edición: 2719 , Viernes, 17 mayo 2019
20/04/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Si el administrador concursal no señala expresamente sus actuaciones ‘imprescindibles’ pierde su prioridad para cobrar

Javier Ardalán
Los administradores concursales deben señalar expresamente cuales de sus actuaciones han sido imprescindibles y han de cuantificarlas antes de abrir la fase de liquidación por falta de masa activa si quieren tener prioridad de cobro sobre el resto de los créditos preferentes.
Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una  sentencia, de 6 de abril de 2017, que viene a aclarar uno de los problemas más polémicos sobre la aplicación de la Ley Concursal, como es el de la preferencia del cobro de los administradores concursales. No cualquier retribución o gasto realizado en la fase de liquidación puede considerarse pre-deducible, sino sólo los que han sido estrictamente necesarios para obtener el importe con el que atender al pago de los créditos pendientes, determina la sentencia.

El ponente, el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, rechaza las pretensiones rechaza que todos los honorarios de la administración concursal tengan esta consideración de gastos pre-deducibles (preferentes). Y acepta que la administración concursal pueda realizar actuaciones estrictamente imprescindibles para obtener dinero y gestionar la liquidación y el pago, que sí merezcan la condición de gastos pre-deducibles. Por ello, afirma que en última instancia no tiene sentido que la administración concursal deba correr con los costes de las actuaciones imprescindibles para que otros puedan cobrar.

Razona el ponente, que una vez comunicada por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del artículo 176 bis.2 de la Ley Concursal (LC) , al margen de cuál sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata.

Como en cualquier procedimiento en el que concurren varios acreedores debe aplicarse un determinado orden de prelación de créditos, siempre se tienen en cuenta los gastos pre-deducibles, que son necesarios y esenciales, bien para la obtención de los activos a realizar bien para su propia realización, que servirá para atender al pago de los créditos concurrentes con el orden de preferencia legal que corresponda, en este caso por el del vencimiento.

En la sentencia 390/2016, de 8 de junio, frente a la pretensión de la administración concursal de que el crédito correspondiente a sus honorarios pudiera tener esa consideración de gastos pre-deducibles, y por lo tanto pudieran satisfacerse con carácter previo al pago de los créditos por el orden del art. 176 bis.2 de la LC, la Sala de lo Civil señalaba que este artículo establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa.

Por ello, a falta de identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa, valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago pre-deducible.

Extrapola el magistrado esta doctrina a la fase de liquidación en la que, por no haber existido una comunicación de insuficiencia de activo, no opera el orden de prelación del artículo 176 bis.2 de la LC, sino el criterio de preferencia por vencimiento, pero en la que también puede haber gastos imprescindibles para la realización de las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles.
Cabe destacar, que en las sentencias 391/2016 y 392/2916, ambas de 8 de junio, y 629/2016, de 25 de octubre y 169/2017 y 170/2017, ambas de 8 de marzo, el Tribunal Supremo estableció una interpretación jurisprudencial de a partir de cuándo podía entenderse que se devengaban los honorarios de la administración concursal.

Así, se considera que en ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado Real Decreto.

Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto).

Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa justificada y razonada, altere dichas fechas en relación a concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de los servicios que estén pendientes de prestación.

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