edición: 2662 , Viernes, 22 febrero 2019
20/06/2011

Si los Botín no hubiesen regularizado sus cuentas suizas podrían haber sido suspendidos para dirigir sus bancos

Xavier Gil Pecharromán
La familia Botín deberá pagar una sanción que oscilará entre el 50% y el 150% sobre los 200 millones de euros regularizados por las cuentas del HBSC en Suiza, en aplicación del artículo 191 de la Ley General Tributaria. No obstante, dada la reiteración de la defraudación a lo largo de los ejercicios 2005 a 2009 y la cantidad que no ha tributado, la Agencia Tributaria podría aplicar dos recargos adicionales de hasta un 25% cada uno. A estas sanciones habría que añadir los intereses moratorios, que son del 5% para el ejercicio 2011,desde que se obtuvieron las plusvalías a lo largo del periodo citado.

Además de estas penas, Hacienda puede imponer la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

De no haber procedido a la regularización ofrecida por Hacienda, se les hubiese podido aplicar el artículo 305 del Código Penal, que regula los delitos contra la Hacienda Pública, lo que vulgarmente se llama delito fiscal, que introduce penas para quien no haya pagado los tributos correspondientes por cantidades superiores a 120.000 euros, de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

El propio artículo 305, en el apartado 4, incluye el archivo de los expedientes a los que sea aplicable la escusa absolutoria. Así, regula que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.

Estas penas, conllevarían la imposibilidad de seguir al frente de entidades bancarias, al considerar las normativas de bancos y cajas, estatales y autonómicas, que se entiende  que carecen de la honorabilidad exigible para ser administrador, quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras.

De esta forma, es explicable que la familia Botín no haya querido enfrentarse a Hacienda en los tribunales, sumándose a quienes no han querido regularizar en la esperanza de que los tribunales españoles lleguen a anular la lista entregada por el Gobierno francés a España al haber sido robada por un trabajador del banco, que trató de negociar con ella.

En una respuesta parlamentaria, el Ministerio de Economía reconoció que se había abierto inspección a 411 de los 659 titulares de cuentas a los que Hacienda envió requerimiento para regularizar,  ya que o no lo atendieron o su respuesta no se consideró satisfactoria. En definitiva, que sólo 248 habían cumplido el ultimátum de Hacienda por lo que los 411 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía Anticorrupción para que sean investigados. Únicamente, por ahora, han trascendido los nombres de los integrantes de la familia Botín.

No obstante, la Inspección ha enviado también expedientes de quienes ya regularizaron para poder seguir investigando sobre la veracidad de las declaraciones complementarias presentadas. La Inspección de Hacienda veía ya que se agotaba el tiempo para seguir investigando sobre las 3.000 cuentas suizas, al superarse los plazos establecidos por la Ley General Tributaria.

De esta forma, la vía Penal se ha convertido en la solución para la Inspección de Hacienda cuando un periodo está a punto de prescribir, ya que frente a los cuatro años de la vía administra la penal otorga otros cinco años en el que los peritos, que son funcionarios de Hacienda nombrados por el juez, pueden seguir investigando sobre los documentos y pruebas que ya no se pueden utilizar.

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