edición: 3099 , Martes, 1 diciembre 2020
16/02/2010
Mobile World Congress de Barcelona

Sebastián, un paso adelante y otro atrás en busca de la paz con las telecos

Las operadoras no olvidan que les atrasa el reparto de frecuencias móviles y el dividendo digital y que el Plan Renove para nuevas redes no ve la luz, mientras Sarkozy dedica a ellas 2.000 millones
Trata de ser la ‘cara amiga’ del sector, desmarcarse de la política de tasas a las operadoras de De la Vega y de los efectos de le regulación de las descargas de Sinde
No promueve la rebaja del canon digital ni evita las obligaciones del acuerdo de ACTA con EE UU, pero abrirá el debate sobre la neutralidad de la red en la UE y un adsl a la carta de las telecos
Congreso Mundial Móvil de Barcelona
Ana Zarzuela

Se acerca a unas aguas en las que hasta ahora había dejado solo al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros. Sebastián compartió con las telecos el repudio de Moncloa en la Ley de Economía Sostenible a sus propios planes. No pudo imponer sus criterios ni en la regulación de las descargas de internet, ni en la financiación de RTVE, ni en la excepción TIC para parte de los Fondos del Plan E 2010. Ni siquiera en el despliegue de las wifi y las redes menores de fibra municipales a contrapié de las operadoras. Dejó que fuera Ros el que presentara un Plan Avanza reducido, lejos del incremento del 25% que le pedía la patronal. Pero ahora quiere retomarlas. Lo escenifica en el Congreso Mundial Móvil de Barcelona. Busca ser el presidente tecnológico de la UE y por las manos de las telecos pasa el servicio universal de banda ancha de un mega que quiere exportar a la UE. Si Sinde ha permitido que la industria de contenidos abra el debate sobre nuevas tasas al adls o algún canon de distribución sobre las operadoras, ahora el ministro busca flexibilizar la neutralidad de la red ante Bruselas para que las propuestas de Alierta del cobro a los grandes buscadores y las alianzas en infraestructuras no caigan en el saco roto de la Comisaria Kroes. Pero al mismo tiempo, el borrador de la Declaración de Granada acentúa el papel ‘policial’ de las operadoras ante internet. Y, como le recuerdan desde ETNO -la patronal europea- Sebastián les enseña sus contradicciones: el Plan E sólo destina al sector TIC el 5,16% del presupuesto; no hay ni rastro del Plan Renove para internet o nuevas redes y, a pesar de que presume de una banda ancha móvil que duplica a la estadounidense en penetración, agosta la inversión de las operadoras, ahora que Moncloa se guarda el reparto del ‘dividendo digital’ como pronto hasta enero de 2015, ha devuelto a la ‘nevera el reparto de las frecuencias de 900 Mhz y amenaza con adelantar el 2,6GHz.

Sebastián espera hacer de la presidencia europea de turno el bautismo con padrinos españoles de la nueva estrategia de Sociedad de la Información en Europa para el periodo 2010-2015. Necesita engrasar esos galones ante Bruselas y la Comisaria Kroes, tanto como para atreverse a tentar las latitudes de los mayores desencuentros con las operadoras. Lo ha hecho poniendo de nuevo sobre la mesa la renovación del presidente y tres de los consejeros de la CMT, pendiente desde hace más de un año.

En Barcelona, donde por primera vez la Setsi ha trabajado con la organización de la Feria Móvil Internacional, Sebastián ha entonado el ‘sí a todo’, hasta el punto de defender a las telecos españolas y sus condiciones ante los fabricantes tecnológicos y dejar sobre la mesa un guiño a Telefónica al considerar "una opción posible" el cobro de las operadoras a los buscadores como Google y su colaboración en las inversiones de red de las compañías suministradoras de telecomunicaciones. A cambio, saboreará la paz en la reunión ministerial con todos los países que acuden al Congreso Mundial y con los consejeros delegados de las empresas que exponen en él.  Se pone cómodo en la foto. Pero con cada espaldarazo en las últimas semanas, deja sobre la mesa de las grandes empresas de telefonía la bitácora que espera de ellas. Para empezar -se lo anunciaba letra a letra en el Mobile World Congress (MWC), la mejora “de la calidad y los precios de la banda ancha”.

A Vodafone, Orange, Telefónica y Jazztel, si la LES les afilaba las lanzas de sus enfados, la presidencia de turno de la UE, la sintonía con el lobby comunitario de ETNO y la presencia de Reinaldo Rodríguez en el macro-regulador les dejan en bandeja también las oportunidades. Al menos las de sacarle los colores a más de un desfile a Sebastián y hacerse con sitio propio en su “mercado común digital y de las telecomunicaciones”. Las operadoras europeas cuestionan la política de despliegue de la banda ancha española, allá donde más le duele a Miguel Sebastián. Le sacan los colores a las demoras y los olvidos públicos en el despliegue de las redes de nueva generación. Su política del servicio universal de banda ancha puede acelerar la guerra de precios y desincentivar a las telecos en la inversión en redes de nueva generación y la alta velocidad. Y le recuerdan  que para que el comercio electrónico, la Administración por Internet, la sanidad, las redes energéticas inteligentes y otros servicios digitales prosperen, Europa necesita un régimen armonizado que proteja a los usuarios con un sistema coherente de normas, una protección segura de la confidencialidad de los datos y una estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales, las industrias y las organizaciones de privacidad.

Francisco Ros ha vuelto de su reunión con los altos representantes de las telecomunicaciones de la Administración Obama con el encargo de prestar ayuda -o al menos asesoría- en banda ancha a EEUU, que aún ocupa el lugar 14 en el ranking mundial de penetración de la banda ancha sobre la población, casi la mitad que España. Y sabe que la Setsi -la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria- no puede hacerlo sola, menos aún si la nueva comisaria de Telecomunicaciones hace sangre en las contradicciones de la banda ancha nacional, ahora que está sobre la mesa el debate sobre la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea en sociedad de la información en el marco de la presidencia española, el  marco legal de las redes de nueva generación, la neutralidad de la red de internet, la gestión del espectro y la licitación de nuevas bandas para servicios móviles avanzados y la banda ancha como servicio universal. Quiere hacer ver la sintonía con ETNO y sus representantes españolas también en la feria tecnológica CEBIT de Alemania en marzo, en la que España es el invitado de honor. Pero no puede evitar dejar ver las grietas hacia el sector.

DUDAS EN BANDA ANCHA MÓVIL

Los operadores de telefonía móvil de todo el mundo podrían invertir este año hasta 53.000 millones de euros en tecnologías inalámbricas de banda ancha para afrontar el crecimiento de la demanda, según la patronal del sector de las telecomunicaciones, GSMA, lo que supone un aumento de alrededor del 15% frente al 2009. Las españolas no lo tendrán tan claro, no al menos en los mapas de Sebastián. A la vista de las ‘coronas’ de la banda ancha móvil española que consuma el “Informe de la Sociedad de la Información 2009”, Industria busca acelerar una ecuación de las frecuencias y de las inversiones,  que preparaba para lucir ante los Veintisiete y que hasta ahora se le ha nublado. Ros prometía presentar, al menos su plan del espectro radioeléctrico -que contempla la reasignación de la banda de frecuencias de 900 megaherzios- en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) del 14 de enero, luego fue para el del 6 de febrero, pero ha tenido que dejar pasar ambos de largo. Y, a cambio, pospone hasta 2015 el dividendo digital, aún a costa de dejar en el limbo el horizonte de sus inversiones a medio plazo. Dejará caer antes el concurso por las frecuencias de 2, 6 Ghz. No es que las operadoras la rechacen, pero piden que su reparto se posponga para cuando cada compañía ya sepa cuánto tiene en la banda de 900 MHz y en el dividendo digital. A todo ello se une que se trata de una tecnología que todavía no está lista y que no llegará hasta 2011.

Es cierto que el Plan de Extensión de la Banda Ancha del Ministerio de Industria PEBA), ha llevado la cobertura a más de 8,36 millones de ciudadanos en 58.442 núcleos de población pertenecientes a 5.706 municipios, la cobertura de la banda ancha se sitúa en el 99% de la población.  Pero a pesar de las bendiciones de la OCDE al Plan Avanza2, no sólo no crece un 25% como había calculado la patronal de las tecnologías española y le había pedido desde 2008 a Industria -para favorecer entre otras cosas la expansión de las redes de nueva generación-, sino que decrece justo ahora que el conjunto de las empresas TIC nacionales vieron por primera vez desde el año 93 decrecer el sector un 8% en 2009 y prevén un freno del 2,5% para 2010. Las telecos bajaron un 6%. Nada de la inyección específica de 5.000 millones anuales medio plazo que pedía la patronal Aetic para inversiones destinadas a 'info-estructuras', equipamientos eTIC, I+D+i y sostenibilidad.

El Fondo Sostenible y el local no tienen una partida específica. Los proyectos tecnológicos sólo son el 11,84% de solicitudes del total para el Plan E 2010 y las apuestas tecnológicas y de administración electrónica sólo supondrían el 5,16% del presupuesto de 5.000 millones de euros. Llueve sobre mojado en la orfandad a la solicitud de la rebaja del canon digital que la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) le acaba de reavivar. Nada sobre lo que el ministro de Industria se haya atrevido hasta ahora a romper el silencio y contradecir a Cultura. Y -como adelantaba www.siliconnews.es- el plan de Sarkozy para reactivar la economía hace palidecer al Plan Avanza2: Francia destinará directamente 4.500 millones de euros a las nuevas tecnologías mediante un fondo nacional para la sociedad digital, frente a los 1.500 de Avanza2. Y de ellos 2.000 millones serán sólo para acelerar el paso a la banda ancha y alcanzar velocidades de navegación de 100 Mbits/s con unas mínimas previstas de 50.

EN BUSCA DE SINTONÍA EUROPEA

Allende los Pirineos, el ministro de Industria enseña las contradicciones propias y las que separan sus mapas de los de Ángeles González Sinde y Fernández De la Vega. La propuesta de la Presidencia Española en la "Declaración de Granada"  que espera aprobar el 21 de abril impulsará en su artículo 30 nuevas medidas penales para proteger los derechos de autor digitales, a pesar de dejar en los hombros de las operadoras y los proveedores de la red una responsabilidad casi policial sobre las webs y la identificación de sus usuarios. Nada diferente a los indicios de acuerdos de Comercio Internacional que la patronal ETNO denuncia. Moncloa calla. Los representantes españoles han vuelto en silencio hace dos semanas de la Cumbre mexicana en la que la UE, EE UU, Australia, Japón y Canadá, entre una cuarentena de países han ultimado la séptima ronda de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

No hay noticias oficiales sobre un acuerdo que se negocia desde hace más de dos años entre una veintena de países industrializados bajo el paraguas de la OMC. Pero la industria de internet y la asociación de grandes telecos europeas -ETNO- han encendido todas las luces rojas. Si las propuestas que ahora tendrán que concretar los países ponentes se consuman -lo advierten ya los 1.700 proveedores de servicios en la red de EuroISPA- el acuerdo para “sabotear la piratería” implicará la desconexión de quienes descarguen repetidamente material con derechos de autor sin permiso, pero sobre todo nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet y las operadoras de telecomunicaciones sobre el contenido que distribuyen, como el filtrado de contenido.

Lo advierte Michael Bartholomew, director de ETNO: sólo la legislación de la UE y el paquete telecom que acaba de entrar en vigor en la Unión lo podrían bloquear. Las propuestas del ACTA miran a los antecedentes estadounidenses y al modelo de tres avisos impulsado por Sarkozy, pero sobre todo a Gran Bretaña, donde el proveedor de Internet británico Virgen planea monitorear Gnutella, eDonkey y BitTorrent y ha encajado ya la denuncia de Privacy Internacional por utilizar el software CView para analizar el tráfico P2P en su red de usuarios. A cambio, España -lo ha dejado caer en el Word Mobile Congreso el ministro Sebastián- estaría dispuesta a flexibilizar la neutralidad de la red que, a grandes trazos, enfrenta a las operadoras y a los ofertantes de servicios y contenidos comerciales de éxito, con el apoyo de los consumidores. En la mesa del titular de Industria  ya hace tiempo que tiene sitio la propuesta de ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones- que desde la Cumbre de Sevilla ha reactivado su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha no sólo en función de la velocidad, sino del volumen de las descargas y de su uso. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE. La española no iba a ser menos.

CONTRADICCIONES DE LAS REDES DE NUEVA GENERACIÓN

Miguel Sebastián enseña las contradicciones de la banda ancha y las tecnologías a las telecos. Ya lo hizo -en una de sus grandes ausencias ante la patronal- en la presentación del Informe Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica  que Ros apadrinaba. Ya en ese momento sirvió para lavarle al mercado español las manchas que la CMT y las dudas de Vivianne Reding acababan de echarle a la banda ancha española. Pero lo hacía con un aviso para navegantes a Industria: el motor TIC sigue en manos privadas, en una década invirtieron 58.000 millones de euros, seis veces más que la Administración.

El informe enarbola un balance anual que dibuja el perfil del segundo país de la UE con mayor densidad de redes sociales, con casi tres de cada cuatro internautas como usuarios, el segundo con mayor número de usuarios -sólo por detrás de Brasil-, líder en conexión empresarial de banda ancha y uno de los mercados de los Veintisiete con mayor penetración de la banda a ancha móvil, que ha sumado sólo en un año más de medio millón de accesos mediante tarjetas de datos y dispositivos USB. Se han convertido, gracias al esfuerzo inversor del sector para el despliegue de redes -la tercera parte de las estaciones bases en España tiene capacidades 3G- en los motores de la digitalización y las locomotoras del tren de la Sociedad de la Información.

La banda ancha fija supera los nueve millones y medio de accesos, lo que supone que el 45% de las viviendas españolas cuentan con Internet de alta velocidad y el 87% de los hogares con acceso a la red se conecta través de banda ancha, un índice que sigue siendo muy superior a la media de la UE-27, del 80%. España no ha dejado de crecer en banda ancha fija -incluso a más ritmo que la media- es líder en banda ancha móvil de alta velocidad, se ha convertido en uno de los mercados más aventajados en portabilidad móvil y está a la cabeza de la Unión en consumo de paquetes de convergencia.  La frecuencia en el acceso también ha aumentado y nueve de cada diez internautas lo hacen al menos una vez a la semana, tres millones de personas más que el pasado año. El 92% de las empresas se conecta mediante banda ancha, situando a España en la primera posición del ranking de la UE-27, cuya media se sitúa en el 81%.

Pero no ha sido hasta ahora mayoritariamente gracias a la Administración: la empresa privada se ha convertido en ariete del desarrollo de la Sociedad de la Información, con una inversión estimada de 58.000 millones de euros en los últimos diez años, por los apenas 10.000 aportados por la Administración central. Nada que hasta ahora haya podido opacar el Plan Avanza. Los proyectos diseñados por Bruselas permiten canalizar mejor los fondos públicos hacia áreas donde los operadores privados actualmente no tienen incentivos comerciales para invertir y estimular la competencia y las posibilidades de elección para los consumidores. Pero  del récord de ayudas públicas de Bruselas para la banda ancha -casi  300 millones de euros desde que publicaron en septiembre unas directrices de financiación pública- España sólo recibirá un aporte para la extensión de la banda ancha a determinadas zonas rurales de Asturias.

De poco le ha servido al equipo de Sebastián colgarse -a contrapié de las operadoras agrupadas en Redtel- el anuncio del servicio universal de banda ancha de un mega y su voluntad de ‘exportarlo’ a la UE. Le ha puesto tamaño al servicio obligatorio, beneficiarios -cuatro millones de usuarios hoy sin internet- y ahora espera cargar las facturas a los apellidos de las telecos. Quiere hacer de él, además, el salvoconducto ante las telecos para las inversiones y las promesas de cesión de frecuencias en el refarming y el dividendo digital. Si Redtel pide un marco regulador claro y un Plan E para la fibra ultrarrápida con respaldo del Plan Avanza y apoyo de la Administración para expandir la banda ancha móvil, Moncloa les obligará a hacerse cargo del servicio universal antes de 2011.

Bruselas sólo tiene ojos para las redes de nueva generación, justo la herencia de su mandato que más desafía ya las cuentas y el mapa de las inversiones de Ros y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones española. No es Telefónica la única que ha comenzado a exigir un Plan Renove de FTTH. La diferencia entre un desarrollo rápido de la banda ancha y uno lento con el horizonte de 2014 significa poner en peligro un crecimiento del PIB europeo de 400.000 millones. Optar por lo primero crearía 1,8 millones de puestos de trabajo más que quedarse en la vía lenta, según las cifras de Telefónica. Las promesas de la Setsi, renovadas mes a mes, aún no han visto la luz. Desde hace un año un grupo de expertos barajan en el borrador del Real Decreto. Han dejado pasar la primera de las opciones que barajaron para su financiación, el nuevo Plan E de inversión local gestionado por los ayuntamientos para 2010.

DE LAS DESCARGAS AL DEBATE SOBRE LA NEUTRALIDAD DE LA RED

Si el paquete ‘antipiratería de la disposición final de la LES acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada. Para detectar las webs que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Los alojadores tendrían que cortar el servicio si la Comisión (o el juez, como hasta ahora) lo deciden. Pero si el servidor no está bajo jurisdicción española -al menos el 30% de las webs incluidas en la ‘lista negra’ de la Coalición de Creadores- se recurriría a las operadoras para que bloquearan el acceso a la web -mediante el enrutado o a través de la resolución DNS-. El sector ya ha levantado la voz.

 Además, Moncloa ha dejado, en silencio, que la industria de contenidos audiovisuales española le busque la ‘caja’ de las empresas de telecomunicaciones: han pasado de barajar algún tipo de canon fijo o progresivo que grave las conexiones a internet (una propuesta con poca aceptación en Industria y la CMT) a un canon a los contenidos audiovisuales en la red. En sintonía con la ministra Sinde no han sacado aún de la carta de sus exigencias gravar a los grandes buscadores, o retocar las ventajas fiscales de la banda ancha. Lo destapaba en público, de manera formal, DAMA (la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), con una opción que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor. La Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Soportes Discográficos (ANEDI) calcula que los operadores han duplicado sus ingresos desde 2000 gracias a las descargas ‘ilegales’ mientras la industria de la música ha caído casi un 75% y le ha puesto sobre la mesa del Congreso la primera propuesta formal para que los operadores de banda ancha asuman un "canon de distribución digital" para compensar las pérdidas de la industria musical. Es la respuesta al cuestionamiento del canon digital, la batalla que las telecos les darán en Bruselas si hace falta. Industria no quiere agitar las aguas del sector de internet, que  le recuerda que ya es uno de los mercados con una de las bandas anchas más caras de los Veintisiete.

La opción de cobrar a proveedores de contenido online -como el propio Google, por usar unas redes que despliegan y ellos utilizan sin pagar nada- no sólo tiene que ver con el cuerpo a cuerpo en ingresos y beneficios entre los grandes buscadores y las multinacionales de las telecomunicaciones. Ni siquiera de la incursión de buscadores como Google en el negocio de las operadoras, ahora que tantea el despliegue de redes de fibra, para empezar en EE UU: promete ofrecer conexiones con una banda ancha de un gigabit por segundo (Gbps) a precio de mercado, más de 100 veces superior a la media de muchas conexiones que existen en este momento en EE UU. Las operadoras denuncian que la ‘barra libre’ para todos impide dar prioridad a servicios como la telemedicina. Hay empresas que estarían dispuestas a pagar un extra por llegar antes o de forma garantizada y birlar la neutralidad frente a la aparición de servicios ‘premium’.

Ni Sebastián ni Telefónica defienden nada que no hayan planteado ya las grandes operadoras: AT&T, Verizon y Comcast  empezaron en 2005 a defender en público la posibilidad de priorizar un tipo de tráfico sobre otro. Aunque la Casa Blanca se ha mostrado ferviente defensora de la neutralidad de la Red, las reglas propuestas por la FCC en el último trimestre del año pasado admiten excepciones: las operadoras podrán discriminar el tráfico para descongestionar la Red, contener la circulación de productos hostiles (como los virus o el spam), combatir el contenido ilegal o las infracciones de los derechos de autor y por cualquier otro motivo necesario para "una gestión razonable de la Red". Por eso los sistemas de gestión de tráfico -que creció un 72% en la segunda mitad de 2009-, y el balance de la carga de datos son el argumento por el que Industria espera al menos poder abrir el debate este semestre en la UE. YouTube, la telefonía IP y las descargas P2P fueron los que más tráfico consumieron.

En el trámite del  paquete telecom se redactó una enmienda, la 138, a favor de la neutralidad que prohibía cualquier restricción a la red, pero en la votación final  fue sustituida. En Industria descuentan que la Comisión Europea –aunque sea bajo la batuta de Kroes- puede estar ahora dispuesta a contemplar una neutralidad de mínimos para asegurar el acceso de los usuarios y permitir a las telefónicas cobrar por los servicios que más ancho de banda requieren y que afectan a sus ingresos. La Declaración de Granada puede ser su puesta de largo. Sería también la oportunidad para cerrar una de las grietas entre las operadoras de telefonía y la industria de contenidos audiovisuales y la Comisión de Propiedad Intelectual cuya renovación se gesta en Cultura.

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