edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
28/05/2009
La reforma de la LMV puede ser el próximo trabajo de Soledad Núñez

Segura siembra el pánico entre los inversores

La iliquidez es grave en los fondos y letal en las pensiones
Juan José González

El aviso, mensaje o lo que sea, del presidente de la CNMV, Julio Segura, llamando la atención sobre el fuerte riesgo de iliquidez del 8,6% del patrimonio en manos de las gestoras de inversión colectiva, lleva camino de convertirse en la gota que colme el vaso de la paciencia de la vicepresidenta económica Elena Salgado, y apueste porque la reforma de la Ley del Mercado de Valores (LMV) la lleve a cabo la actual directora general del Tesoro, Soledad Núñez (la de “soy muy mala con los números”) para lo cual debería dejar el Tesoro. Es conocida la falta de conexión entre los actuales gestores de la CNMV con Julio Segura a la cabeza, y la vicepresidencia económica, y tampoco parece haber mucha afinidad, precisamente, con el nuevo secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Economía no puede permitirse el lujo de un outsider en el equipo, un miembro díscolo en uno de los momentos más delicados de la coyuntura política y económica. Al responsable del organismo se le habría solicitado desde Alcalá, 9 ser más proactivo y no limitarse a abrir la ventanilla diariamente para atender lo que entra.

Pero la realidad es que la CNMV sigue desempeñando sus funciones con la misma premura y falta de habilidad que le caracteriza desde la salida de Manuel Conthe. Las intervenciones de la CNMV comienzan a contarse por titulares de prensa, lo cual no es edificante para un organismo de su naturaleza. El regulador español ya tiene acuñada una merecida fama de tortuga; siempre advierte tarde, la mayoría de las veces lo hace mal y, en ocasiones, la ausencia de reacción ante algunas operaciones, no entra en el juego nunca. Si hubiera que comprobar cuál es el organismo que más se aleja del “limpia, brilla y da esplendor” que reza la máxima de nuestra academia de la lengua, el encargado de supervisar e inspeccionar los mercados de valores españoles estaría en los últimos lugares.

Las alarmas saltaron en Economía a propósito de la última intervención pública de Segura, esta vez ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El presidente de la comisión de valores no parece hacer suya la filosofía de Alcalá, 9, por la cual se hace necesario el envío de mensajes positivos generadores de confianza y estímulo a la actividad, a la inversión, y recomendable evitar al mismo tiempo, cifras o afirmaciones que causen dudas, incertidumbre, desconfianza y desafección. Pues bien, éramos pocos y resulta que hay 15.000 millones de euros, el 8,6% del patrimonio que mueven las gestoras de inversión colectiva, que tienen riesgo de iliquidez. El anuncio de Segura es una bomba que, por fortuna, no se le ocurrió comunicar antes, porque no podemos imaginar la estampida popular que se hubiera producido si el aviso del organismo supervisor se hubiese producido en septiembre pasado, por elegir una fecha al azar.

Es, prácticamente, imposible que el máximo responsable del organismo se haya confundido en el fondo y en la forma, ya que nunca debería haberse metido en ese fango advirtiendo de tamaño riesgo y además porque hay otras vías para comunicar a los partícipes de fondos y planes, distintas a la prensa. Es posible que se haya pasado con una afirmación tan llana y, por tanto, haya pecado por imprudencia pero quien más quien menos, debe pensar en que las gestoras de inversión colectiva gestionan, además de fondos de inversión, un volumen considerable de pensiones de particulares. Y en este asunto, la población, ya se sabe, es especialmente sensible, especialmente cuando la coyuntura no dibuja un horizonte despejado de problemas. Por esta razón, las palabras de Segura, no han sentado bien en Vicepresidencia.

Todavía suenan las quejas de varios bancos medianos, a propósitos de las ventas a corto o apuestas bajistas que mantuvieron en jaque durante varias semanas a tres cotizadas en el principal selectivo. El papel jugado por el supervisor en el episodio de la suspensión de reembolso de Banif, no deja de sorprender por su falta de actuación en un asunto con cientos de inversores perjudicados. Son intervenciones sin tacto porque cuando se extrema el celo en la vigilancia del mercado, de sus productos y de quienes operan en ellos, que no tienen en cuenta que detrás de la intervención del supervisor se encuentran cientos de miles de inversores de todo tipo. La advertencia al público a propósito de los sui generis pagarés de Nueva Rumasa para que “se informen de la naturaleza del producto”, cuando lo más eficaz hubiera sido exigir mayor transparencia al emisor sobre sus pagarés e, incluso, que la propia CNMV oficiara un papel de docente, algo que hizo en otras ocasiones.

Reciente estas las actuaciones del supervisor en el asunto de las participaciones preferentes, especie de ciclón al que de forma masiva se lanzaron las cajas de ahorros en las últimas semanas. En esta ocasión, el regulador envió tímidas advertencias con las que logró, tan sólo, cumplir con el expediente y poco más, ya que las entidades continuaron con su desenfreno de realizar sus colocaciones como si de una subasta se tratara y sin tener en cuenta que las elevadas rentabilidades ofrecidas dependen, totalmente, de los resultados del emisor; si hay beneficio para distribuir, habrá retorno, sino, como no tienen garantía de rescate sin pérdida ni garantía pública en caso de quiebra del emisor, a los pequeños inversores equivale a proponerles un triple salto mortal sin red ni colchón, porque en caso de fiasco el particular sería el último de la cola en recibir los restos.

Y de todo esto, sí podría haber advertido el supervisor quien curiosamente se lamenta de que las últimas emisiones se colocaron entre inversores más caras de lo que contemplaban los folletos. Como la CNMV no actúa si no media denuncia o reclamación, las preferentes han campado libremente con impunidad. Quizás se trate de una actuación que persiga un fin último por parte del supervisor; mayor potestad sancionadora para ser más eficaz en la vigilancia de los riesgos y de paso, velar por la rentabilidad de algunas inversiones, mejor que intentar cubrir el expediente que no le lleva a ningún sitio como es el de convertirse en un organismo recaudador más imponiendo diez u once multas al año. Por eso, la reforma de la LMV debe afinar más en competencias, medios y jurisdicción, para lo cual, no hace falta ser bueno con los números.

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