edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
11/10/2012
OBSERVATORIO DE COYUNTURA

Siguen las dudas acerca del complimiento del objetivo de déficit

SERVICIO DE ESTUDIOS DE `la CAIXA´*

A principios de septiembre, el programa de compra condicional de deuda pública anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) permitió aliviar las tensiones en los mercados financieros. Pese a ello, aún existen reservas acerca de la capacidad del sector público español de enderezar sus finanzas.

Unas dudas que el Gobierno pretende disipar con la presentación, a finales de este mes, de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Efectivamente, no se trata de una tarea sencilla. Máxime si se tienen en cuenta las dificultades mostradas, a lo largo de 2012, por los distintos organismos públicos a la hora de corregir sus desequilibrios fiscales. Ante estas dificultades, aumenta la posibilidad que la consolidación de las cuentas públicas pase, necesariamente, por la intervención de las instituciones europeas.

El paraguas del BCE ha mejorado significativamente el coste de financiación de la deuda pública española. Tomando como ejemplo la rentabilidad de los bonos a 10 años, se observa que esta se ha reducido en 101 puntos básicos durante los primeros 20 días del mes, y ya acumula una caída de 181 puntos básicos desde el máximo de julio. Una rebaja que ha sido aún mayor en el caso de los bonos con vencimientos a menor plazo. Esta coyuntura ha sido aprovechada por el Tesoro público para incrementar el ritmo de las emisiones de deuda en septiembre y alejar así la amenaza de los 31.130 millones de euros de vencimientos del mes de octubre.

Sin embargo, este efecto es temporal. De hecho, pese a la suavización del objetivo de déficit de 2012 en un punto porcentual, hasta el 6,3% del producto interior bruto (PIB), las dudas acerca de su cumplimiento aún persisten. Los últimos datos publicados de ejecución presupuestaria no han ayudado a despejarlas. En el caso de las cuentas del Estado, el déficit acumulado entre enero y julio, del 4,6% del PIB, ya superaba en una décima el objetivo para el conjunto del año. De forma similar, estimamos que el superávit de la Seguridad Social acumulado durante los primeros siete meses del año se redujo, cerca de 1.000 millones de euros.

¿Cómo es posible que, en un contexto de ajuste fiscal, la corrección del déficit sea prácticamente nula? El análisis de la ejecución presupuestaria del Estado ayuda a dar respuesta a esta pregunta. En efecto, las medidas aprobadas por el Gobierno permitieron reducir, en 3.243 millones de euros, el gasto en partidas como el consumo, la remuneración de asalariados o las inversiones públicas respecto a 2011. Por el lado de los ingresos, la comparación con el ejercicio anterior es más difícil. Ello se debe a la distorsión que representan las transferencias entre el Estado y las comunidades autónomas en concepto del Fondo de Suficiencia o la liquidación presupuestaria correspondiente a 2010. En su defecto, los datos de contabilidad de caja apuntarían hacia una mejora de los impuestos directos, especialmente del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sociedades.

Sin embargo, dos factores han neutralizado dichos avances. Primero, el mayor coste de financiación de la deuda pública, que provocó un incremento del pago de intereses de 1.944 millones de euros. En segundo lugar, el menor dinamismo de la actividad económica del país redujo la recaudación de los impuestos indirectos, y especialmente del impuesto sobre el valor añadido (IVA), entre enero y julio. En este contexto de deterioro de la economía, el pago de las prestaciones por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo también aumentó. Como muestra el gráfico anterior, el gasto entre enero y julio creció un 5,1% interanual, hasta los 18.793 millones de euros. Este incremento contrasta con la reducción prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, del 6,2%.

En contraposición, las cuentas de las comunidades autónomas sí que registraron una mejoría significativa durante el primer semestre de 2012. Concretamente, su déficit se redujo hasta la mitad del registrado un año atrás, situándose en el 0,8% del PIB. Una mejora que, aunque con distintas intensidades fue prácticamente generalizada en todas las comunidades. Destacan los ajustes realizados en Castilla-La Mancha y Baleares, de 3,5 y 2,1 puntos porcentuales respectivamente.

En definitiva, observamos que tan solo las comunidades autónomas fueron capaces de corregir sus finanzas públicas durante el primer semestre de 2012. Sin embargo, este ajuste no parece suficiente para lograr, a finales de año, una reducción del déficit de 1,8 puntos porcentuales, la mayor entre los distintos organismos públicos. También es difícil que la Seguridad Social y el Estado alcancen sus objetivos. En el caso de este último, sin embargo, las medidas puestas en marcha para los últimos meses del año podrían permitir reducir su desviación. Entre ellas, el incremento del IVA y la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos.

Como consecuencia, el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal del sector público está bajo sospecha. En este sentido, la reacción de los mercados ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y de posibles nuevas reformas estructurales determinará la posibilidad de evitar la solicitud de ayuda a los mecanismos de rescate de la Unión Europea.

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