edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
20/10/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Si los defectos de la cosa eran manifiestos o el comprador hubiera debido conocerlos, el vendedor no responderá

DATADIAR

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Gavá desestimó la demanda interpuesta por la demandada solicitando que se dictara sentencia condenando a la demandante a abonar la cantidad que se fije como coste de reparación del edificio y que prudencialmente se estima actualmente en no menos de 900.000 € a compensar hasta donde alcance con la cantidad de 1.803.036,32 € que tiene que abonar la compradora a la vendedora en el momento de la entrega de la posesión. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución, la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Sentencia estimando el recurso de apelación interpuesto y revocando la sentencia del juzgado de primera instancia nº 3 de Gavá fijando el coste de reparación de la finca en 528.165,86 €.

Interpuesto recurso por infracción procesal y de casación por la sociedad, no se admitió el recurso extraordinario por infracción procesal y sí el de casación. Este recurso fue conocido por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 22 de julio de 2011, resolvió el mismo.

Sobre el recurso de casación señala el ponente, que debe estimar el recurso por los siguientes motivos:

1ª) La única acción ejercitada en la demanda fue la de rebaja del precio, contemplada en el párrafo primero del art. 1486 CC como alternativa al desistimiento del contrato.

2ª) Por eso la razón causal del fallo de apelación, consistente esencialmente en que la vendedora conocía la aluminosis y faltó a la buena fe por no haber informado a la compradora parece fundarse en el párrafo segundo de ese mismo art. 1486, que reconoce al comprador la misma opción que el párrafo primero "[s]i el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador".

3ª) Sin embargo el párrafo segundo del art. 1486 CC no impone al vendedor el deber exhaustivo de información que parece exigirle la sentencia recurrida al razonar que "con independencia del destino que quiera asignarle a la finca el comprador, este debe tener toda la información para valorar el alcance de su inversión y se han de hacer constar todas las circunstancias relevantes que afectan a la finca y que pueden influir en el precio". Antes bien, al referirse expresamente dicho párrafo a "los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida" está excluyendo del deber de información del vendedor los que no sean ocultos, es decir aquellos a los que se refiere el último inciso del art. 1484 CC.

4ª) En consecuencia el art. 1486 no puede interpretarse prescindiendo del art. 1484 y, por ello, si los vicios o defectos de la cosa eran manifiestos o el comprador, por su condición de experto, hubiera debido conocerlos, el vendedor no responderá aunque no se los manifestara al comprador.

5ª) De los hechos que la sentencia recurrida declara probados resultan las circunstancias que según el art. 1484 eximen de responsabilidad al vendedor por no merecer los vicios la calificación de ocultos, ya que, primero, a la compradora no le importó o la misma compradora no aceptó ver la finca antes de comprarla; segundo, la aluminosis estaba a la vista; y tercero, la compradora se dedicaba a la promoción inmobiliaria.

6ª) La conclusión anterior se refuerza por los datos reseñados en el fundamento jurídico tercero de la presente sentencia de casación, pues la condición de experta en materia inmobiliaria resulta de los datos del Registro Mercantil; pudo visitar la finca sin impedimento alguno en cuanto manifestó su voluntad de hacerlo, detectando entonces indicios de aluminosis a simple vista; y en fin, la obligación de la vendedora de conservar y mantener las instalaciones del edificio y responder de las deficiencias se refería, según la escritura pública de compraventa, a "las sobrevenidas al estado actual de la finca", no a las ya existentes.

7ª) De esos mismos datos resulta que tampoco pueda compartirse la razón causal del fallo recurrido en cuanto pudiera entenderse fundado en reglas más generales sobre la buena fe contractual, como la del art. 1258 CC, inaplicable además cuando existe la regla especial de su art. 1484, porque los tres contratos de compraventa, al aplazar el pago de partes muy considerables de los respectivos precios hasta la recepción del edificio por la compradora, que sin embargo recibía de inmediato la posesión de las otras dos fincas, situaron a esta frente a la vendedora en una posición de ventaja de la que, precisamente por la buena fe contractual, no podía aprovecharse para demorar el pago de todas aquellas cantidades, e incluso rebajar sustancialmente el precio convenido del edificio, escudándose en su ignorancia de aquello que pudo perfectamente conocer.

8ª) Ese mismo principio general de la buena fe no es compatible con la alegación de desconocimiento de lo que bien se pudo conocer o de un error que se pudo fácilmente evitar, y por eso la jurisprudencia de esta Sala complementa el art. 1266 CC exigiendo la inexecusabilidad del error para que este invalide el consentimiento.

Por lo tanto si los vicios o defectos de la cosa eran manifiestos o el comprador, por su condición de experto, hubiera debido conocerlos, el vendedor no responderá aunque no se los manifestara al comprador. El párrafo segundo del art. 1486 CC no impone al vendedor el deber exhaustivo de información, antes bien, al referirse expresamente dicho párrafo a "los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida" está excluyendo del deber de información del vendedor los que no sean ocultos, es decir aquellos a los que se refiere el último inciso del art. 1484 CC.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. BOE nº 235 de 29 de septiembre de 2011.
La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha introducido un nuevo requisito procedimental en la legislación procesal, cual es el depósito previo a la interposición de recursos frente a las resoluciones judiciales. Su finalidad obedece a que no se prolongue indebidamente el tiempo de resolución del proceso judicial en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el mismo. La Ley Orgánica 1/2009 añade una disposición adicional decimoquinta a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, bajo la rúbrica de depósito para recurrir, en la que se recoge la regulación de esta nueva exigencia procesal para los recursos que deban tramitarse por escrito. Esta prevista para los cuatro órdenes jurisdiccionales, si bien en el penal únicamente es exigible a la acusación popular y en el social, cuando se ejerciten acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social. La nueva figura del depósito para recurrir es exigible para la interposición tanto de los recursos ordinarios como extraordinarios, así como en la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil. El Tribunal del enjuiciamiento no llegó a valorar la prueba de descargo, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del acusado. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de mayo de 2011
Utilización fraudulenta de denominación de origen. Son hechos probados que en el curso de una inspección realizada en un supermercado, por personas al servicio del Consejo Regulador de determinada Denominación de Origen, se localizaron botellas de vino tinto con contraetiquetas falsas que acreditaban que el vino pertenecía a cierta bodega inscrita en el registro del Consejo Regulador. Dicho vino correspondía a una marca que comercializaban las bodegas administradas por los dos acusados. Presentada denuncia ante la Guardia Civil, funcionarios de este Cuerpo llevaron a cabo otras inspecciones con idéntico resultado en diversos supermercados y almacenes de comestibles. En el curso del registro realizado en las bodegas embotelladora se encontraron diversas botellas con las mismas contraetiquetas falsas, y también en el despacho de los dos administradores acusados se encontraron más contraetiquetas de las mismas características. Sin haber llegado a determinarse la participación que en los hechos tuvieran los acusados. Consecuencias accesorias del delito. Comiso y destrucción de los productos derivados del mismo. Por la misma vía casacional, se denuncia la indebida inaplicación de lo dispuesto en el art. 127.3º y 4º CP sobre consecuencias accesorias del delito y, concretamente, sobre comiso y destrucción de los productos derivados del mismo. Se estima este motivo que cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal, a través del cual se pretende que se proceda a la destrucción de las cajas de vino incautadas. Se dice por la Sala que constituiría una infracción legal y un contrasentido palmario el que tras declararse la existencia del fraude, se permitiera luego la comercialización del producto con el consiguiente engaño para los consumidores, que fue la finalidad buscada por los desconocidos autores del delito.


Mercantil

La conclusión a la que llega la Audiencia respecto a la naturaleza del contrato, que califica como de mediación o corretaje, se compadece perfectamente con el propio sentido literal de sus cláusulas. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de junio de 2011
Y ello de manera que no ha sido necesario acudir a otras reglas de interpretación subsidiarias a la establecida con carácter preferente en el primer párrafo del artículo 1281 CC  . En efecto, el Pacto Segundo, dedicado a regular los honorarios por los servicios indicados en el pacto Primero  , define tales servicios como la «consecución de la transmisión del control de todo o parte del capital de las compañías a un tercero», lo que cabe entender, como entendió la AP, en el sentido de que la gestión encomendada al recurrente no se limitaba al asesoramiento y asistencia en las negociaciones previas, sino que comprendía todo lo necesario para lograr la consecución del negocio intermediado, dado que de esto último se hizo depender expresamente la remuneración del mediador (el 1,75% del montante total percibido por los demandados). Esta interpretación también se compadece con el hecho de que las partes previesen de manera específica unos honorarios diferentes para el caso de que el negocio no se concluyera (Pacto Segundo, párrafo séptimo  ). Además, de la lectura de los dos últimos párrafos del Pacto Segundo se desprende que lo único que se reconoce al mediador, al margen del éxito o fracaso de su labor, es el derecho a ser compensado por los gastos de viaje, comida, alojamiento y demás realizados, de manera que la no consecución del negocio no le daba derecho a percibir la comisión del 1,75%, sino, en su caso, los honorarios que en cada momento se pactasen.

Responsabilidad de los administradores sociales. Exención de responsabilidad por adopción de medidas tendentes a remover la causa de disolución. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de mayo de 2011
La doctrina de esta Sala, recogida en la reciente STS de 12 de febrero de 2010 [RC n.º 279/2006], viene admitiendo la posibilidad de excluir la responsabilidad de los administradores en supuesto de desequilibrio patrimonial cuando por los mismos se adoptaron medidas para restablecer el equilibrio entre el patrimonio contable y el capital social o reflotar la empresa, sin que el simple hecho de resultar las mismas infructuosas sea razón suficiente para declarar la responsabilidad de los arts. 105.5 LSRL y 262.5 TRLSA. Doctrina que ha sido completada en supuestos de resultado negativo de las medidas tomadas, exigiéndose la demostración de una acción significativa para evitar el daño para que pueda exonerarse de responsabilidad (SSTS de 28 de abril de 2.006 , 20 de noviembre de 2.008  y 1 de junio de 2.009 , entre otras).


Civil

No puede entenderse que exista compraventa de «cuerpo cierto» cuando, aunque lógicamente se fijen linderos, estos no están perfectamente definidos. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de junio de 2011
La venta de una finca como « cuerpo cierto « comporta la necesidad de fijación clara y precisa de los linderos, tal como pueden ser los accidentes geográficos, caminos, elementos delimitadores de fincas contiguas etc., de modo que -determinado así el objeto- incluso la fijación de la superficie de la finca no resulta esencial, pues vendedor y comprador convienen en la transmisión de un espacio concreto y conocido por ambos. No puede entenderse, en consecuencia, que exista compraventa de «cuerpo cierto» cuando, aunque lógicamente se fijen linderos, estos no están perfectamente definidos por los cuatro puntos cardinales y, en concreto, por alguno de los vientos se afirme que se linda con «remanente» de la finca matriz de la que se segrega, pues en tales casos será siempre necesaria la determinación de la superficie vendida para poder delimitar la finca.

La donación mortis causa es aquella en que el donante no transmite al donatario la cosa donada en el momento de la donación, sino que éste la adquirirá a la muerte del donante. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de junio de 2011
Las donaciones referidas no son mortis causa, se hizo la transmisión inmediata de la propiedad de las acciones donadas, de las que los donantes mantuvieron la disponibilidad, pero también la donataria tenía poder de disposición sobre las mismas, si bien, como en el caso de la compraventa que nos ocupa, con el consentimiento del padre, que sí se dio y cuyo precio le tiene que ser pagado. La donación mortis causa es aquella en que el donante no transmite al donatario la cosa donada en el momento de la donación, sino que éste la adquirirá a la muerte del donante. Prevé, pues, el donante el destino de bienes para después de su muerte, como en el testamento. No pierde el donante la disponibilidad de la cosa donada: puede venderla, donarla inter vivos a otro o revocar simplemente aquella donación. Así se reconoce en el artículo 620 del Código civil y en la Ley 165 de la Compilación navarra que la matiza al prever que se presume cuando la adquisición de los bienes donados queda diferida al fallecimiento de aquél (el donante). No es éste el caso de autos, en que la transmisión fue inmediata y la donataria tenía poder disposición sobre los bienes donados. La llamada donación «mortis causa», a que se refiere el artículo 620 del Código Civil (la cual, desde luego, no transfiere al donatario la propiedad de los bienes donados hasta que se produzca la muerte del donante) no puede tener eficacia si no se justifica por los medios que regulan el otorgamiento de las disposiciones testamentarias.


Laboral

Contrato eventual. Despido improcedente. En el supuesto que se resuelve la mención en la cláusula de temporalidad de la expresión «tareas técnicas» no identifica de modo suficiente la incardinación del contrato en la modalidad adoptada. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 7 de junio de 2011
En la presente reclamación se debate la calificación del cese del trabajador, contratado bajo la fórmula de contrato eventual por circunstancias de la producción con empleo de una cláusula en la que justifica la temporalidad del vínculo por destinar al trabajador a «tareas técnicas». De acuerdo con doctrina de la Sala  en orden a los requisitos de la contratación temporal, se impone la obligación, en garantía y certeza de la contratación temporal causal, de que en el contrato se expresen, con toda claridad y precisión, los datos objetivos que justifican la temporalidad: la obra o servicio determinado, las circunstancias de la producción, o el nombre del trabajador sustituido y la razón de la sustitución. Es cierto, no obstante, que la forma escrita y el cumplimiento de los citados requisitos no constituye una exigencia «ad solemnitatem», y la presunción señalada no es «iuris et de iure», sino que permite prueba en contrario, para demostrar la naturaleza temporal del contrato. Mas si la prueba fracasa, el contrato deviene indefinido. En definitiva, se exige que en el texto de los contratos se expresen, con claridad y precisión, todos los datos aplicables que justifican la temporalidad,  y si bien la omisión de tales datos no es motivo de nulidad del contrato, la presunción de indefinidad de la relación opera con todas sus consecuencias, si no queda desvirtuada con la prueba que en contrario se practique.  En el supuesto que se resuelve la mención en la cláusula de temporalidad de la expresión «tareas técnicas» no identifica de modo suficiente la incardinación del contrato en la modalidad adoptada pues la realización de tareas técnicas dada la categoría del trabajador, Oficial Primera Técnico, es consustancial a sus funciones cualquiera que sea la naturaleza del vínculo.

La suscripción de contratos de interinidad no limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre modificación o supresión de los puestos de trabajo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 8 de junio de 2011
La actora ha prestado servicios para el Ayuntamiento demandado en virtud de contrato de interinidad como profesora de la denominada casa de niños. El Ayuntamiento comunicó a la actora la extinción de su contrato de trabajo, como consecuencia de  la adjudicación de la contrata para la gestión de la casa con amortización de la plaza. Contra esta decisión recurrió la actora en demanda que fue desestimada por la sentencia de instancia. La  sentencia recurrida revocó esta decisión por considerar que la plaza no fue objeto de una amortización real, sino que se procedió a su externalización por el procedimiento de la adjudicación del servicio a una empresa mediante una contrata, con lo que la  plaza tampoco ha sido objeto de una cobertura reglamentaria. Cuando el contrato es de interinidad por vacante y los servicios se prestan a una  Administración pública, el contrato puede extinguirse por la  amortización de la plaza  cubierta y  ello sin necesidad de acudir a la vía que establece el art. 52.c) del ET. Aunque las partes hayan pactado que la duración del contrato queda condicionada a la provisión de las vacantes mediante la designación de trabajadores con carácter de fijos, es obvio  que la vigencia de la relación está  vinculada al mantenimiento de la plaza que ha de cubrirse, por lo que cuando ésta se amortiza el contrato se extingue; efecto que «responde a la propia naturaleza de la relación contractual de interinidad en cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto de trabajo». Entenderlo de otro modo llevaría a conclusiones absurdas ya que, o bien supondría, en contra de las normas sobre acceso al  empleo público, la transformación de hecho del contrato de interinidad en una relación indefinida, al desaparecer la causa real de la interinidad, o bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado. Debe entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos contratos de interinidad no limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre modificación o supresión de los puestos de trabajo.


Administrativo

Certificados de profesionalidad de la familia profesional Hostelería y Turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de abril de 2011.
Se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo deducido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, declarando la nulidad del apartado IV del anexo I del Real Decreto 1256/2009, de 24 de julio, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Hostelería y Turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad en cuanto excluye a los Licenciados en Biología como formadores de los módulos formativos MF 1046_2, MF 1048_2 y MF 1049_2; así como del apartado IV del anexo II del mismo Decreto cuando excluye a los Licenciados en Biología como formadores de los módulos formativos MF 1052_2, MF 1048_2 y MF 1054_2, ya que procede dictar sentencia estimatoria de las pretensiones cuando no se incurre en infracción alguna del ordenamiento jurídico.

Nulidad de Decreto que regula el ejercicio de determinadas terapias naturales. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de abril de 2011.
El Alto Tribunal considera desaparecido del ordenamiento el Decreto 31/2007 de 30 de enero de 2007 por el que se regulan las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales, toda vez que fue declarado nulo por sentencia firme, quedando sin objeto el presente recurso de casación. El ejercicio de la actividad de terapias naturales por personal no sanitario es acorde con el ordenamiento. Invoca el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueban las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y que se incluyen en su Anexo 1, están encuadrados como actividad empresarial en el Grupo 944: servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios, y como actividad profesional en la Agrupación 84, Profesionales relacionados con actividades parasanitarias, del Grupo 841: naturópatas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios.  Invoca que el único antecedente legislativo es la definición que se da a las terapias naturales por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por que se aprueban las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, el cual define las terapias naturales como actividad económica que puede ser ejercida en España y se describe la misma como una actividad parasanitaria.  Insiste en que las terapias naturales no son profesión sanitaria e invoca las STS de 5 de julio de 1992, 19 de junio de 1989 de la Sala Penal. 3. Un tercer motivo alega vulneración del artículo 43 de la Constitución Española, respecto al derecho de la protección a la salud de las personas, y los artículos 149.1.16 respecto de las competencias que posee el Estado en establecimiento de bases y coordinación general de la sanidad, correspondiendo a la Generalitat de Catalunya la competencia en la ordenación, planificación, la determinación, la regulación y ejecución de las medidas y las actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos (artículo 162.3b. del Estatuto de Autonomía de Catalunya). Recalca desmenuzando la normativa autonómica cuestionada que la Generalitat puede acreditar las terapias naturales al no estar considerada como profesión sanitaria.

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