edición: 2785 , Martes, 20 agosto 2019
03/03/2017

S&P advierte de que la factura judicial de la banca seguirá “in crescendo”

ICNR
La mayor protección al consumidor elevará los costes de la banca.
La factura judicial que ha ido engrosando la banca para compensar a los clientes a los que se vendieron participaciones preferentes o cláusulas suelo hipotecarias opacas va a seguir incrementándose con nuevos casos.

Así lo asumen desde la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor´s donde exponen que el creciente celo en la protección del consumidor repercutirá en un aumento de costes para la banca.

En un encuentro con prensa, responsables de la firma explicaron que esta tendencia ya la han vivido en Reino Unido o Estados Unidos y que cuando este tipo de demandas proliferan el terreno se abona para nuevas reclamaciones. De momento, tras el episodio de las participaciones preferentes y la deuda subordinada, el máximo foco de presión judicial son las cláusulas suelo.

Desde S&P admiten que el volumen en juego es importante, pero no creen que la devolución de lo cobrado demás con retroactividad total vaya a minar la salud del sistema financiero, como el sector o el Banco de España argumentaron para tratar de evitar que la justicia europea sentenciara en este sentido.

El impacto “no es lo suficientemente significativo como para llevar a pérdidas a una entidad, pero va reducir la rentabilidad", ha señalado la directora de instituciones financieras de S&P Global, Elena Iparraguirre, quien asume que la trinchera judicial seguirá in crescendo con otras causas.

El director general de Instituciones Financieras de S&P, Jesús Martínez, subraya que un mayor coste para la banca será inevitable, bien porque sigan pagando minutas e indemnizaciones como consecuencia de la mala comercialización de productos, bien porque tomen las medidas necesarias para prevenir nuevos escándalos, lo que equivaldría a invertir en formación de las plantillas, por ejemplo.

Desde la agencia de calificación crediticia subrayan, sin embargo, que el mayor daño para las entidades por este tipo de conflictos con sus clientes es de carácter reputacional.

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