edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
03/08/2010
Industria deja para septiembre la nuclear y la composición del mix y para octubre las tarifas eléctricas

Sebastián y Montoro hacen del Pacto de Estado de Energía el viaje a ninguna parte que tampoco nadie quiere enterrar

PP y PSOE sólo han acordado la congelación de tarifas que le cuesta cada día al sistema más de 34 millones de euros
Para Zapatero Garoña es ‘un tema del pasado’, la Subcomisión deja para octubre el mix hasta 2035 y para 2015 el debate de la prórroga a 60 años de las nucleares
Con un déficit tarifario acumulado de 16.048 millones que debe acabar en 2013, la revisión de costes que el Ministro baraja no evitará que la tarifa tenga que encarecerse al menos el 5%
ICNr

Pararon los relojes. A tan sólo dos días de la fecha prevista para la presentación del Paner (Plan Nacional de Energías Renovables) ante Bruselas y de ultimar el nuevo mapa de retribución de primas  renovables, Sebastián y Montoro se sacaron de sus chisteras un supuesto Pacto de Estado que iba a alumbrar no sólo un nuevo modelo ‘verde’ y una profunda revisión de costes del sistema eléctrico, sino el perfil del mix energético al menos hasta 2025. Pero, ya vencido su ultimátum (el 31 de julio), lo único ‘verde’ -en palabras del propio Cristóbal Montoro- es el estado del acuerdo en sí mismo. En Génova siguen esperando -aseguran- a que el Ejecutivo concrete las propuestas, ya saben que su única condición -la reversión del cierre de Garoña- no tiene quien la defienda en Castellana 160; Industria se deja para septiembre el debate nuclear, el impasse del Real Decreto de incentivos al carbón en Bruselas, el perfil del modelo, el debate sobre las tasas a la producción atómica e hidráulica y el peso de las tecnologías y las fuentes de generación. La intersección de los silencios energéticos de Rajoy y Zapatero sólo deja sobre la mesa la congelación de las tarifas eléctricas que en julio debían haber subido un 7%, pero ni Montoro ni Sebastián quieren certificar la crónica de un desencuentro anunciado. Cada día de tiempo ganado por la indefinición de Génova y Ferraz lo pierden el sector, las eléctricas, los reguladores y la resolución del déficit de tarifa que antes o después, por la puerta de las facturas, la de los presupuestos, o la de las cargas fiscales tendrá que recaer sobre los consumidores y las empresas.

Se lo advierten la patronal UNESA y las eléctricas: Sebastián, más pronto que tarde tendrá que asomarse -solo o con Montoro- al espejo de lo inevitable: con un déficit acumulado de 16.048 millones y el compromiso de Moncloa para acabar con él en 2013, ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse al menos el 5%. Industria  busca cómo ‘sacar del limbo’ a sus rezagos con un real decreto para revisar los precios de la luz con plazo trimestral (o cuando las circunstancias lo exijan) y el impulso para intentar cumplir con los calendarios de titulización del déficit en otoño. Pero cada día de ‘reflexión’ suma para las eléctricas y el sistema más de  34.500.000 euros de un déficit que ya rebasó este año en más de 3.000 millones sus propias líneas rojas.

Se encierran en el círculo vicioso de la hipoteca eléctrica. Han seguido letra de un guión improvisado cada día a cuatro manos y por separado, que hasta ahora sólo comparte oficialmente la sintonía justa como para haber congelado la subida del recibo de la luz prevista para el 1 de julio y para que el Ministro haya hecho suya la herencia embalsamada de los precios de la electricidad, la que selló el Gobierno del PP del que Cristóbal Montoro formaba parte. El Ejecutivo achaca sus facturas a la herencia de los  Gobiernos de José María Aznar. Montoro, coordinador de Economía del PP, proclama que los socialistas debieron en dos años ventilar un déficit que, en una década de ficciones, ha dejado una huella de más de 16.000 millones de euros y que, según los populares, lleva los apellidos de los incentivos renovables socialistas.

Sebastián y su interlocutor popular dan vueltas a una mesa en la que ninguno se quiere retratar pero de la que ninguno quiere ser el primero que se levante.  El PP reconoce que el pacto energético se está retrasando porque el Gobierno aún no le ha concretado ninguna de sus demandas, pero los populares no dan por rotas las negociaciones, hacen saber que quieren seguir, aunque no se esperan reuniones oficiales entre Sebastián, Montoro, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal durante todo el mes de agosto. Se blindan, por ahora, en el ni sí, ni no, sino todo lo contrario. “En julio”, según Miguel Sebastián, o “lo más pronto posible”, según Cristóbal Montoro, prometían remitir un acuerdo energético a la subcomisión del Congreso. Pero, más de un mes después de sorprender a los técnicos del Ministerio de Industria y a los diputados de la propia subcomisión del Congreso de los Diputados para el análisis de la estrategia energética con el anuncio oficial de un pacto de energía, en Castellana 160 sólo saben que, hasta septiembre ‘no sabrán nada’ más. No, al menos, nada definitivo.

En Génova, la consigna es salvaguardarse de todas las batallas energéticas, aunque sea con las ‘vacunas’ del inmovilismo. El PP se niega a proponer medidas que puedan ser “impopulares”. Si Cristóbal Montoro guardaba silencio ante la decisión de la Comisión Europea de posponer hasta septiembre el debate sobre el Real Decreto de incentivo al consumo de carbón nacional y de proponer una prórroga del Reglamento europeo del carbón hasta 2014, pero a cambio del cierre progresivo de las minas, no ha sido diferente su silencio ante los avisos de Marín, Zapatero y el propio Sebastián: Garoña ya es un dossier del pasado. No quiere tener que salir en la foto de la reducción de primas a la renovables -menos aun si hay retroactividad, aunque sea impropia- pero tampoco estar en la vía de las denuncias del sector eléctrico, que reclama ante el Supremo la ilegalidad de la congelación de tarifa el 1 de julio.

Aseguran sus próximos que el ministro de Industria no se tomará vacaciones pero tampoco toma las decisiones pendientes sobre la restricción de costes del sistema, la definición del modelo de mix hasta 2035, ni la rebaja del déficit de tarifa.  Ni en Génova, ni en Ferraz se han ‘contagiado’ de los avances de la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de diseñar la estrategia energética para los próximos 15 a 25 años: ha decidido aplazar la decisión sobre las prórrogas a la vida útil de las centrales nucleares hasta 2015 (no será hasta 2020 cuando cumplan 40 años los reactores ya instalados) y apostar por que todo el sector energético y no sólo el eléctrico pague el coste de las renovables. Un pacto que pasa por dar prioridad a la instalación de las tecnologías renovables más desarrolladas y que necesitan menos primas, como la eólica terrestre y, en cuanto al déficit de tarifa, además de mantener los compromisos de alcanzar la suficiencia tarifaria antes de 2013, apuestan por seguir el plan original del Gobierno para su colocación en el mercado desde septiembre.

SÓLO SINTONIZAN EN EL VIAJE A NINGUNA PARTE DEL DÉFICIT

Sebastián miró a la subasta Cesur, la que determina la tarifa de último recurso (TUR) con la que los 22 millones de consumidores domésticos pagan el coste de la energía y le asustó subida del 4,2% de la puja -que suponía una subida de la luz del 7%-y la sombra del IVA. Pero sabe que, al no aplicarse en julio, Industria deberá sumar (y con intereses) a la que resulte en enero, o en octubre, si prospera la propuesta que ya ha remitido a la CNE para que la revisión no sea semestral, sino trimestral. Si Industria reconoce que la revisión es imprescindible y la actualiza en octubre, Sebastián habrá ‘parido un ratón’, pero uno muy caro para el sector, que tendrá sobre la mesa tres meses de retraso y las luces rojas sobre la titulización del déficit prevista para septiembre.

Si no lo hace, si cumple el tiempo muerto hasta enero acordado con Montoro el 24 de junio, en el sector seguirán pagando las facturas de la incertidumbre que le cobran los mercados y las agencias de calificación. Además, el aplazamiento de la subida no sólo vulnera el principio de suficiencia tarifaria, sino que tiene difícil arreglo de cara al futuro. La prórroga tendrá que trasladarse en algún momento: si se hace crónica la barra libre al déficit de tarifa, el Gobierno incumplirá la ley. Fue el propio Ejecutivo el que aprobó el real decreto ley 6/2009, en el que se comprometía a acabar con el déficit tarifario en 2013 y para ello, Industria fijó que el déficit no podría superar los 3.500 millones en 2009 (lo ha superado), los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.

NI A SEBASTIÁN NI A MONTORO LES SALEN LAS CUENTAS

Zapatero y la herencia del modelo energético del PP han conseguido el más difícil todavía: como recapitulaba Libertad Digital, el coste de la electricidad para los hogares se ha disparado un 36,8% entre 1998 y 2009, hasta situarse un 4,7% por encima de la media de la UE-27. Y, en su auge, como reconoce el documento de Propuesta Energética al Congreso de Industria, tienen mucho que ver las renovables: “explican más de un 120% la variación de la factura eléctrica”. Al fin y al cabo, desde 2004 a 2010 el importe de las primas renovables se multiplicaba por cinco, e Industria prevé que en 2010 su cuantía ascienda a 6.300 millones de euros (antes de la revisión de costes), de ellos 2.600 millones para la fotovoltaica y en 2010 se calculan en 7.000 millones. Y de mantenerse el actual sistema de subvenciones, el sector renovable percibirá en los próximos 25 años más de 126.000 millones de euros. Pero el precio de la luz en España sigue muy por debajo de su valor de mercado. La diferencia entre los costes reconocidos de la generación de energía y los ingresos regulados de las eléctricas (déficit de tarifa) superó los 4.600 millones de euros en 2009, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y, según el sector, el déficit tarifario total ascenderá a unos 22.000 millones de euros en 2013, si Moncloa no cortocircuita ya su crecimiento.

Sebastián baraja de nuevo. Ha jugado con las tijeras con las que aplicar la “revisión en profundidad de los costes del sistema eléctrico”, recortes en la retribución de las renovables, de la nuclear, de la hidráulica y también de los sectores regulados. Ha medio los costes de transición a la competencia, los CTC y otras ineficiencias y sobrecostes que según las patronales renovables supondrían un ahorro de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. No coinciden con sus cuentas. Aunque valoraba utilizarla como canje a cambio de la extensión de la vida útil de los reactores atómicos más allá de los 40 años, Industria asegura ahora que ya no estudia una tasa a las hidráulicas y centrales nucleares, como proponían las patronales fotovoltaicas para reducir costes en el sistema eléctrico, (con la tesis de que son activos ampliamente amortizados y con costes variables bajos y favorecidos por los precios del pool), una medida a la que incluso los analistas le habían puesto cifras: 15 euros por megavatio. No en vano, un 41,8% de la electricidad que produce en España es a partir de las instalaciones hidroeléctricas y un 45,2% de la energía nuclear. Ya hay precedentes cuando, con la introducción de los derechos de emisión de dióxido de carbono, los precios mayoristas de la electricidad subieron y se impuso una tasa a hidroeléctricas y nucleares que se retiró en 2009.

El ministro asustó al ruido con las renovables, planteó fue la aplicación de medidas retroactivas para las plantas existentes o la práctica paralización de las que se encuentran en el prerregistro para acabar ‘pariendo un ratón’, el del acuerdo con la eólica y la termosolar que, en todo caso, además, ya estaba ultimado antes de publicitar el Pacto con el PP. Sólo las instalaciones que entraron en funcionamiento con posterioridad a 2008 sufrirán la rebaja de la prima en un 35% y  el tope fijado para las horas con derecho a una retribución por encima del precio de mercado, tanto en eólicas como en termosolares, es muy alto. La rebaja del 35% a las eólicas tan sólo afecta al 16% de la potencia instalada, con lo que las propias eléctricas cifran el recorte de las primas entre apenas 2,4 millones de euros al año y 50 millones frente a un total de 500 millones previstos inicialmente, según adelantaba Cinco Días.

A pesar de que ha decretado la supresión de la concesión de primas a las instalaciones que el 29 de septiembre de 2008 no dispusieran de todos los paneles fotovoltaicos comprometidos en su proyecto y de que un 15% de las instalaciones están bajo inspección (hasta 800 Mw según las patronales)  la ‘amnistía para los confesos’ les permitirá la posibilidad de renuncia al régimen económico del Real Decreto 661/2007 sin sanciones. Ahora, como las empresas afectadas, las patronales aún no tienen claro si la propuesta remitida por Sebastián a la CNE, además del recorte del 45% de las primas de suelo y la limitación a 25 años de las primas para las instalaciones acogidas a la anterior normativa RD661/2007 sin posibilidad de prórroga, supone un recorte también de las primas a las instalaciones ya en marcha, lo que Industria llama “retroactividad impropia”. Si es un golpe a solas, otro anticipo del supuesto pacto de Estado con Génova, o sólo otro órdago para seguir con su pulso a la APPA, la AEF y la AFI: no es sencillo que el dictamen de la CNE llegue en pleno agosto.

Como advierten los analistas, si la reducción del peso de las primas de las renovables en el conjunto de los costes que soportan la tarifa no ha sido el previsto hace sólo pocas semanas, el tijeretazo vendrá por las foltovoltaicas o por las eléctricas integradas. O de lo contrario -si no se ataca por el lado de los costes- habría que aumentar significativamente las tarifas, si es que no quiere elevar hasta casi los 20.000 millones de euros el déficit tarifario acumulado. El precio tendría que subir entre un 20% y un 30% adicional para compensar el déficit, según el propio sector y la CNE.

ULTIMÁTUM DE LAS ELÉCTRICAS AL DÉFICIT Y LAS TARIFAS

Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y HC hacen su parte, se aplican con la rebaja de deuda y las desinversiones y le exigen a Industria que cumpla, más ahora que la propia Subcomisión de Industria del Congreso acaba de fijar en 4.500 millones de euros anuales el ‘menú’ de inversiones para el sector eléctrico en el próximo cuarto de siglo. El déficit de tarifa supone un 23% de su deuda total: 5. 216 millones para Endesa, 4.169 para Iberdrola y 1.500 para Gas Natural Fenosa. Miguel Sebastián salta todas las chispas con las eléctricas: en el aire están no sólo los desencuentros del déficit de tarifa y la titulización de la deuda, sino los contadores (que el ministro quiere impedir en alquiler), el coche eléctrico y la inversión en nuevas redes, sobre todo smart grids. Zapatero y el ministro han conseguido unir a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, las cinco grandes eléctricas, -con una capitalización conjunta de más de 60.000 millones de euros- para exigir a PP y PSOE que cierren “con urgencia” el pacto de Estado en energía que anunciaron en junio por segunda vez en nueve meses y que se ponga fin “a la incertidumbre regulatoria”, que amenaza la estabilidad financiera del sector. También, en un rosario de denuncias por la congelación de las tarifas.

La patronal eléctrica UNESA le ha encendido al Ministerio de Industria todas las luces rojas, por igual al pacto de quietud de populares y socialistas: si el futuro acuerdo energético pasara por la congelación de la tarifa, el déficit puede dispararse por encima de los 4.600 millones al cierre de 2010, muy lejos del techo que en principio estaba previsto para este año en 3.130 millones. Y el sector descuenta que, tras la decisión del Ejecutivo de suspender la subida de la luz prevista para julio y teniendo en cuenta el histórico, a finales de año el déficit de tarifa acumulado podría superar los 20.000 millones de euros, una deuda que deben cobrar las eléctricas y que estaba previsto titulizar en septiembre con el aval del Estado. Aunque el acuerdo aún oficialmente etéreo con el Partido Popular consiguiera abaratar los costes de acceso como se propone, ninguna revisión evitaría que la tarifa tenga que encarecerse ahora menos del 5% o el 6%: tiene que sufragar un déficit acumulado muy cercano a los 16.000 millones.

Según UBS, la congelación de la tarifa contraviene el objetivo de eliminar el déficit para 2013 y mete presión a esa deuda, que tiene que titulizarse en el mercado con aval del Estado para poder adelantar ese dinero. Un discurso que Moody's acogía con la advertencia de que la revisión del sector energético y sus costes puede tener “posibles implicaciones negativas” y afectar a rating de las eléctricas; “incrementará probablemente su incertidumbre regulatoria”, asegura el servicio de inversión de la agencia de calificación en un informe en el que recuerda que la congelación de la revisión de tarifas en julio “sorprendió al mercado”, que esperaba un incremento del 4% en estos precios regulados. Paradojas de los vaivenes energéticos de Moncloa, desde el 24 de junio el anuncio de un Pacto de Estado para desarrollar en común una política energética de país, ha conseguido introducir nuevas incertidumbres en el sector y dejar a las eléctricas en la diana de las advertencias de todas las firmas de análisis.

COLOCACIÓN PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE

El Ministerio de Economía sostiene oficialmente los planes para poner de largo a partir de septiembre el fondo de titulización de deuda y asegura que los mercados "sí son capaces de absorber los bonos que emita el fondo de titulización del déficit de la tarifa eléctrica”, pero se emitirán, en el mejor de los casos “de forma gradual”. El escenario menos optimista dibujado por la ministra Salgado ya baraja varias emisiones muy pequeñas. Y las eléctricas -como advertía Sánchez Galán- tienen preparados sus ‘planes B’ por si hay que retrasar la colocación (el de Iberdrola pasa por su propio “plan de estrés”, el freno a las inversiones y la aceleración del programa de desinversiones), pero exigen claridad y garantías: no han olvidado las dificultades de años anteriores para colocar la deuda eléctrica: varias subastas realizadas por la CNE quedaron desiertas.

El precio de la espera no corre gratis para ninguno de los subgrupos del sector. Pero, desde ahora, tampoco lo hace para el ministerio de Industria: el Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa los recursos contencioso-administrativos de la patronal UNESA y de Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa contra la congelación de las tarifas eléctricas acordada por Moncloa y Génova por la orden ministerial de tarifas de acceso que entró en vigor el 1 de julio.  Industria rebajaba los peajes un 3%, cuando el borrador remitido en junio por Sebastián y Marín a la CNE proponía una subida del 10% para los domésticos y un 5% para la industria en horas punta. Esta parte de la tarifa, que tiene un peso cercano al 40% en la metodología final de cálculo, recoge los costes regulados del sistema. El 3% de recorte de la tarifa de acceso, unida a una subida del 4,2% del coste de la energía (TUR), ha dado como resultado una tarifa final cero e implica una reducción de los ingresos cobrados.

Como detalla el recurso de Iberdrola -que debe financiar el 35% del déficit-, la Orden Ministerial que sirvió para plasmar dicha decisión incumple la Ley del Sector Eléctrico, ya que no recoge el exceso del déficit tarifario generado en 2009 (más de 1.100 millones sobre los 3.500 millones previstos, según cálculos de la CNE). Lo justo para que los de Sánchez Galán pidan al Supremo la adopción de una medida cautelar que implique la modificación de la Orden para que recoja tanto la desviación del déficit como los intereses derivados de su financiación. Las eléctricas no sólo aluden al daño patrimonial que les genera la congelación tarifaria, sino a incumplimientos legales y errores de forma: la decisión finalmente adoptada en el BOE del 30 de junio no ha sido consultada con el regulador energético. Les asiste otro argumento legal: aunque no es obligatorio revisar la tarifa semestralmente, si se decide hacer así, debe ser aditiva y  recoger los costes. Uno de los que consideran que debía haberse incluido es el déficit de tarifa que se excedió del límite fijado por ley: en 2009, sólo permitía en 3.500 millones y se pasó en unos 400 millones.

Mientras tanto, lejos de las entelequias, el déficit de tarifa (diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos que se obtienen mediante el recibo de la luz) pesa sobre sus balances y sobre sus expectativas. Le ponía cifras, en la Junta de Accionistas, el presidente de Endesa, Borja Prado: sólo su compañía tiene 7.423 millones de euros pendientes de cobrar y cada mes de retraso en el pago de esta deuda por los rezagos de la administración se incrementa en 155 millones de euros. Del déficit acumulado entre 2000 y 2008 (16.048 millones de euros), las eléctricas han colocado en el mercado más de 4.000 millones, pero el resto lo tienen aún sin ceder.

A esta cantidad habría que añadir otros 6.5000 millones que la Ley de Medidas Energéticas de julio del año pasado reconocía a las empresas para 2009 (3.500 millones) y 2010 (3.000 millones). Las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EON y HC- que cuentan con más de 24,5 millones de hogares acogidos aún a precios regulados, no esperarán de brazos cruzados. Las compañías denuncian que sólo el 50% de la cantidad que paga el usuario en el recibo de la luz llega a sus cuentas. El resto tiene destinos tan variados como los impuestos, el reintegro del déficit acumulado, la compensación extrapeninsular o la financiación de organismos.

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