edición: 2850 , Miércoles, 20 noviembre 2019
18/12/2012

Sube la temperatura en el conflicto de las tasas con recursos ante los tribunales, protestas y defensas de altos cargos

Javier Ardalán
El cobro de las tasas judiciales ya está en vigor, tal y como anunciábamos en ICNR ayer, pero también con los dos primeros recursos, uno contencioso administrativo y otro de amparo ante el Tribunal Constitucional, presentados por una de las candidatas en las elecciones a la Presidencia del Colegio de Abogados de Madrid ante el Tribunal Constitucional, Montserrat Suárez Abad.

La propia demandante, así como el resto de su candidatura, mantiene en una nota que en el primer recurso se defiende que el Gobierno ha incumplido el deber previo antes de publicar tal disposición, de dar un trámite de audiencia de 15 días a todos los colectivos afectados. Por lo que consideran que la ausencia de este requisito determina su nulidad.

El de amparo ante el TC, sin embargo, parece más una oportunidad electoral, que un recurso con visos de salir adelante, porque el acceso es claro en la necesidad de agotar el sistema judicial antes de recurrir, cosa que únicamente puede llevarse a efecto en casos muy excepcionales en que alguno de los derechos fundamentales de la Constitución estén en juego y  no haya tiempo para realizar ese periplo por los tribunales.

Dicen en la nota, que en el hipotético supuesto de inadmisión del recurso por el Tribunal Constitucional inadmisión esta inadmisión servirá para acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues entienden que no se puede obligar a un ciudadano a agotar los procedimientos ordinarios para acudir al TC cuando precisamente para agotar estos procedimientos ordinarios se ve obligado a pagar una tasa que económicamente le es inasumible.
De no admitirse el recurso denuncia que se estaría vulnerando el derecho a acceder a la Administración de Justicia, pues nunca ningún ciudadano sin medios económicos podría soportar la carga de tener que pagar todas las tasas para poder llegar al final al recurso de amparo.

Mientras tanto, la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales ha hecho un llamamiento, mediante una carta abierta, a los grupos parlamentarios para que se abstengan o voten en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cumple su tramitación parlamentaria este martes 18 de diciembre.

Denuncian, al igual que en la demanda contencioso administrativa de Suarez Abad, que “la falta de audiencia real que han tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de urgencia y su imposición mediante un ejercicio de fuerza”.

Por ello y ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a sus requerimientos, advierten de que utilizarán todos los medios a su alcance para que la ley sea derogada y sustituida por otra “más razonable”.

En la misiva, bajo el título ‘Compromiso con la justicia’, las asociaciones de jueces y de fiscales denuncian la “indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia” que se estén llevando a cabo “sin consenso” con el resto de fuerzas políticas y de todas las organizaciones de la justicia implicadas y además “despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen el alcance social de las reformas”.

Más condescendientes se han mostrado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio de Rosa, que ayer coincidían al señalar que algunas de las tasas judiciales, sobre todo en el sistema de recursos, les parecían "excesivas".

Torres-Dulce añadía en un medio de comunicación, que le hubiera gustado que la ley de tasas judiciales hubiera pasado a informe de la Fiscalía y del Consejo Fiscal para dar su opinión sobre esta norma, como lo hicieron el Consejo de Estado o el Consejo.

De Rosa, ha asegurado que coincide con los informes de la junta de jueces decanos y de alguna asociación, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en que "las tasas van a cumplir una función positiva" y ha recordado que el Tribunal Constitucional también dijo en su día que el concepto de tasa era constitucional.

La Federación de Abogados de Europa presentará una queja formal en contra de las tasas judiciales, ante el Gobierno, el presidente del Tribunal Constitucional y el Rey, según afirmó el Secretario general de la entidad la pasada semana en la ‘Conferencia Anual de la Abogacía 2012′.
En el caso de que la ley no fuera retirada, la abogacía europea también ha asegurado que se someterá una resolución de condena al Gobierno español a la Asamblea General de Frankfurt y se iniciará una campaña a nivel europeo contra esta ley.

Mientras se discute sobre la Ley de Tasas, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha informado en el Congreso de los Diputados de que las ejecuciones hipotecarias -desahucios- han registrado un incremento del 134,13% que ha acarreado la "consiguiente creación de un conflicto social". Algo que está pasando a un segundo plano de la actualidad.

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