edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
15/07/2011
Cajas y bancos tardan seis meses en ‘obedecer’ al Supervisor

Señales de malas relaciones entre el Banco de España y la banca

El retraso en los SIP y la guerra del pasivo enfrentan al sector con el regulador
Juan José González

El Banco de España no tiene quien le escuche, un ejercicio que, a tenor del tiempo de respuesta que se toman las cajas y los bancos, unos seis meses de media para cumplir las indicaciones del supervisor, le esta dando la razón a quienes señalan un distanciamiento en las relaciones entre ambos agentes: el sector financiero y el banco central. Y es que las recomendaciones y demás consejos del banco a las entidades financieras, a propósito, por ejemplo, de exigir mayor velocidad en el proceso de concentración, así como en la imposición –esta por ley- de forma inmediata del alto el fuego en la guerra del pasivo, acaban por tener una decepcionante acogida. En ambos casos, han debido transcurrir seis y siete meses para que algunas indicaciones del banco central fueran medianamente cumplidas: otras ignoradas o aplazadas.

El sector debe arrimar el hombro, repite el Banco, en la reestructuración financiera y tener en cuenta que las campañas agresivas para captar depósitos acaba hundiendo, un poco más, a los más débiles. Pero el sector no acaba de identificar el hombro como propio y se mantiene, seis y siete meses después en sus trece. Los SIP siguen atascados, con problemas de personalidad y liderazgo entre los gestores. El Gobernador del Banco de España señaló el miércoles que veía positiva la marcha de varios gestores políticos, al tiempo que daba la bienvenida a nuevos profesionales del sector que se incorporan a las entidades. Quizás demasiado pronto, pues la afirmación del Gobernador se debe a que una veintena de cargos políticos de las cajas se han tomado vacaciones de larga duración. Ordóñez no debe olvidar que restan unos 280 cargos políticos en las cajas que se resisten a las mismas vacaciones.

Y las cajas de ahorros siguen cuestionadas por los mercados y la falta de premura en las peticiones del Banco de España, así como de la propia inquietud que deberían tener sus gestores en adaptarse a la realidad, se encuentran reflejadas y contenidas en los resultados de las pruebas de resistencia publicadas hoy viernes. El subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui apelaba a la responsabilidad de los gestores de las cajas para que los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) o fusiones frías, pisaran el acelerador (“sin dilación”) a fondo para proceder al traspaso íntegro del negocio bancario, el formado por créditos y depósitos, a una nueva entidad o banco, a fin de que funcionase como sociedad central.

Aseguraba Aríztegui que así lo exigían los mercados, algo que iban a poder comprobar de forma inmediata, a poco o nada que acudieran a los mercados internacionales en busca de financiación. Pues bien, la misiva de Aríztegui data de mediados de diciembre pasado, siete meses atrás. Y media docena de cajas no parece inmutarse, y ahora, al menos, cinco de ellas son insolventes declaradas.

La lectura política interpreta que al Banco de España no le hacen caso, ni le escuchan por el fondo, la forma y la dificultad de poner llevar a cabo sus misivas, algo que no ha cambiado en el tiempo, aunque formas y dificultades hayan sufrido la impronta del Gobernador de turno y de la coyuntura respectiva. Con unas relaciones cada vez más distantes y al mismo tiempo tan débiles entre el sector financiero y el Supervisor, éste, sin reconocer abiertamente la pérdida de liderazgo en el sector, sí le preocupa la falta de atención de sus indicaciones, plasmadas en esa reacción, tanto en la lentitud y/o freno en los SIP, como en observar las indicaciones del Banco de España en diciembre pasado a propósito de los efectos perversos de una competencia agresiva por el pasivo. Sólo por ley y tres meses después, el sector comenzó a tomar en serio lo de limitar el los intereses en las supercuentas.

Coincidiendo con ese distanciamiento entre autoridad financiera y entidades bancarias, y la necesidad de poner remedio a tan díscola actitud, vuelve a sonar en varios despachos la necesidad –más bien la conveniencia- de recuperar aquellas eficaces circulares –familiarmente conocidas por el nombre de ‘pastorales’- que en la década de los años 70 llegaban a las entidades procedentes de Cibeles con fuerza de ley, y que conseguían, según el peso del contenido, paralizar todo el día a la alta dirección.

Si la recuperación de las relaciones entre los dos sectores pasa por la imposición de las órdenes del Supervisor plasmadas en una circular, o si las entidades necesitan una circular para atender las recomendaciones del banco central, no parece que sea el mejor camino para eliminar la tensión ni la ‘obediencia pasiva’.

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