar los recelos del sector a nuevas inversiones),  al menos que sea el CSN el que tenga la última palabra en la prórroga a los cuarenta años, para que la vida útil del parque ya existente pueda llegar a las seis décadas. La industria nuclear calcula que para cumplir el 30% de la generación que defiende la UE España necesitaría 3 nuevos reactores desde 2020, pero espanta la inseguridad regulatoria. El sector le exige al menos garantías de vida útil hasta los sesenta años, repensar el coste de generación y la sostenibilidad del modelo e impulsar una energía diez veces más barata que la solar.

 Le han vuelto a poner cifras sobre la mesa el presidente de Endesa y el presidente de Iberdrola: cerrar nucleares antes de los 60 años costará hasta 5.000 millones anuales, le recordaba Borja Prado. Si España prescinde de la energía nuclear, la factura eléctrica deberá elevarse en unos 35.000 millones, apunta Sánchez Galán. Ya desde 2009 el CSN recordaba que “mantener el funcionamiento de las centrales más allá del periodo inicialmente previsto en su diseño es compatible con la legislación española en vigor”: la moratoria legal terminó en 1997 con la ley del sector eléctrico, aunque Moncloa haya consumado la otra moratoria, la de la confianza de los promotores eléctricos. El cierre de Garoña es más chocante ahora, que el propio Gobierno, en su plan anticrisis, plantea mantener el resto de centrales nucleares existentes dentro del mix energético hasta 2020 y que ha renovado la licencia de Almaraz hasta los 30 años.

MÁS RETRASOS Y RECELOS POLÍTICOS PARA EL ATC

El Almacén Centralizado de Residuos (ATC) se había convertido, como recuerda ahora el PSOE, en el salvoconducto -junto con el Plan de Industrialización de la zona- para la renovación sólo por cuatro años más de la licencia de la central, hasta su cierre en 2013. Pero si Montilla y Zapatero esperaban hacer de la tercera vía castellano-leonesa en manos de alguno de los municipios que siguen siendo candidatos de esa región la fuente del “máximo consenso” entre Comunidades que De la Vega ha prometido, el impasse de Garoña no se lo pondrá tan fácil. Menos aún ahora que Sebastián y Montoro lo intentan resolver a una sola voz. Por primera vez, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, enarbola su ‘no’ rotundo al ATC. Y, por primera vez, es sin condiciones. Sólo la permanencia de la central burgalesa puede despejar la luz verde al almacén en tierras de Castilla. A lo peor, ni siquiera con ella. Suma y sigue a la moción de las Cortes de Castilla y León y a las resoluciones de las Diputaciones de Valladolid, León y Palencia, que  han rechazado la instalación del ATC en Melgar de Arriba o Santervás de Campos.

No es la primera de las sorpresas que el ministro le sirve a Zapatero en la bandeja del ATC, aunque esta vez sea cocinada con la cooperación del PP. Sebastián quería “codazos” municipales para ponerle apellidos a los 700 millones de inversión del Almacén. A cambio de sacar de la ‘nevera’ de Moncloa su convocatoria, con cuatro años de retraso, Industria había aceptado ante Zapatero condicionar su licitación, a medida de las CCAA, ya sabía que ni Extremadura ni Castilla la Mancha ni Cataluña aceptaban apadrinar el primer cementerio atómico nacional, pero no quería ponerlo difícil y se la jugó a Ferraz y Moncloa: la literalidad de su convocatoria sólo exige el visto bueno del municipio, aunque decida el Consejo de Ministros. Si quiere, sin consenso social y político.

José María Barreda respalda las negociaciones abiertas entre PP y PSOE para alcanzar un pacto de Estado en materia energética, pero insiste en rechazar la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Castilla-La Mancha. Ni el repudio del presidente de la Junta, ni el rechazo del PP en la región –a media voz entre los silencios de Cospedal- se lo pondrán fácil a las candidaturas de Villar de Cañas (Cuenca) y  Yebra (Guadalajara), por cierto dos municipios gobernados por alcaldes del PP, a pesar de que Yebra cuenta con experiencia atómica, con el impulso mayoritario de los habitantes de la zona y con respaldo expreso del Amac. Fernández Vara promete abandonar la presidencia de la Junta si el ATC llega a Albalá; no ha querido ser menos que Ibarra, que también comprometió en su momento retó a Felipe González a que, si daba luz verde a una segunda central en Valdecaballeros, dimitiría. Además, el PP extremeño ha apoyado su rechazo al ATC en la Asamblea.

 Si el Ejecutivo y el PP cumplen su intención de consensuar la decisión del ATC, el pacto favorecería a Zarra (Valencia), donde el Gobierno autonómico del PP regional ha sido el único que no se ha opuesto a acoger la instalación. Pero, si la decisión se retrasa más allá de octubre, volverá a colocar a la candidatura de la catalana Ascó entre los favoritos -aunque ha recibido más de 3.000 alegaciones en contra-. Sólo Ascó y Yebra tienen apoyo de AMAC, sintonía previa con Enresa, experiencia y proximidad nuclear y cumplen con los criterios preferenciales de la Orden de Industria. Los 650 camiones cargados de residuos nucleares que debería recibir el ATC sólo en los primeros veinte años de vida se podrían reducir a la quinta parte si el traslado de las 6.700 toneladas se hiciera por ferrocarril. Una opción que hoy por hoy sólo Ascó tiene a mano. Y que evitaría circunvalar núcleos de población y neutralizaría parte de las reservas de los grupos ecologistas. Ascó está más cerca del mar, por lo que sería más accesible para transportes desde el extranjero. La propuesta catalana tiene, además, cuatro centrales a su vera (tres activas y una en proceso de desmantelamiento), mientras que la castellano-manchega solo tiene dos (una activa y una pendiente de iniciar el desmantelamiento). De otro lado, Yebra es más céntrica en España, por lo que los desplazamientos desde Garoña (Burgos) o Almaraz (Cáceres), las principales fuentes de residuos en los próximos años serían más cortos.

Con ATC o sin él casi la mitad de los residuos del parque nuclear español se quedará en Cataluña (en su territorio hay cuatro plantas), y además hay que transportar desde Francia los residuos de Vandellós I. Montilla - aunque ministro de Industria emitió un pliego de condiciones para que los ayuntamientos pudieran burlar el rechazo de las comunidades autónomas- pide que se ubique fuera de Cataluña el ATC (ya acoge tres reactores) pero ni la Generalitat ni CiU sancionarán directamente a los alcaldes catalanes que se han lanzado en la carrera nuclear. Técnicamente la de Ascó es la candidata con más posibilidades, pero la resolución del Parlament en contra de la ubicación en Catalunya del ATC -que cuenta con el respaldo de PSC, CiU, ERC e ICV- dificultan la fluidez de su candidatura. Pero el calendario, que hasta ahora ha jugado en su contra, puede convertirse en otra baza a favor de las opciones del municipio tarraconense si la decisión final se pospone hasta sortear la campaña electoral de otoño.

AREVA BUSCA VENTAJAS EN LA INCERTIDUMBRE NUCLEAR ESPAÑOLA

El Gobierno no podrá evitar pagar además las facturas de sus retrasos nucleares., al menos en la gestión de residuos. Más cuanto mayores sean las demoras. Lo saben en la empresa de bandera nuclear con participación estatal gala. A Zapatero ya le queman los residuos de Garoña, el material procedente del reprocesado de combustible de la central le cuesta cada año 330.000 euros que van a las arcas del Reino Unido. Ni las prisas para licitar ahora el ATC y poder fijar una fecha para el retorno de los 679 metros cúbicos de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2010 llegarán ya a tiempo. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habrá Almacén Centralizado en 2012, como muy pronto, 2014, aunque se adjudique en abril -la fecha más optimista de Industria.

Areva trata de hacerse fuerte en las últimas grietas de la nuclear española. Hasta ahora ya ha aprovechado al menos en las ‘timideces’ atómicas de los Gobiernos socialistas: con Vandellós I la custodia de los residuos que España envió a Francia en 1989 ha costado a Enresa más de 517 millones de euros y la expectativa del coste de la prórroga al contrato sellado entre ambos países el 18 de octubre de 2001. Cuando se firmaron, se daba por hecho que los residuos (13 metros cúbicos de residuos de alta actividad vitrificados y los 666 m3 de media intensidad procedentes del reprocesado en Francia) podrían desembarcar en Vandellos II, o en Ascó al término del contrato en 2011. Vandellòs II, a día de hoy, todavía tiene margen para almacenar sus propios residuos de alta y media actividad, ya que tiene un 45% de sus piscinas libres -estima llenarlas entorno a 2020–. Sin embargo, los titulares de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV),  ya se han adelantado a cualquier sugerencia por parte del Estado rechazando los residuos de la central ‘ex vecina’ Vandellòs I.

El contrato con Areva expira en cinco meses, pero en Industria saben que será más duro negociar su prórroga necesaria sin haber ni siquiera iniciado el proceso para construir el ATC. Más duro fijar una fecha para el retorno de este material y eludir la sanción programada, de 49.545.17 euros. Ahora, la negociación del Pacto de Estado de Energía con el PP llega en plena oferta francesa de un intercambio de residuos nucleares. Como adelantaba ya en mayo el diario El País, Areva ofrece “devolver al silo atómico desechos más radiactivos que los de Vandellòs I pero en menor cantidad”. O vuelve una gran cantidad de residuos de media actividad o una mucho menor de desechos franceses activos durante miles de años. En ese caso, Francia exigiría más dinero al considerar que España se ahorraría millones en el transporte. En todo caso le servirá para compensar los problemas ‘domésticos’ con los residuos de alta generación.

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