edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
08/04/2009
El protegido de Moncloa, fuente de conflictos
Miguel Sebastián, ministro de Industria

Sebastián, solo ante el peligro

Al ministro de la bombilla se le acumulan las promesas pendientes y consigue estar a la greña con todos los sectores de su competencia
Javier Aldecoa

Se ha salvado. Buscó de Moncloa un rincón tranquilo para salirse de las quinielas y seguir a lomos del Gobierno. Ya no habrá más enfrentamientos con Pedro Solbes como los que adornaron las tarifas eléctricas, el caso Lukoil o la Ley de Comercio. Pero todas las ‘patatas calientes’ que dejó para abril y los desencuentros con los sectores industriales, comerciales y energéticos que dependen de Industria le recuerdan que su peor enemigo vive en casa. Sebastián parará los enfados del sector energético con el parapeto del nuevo rol del Secretario de Estado, sobre todo si sigue siendo Pedro Luis Marín. Pero la salida de Solbes no deja a Sebastián huérfano de adversarios. Espinosa no respira empatía con el ministro y aunque Garmendia ya no enarbola la bandera de las Universidades, choca los sables de la Ley de Ciencia y las competencias de Innovación con Sebastián. El espejo de las promesas del ministro puede ser el que le devuelva la última imagen burlada de sus contradicciones, ahora que se le despiertan todos los ‘fantasmas’ que trató de emparedar y se le disparan los cronómetros de las reformas prometidas.

Se le nubla el calendario. Sus driblajes energéticos han llevado a levantar la voz hasta al discreto presidente de UNESA. Le carga a las eléctricas los ‘daños colaterales’ de su nueva factura mensual sin que la compensación del déficit se haya materializado; saltan chispas con la CNE, no se atreve a sacar del congelador la renovación de la Comisión Nacional de la Energía y la del Mercado de las Telecomunicaciones; ha conseguido unir en su contra al sector automovilístico; obliga a las empresas a cofinanciar el ‘Made in Spain’ hacia EE UU. Irrita por igual al sector de las nucleares que a las renovables  y mancha, con los fondos en la nevera, los planes para la industria del carbón. Con cada intento por colgarse las medallas del Plan Avanza, da nuevas vueltas de tuerca al enfado de la patronal del sector de las Tecnologías. Y el tirón de orejas más duro que se recuerda de la CNC le ha dejado claro que no está por la labor de permitirle más demoras calculadas a la Ley de Comercio.

Miguel Sebastián entretiene los pinchazos de sus planes. Ha jugado a colgarse los ‘galones de plástico’ de las bombillas eléctricas de bajo consumo, del Plan Avanza, del coche eléctrico y hasta algunas de las competencias de la ministra Garmendia. Le bailan hasta los alfiles de la falta de sintonía con Maite Costa y su Comisión Nacional de la Energía: las tarifas de último recurso, el fracaso del bono social y hasta las eólicas los separan, y lo harán con más fuerza con todas las batallas listas para desatarse a partir de mayo. Ahora que sus informes descuentan que no cerrará la central de Garoña, la CNE le destapa el ‘melón nuclear’ que el ministro no quería ni tocar.

Con la reforma de la Ley de Comercio, Industria ha tratado de nadar entre dos aguas: prometía una trasposición con el viento en popa de sus ambiciones, pero su proyecto anunciado en octubre, fue parado en el Consejo de Ministros a finales de 2008. Los roces competenciales con las CC AA (sobre todo, Cataluña) rebajaron la propuesta. Y aunque Solbes trató de incluir en la ley ómnibus de la Directiva el sector del comercio para desbloquear la "pelea", finalmente, no se hizo: el sector más afectado por la Directiva de Servicios sigue sin saber qué ocurrirá. Pero la Comisión Nacional de Competencia le ha sacado los colores de la inercia al ministro: el equipo que preside Luis Berenguer no le consentirá macerar el retraso a la ley. Exige abolir "de plano" la licencia autonómica para grandes superficies y aconseja "eliminar las restricciones de las rebajas a periodos determinados". El informe de la CNC cuenta con el respaldo de la patronal de las grandes superficies (Anged), que atribuye  a la actual normativa la parálisis en la inversión de 3.000 millones de euros.

LE DESENFOCA EL MIX ENERGÉTICO

Miguel Sebastián zigzaguea en decisiones y plazos. Con cada regate deja en fuera de juego a las eléctricas y las promesas a los consumidores, enfada a la CNE- cada vez más cargada de hombros y responsabilidades- y espanta a sus propios planes. Es la mismísima OCU la que le atribuye haber dejado a 1,2 millones de hogares de la tarifa de último recurso con su decisión –de última hora, tras más de seis meses de retraso y de espaldas al acuerdo de la CNE- de  establecer en 10 Kilovatios (Kw) y no en 15 Kw (también considerada de uso doméstico) el límite para acogerse a la TUR.

El ministro se empecinó en colgarse en la pechera de los consumidores el logro del nuevo sistema de facturación mensual de la electricidad. Y a pesar de que fueron las eléctricas las primeras en advertirle de que no era ni el mejor mes ni la mejor forma, no dudó en hacerlas pasar por el aro a cambio del déficit tarifario. Hoy, el capricho les ha salido caro: las eléctricas cuentan con el compromiso de que tendrán un aval del Estado para titulizar el déficit de tarifa pendiente, en el entorno de los 13.000 millones hasta 2008 según cálculos de la CNE, pero cada día que pasa el coste de financiación crece y los rating empeoran. A cambio, las eléctricas esperan sentadas en el laberinto de las promesas y los peajes al viento del olvido de Sebastián.  La CNE sintoniza con la sensibilidad de las eléctricas, o al menos con la gravedad de las heridas del déficit, ésas que -Ignacio Sánchez Galán dixit- amenazan las inversiones en el sector y arrinconan sus cuentas. Sólo en 2008 el déficit de tarifa superó los 6.000 millones, el techo de las inversiones pendientes por la primera eléctrica del país, Iberdrola, para los próximos doce meses. Sebastián tardó dos meses en reconocer que hacía falta un modelo unificado de facturación mensual que aún estudia y que no llegará, a lo peor, antes de que jubile el modelo: El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, dejó como herencia la posibilidad de volver al sistema de facturación cada dos meses si las quejas persisten y se demuestran "irregularidades" en los informes de facturación. Solbes, la promesa –ahora en manos de Espinosa- de que los Presupuestos Generales del Estado no digerirán el déficit tarifario.

No quiere ser él mismo quien se salte los muros de Moncloa para cogerle el guante atómico en España a Felipe González, la ONU y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por eso Sebastián guarda el ‘melón’ de Garoña bajo siete llaves de silencio, pero se enreda con sus propias promesas de cumplir con el informe preeliminar que el CSN presentará en menos de un mes. A pesar de la presión de algunos consejeros de la CNE, hasta ahora no ha acelerado el cambio de precios nucleares. Sólo ha ganado tiempo, como mucho, hasta el próximo semestre para el veredicto de continuidad o cierre de Garoña y hasta 2010 para el examen de Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II. La CNE no se lo pone fácil. Tampoco la presencia desde enero del consejero pronuclear de CIU Antonio Gurgui y el análisis que acaba de publicar en la revista del Consejo de Seguridad Nuclear y que advierte que mantener en funcionamiento es compatible con la legislación en vigor.

EL ENFADO DE LAS RENOVABLES

La industria de las renovables ha terminado, también, por recordarle al ministro que ha echado borrones hasta sobre las energías limpias: los de las demoras regulatorias y los problemas de financiación, tanto como para poner de uñas a las empresas de energías renovables del país. El sector espera el santo advenimiento de la ley de energías renovables que Miguel Sebastián cocina, promesa, tras promesa, en el horno de sus desidias desde hace más de un año. La última, marca el mes de julio. La orfandad del mapa oficial de zonas para aerogeneradores que el Ministerio no ultima estrangula la eólica marina y paraliza proyectos por 6.000 Mw en un país que estaba llamado a liderar el sector; las dilaciones y la falta de recursos oficiales dejan a los biocombustibles en España brazos del dumping y a la mitad de las plantas paradas; y las empresas fotovoltaicas denuncian a voz en grito que las tenazas del ministro han duplicado el recorte de primas a las instalaciones marcado por la ley.

Sebastián jura que no busca hacerle sitio a nuevos representantes del Gobierno en los Consejos de la CMT y la CNE, pero Industria ordena todas sus cartas sobre la mesa y, entre sus órdagos, baraja sintonizar con Europa con el ajuste de las estructuras de sus Consejos, la reducción de costes y un mayor control sobre su funcionamiento, a la misma velocidad que le pone nombres y apellidos políticos a sus ‘fichas’ en el ajedrez de los reguladores. Busca hacer de la necesidad virtud y colar la reestructuración y algún que otro enviado, aprovechando que el Pisuerga pasa por la renovación de sus consejeros. Paró desde junio  la partida de la renovación de tres consejeros y el vicepresidente de la Comisión hasta abril, mientras no tuviera a su mano todas las bazas, hasta que las elecciones en el País Vasco no despejaran la fuerza de sus alianzas y la dimensión de sus obligaciones. Esperaba aprobar la Prospectiva Energética hasta 2030,  la Ley de Eficiencia y Ahorro Energético y sobre todo, desenredar el ovillo del déficit tarifario y sus 16.000 millones, la regulación del bono social, la tarifa de protección dirigida a los pequeños consumidores y los derechos de emisión de C02. Pero la hora del ultimátum le ha caducado ya.

NI BOMBILLAS, NI COCHE ELÉCTRICO

De Industria no han llegado a la mesa del Consejo de Ministros propuestas para compensar el ajuste de la construcción ni en sus industrias auxiliares, ni planes tangibles para incentivar la exportación, única forma de compensar la menor demanda. Sebastián se quiso colgar el primer premio del ‘Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011’sin más ganchos a mano que las bombillas ecológicas, pero se trizó en manos de su propio Made in Spain: los 50 millones de euros para pagar sus ‘luminarias’ fueron en la primera fase camino de Pekín. Quiso ser el quijote de las exportaciones a lomos del Made in Spain, pero su campaña no convence, ni los españoles consumen los 150 euros con los que quiso compensar. Los fondos y los petrodólares no llegan.

Su Plan Integral de Automoción ha tenido hasta ahora la ‘virtud’ de concitar todas las adhesiones, pero en su contra: Anfac -que pide medidas acordes al tercer productor de automóviles de la UE- los sindicatos y los concesionarios. El automóvil "pasa" de Sebastián y exige a Zapatero que tome las riendas. Todos claman por ayudas directas al consumo y aplauden a las comunidades- con Navarra al frente- que burlan las negativas de Industria y resucitan sus particulares ‘Planes Prever’. Al coche eléctrico, el Ministerio le destinará sólo 10 de los 4.000 millones del Plan Integral de Automoción - la mayoría ya contemplados o provenientes de proyectos ajenos al sector-. Las once patronales que agrupan a 83.000 empresas auguran más de 200.000 despidos “inminentes” si no viste con al menos 560 millones de euros un nuevo plan que supla la escasez de  aquellos 800 millones del plan de competitividad y promueve la venta de 150.000 vehículos adicionales este año, además de las últimas ayudas puestas en marcha en forma de Plan Integral de Automoción (PIA) y de un renovado Plan Vive, insuficiente para los empresarios, que ya ha agotado los 700 millones de la mitad de su presupuesto a marzo: de la partida total de 1.200 millones de euros, sólo 500 millones se reservan para 2010.

Sebastián tiene el encargo de retirar a España de ese ranking de industria automovilista que sitúa a la española a la cabeza de Europa por caída de ventas, y es posible que no sepa cómo hacerlo. O si sabe es probable que no pueda. Al ministerio de Industria llegan solicitudes del más variado color; desde sindicales hasta de once organizaciones empresariales del sector que, representadas por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE, comunican al ministro que la situación es “dramática”.

Cuentan una anécdota en la que Sebastián le preguntó en privado a Pedro Solbes cómo pensaba justificar ante Bruselas (más que nada para evitar la sanción) el aumento del déficit público español, a lo que el hoy ya ex ministro respondió: “¿y tú, cómo vas a hacer para evitar que dejemos de fabricar un millón de coches este año?”. Silencio. Exactamente, un millón de vehículos dejará de fabricar la industria española en dos ejercicios, el pasado y 2009, y las matriculaciones caerán entorno a las 400.000 unidades. Le piden al ministro que quite el “freno de mano” y ponga en marcha algún plan para dinamizar las ventas, y de paso el rejuvenecimiento de la flota que transita por nuestras vías y autovías, que considere el achatarramiento de vehículos con más de diez años, o de los industriales con más de siete. Y para todo se sugiere estímulo, o sea, subvención pura y dura, nada del otro mundo que no se haya aplicado en economías de nuestro entorno, como por ejemplo, Italia, Alemania, Holanda, etc.

LA SOLEDAD TECNOLÓGICA

Al ministro de Industria se le atrasa y se le encoge el Avanza2, la estrella de su revolución tecnológica. Llegó tres meses después de lo previsto, con menos presupuesto para darle cuerda a las TIC, sin un criterio de medición de la Sociedad de la Información y su convergencia con Europa y con una puerta entrecerrada para las pymes y sólo 663 millones para su modernización. No va más para la patronal del sector. Asimelec dribló el recorte presupuestario del 11% para la Sociedad de la Información el año pasado, pero se lo ha dejado claro, negro sobre blanco, a Sebastián en la puesta de largo del Avanza2: las costuras se le quedan cortas al ministro. Necesita, al menos 1.200 millones de euros más.

Sebastián enfada a las operadoras con las licencias de la cuarta generación móvil en dique seco, ancladas por el ‘impasse Euskaltel’ y la guerra de las concesiones regionales en plena ebullición. Industria ha metido el dedo en la llaga del reparto del GSM: el Gobierno no acaba de dar con el marco regulatorio con el que liberará nuevas frecuencias para los servicios móviles de tercera generación (3G) en 2009. Y sus alardes han corrido el velo sobre el internet rural: El programa impulsado por los ministerios de Agricultura e Industria y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) naufraga en las aguas de la financiación y de las debilidades municipales.

Sebastián cocina bajo la mesa la TDT de pago. Las lanzas con las grandes operadoras  están levantadas por un pastel aún borroso, pero no quieren perder sus -cubiertos. A los instaladores los despista -aun faltan 13 millones de decodificadores por instalar-  y el cuello de botella asusta a los antenistas. Mientras que la cobertura se sitúa en el 92,4% de la población a finales de 2008, sólo el 50,7% de las viviendas están preparadas con sintonizador y adaptación de las antenas para recibir en digital y es la propia Impulsa TDT la que advierte de las limitaciones de los equipos instalados, de espaldas a las opciones de pago.

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