edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
24/04/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La mayoría de las sociedades que cotizan en el MAB tendrán un sistema de auditoría simplificado

Javier Ardalán
La mayoría de las sociedades que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en torno a las 2.500, dejarán de ser consideradas como empresas de interés público tal y como se preveía hasta ahora en el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.
Este nuevo tratamiento, incluido a través de una enmienda planteada por el Grupo Popular supondrá una simplificación de las obligaciones legales y, principalmente, dejarán de estar obligadas a designar consejeros independientes para constituir su comisión de auditoría o para conformar su consejo de administración.

El proyecto de Ley hasta ahora venían estableciendo que todas las entidades de interés público deben contar con un comité de auditoría, semejante al que tienen las sociedades cotizadas, cuyas funciones serán supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con ello se pretendía evitar casos como el del escándalo de Gowex, cuyas cuentas habían sido falseadas.

En la actualidad y a los efectos exclusivos del cumplimiento de la Ley de Auditoría de cuentas, tienen la consideración de entidades de interés público, las emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, así como las entidades de crédito y aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras. La enmienda mantiene, por el contrario la calificación de entidades de interés público a estas últimas, es decir, bancos y seguros.

También se mantienen dentro de esta categoría a las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 150 partícipes o accionistas, las sociedades gestoras que administren dichas Instituciones, así como las empresas de servicios de inversión.

En el mismo grupo de obligados a las máximas exigencias de auditoría se encuentran las sociedades de garantía recíproca, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico; los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 500 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos; las entidades restantes, cuyo importe neto de la cifra de negocios o plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 200 millones de euros o a 1.000 empleados, respectivamente; y, finalmente, los grupos de sociedades en los que se integren las entidades consideradas de interés público.

En el caso de estos últimos, el PP establece en sus enmiendas que cuando en un grupo de empresas, se permitirá que las filiales que tengan administrador único, por lo que no dispondrán de administración no estarán obligadas a tener comisión de auditoría propia, siempre que la matriz cuente con ella.

La futura ley incluye como novedad la obligación de que las empresas de interés público realicen un informe adicional en el que se expliquen cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoría, con el fin de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.

También se añaden las obligaciones de información a los supervisores de empresas de interés público sobre las entidades financieras calificadas de riesgo sistémico, así como la comunicación de irregularidades detectadas tanto a supervisores como a la Administración de Justicia. Además, se engrosa el contenido del vigente informe anual de transparencia para este tipo de entidades, ya que incorpora determinada información financiera.

Ley de Auditoría fija un periodo máximo de rotación de 10 años, ampliable a otros cuatro años si se celebra un concurso público y si se realiza la labor junto con otro nuevo auditor. Además, el Gobierno establece limitaciones para honorarios percibidos de las entidades de interés público. En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no podrá superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios.

Por otro lado, por razones de concentración y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, los honorarios de esta no podrán superar en los tres últimos ejercicios el 15% del total de ingresos percibidos.

El Gobierno además pretende reforzar la independencia de los auditores, por lo que fija hasta once servicios distintos incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea entidad de interés público, su matriz y sus vinculadas. Entre otros, no podrán prestar los servicios de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía o de diseño de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera.

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