edición: 2786 , Miércoles, 21 agosto 2019
02/04/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

Sobre Google y los derechos de autor; el caso español

Datadiar.- Ya en el año 2006 tuvimos noticias de la sentencia del caso Copiepresse vs. Google, emanada de un tribunal de primera instancia de Bruselas en fecha 05/09/2006, en cuya virtud se condena a “Google News” en Bélgica por violación de derechos de autor, como puede consultarse en la base de datos de derecho de las TIC de datadiar.com. La demanda, interpuesta por diversas sociedades de gestión (principalmente Copiepresse), planteaba una acción de cesación por el uso de la “caché” de Google y por el servicio de Google News (Google Actualité en la versión belga), considerando que constituyen actos de reproducción y comunicación pública sin autorización de sus legítimos titulares. En cuanto a Google News, en opinión de los demandantes constituía algo más que un servicio de búsqueda de artículos de prensa, siendo realmente un portal de información en tanto no sólo muestra los contenidos de terceros sin necesidad de consulta, sino que reagrupa y clasifica dicha información por sujeto y temática, aunque sea de forma automatizada. Google News, no obstante, se distingue del servicio de búsqueda general en que en ningún caso muestra la “caché” de los artículos.

No es objeto de este artículo glosar aquella sentencia, si bien ha sido inevitable tenerla muy presente cuando nos disponemos a dar noticia y comentario acerca de un caso español que presenta no pocas similitudes (aunque no haya press-clipping de fondo, como en el caso belga), y ello, por cierto, porque Bélgica, como miembro de la UE, aplica la misma Directiva comunitaria que regula estas cuestiones en Europa, por lo que no hubiera sido descabellado que una resolución judicial del mismo tipo se dictase en España.

Bien, pues actualmente, en España, Google, el mayor buscador de información del mundo creado hace 10 años, ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que no infringe los derechos de autor del propietario de una web cuyos contenidos fueron reproducidos parcialmente para ser incluidos en el motor de búsqueda.
 
Es notorio que el sitio web Google con millones de visitas diarias, es el buscador de mayor preferencia en el mundo, de lo cual podría deducirse que a cualquier web site, sea cual fuere su actividad, le interesa estar incluido en dicho buscador, dada la naturaleza de la propia Red, para ser fácilmente encontrado y diferenciado de la multitud de sitios web  existentes en el mundo. Pues bien, el propietario de una web española no debió de pensar lo mismo, y muy al contrario consideró que Google estaba vulnerando sus derechos de autor al copiar sin permiso parte del contenido de su site para incluirlo en su motor de búsqueda.

En el caso que nos ocupa hoy la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 17/09/2008, ha considerado que es lícito el caching (descarga de documentos o su retransmisión, la digitalización de obras preexistentes, las reproducciones temporales o transitorias) que realiza Google porque “no sólo no perjudica al titular ni contraría propiamente sus derechos, sino que está tácitamente aceptado por quienes cuelgan sus obras en la red sin impedir o restringir el libre acceso a las mismas”.

No obstante, la resolución también afirma que Google deberá prestar dicho servicio “salvaguardando unas condiciones mínimas que preservan la integridad de la obra y la facultad de comunicación del titular de la obra”.

Como puede consultarse en la base de datos de Derecho de las Nuevas Tecnologías de datadiar.com, la reseña de la sentencia es la siguiente: Reproducción de sitios web. Servicio caché de Google. Doctrina del fair use. Licencia implicita. Aplicabilidad de la Ley 34/2002.

1) En cuanto al derecho de reproducción (*) la Sala concluye que la copia realizada por los robots de búsqueda de Google del código html de las páginas Web que visita periódicamente el buscador, en la medida en que se realiza para indexar la información y facilitar después las búsquedas solicitadas, quedaría incluida dentro del límite del art. 31.1 TRLPI.

2) En cuanto a la justificación de la licitud del caching realizado por Google, la Sala concluye que el empleo de la memoria caché lo ha sido para contribuir a la difusión y puesta a disposición del público que pretende el titular de la obra que "cuelga" en un sitio Web y permite que pueda ser localizada por un buscador, y que está tácitamente aceptado por quienes "cuelgan" sus obras en la red sin impedir o restringir el libre acceso a las mismas.

3) Por lo tanto, no consta que Google haya infringido las condiciones para prestar su "servicio caché" respecto de la página Web del actor, razón por la cual no cabe apreciar ninguna infracción de los derechos de propiedad intelectual del actor respecto de su obra contenida en dicha página Web, sin que el mero hecho de prestar ese servicio caché constituya una infracción del derecho de reproducción y/o de comunicación.

(*) Se considera reproducción, el derecho a reproducir o fijar de cualquier forma toda clase de obras, en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.

El ponente llega a la conclusión de que es lícito el caching que realiza Google porque “no sólo no perjudica al titular ni contraría propiamente sus derechos, sino que está tácitamente aceptado por quienes cuelgan sus obras en la red sin impedir o restringir el libre acceso a las mismas”  y frente a la opinión del demandante que consideraba como infracción el que Google reproduciese un fragmento del texto del sitio web cuando ofrece los resultados de la búsqueda, la sentencia señala que dicha conducta es “tan efímera, incidental y mínima que carece de relevancia infractora”. Además, insiste en que la reproducción del código html en la memoria del ordenador de Google sirve para “conseguir un acceso más rápido así como para descongestionar la red”.

Por lo tanto su conclusión es que la reproducción parcial del texto de un sitio web en el resultado de una búsqueda no vulnera la propiedad intelectual, dado que facilita su difusión y el acceso a los internautas.

Referencia normativa:
La normativa española que regula los mencionados derechos, esto es, la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante, LPI) establece que “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro comprendiéndose entre ellas:

a)    Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
b)    Las composiciones musicales, con o sin letra.
c)    Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
d)    Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
e)    Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
f)    Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
g)    Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
h)    Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
i)    Los programas de ordenador.

El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”.

Pues bien, a efectos de comentar el caso de marras, una página web, cualquier sitio de  Internet, será considerado jurídicamente una obra, en el sentido que le da la Ley de Propiedad Intelectual, si (como suele ser habitual) reúne los requisitos establecidos en el artículo 10 del texto legal, que vienen a ser: 
(1)    ser una creación original literaria, artística o científica,
(2)   expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

Existen, no obstante, ciertos límites a los derechos de explotación, y entre ellos se encuentra el establecido en el artículo 31, sobre reproducciones provisionales (y copia privada).  A efectos de este caso, el que interesa es el apartado primero, sobre las “reproducciones provisonales”, en cuya virtud, “no requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la Ley”.

Hay que dejar noticia de que el juez, aplica además la normativa española más específica sobre Internet y comercio, en concreto la Ley 34/02, que entre otras cosas regula los servicios intermedios (hosting, buscadores, servidores de almacenamiento temporal o caching), si bien es cierto que aplica cierta analogía puesto que habrá quien considere que una interpretación literal del artículo 15 de la LSSI nos llevaría a un supuesto diferente. A mayor abundamiento, El artículo 15 de la LSSICE está destinado a los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal. Es una norma que viene a regular la llamada memoria tampón (caching) que ofrecen los denominados proxys, servidores intermedios que almacenan las páginas de Internet más visitadas, a fin de que los usuarios la descarguen más rápidamente del servidor proxy, y no de su origen, con lo que la transmisión es más rápida.

Dado que la función del proxy es meramente técnica, la Ley dispone que los prestadores de servicios de copia temporal no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, siempre que se den una serie de condiciones.

Por último cabe señalar que la sentencia recoge la interesante doctrina del fair use, de corte específicamente anglosajón, y sin exacto acomodo en nuestro derecho positivo.

Cabe añadir que en el derecho comparado podemos encontrar en materia de limitaciones a los derechos de autor, la aplicación de la doctrina del fair use o uso leal de la obra protegida, (que permite la reproducción con propósitos tales como crítica, comentario, informe de noticias, educación, formación e investigación). Esta doctrina, es la utilizada fundamentalmente por los países con el sistema jurídico del commonlaw, si bien es cierto que en la tradición jurídica continental, puede entenderse que se están utilizando formulas análogas.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al ISBN. (BOE, Nº 10, 12 de enero de 2009)
El International Standard Book Number o ISBN, es un número creado para dotar a cada libro, entendido como título monográfico, de un código numérico que lo identifique. Este sistema, utilizado para la práctica totalidad de las ediciones de libros, se ha convertido en un instrumento de identificación para cualquier libro, que permite el uso de herramientas informáticas para su localización y que facilita, por tanto, su circulación en el mercado editorial. El ISBN además de un código numérico adscrito a cada libro es un instrumento de localización y difusión del mismo como soporte cultural.

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. (BOE n. 310 de 25 de diciembre de 2008)
El derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus obras fue introducido en el Derecho español con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.  Concebida como una figura destinada a extender los derechos de explotación del autor de una obra plástica más allá de la primera transmisión, su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea resultaba muy desigual.
 
JURISPRUDENCIA

Penal

Recurso de casación. Resoluciones recurribles en casación. Causa de inadmisión. Procedimiento abreviado. Acuerdo de la Sala Segunda de 9 de febrero de 2.005. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 4 de noviembre de 2008.
La introducción en nuestra Ley procesal de un proceso especial para delitos de menor gravedad, en el que los delitos cuyas penas no excedan los límites previstos en el art. 14.3 son enjuiciados en primera instancia por Juzgados Penales, y contra cuyas sentencias cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial llevó al legislador a excluir el recurso de  casación contra la sentencia dictada por este órgano colegiado en la segunda instancia, es decir en apelación. El artículo 847 LECrim., establece para las Audiencias Provinciales que el recurso de casación solo cabe contra sus sentencias dictadas en juicio oral y única instancia.

Mercantil

Decisión de los órganos judiciales de no entrar a resolver sobre el fondo de la pretensión de los demandantes, al estimar que carecen de legitimación activa para impugnar los acuerdos adoptados.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha 9 de febrero de 2009.
Una lectura atenta de la demanda de amparo permite constatar sin dificultad que no es cierto que los demandantes hayan formulado en la demanda de amparo una queja por supuesta incongruencia de la Sentencia de apelación. Sencillamente, los demandantes se han limitado a argumentar, al aludir al carácter desproporcionado de la interpretación sentada por la Sentencia de apelación de rechazar su pretensión de tenerles por legitimados como terceros con interés legítimo —por entender la Audiencia Provincial que se trataba de una cuestión nueva— que, de haber accedido la Audiencia Provincial a esta pretensión, no se habría ocasionado indefensión alguna a la sociedad demandada en el proceso a quo.

Prescripción. No se interrumpe por la presentación de una querella criminal sobre aspectos distintos a los que son objeto de la demanda. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 11 de febrero de 2009
No se interrumpe por la presentación de una querella criminal sobre aspectos distintos a los que son objeto de la demanda.Inadmisión de motivos del recurso por introducir una cuestión nueva.

Civil

Se propugna una interpretación restrictiva de las estipulaciones contractuales que contengan cláusulas penales. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 18 de septiembre de 2008
Contrato de obra. Retraso en la entrega de la obra. Cláusula penal. Interpretación del contrato; posibilidades de revisión en casación de la efectuada por el tribunal de instancia: se limita a los casos en que es ilógica, absurda o ilegal, o descansa en un patente error.

La vulneración del deber de obtener el consentimiento informado constituye una infracción de la lex artis ad hoc. Sentencia de fecha: 29 de julio de 2008
Responsabilidad civil. Responsabilidad médica. Consentimiento informado. La forma escrita tiene valor ad probationem. Valoración de la prueba por el tribunal de apelación. La información que debe darse al paciente para obtener válidamente su consentimiento, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, incluye el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, con sus riesgos y beneficios, pero presenta grados distintos de exigencia según se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la llamada medicina satisfactiva. En relación con los primeros puede afirmarse con carácter general que no es menester informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria.

Laboral

Vulneración del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), en relación con los derechos a la libertad de expresión y de información. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha: 22 de septiembre de 2008
El demandante de amparo aduce que los órganos judiciales intervinientes han vulnerado sus derechos a la libertad sindical (art. 28.1 CE) y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) y d) CE], al estar amparada su actuación por estos derechos fundamentales, interesando por ello la nulidad de las resoluciones dictadas. Esta conclusión es compartida por el Ministerio Fiscal, quien, tras afirmar en un primer momento que no resulta debidamente acreditado que el recurrente haya cumplimentado en instancia y apelación el requisito de la previa invocación recogido en el art. 44.1 c) LOTC, pone de relieve finalmente que se ha producido una lesión de los referidos derechos, pues la acción del recurrente se enmarca en una acción de información sindical dentro de una situación de conflicto laboral, debiendo entenderse en este contexto las expresiones recogidas en los pasquines.

Representación sindical e los trabajadores. Derecho a la elección de representantes. Libertad sindical.. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 11 de septiembre de 2008.
El artículo 67.3, II dicho dispone literalmente: "Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de  éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la  tramitación de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses".

Administrativo

Exceso respecto a la situación jurídica reconocida en la sentencia de origen. Improcedente extensión de efectos en relación al abono del complemento de productividad.  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 19 de septiembre de 2008
Los autos impugnados se anulan al reconocer la posibilidad de que al funcionario solicitante le sea abonada la productividad asignada al puesto de trabajo desempeñado, con preferencia a la productividad residual, cuyo abono en la cuantía de 5.000 pesetas se limitaba a reconocer la sentencia de origen dictada al funcionario allí recurrente, vinculado en todo caso al desempeño de funciones operativas y siempre que no se perciba otra cantidad en concepto de productividad, no siendo idéntica la situación del solicitante de la extensión de efectos de sentencia. Se declara así exceso respecto de la situación jurídica reconocida en la sentencia de origen, limitada a declarar la compatibilidad en la percepción de la gratificación por turnicidad y la productividad residual por importe de 5.000 pesetas, pero sin que la sentencia realice la misma declaración respecto del complemento de turnicidad y el de productividad funcional -excepto, Radio Patrullas y Oficina de Denuncias- productividad estructural y por puestos de responsabilidad, cuya incompatibilidad expresamente declara.

Diferente régimen jurídico aplicable al funcionario favorecido por el fallo de la sentencia cuya extensión se pretende y el peticionario de la extensión. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 19 de septiembre de 2008
No concurre el requisito de que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, toda vez que el régimen jurídico aplicable es distinto, ya que el Programa "Policía 2000" y el régimen que fija los criterios de simplificación y normalización en relación al complemento de productividad funcional para la plena incorporación de las plantillas policiales a los objetivos de dicho Plan dispuesto en Instrucciones y Circulares, configuran una normativa de aplicación al colectivo que integra el Cuerpo Nacional de Policía, constituyendo el marco de referencia que se debe tener presente al tratar el objeto sobre el que versan las solicitudes del peticionario de extensión de efectos, pues revisan y actualizan los criterios generales de asignación de la productividad del personal del Cuerpo Nacional de Policía, observándose que la sentencia estimatoria en beneficio del otro funcionario toma en consideración un contenido normativo distinto al contemplado en las citadas Instrucciones.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...