edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
05/12/2013
BELVEDERE

Susto en el Gobierno por la judicialización de la política económica

Puede ocurrir que la Justicia evidencie que el Ejecutivo sólo sabe gobernar con medidas ilegales
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
Alfonso Pajuelo

Están tan asustados que son capaces de crear un problema para imponer "su" solución. Es lo que ha ocurrido con el engaño de la financiación del déficit de tarifa eléctrico con cargo a los Presupuestos. Nunca tuvieron intención de cumplir tal compromiso y se les vio el plumero con la resistencia a incluir la partida en el proyecto. Pero es que, además, se han encontrado con un sector que está al límite con la Ley Eléctrica, un texto irracional y provecto, que tendrá una repercusión directa en las cuentas de las eléctricas por cantidades a determinar pero en cualquier caso muy elevadas. De ahí que las compañías lo primero que han dicho –y con razón- es que la tarifa va a subir en enero por encima del 12% y eso aterroriza al Gobierno. Pero lo que de verdad les acogota son las demandas interpuestas por las eléctricas ante los tribunales de justicia y, en concreto, las medidas cautelares pedidas. Visto lo ocurrido hasta ahora, es previsible que el próximo fallo del Supremo a cuenta de la demanda por las tarifas del pasado agosto sea favorable a las eléctricas.

Ocurre que todas y cada una de las grandes reformas del Gobierno y una parte de las medidas coyunturales están recurridas ante los tribunales. Muchos de estos recursos están a punto de tener consecuencias y el primer aviso ha sido el varapalo a la reforma laboral. Si unimos eso a la privatización de la gestión hospitalaria en la sanidad pública –una de las irracionales obsesiones ideológicas del PP- y el frenazo impuesto por la administración de justicia, se entiende que el Gobierno esté tan asustado. Al fin y al cabo se puede demostrar que el Gobierno basa su política económica en la ilegalidad, que no tiene suficiente con el rodillo parlamentario (cuenten el número de normas importantes que se han aprobado en el Parlamento con los únicos votos del PP).


De regreso al crujiente problema eléctrico, Montoro convocó –sí, convocó él- a una reunión “privada” a las principales eléctricas con el único objetivo de “ofrecerles” el aval del Estado para que puedan titulizar lo que ya no va en los Presupuestos, pero a cambio de no subir el recibo (en un intento de calmar a los ciudadanos) y, sobre todo y muy especialmente, de que retiren los recursos judiciales, al fin y a la postre lo que más preocupa al Ejecutivo en estos momentos. Un chantaje en toda regla. Hasta ahí han llegado y así van a seguir.


La ficción de la pelea entre Montoro y Soria no tiene más intención que desviar la atención. Primero, de la incompetencia de Soria con la elaboración de la Ley Eléctrica. Segundo, de la impotencia de Montoro para controlar el déficit público y del profundísimo deterioro de la credibilidad del ministro. Porque eso es el fondo de la cuestión.


El déficit de tarifa corresponde a una decisión política que nada tiene que ver con las eléctricas. Pero ese déficit va a alcanzar los 30.000 millones de euros, acercándose a los 46.000 millones empleados en sanear la banca con fondos ajenos. La diferencia está en que esos bancos estaban en crisis y las eléctricas no. No hay quien entienda este desbarajuste pero el caso es que el déficit de tarifa va a alcanzar las tres décimas del PIB, un auténtico despropósito que pesa sobre los ciudadanos.

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