edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
20/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Suiza se compromete a ser impulsor de la lucha contra la opacidad fiscal de las entidades financieras

Javier Ardalán

Suiza se comprometió ayer a firmar el para convertirse en autoridad competente del Acuerdo Multilateral impulsado por la OCDE, lo que le permitirá seguir adelante con los planes para activar el intercambio automático de información financiera en materia tributaria con otros, hasta el momento otros 51 países más que se han comprometido, a partir de 2018.

La decisión se produce tan sólo unas semanas después de Suiza anunció en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios –celebrado el pasado 28 de octubre-, que aplicaría de la Norma para el intercambio automático de información financiera en el ámbito fiscal desarrollada, por los países de la OCDE y del G-20. No obstante, la decisión suiza aún está sujeta a la aprobación del Parlamento, así como no descarta la posibilidad de que además sea sometida al voto de los ciudadanos.

El acuerdo multilateral para el intercambio de información es el resultado del proyecto puesto en marcha por Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. El llamado G-5 envió en 2013 una carta al comisario europeo de Asuntos Fiscales mostrando su intención de avanzar en la extensión de dicho acuerdo, siguiendo el modelo de acuerdo FATCA con Estados Unidos, en cuya elaboración intervinieron activamente. A partir de este proyecto del G-5, la OCDE aprobó el 17 de enero de 2014 un modelo de acuerdo sobre este sistema común y estandarizado de intercambio de información.

Un grupo avanzado de los que han adoptado ese estándar tienen intención de empezar a aplicarlo en 2017. El resto de los que se han adherido tendrán que hacerlo al año siguiente. Suiza era una de las principales plazas financieras que habían quedado al margen de este nuevo dispositivo creado para luchar contra la evasión fiscal, y eso había hecho que subiera la presión internacional sobre las autoridades helvéticas.

La información se intercambiará anualmente y de forma automática, sin necesidad de requerir a las autoridades fiscales extranjeras información referente a algún caso individualizado por haberse encontrado indicios de fraude.

Con estos acuerdos, la Agencia Tributaria espera tener acceso a un sistema de intercambio de información automática y estandarizada de todo tipo de cuentas financieras, lo que conllevará un mejor control del fraude fiscal y, por tanto, un aumento de los ingresos públicos que hará posible reducir la carga sobre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Con ello se intenta acabar de una vez con los paraísos fiscales tradicionales.

El objetivo de este acuerdo, basado en las reglas de intercambio automático de información financiera de la OCDE, es registrar a partir de 2016 los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y comenzar a intercambiarlos de forma automática -sin que medie una petición de otro país- desde septiembre de 2017 y con periodicidad anual. En 2017 se empezará a intercambiar datos sobre 2015.

Según ha informado la OCDE, entre los  países y jurisdicciones que se han comprometido a intercambiar información desde 2017, además de la práctica totalidad de los países de la UE, se encuentran otros estados como Argentina, Barbados, Colombia, Corea, India, Islandia, Mauricio, México, San Marino, Seychelles, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Islas Feroe, Guernesey, Isla de Man y Jersey y los territorios británicos de ultramar Anguila, Bermuda, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat, muchos de ellos considerados hasta ahora como paraísos fiscales.

Cada administración fiscal comunicará datos personales (como el nombre, el número de identificación fiscal o el domicilio de residencia fiscal) acompañados de la información financiera (intereses, dividendos, ganancias y balances). Todo ello sobre personas físicas y jurídicas titulares de cuentas o productos financieros, pero también sobre las personas que controlen entidades jurídicas.
 Eso implica que previamente instituciones financieras como bancos, aseguradoras o agentes de bolsa, pero también organismos de inversión como fondos y otros, informen a la administración sobre sus clientes y usuarios.

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