edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
17/06/2011

Será posible acceder a un abogado y extender las medidas de protección de las victimas en toda la UE

Javier Ardalán
La Unión Europea se propone en los próximos meses armonizar aspectos tan importantes para la justicia como el acceso de todos los ciudadanos en cualquiera de los Estados miembros a un abogado que les defienda de las acusaciones y mantener las órdenes de alejamiento o protección de las víctimas dictadas en un país comunitario cuando se desplacen por el territorio comunitario.

El Parlamento Europeo cuenta con un Libro Verde para una Directiva en el que se plantean unas normas mínimas para los Veintisiete sobre normas tan básicas como el acceso a un abogado en cualquier país, la duración y la frecuencia de la atención para preparar las defensas o la posibilidad de contactar con el consulado correspondiente, con un familiar o con el empleador. Además, ha ultimado una propuesta de reglamento en el que se incluyen medidas de protección para las víctimas de los delitos cuando viajan por la Unión Europea.

Hasta el momento, la Unión Europea ya tiene establecidas normas para que los jueces de todos los Estados colaboren y hagan posible la aceptación de las sentencias dictadas en cualquiera de los países miembros y se ejecuten las órdenes de búsqueda o de detención emitidas por tribunales de otras naciones comunitarias. Sin embargo, las diferencias que los distintos sistemas legales y jurisprudenciales hacen que existan todavía excesivas diferencias en cuestiones tan básicas como el derecho de acceso al abogado o la protección de las víctimas ante los delincuentes.

En la Presente propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo se ha planteado como objetivo establecer normas mínimas comunes sobre los derechos de los sospechosos y acusados en procesos penales en la Unión Europea para tener acceso a un abogado ya comunicarse después de su detención a una tercera persona, como un patrón familiar o autoridad consular.

En esta línea, ya se ha aprobado la Directiva sobre el derecho a traducción e interpretación y actualmente está en proceso de negociación sobre la base de una propuesta de la Comisión, sobre el derecho a la información, que se establecen normas mínimas sobre el derecho a recibir información sobre sus derechos, y en los cargos, así como en el derecho de acceso al expediente del caso.
 
La actual propuesta, al igual que las dos medidas anteriores, tiene por objeto mejorar los derechos de los sospechosos y acusados. Tener normas mínimas comunes que rijan estos derechos para impulsar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y facilitar así la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. La Comisión Europea considera que un cierto grado de compatibilidad entre la legislación de los Estados miembros es fundamental para mejorar la cooperación judicial en la UE.
 
Los Estados miembros deberán, por tanto, velar porque los sospechosos y los acusados tengan acceso a un abogado tan pronto como sea posible y en todo caso: antes del inicio de ser interrogado por la policía u otras autoridades competentes; en el momento de realizar cualquier acto procesal o de obtención de pruebas en que se requiere la presencia de la persona o se permite como un derecho de conformidad con la legislación nacional, siempre que ello no afectará a la obtención de pruebas y desde el inicio de privación de libertad.

No menos importante será armonizar la duración y la frecuencia de las reuniones entre el sospechoso o acusado y su abogado no se limitan de ninguna manera que pueda perjudicar el ejercicio de su derecho de defensa.

Si la persona detenida es un no nacional, es conveniente que las autoridades consulares del Estado de origen de la persona a estar informada. Sospechosos e inculpados extranjeros son considerados un grupo vulnerable fácilmente identificable a veces necesitan una protección adicional, como la ofrecida por la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares (Convención de Viena), que establece que tras el arresto o la detención, el extranjero tiene derecho a pedir su consulado para estar informado de la detención y recibir la visita de funcionarios consulares.

También, los Estados miembros habrán de velar porque las declaraciones hechas por el sospechoso o acusado o la prueba obtenida en violación de su derecho a un abogado o en los casos en que se autorizó una excepción a este derecho de conformidad con el artículo 8, no podrán ser utilizados en cualquier etapa de la procedimiento como prueba contra él, a menos que el uso de tal evidencia que no se perjudiquen los derechos de la defensa.

Finalmente,  velarán por que las personas, que se encuentran privados de su libertad y que no son ciudadanos tienen derecho a que las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de nacionalidad informado de la detención tan pronto como sea posible y para comunicarse con las autoridades consulares o diplomáticas.

Los Estados miembros velarán por que la confidencialidad de las reuniones entre el sospechoso o acusado y su abogado está garantizado. Asimismo, deberán garantizar la confidencialidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación permitidas por la legislación nacional entre el sospechoso o acusado y su abogado.

Con respecto al Reglamento sobre las víctimas, las medidas de protección deberán consistir, por ejemplo, en la prohibición de aproximarse a la persona protegida a una distancia menor de la prescrita o la obligación de no entrar en determinadas localidades en las que la persona protegida reside o que esa persona frecuenta.
 
Una característica de muchas medidas de protección es que las autoridades públicas no intervienen de manera activa para garantizar su ejecución: en caso de incumplimiento de su obligación, la persona causante del riesgo está directamente sujeta a una sanción, a menudo penal.

Debido al incremento de la libre circulación, cada vez son más numerosas las personas que viajan o se desplazan al extranjero. En consecuencia, resulta extraordinariamente importante garantizar que este tipo de protección temporal prestada en un Estado miembro se mantenga cuando una persona viaja o se desplaza a otro Estado miembro sin que esta tenga que pasar por procedimientos engorrosos.

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