edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
07/05/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

Sociedades de servicios de inversión: responsabilidad por los actos de sus agentes y prescripción de la acción

Datadiar.- La Congregación de Religiosas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, interpuso, ante el Juzgado Decano de los de Madrid, demanda de juicio ordinario contra BBVA Bolsa SV, SA, en reclamación de una indemnización de daños y perjuicios, como consecuencia del incumplimiento por la demandada de obligaciones asumidas al contratar con ella. La demandada era una empresa de servicios de inversión a la que en su día había entregado una suma de dinero para ser invertida en la sucesiva adquisición de letras del tesoro. El conflicto se manifestó cuando la congregación, en ejercicio de una facultad nacida del mismo contrato, reclamó la entrega del importe de la última letra vencida y conoció que la agente o apoderada de la demandada, propiamente, la persona física que actuaba por ella y que antes había cumplido la misma función respecto de la sociedad de servicios de inversión, se había apoderado del dinero obtenido al ejecutar una de las operaciones intermedias y que, desde ella, le había transmitido falsas noticias sobre las reinversiones convertidas en aparentes.

Fallecida la persona física a la que la apropiación fue imputada, la Congregación comitente demandó a la Sociedad de Valores y Bolsa alegando que la misma había incumplido sus deberes como sociedad de valores y sus obligaciones en relación con el contrato de arrendamiento de servicios, produciéndole daños y perjuicios que deberían ser indemnizados, con devolución de las cantidades inicialmente invertidas, circunstancia ésta que fue estimada en primera instancia. Posteriormente, la Audiencia Provincial mantuvo la condena de la sociedad de valores a devolver a la demandante la suma de dinero -con los rendimientos que normalmente habría producido- que de ella recibió, en su día, para invertirla en instrumentos financieros de renta fija a corto plazo -letras del tesoro- y de la cual se había apropiado una entidad a la que había encomendado el cumplimiento del contrato.

El principal motivo del recurso de interposición interpuesto por la Sociedad de valores contra la sentencia dictada en segunda instancia alega que el Tribunal de apelación aplicó una circular de Comisión Nacional del Mercado de Valores que no estaba en vigor en las fechas en que la apropiación del dinero de la Congregación se produjo y que prohibía a las entidades que establezcan relaciones de representación, en el caso de que el contrato contemplase la entrega al representante de fondos en efectivo, cheques u otros instrumentos de pago, el abono de los mismos en cuentas del representante.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de febrero de 2009, desestima dicho motivo alegando que aparte de que lo que se denuncia es una indebida aplicación de la circular de la CNMV, inadecuada por si sola para justificar el recurso de casación, debe insistirse en que la sentencia recurrida condenó a BBVA Bolsa SV, SA, no por haber infringido aquella norma administrativa, sino por no haber entregado a la comitente el dinero que de ella recibió, como consecuencia de haberse apropiado del mismo el representante de la demandada.

En definitiva, se señala por el Tribunal que le hubiera estado permitido o no a la recurrente entregar a su representante fondos en efectivo de su comitente, es lo cierto que lo hizo y que, por haberlo hecho y no venir dispuesta a suplirlos, incumplió la obligación que, como comisionista, había asumido de restituirlos a su comitente.

En otro de los motivos del recurso se afirma infringido el artículo 945 del Código de Comercio, a cuyo tenor la responsabilidad de los agentes de bolsa, en las obligaciones que intervengan por razón de su oficio, prescribirá a los tres años. Alega la recurrente que desde que se produjo la apropiación del dinero de la demandante hasta la fecha en que la misma interpuso la demanda había transcurrido con creces el referido plazo.

La ausencia de norma específica unida a los cambios producidos por la Ley 24/1.988, del mercado de valores en el estatuto de quienes operaban en el mismo y a las funciones que, además de las de fedatarios, desempeñaban los agentes de cambio y bolsa como comisionistas con exclusiva de negociación dentro de la bolsa, convierten al artículo 945 CCom en aplicable para la prescripción extintiva de la acción para exigir responsabilidad a las empresas de servicios de inversión, cuando actúen por cuenta de sus clientes.

Sin embargo, considera el Tribunal, que la regla contenida en el artículo 1.969 del Código Civil, teniendo en cuenta que la causa de la responsabilidad contractual es haber incumplido la obligación de restituir a su comitente el resultado de su inversión, cuando aquella era exigible, impiden estimar el motivo. En definitiva, el TS considera como día inicial del cómputo no aquel en que se produjo la apropiación del dinero, en cuanto incidencia producida en el funcionamiento de la relación contractual que vinculaba a la sociedad de valores con su agente o apoderada, sino aquel otro en que la Congregación inversora convirtió, con su reclamación y conforme a lo que debemos considerar pactado, en exigible la deuda de la primera a su favor, pues fue entonces cuando determinó el incumplimiento en el funcionamiento de la relación contractual que sólo con ella mantenía y dio causa a la responsabilidad de la misma.

La desestimación del motivo resulta en el hecho de que entre el día en que la demandante reclamó la devolución del dinero y se le entregó un cheque sin fondos y el de interposición de la demanda no había transcurrido el plazo de tres años que el artículo 945 CCom establece.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (B.O.E. nº. 28 de 2 de febrero de 2009)
El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior.

Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones (B.O.E. nº 40 de 16 de febrero de 2009)
El artículo 99 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, dispone que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá recabar de las entidades gestoras y de las depositarias cuantos datos contables y estadísticos, públicos o reservados, referentes a éstas y a los fondos de pensiones administrados por ellas, estén relacionados con sus funciones de inspección y tutela, y señalará la periodicidad con que dicha información deberá elaborarse y los plazos máximos para su entrega.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de lesiones con deformidad. Cometida por extranjero en situación irregular. Expulsión del territorio nacional. Error en la valoración de la prueba. Delito de lesiones. Derecho a la presunción de inocencia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 17 de diciembre de 2008.
Supuesto de arbitrio normado, en cuanto el único criterio a tener en cuenta es el de la naturaleza del delito, pero el tribunal de instancia prescindió de él. El arraigo familiar y el mantenimiento de dos hijos comunes con la víctima se rompe precisamente con el acusado en la cárcel durante 4 años y medio, y con pocas expectativas de encontrar trabajo al salir de ella, y con pérdida de contacto personal, salvo las posibles visitas que puedan hacer sus hijos a la cárcel. Aplicando la medida, la familia puede reunificarse en su país de origen o en otro distinto. Se adopta la medida.

Mercantil

Validez de las cláusulas excluyentes de indemnización al finalizar el contrato de distribución incluso para el caso de extinción del contrato por denuncia unilateral del concedente.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2008.
Concesión de automóviles "BMW". Extinción por expiración del plazo contractual tras una prórroga por igual tiempo que el plazo inicial. Cumplimiento por el concedente del plazo de preaviso. Compensación por clientela: improcedencia al haber previsión contractual expresa que excluía reclamaciones "por compensación de pérdidas económicas de cualquier naturaleza relacionadas con la extinción".

Se debe aplicar al seguro marítimo con carácter supletorio el art. 20 de la Ley del Contrato del Seguro. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 12 de enero de 2009
En el motivo único de su recurso, señalan los recurrentes como infringido el artículo 1.255 del Código Civil -que proclama el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes en la determinación del contenido de los contratos, dentro de los límites que significan la ley, la moral y el orden público-, al que ponen en relación con los artículos 1.284 y 1.288 del mismo Código -que contienen reglas de interpretación de los mencionados negocios jurídicos aplicables en caso de que surjan dudas sobre el sentido de sus cláusulas o de oscuridad de las mismas- y con el artículo 2 de la Ley 50/1.980, de 8 de octubre -que manda aplicar las normas de dicha Ley a las distintas modalidades de contrato de seguro no reguladas directamente por ella, en defecto de la que a cada una sea aplicable-.

Civil

La sociedad civil irregular comporta la puesta en común de dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí los socios las ganancias. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de noviembre de 2008
prescindiendo de las numerosas invocaciones de carácter general que se contienen en el motivo, se alude por la parte recurrente a dos infracciones atribuidas a la sentencia impugnada. Por un lado, la errónea afirmación de la sentencia de primera instancia, no corregida en apelación, de que la actora -hoy recurrente- solicitó en la demanda la venta en pública subasta del bien a que se refiere «con admisión de licitadores extraños» cuando no fue así; y, por otro, la afirmación de la misma sentencia, que fue confirmada, de que se estimaba en parte la demanda cuando en realidad no se acogió ninguna de las pretensiones de la parte actora.
 
La voluntad societaria se orienta a este fin principal y directo para obtener ganancias y lucros comunes, partibles y divisibles.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de febrero de 2009
Acción de división de cosa común. Defectos de técnica casacional: cita de preceptos en bloque. Diferenciación entre comunidad de bienes y contrato de sociedad civil. Finalidad del contrato. Interpretación contractual. Facultad privativa de la instancia. Se desestima el recurso.

Laboral

El llamado complemento autonómico no es computable para el cálculo de la paga extraordinaria de antigüedad . TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de enero de 2009.
Enseñanza privada. Paga extraordinaria de antigüedad del artículo 61 del Convenio Colectivo. Para su cálculo no se computa el importe del complemento retributivo analógico o autonómico. Reitera la doctrina sentada en sentencia de 4 y 30 de junio y 17 y 24 de septiembre de 2008.

Compensación de las cantidades no retenidas e ingresadas a cuenta del IRPF. Se desestima la demanda del sindicato recurrente. La empresa actúa conforme a derecho. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de enero de 2009.
El precedente relato fáctico se fundamenta en la demanda, en cuanto  a los hechos en que ésta se fundamenta,  avalados por los documentos de las  partes en el acto del juicio, sin que fueran objeto de controversia por ninguna  de ellas al ser  una cuestión esencialmente jurídica la planteada en el suplico.  El resto se corresponde con el iter procedimental de los autos  según consta en  los mismos. Se deja constancia de todo ello en cumplimiento de lo previsto en  el art. 97-2 del TRLPL .

Administrativo

Anulación de sanción por concesión ilegal de licencia de obras por haberse impuesto a la Comisión de Gobierno en vez de a sus miembros o al Ayuntamiento.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 25 de noviembre de 2008
La actuación de la Administración autonómica, al tramitar y resolver el procedimiento sancionador, ha eludido lo establecido en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento no es una persona jurídica sino un órgano de éste, de manera que, como recabó desde el inicio el Ayuntamiento, el procedimiento sancionador debería haberse seguido frente a las personas físicas integrantes de la Comisión de Gobierno o frente al propio Ayuntamiento, lo que no se hizo, sin que pueda lícitamente entenderse que, en contra de lo claramente sucedido, el procedimiento se ha dirigido frente al Ayuntamiento recurrente cuando la realidad es que se ha seguido y se ha sancionado a la Comisión de Gobierno.

Casación en interés de la Ley Adquisición por silencio positivo de licencias en contra de la legislación y del planeamiento urbanístico. Doctrina legal. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009
El artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero , no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.

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