edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
22/07/2009

Sin nueva financiación, los ayuntamientos quedan a expensas de la política social y de infraestructuras del Gobierno

Javier Ardalán

El Presupuesto del Gobierno no da para más y la negociación presupuestaria de los ayuntamientos con las comunidades autónomas seguirá siendo voluntarista hasta el próximo año 2011, a falta de un nuevo sistema de financiación. Los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tienen una dura reunión del Comité Ejecutivo de la FEMP el próximo día 28, ya que no han logrado ni hablar de cantidad de ingresos ni de estabilidad de los mismos con el Gobierno para afrontar la actual caída de la recaudación de impuestos y el incremento de las competencias conocidas como ‘impropias’, que en realidad deberían ser asumidas por las comunidades autónomas, pero que en la mayoría de los casos deben ser, al menos, complementadas.

Únicamente han logrado sacarle a Chaves que la reforma de la Ley de Régimen Local entre en el Parlamento a primeros de 2010, lo que ni siquiera les asegura que esté lista antes de que se concluya la negociación del nuevo sistema de financiación para 2011. No obstante, analizando fríamente la situación que se ha creado, parece lo más acertado, sobre todo para que no exista un desfase entre lo que se negocio y el contenido de la nueva ley o ésta se vuelva un corsé insalvable para el proceso negociador.

 Más que aportar partidas de nuevos ingresos, lo que los ayuntamientos demandan, y precisan, es que la reforma clarifique por ley cual es la distribución de las competencias entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De esta forma, las autonomías deberán designar unas partidas fijas para atender a los ayuntamientos y no quedará al arbitrio y al voluntarismo de los Ejecutivos regionales las cantidades de dinero que corresponden a cada corporación municipal. Ya va siendo hora de que la Administración local pueda tener un presupuesto anual claro desde el inicio de cada ejercicio y no tengan que andar pordioseando un presupuesto para esas competencias ‘impropias’.

La postura del Gobierno ha sido muy dura con los municipios en su reunión de ayer. Primero porque a los responsables de la FEMP les cogió por sorpresa la decisión del Gobierno. Además, porque veían escapar cualquier posibilidad de lograr unos cauces de financiación estables con las comunidades autónomas y, tercero, porque Chaves quiso evitarse una guerra abierta con el PP y convocó, por separado, a los representantes de este partido, que están claramente enfrentados con la presidencia de la institución, que está en manos del socialista y alcalde de Leganés, Pedro Castro.

Chaves ha buscado esta fórmula, para lanzar un mensaje al PP, que éste ha recibido con satisfacción, ya que ambas partes son conscientes de que la financiación local no se puede abordar sin la presencia del principal partido de la oposición.
Al presidente de la FEMP no le quedó más remedio que sonreír ante los medios de comunicación y afirmar que con la decisión del Gobierno de Zapatero, se alcanzará un acuerdo más estable y se evitará que los ayuntamientos acepten  lo que sea.

Más titubeante estuvo al considerar que el compromiso del Gobierno es un balón de oxigeno para los Ayuntamientos, porque ante sus peticiones de igualar el actual Fondo de 8.000 millones en ayudas para tecnología, Chaves sólo les reveló que el compromiso del presidente del Gobierno es dotar este Fondo con tan sólo 5.000 millones, aunque, como colofón, aseguró que a partir de ahí y teniendo en cuenta los servicios sociales que prestan y las necesidades en sus presupuestos locales se estudiará su demanda.
 
Tampoco logró la representación de la FEMP concretar las vías puntuales de ayuda, que prometió Chaves y que, como es de esperar, pasan por la creación de infraestructuras, que como hemos comentado estos días de atrás, se ha convertido en la única política del Gobierno para combatir el paro en el corto plazo.

Sin concretar nada más, el responsable de Política Territorial anunció que habrá otras iniciativas financieras para ayudar a los municipios a la hora de prestar los servicios públicos, sobre todo en el apartado de las políticas sociales.

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